El negocio de los bonos de carbono, que mueve millones de dólares en el mundo, viene cogiendo fuerza en Colombia por ser uno de los países con más potencial para preservar sus bosques, que cubren un área del tamaño de Francia.
El mercado de los créditos de carbono (como se les conocen técnicamente) consiste en que principalmente comunidades indígenas, campesinas o afro que cuidan el bosque firman contratos con empresas que quieren compensar su propio uso de combustibles fósiles. Lo que se intercambian son las toneladas de dióxido de carbono (Co2) que no se emitieron por el esfuerzo de conservación de las comunidades.
Pero qué tan grande es ese mercado, y en qué regiones están ubicados los proyectos que hoy están monetizando su conservación es algo que actualmente desconoce el gobierno colombiano. Desde hace más de un año no está recogiendo los datos públicos que deberían servir para saber qué proyectos hay, el nivel de inversión en la conservación de los bosques y los potenciales abusos que se han dado en algunos.
Según el Ministerio de Ambiente, tendrá una nueva plataforma funcionando a finales de 2023 que le permitirá dejar de navegar este mundo a ciegas.
Un mercado sin datos
En Colombia, el mercado de bonos de carbono existe desde hace una década, y ha crecido especialmente desde 2017, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos creó un incentivo tributario para que empresas que queman combustibles fósiles puedan reducir el pago del impuesto al carbono comprando bonos.
Esto disparó su compra a nivel nacional, aunque recientemente tuvo un golpe con la reforma tributaria del gobierno Petro, que puso el límite de que las empresas sólo pueden reducir hasta el 50 por ciento de ese impuesto con bonos. Esto ha bajado su demanda y también su precio, como explicamos en el siguiente video.
En 2018, el Ministerio de Ambiente reglamentó el mercado y obligó a todas las iniciativas que quisieran reportar reducciones contaminantes (independientemente de que quisieran venderlas o no) a registrarse ante una plataforma pensada para llevar la cuenta de todos los proyectos existentes en Colombia.
Así nació la plataforma del Renare, el registro nacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Su administración quedó a cargo del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, Ideam. Una institución técnica del sector ambiental que es conocida por las alertas que emite sobre el crecimiento de ríos y posibles deslizamientos, pero que también lleva las cuentas de otros fenómenos ambientales, y que en 2022 tenía líos internos alrededor del liderazgo de su antigua directora, Yolanda González.
El registro fue creado en 2018 y arrancó a operar en 2020. Como este centralizaría todos los proyectos eso, idealmente, haría del Renare una herramienta de información pública sobre el listado completo de iniciativas y su avance. Pero la plataforma está caída desde septiembre de 2022, después de que una sentencia del Consejo de Estado ordenó suspender temporalmente la plataforma por una demanda que cuestionaba quiénes debían hacer parte del mercado. Desde entonces, no existe información pública sobre los proyectos de bonos de carbono.
Silvia Gómez, Directora Ejecutiva de Gaia Amazonas, explica que la ausencia del Renare supone que el gobierno no se está enterando del número de proyectos que hay ni de cuáles son sus actores principales.
“Por ahora es un mercado entre privados que se autorregula. No hay sanciones ni ajustes con miras a que no se violen los derechos de las comunidades. Faltan los dientes para generar las sanciones necesarias y que se regule la participación de los intermediarios en el negocio”, dice Gómez.
Añade que el problema no es sólo que la plataforma no esté funcionando, sino la concepción inicial de sus funciones, como detalló Gaia en un informe reciente: “El registro es un simple sistema de información sin garantía alguna sobre lo que allí se consigna y el procedimiento funciona como pasos técnicos que deben seguir los agentes del mercado, mas no como reglas y límites sobre su participación. El Renare es un sistema de información que admite el registro de todo tipo de proyectos, incluidos aquellos que vulneran derechos territoriales de las comunidades”, dice.
Sin saber qué está pasando con el mercado hay más potencial de abusos en estos proyectos. Diversas investigaciones realizadas por el periodista Andrés Bermúdez, experto en este tema, han mostrado que ese riesgo es real, como resumimos en este video, y han señalado sus reportajes que muestran que, muchas veces, las empresas intermediarias de bonos se saltan a las comunidades que cuidan el bosque y terminan vendiendo bonos sin que estas se enteren.
Pero la ausencia de una plataforma también afecta a las empresas que sirven de intermediarias para vender los bonos de mercado. Una de las empresas más grandes en el negocio es Biofix, creada en 2019. Actualmente lidera 11 proyectos de bonos de carbono que involucran a unas 26 comunidades indígenas y afro con las que han certificado 19 millones de bonos.
Ana Milena Plata, la gerente de Biofix, dice que la primera versión del Renare no era operativa.
“No tenía las condiciones ni el software que necesita una plataforma. Cualquiera podía entrar y decir que tenía proyectos. De hecho, lo que pasó es que un desarrollador dijo que tenía proyectos en todo el país, y bloqueó la plataforma, y ya los otros no podían inscribir sus iniciativas”.
Los desarrolladores son las empresas que se encargan de formular los proyectos de bonos de carbono y hacen un contrato con las comunidades para que estas cuiden el bosque.
Plata dice que a las empresas también les conviene que un registro público funcione: “Dios quiera que saquen eso rápido para que todos veamos en dónde estamos, y qué estamos haciendo. Un registro público nos sirve porque si demostramos que hay confianza en el mercado, más compradores internacionales van a venir a comprar bonos generados en Colombia”, dice.
Las cifras, por otro lado
Ante la ausencia de datos oficiales, varios de los que participan en este mercado llevan sus propias cuentas sobre los proyectos que están generando bonos por cuidar el bosque.
Un informe del Sinchi, el instituto de investigaciones científicas de la región amazónica, mostró que a julio de 2022, en la Amazonía colombiana, existían 51 proyectos registrados, aunque no necesariamente emitiendo bonos. La mayoría de ellos concentrados en Vichada, Guainía y Casanare.
La empresa con más iniciativas registradas es Waldrettung SAS, la filial colombiana de una multinacional alemana dedicada a la venta de bonos de carbono. Tiene 13 proyectos, buena parte de ellos en Guainía y Casanare.
Pero estos datos también tienen la limitante de que van hasta el 2022 y sólo contemplan a la región amazónica.
Otros que llevan una cuenta son el gremio del sector, Asocarbono, que existe desde 2018. Actualmente, tiene 78 miembros entre desarrolladores de proyectos y empresas que compran bonos como Ecopetrol, EPM o Shell.
Su último reporte fue de junio de 2023, por lo que son los que llevan la cuenta más actualizada. En el archivo de excel de una de sus empleadas están los datos que hoy no tiene todo el gobierno nacional.
A través de ese archivo concluyen que el país tiene 208 proyectos de reducción de emisiones contaminantes certificados por distintos estándares. Ochenta de estos son proyectos de reforestación y 47 son proyectos Redd+, el término con el que se le llama a los que venden bonos con el cuidado del bosque.
Según sus cuentas, desde hace 20 años se han certificado bonos que equivalen a 340 millones de toneladas de Co2 no emitidas a la atmósfera, lo que representaría más de cuatro veces las emisiones totales anuales de Colombia, según los datos de emisiones de 2022.
Francisco Ocampo, el Director Ejecutivo de Asocarbono, dice que un nuevo Renare debería contemplar funciones que la plataforma anterior no tenía: “Se requiere un Super-Renare que se conecte con los registros privados y con un sistema geográfico robusto que identifique posibles solapamientos entre proyectos. Pero para eso se necesita invertir plata”.
Ocampo dice que desde el gremio le propusieron al MinAmbiente tercerizar la operación de ese sistema e incluso financiarlo con pagos desde cada proyecto.
El Ministerio se opuso por el riesgo de un conflicto de interés. “El Estado tiene que poder llevar la responsabilidad de tener un registro básico para poder tomar decisiones. Si la información la genera el mismo que está haciendo los negocios, pues ahí hay un problema”, dice Sebastián Carranza Tovar, el director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente.
La Silla Vacía revisó los diferentes estándares de certificación en los que se registran los proyectos del país* y con esas cifras agregadas obtuvo sus propios datos que dan una imagen de cómo está el mercado hoy.
El universo total de estos proyectos, que es de 208 que certifican reducciones de emisiones, muestra que la mayor parte se encuentran en Antioquia (52 proyectos), Vichada (17) y Meta (11).
Aunque por el área de los proyectos, los más grandes en extensión y los que tienen que ver con iniciativas Redd+ de preservación del bosque están principalmente en Vichada, Nariño y Caquetá; y una gran parte concentrada en el arco amazónico.
Los que son más pequeños, como los de Antioquia, certifican reducciones por reforestación y por producción de energías limpias. Pero son las iniciativas de preservación de grandes cantidades de bosque, a través de comunidades con titularidad sobre la tierra, las que generan el 60 por ciento de los bonos de carbono que se comercializan en Colombia.
Estas son las iniciativas que reportan más toneladas de gases de efecto invernadero evitadas en su tiempo de operación, según lo registran en las fichas técnicas que tienen que subir a los estándares de verificación.
Las empresas que tienen más proyectos registrados (aunque no necesariamente los más grandes) son Forestry Consulting Group (una empresa colombiana fundada en 2012), Biofix y CO2CERO.
El camino de un nuevo registro
La Silla supo que actualmente el ministerio de Ambiente se encuentra trabajando en una nueva versión del Renare. Carranza Tovar, el director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, contó a La Silla que el Ideam espera lanzar una segunda versión de la plataforma a finales de este año. Fue autocrítico con lo que hay hasta ahora:
“El Renare debe ser un registro en evolución. Lo que nos muestra, hasta ahora, es que hay pocas capacidades para administrar una plataforma que tiene que actualizarse con cierta frecuencia. Hoy lo que debería estar haciendo es evitando traslapes por tiempo o geográficos, y tener entre sus funciones la exigencia de un reporte de salvaguardas ambientales que garantice que los proyectos sí pongan en el centro a las comunidades involucradas”, dice.
No habló de que tengan decidido un mecanismo sancionatorio para los proyectos que no cumplan con los requisitos que pide la plataforma ni de una inversión mayor para que sea algo más que un registro de iniciativas. Anteriormente se han dado casos de información falsa en la plataforma que no han tenido ninguna sanción.
Eso cuenta Enrique Díaz, Country Manager de Wildlife Works, una empresa estadounidense que lleva en el país desde 2018, y que trabaja con comunidades en Vaupés, Bajo Atrato y las inmediaciones de Quibdó. Todavía no han empezado a vender bonos, pero esperan hacerlo en 2024. Dice que las malas prácticas de algunas empresas ha generado desconfianza en el mercado y eso los afecta a ellos:
“Como el antiguo Renare se quedaba en un registro, no había ejercicio de regulación. Nosotros mismos nos dábamos cuenta de otros proyectos que en lugar de registrar los procesos de consentimiento previo ponían facturas de otras actividades que nada tenían que ver con esa iniciativa”, dice.
El Renare de entonces no sirvió para evitar abusos en algunos proyectos. La fundación Gaia, por ejemplo, denunció que el documento de descripción del proyecto “Baka Rokarire” adelantado por la empresa Masbosques, sobre el Pirá Paraná, contenía información falsa, como fotografías de actividades de participación y talleres de cartografía social que nunca tuvieron lugar. Según han revelado investigaciones, este proyecto se formuló sin la autorización y el consentimiento del gobierno indígena de la zona. Por eso, Gaia, que asesora a estas comunidades, está a la espera de que la Corte Constitucional falle una tutela sobre este caso del Pirá Paraná, que será clave porque es la primera vez que la Corte sentará un precedente sobre el mercado de bonos de carbono en el país.
Adicional a poner a andar el Renare, Francisco Canal, el Viceministro de Ordenamiento Ambiental del MinAmbiente, contó que su cartera está preparando un decreto para regular el mercado de carbono a largo plazo. Dice que establecerán periodos adecuados para la acreditación de los proyectos (que no tengan una duración indefinida o a treinta o cuarenta años) y plantearán unos principios de integridad climática para que tengan transparencia.
“El borrador ya está en el despacho de la ministra, y es una de las reglamentaciones que tiene mensaje de urgencia. Será un decreto emitido en conjunto con el ministerio de Hacienda, y esperamos que salga este año también”, dijo Sebastián Carranza.
Por ahora todos los actores, a pesar de sus diferentes concepciones sobre los beneficios o dificultades del mercado de bonos de carbono, concuerdan en que tener un registro público es un comienzo para que el Estado y la ciudadanía empiecen a ver realmente el panorama de este nuevo mercado tan característico de la era climática.
* Colcx, Biocarbon, Verra, EcoRegistry, Gold Standard, Mecanismo de Desarrollo Limpio y CSA.
Esta historia se realizó en alianza con la Fundación Gaia Amazonas.
