“Alberto Lleras y Luis Carlos Galán deben estar diciendo desde su tumba: ¡Qué vergüenza de debates los que hace mi partido!”, le dijo Juan Manuel Santos, indignado, al senador Juan Manuel Galán durante un debate al que fue citado el Ministro de Defensa en la comisión segunda del Senado para hablar de unos falsos atentados terroristas producidos por militares.
Era octubre de 2006 y la revista Semana acababa de denunciar que los militares se inventaron por lo menos cinco atentados terroristas para ganar recompensas y méritos en vísperas de la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe y antes de que Santos se posesionara como Ministro.
Santos estuvo molesto durante todo el debate y según reportaron los medios en su momento, descalificó en repetidas oportunidades a Galán y a Cecilia López. Los acusó de “estar mal informados, de no preparar adecuadamente el debate, de hacerle el juego a los enemigos de la política de Seguridad Democrática, de arruinar la carrera de los dos oficiales implicados en el escándalo y hasta de promover “una pantomima con claras intenciones políticas”, según dijo Semana.
Los congresistas citantes querían que los dos uniformados explicaran por qué sus nombres aparecían en las investigaciones de prensa sobre los ‘montajes’, junto al de la ex guerrillera Lidia Alape, alias ‘Jessica’. Pero Santos logró impedir que hablaran durante la sesión, que fue calificada por los medios como una victoria política del Ministro.
Galán y López pidieron a la Fiscalía acelerar su trabajo investigativo y se mostraron confiados en que el tiempo les daría la razón. El tiempo se los dio. Los dos oficiales fueron condenados como autores de los atentados en la Escuela Militar, que hicieron pasar como actos terroristas de las Farc.
“La postura inicial de Santos frente al tema de los falsos positivos fue de negación, de que solo se trataba de manzanas podridas, cuando era claro ya que había un patrón”, dijo el senador Juan Manuel Galán a La Silla Vacía.
Es cierto que cuando Santos llegó al Ministerio en junio de 2006, ya la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos había alertado sobre las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en sus informes anuales del 2004 y del 2005, aunque no públicamente sobre la modalidad de reclutar a los jóvenes en un lugar y transportarlos al otro extremo del país para matarlos. Y sus delegados pusieron a Santos al corriente.
La Silla Vacía no pudo establecer si desde el día que Santos se posesionó como Ministro le dio prioridad al tema, o si como dice Galán y contradictores de Santos, lo hizo ‘tardíamente’ cuando ya era un escándalo mediático y su reputación estaba en juego.
Lo que sí es un hecho es que lejos de haber promovido los falsos positivos como se le acusa a Juan Manuel Santos en todos los foros de Internet, comenzando por el de La Silla Vacía, el candidato de la U tomó medidas importantes para ponerle fin a estos crímenes al interior del Ejército. Esa es la conclusión a la que llegó La Silla Vacía tras consultar personas tanto en el sector de los derechos humanos como en el Ministerio de Defensa que conocieron de primera mano lo que hizo Santos durante los casi tres años que estuvo a cargo de la cartera castrense.
Las medidas
“A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios”, dijo el Relator para las Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU en su visita a Colombia en 2009.
Como ya lo contamos en el perfil del candidato, un año antes de que se destapara el escándalo de Soacha, Santos junto con el general Freddy Padilla de León, el Comandante de las Fuerzas Militares, y su viceministro Sergio Jaramillo, tomaron varias medidas para combatir los falsos positivos.
Primero cambiaron los indicadores de éxito de la Fuerza Pública. Mediante la directiva 300-28 de noviembre de 2007, comenzaron a premiar más las capturas y las desmovilizaciones que las muertes en combate. Y para otorgar la medalla gris o de orden público, que normalmente se entregaba a los militares que mostraban más bajas en combate del enemigo y menos propias, tuvieron en cuenta otros indicadores como la disminución de secuestros y de homicidios en la jurisdicción.
Santos sacó esta directiva a pesar de la oposición del general Mario Montoya, Comandante del Ejército. Según cuentan muchos soldados, Montoya los animaba en sus visitas a las brigadas diciéndoles que quería ver ‘litros de sangre’, algo que también denunció la periodista Salud Hernández.
El cambio de indicadores asumido por Santos puede no sonar gran cosa pero cuando Marta Lucía Ramírez intentó hacer lo mismo durante el primer período de Uribe, le costó el cargo. Sus sucesores, lejos de cambiar la evaluación de la tropa, reforzaron la lógica de premiar por ‘bajas del enemigo’ con medidas como la directiva 029, emitida por Camilo Ospina, que recompensa económicamente y con días libres las bajas. Santos fue el primero en lograrlo.
Pero aún después de que Santos asumiera esas medidas administrativas, las ejecuciones extrajudiciales, que venían en ascenso desde el 2002 y se habían disparado en el 2004, alcanzaron su pico durante su primer año como ministro. En 2006, se calcula que hubo 274 casos de falsos positivos y para 2007, se registraron 505 casos, según los datos más recientes de la Fiscalía. En 2008, bajaron a 156 casos. Y en 2009, siete.
“El número de quejas recibidas hasta octubre de 2008 han evidenciado que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no había logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas violaciones”, consignó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su informe anual del 2008.
El caso de Soacha
Un mes antes, en septiembre de 2008, había estallado el escándalo de las víctimas de los falsos positivos en Soacha. Medicina Legal le reportó a la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia que el sistema de identificación de desaparecidos había encontrado que de 11 personas desaparecidas en Soacha, nueve aparecieron muertas dos días después en Ocaña y dos en Cimitarra. El Fiscal de Ocaña dijo que eran muertos en combate. Lo mismo el de Cimitarra. Con esa información, Carlos Franco, el director de la Oficina, llamó al Ministro y esa misma noche, en una rueda de prensa, Santos destapó el escándalo que más ha golpeado la reputación de las Fuerzas Armadas.
El escándalo quizás era muy grande para taparlo, pero en todo caso, lejos de asumir la tradicional actitud de solidaridad de cuerpo, Santos conformó una comisión para investigar el tema.
Creó la figura de inspector delegado para cada brigada que no estaba en la línea de mando y también la de un asesor jurídico operacional para que el comandante de la brigada sepa qué tipo de acciones están acorde con el Derecho Internacional Humanitario.
También sacó una directiva obligando a que el levantamiento de cadáveres fuera realizado solo por fiscales. Es una medida que muchos militares han rechazado porque dicen que entorpece las operaciones militares pues tienen que quedarse cuidando a los guerrilleros muertos mientras llegan los fiscales, pero los expertos en derechos humanos consideran que es un control efectivo para evitar violaciones a las reglas de la guerra.
Santos impulsó la creación de una unidad especial de 20 fiscales para investigar los casos y ordenó a todas las brigadas que entregaran la información requerida tanto por el Coronel Suárez a cargo de la comisión investigadora como a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
De esa comisión salieron 15 recomendaciones que el Ministerio puso en práctica, incluido un documento con nuevas reglas de enfrentamiento que si no se queda en el papel debería mejorar el récord de derechos humanos de las Fuerzas Militares.
Los resultados de esa investigación sirvieron de sustento para retirar a los 27 oficiales del Ejército, incluidos tres generales, que fueron despedidos de manera discrecional sin atribuirles específicamente estos delitos.
Esta medida – por la cual se granjeó la enemistad de una buena parte del estamento militar- la tomó Santos en contra de la voluntad del general Montoya, quien inmediatamente presentó su renuncia. Con su salida y el despido masivo de oficiales, Santos logró también debilitar la línea de sucesión de Montoya, y la más cercana a los afectos del Presidente Uribe. Aunque Uribe igual nombró al General Óscar González como Comandante del Ejército, que ha sido siempre un hombre de confianza de Montoya.
La justicia a paso de tortuga
La última medida de Santos fue nombrar a Luz Marina Gil como directora de la justicia penal militar. Gil, hija de un general, era quien coordinaba la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con 18 años en el Ministerio se convirtió en la primera mujer y la primera civil en asumir las riendas de la justicia penal militar.
El senador Juan Manuel Galán, quien ha asumido desde el Congreso la vocería de las víctimas de Soacha, le critica a Santos no haber apoyado de manera decidida las investigaciones por los falsos positivos ni haber tomado ninguna medida conducente a proteger efectivamente a los familiares de las víctimas. “Permitió que los abogados jugaran a la estrategia de vencimiento de términos, mientras que las víctimas recibían amenazas”, dice.
El informe preliminar del Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales le da la razón a Galán en cuanto a la estrategia de dilación de los jueces militares, que llevó a que a principios de este año varios militares quedaran en libertad por vencimiento de términos (ver artículo): “En algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria”, dijo Philip Alston después de su visita a Colombia en junio de 2009. “Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas”.
La ONU documentó el hostigamiento y hasta el asesinato de testigos de estos crímenes. En febrero del 2009, el hermano de uno de los muchachos de Soacha fue asesinado y, en Cali, en mayo, el familiar de una víctima sobrevivió a un atentado. “Y quienes se atreven a delatar desde adentro no se salvan. Así lo comprobó la ONU en el caso de un suboficial retirado del Ejército que había denunciado una ejecución”, denunció la internacionalista Laura Gil en una columna de El Tiempo. Los familiares de algunas de las víctimas también han manifestado su frustración ante el hecho de que el ex Ministro no les haya dado personalmente explicaciones o presentado excusas como cabeza de la institución.
Sin embargo, gente que trabajó con el candidato de la U en el Ministerio y por lo menos dos defensores de derechos humanos con los que hablé dijeron que Santos le dio la orden a Gil de no provocar colisión de competencias y de transferir el mayor número de casos contra los militares por los falsos positivos a la justicia ordinaria.
La orden no fue acatada del todo pues entre 2008 y 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía planteó 291 casos de conflicto de competencia de casos que la justicia penal militar no entregó voluntariamente.
Pero aún así durante su mandato pasaron más casos a la justicia ordinaria que desde que Santos dejó el puesto en mayo de 2009.
Por ejemplo, durante los primeros cuatro meses del 2009, se trasladaron voluntariamente 57 procesos. Pero una semana antes de que Santos dejara el cargo para lanzarse a la Presidencia, a Gil le tocó renunciar porque no contestó un derecho de petición y la sancionaron por ello, en lo que fue interpretado por muchos como una argucia para sacarla.
Su reemplazo, bajo el mando de Gabriel Silva, ministro puesto allí por recomendación de Santos, y quien llegó al Ministerio con la expresa orden de Uribe de defender a los militares de las ‘falsas denuncias’, inmediatamente comenzó a invocar la colisión de competencias para evitar que los casos salgan de la justicia penal militar. En los últimos cuatro meses del 2009, solo pasaron 17 casos a la justicia ordinaria. Y entre junio de 2009 y enero de 2010, se plantearon 317 conflictos de competencia.
La sombra
Visto desde los ciudadanos, es difícil comprender el contexto en el que se movió Santos como Ministro de Defensa para evaluar el mérito de lo que hizo. Con un Presidente presionando a las Fuerzas Militares por resultados traducibles a cifras de éxito; con un Comandante del Ejército más cercano al Presidente que al Ministro que estimulaba a su tropa invitándolos a producir ‘litros de sangre’; con un diseño institucional de incentivos basado en producir bajas, aún en zonas donde la guerrilla ya había sido desterrada; en una institución, que como muchas otras, ha sido infiltrada por el narcotráfico a varios niveles; y en un ambiente en el que los críticos suelen verse como enemigos y a los que con mucha frecuencia se les trata como tal. En ese contexto, tuvo que moverse Santos. Y allí, donde sus dos antecesores se taparon la nariz o se hicieron los de la vista gorda, Santos enfrentó el problema.
Pero a pesar de los múltiples esfuerzos y de las ‘pelas’ que se dio Santos para cortar de raíz los falsos positivos dentro del Ejército, los crímenes cometidos por los militares durante su tiempo en el Ministerio son su talón de Aquiles en esta contienda. Así como sus grandes éxitos en seguridad durante el mismo período son su mejor carta de presentación como candidato, se le pide desde varios sectores y con frecuencia que asuma la responsabilidad política por los fracasos, y el de los falsos positivos es el peor de ellos.
