La muerte de niños en La Guajira por física hambre generó una pelea por las cifras entre un funcionario de la Gobernación del departamento y del Director Nacional del ICBF. En La Guajira nadie niega que la situación de desnutrición es crítica. Pero ¿qué hay detrás de las cifras?
En los últimos seis meses en La Guajira, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Al intenso verano que tiene secas las reservas de agua, se le sumó el cierre de la frontera colombo-venezolana. Desde febrero, a los wayúu, sobre todo a aquellos que viven en La Alta Guajira, les ha tocado rebuscarse la forma de llegar a los centros urbanos para buscar la comida que antes podían comprar de contrabando.
La situación generó una crisis por desabastecimiento de agua y de alimentos a la que se le sumó la revelación de una cifra escandalosa: casi 3.000 niños entre cero y cinco años han muerto en el departamento en los últimos seis años por desnutrición o por causas relacionadas a ésta. Más de 4.000, si se suman las cifras de muertes fetales.
La denuncia fue presentada por el Secretario de Planeación de la Gobernación, César Arismendi Morales. Primero ante la Fiscalía para que investigue los casos y después, a través de una tutela contra el Estado en pleno, exige que se proteja el derecho a la vida y a la salud de los niños en La Guajira.
A principios de abril, la justicia local falló y declaró improcedente la tutela. El Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira señaló que en el departamento no ha habido una vulneración sistemática de los derechos de los niños como asegura Arismendi. Y que las instituciones a las que la tutela acusa como responsables (27 en total, entre alcaldías locales, entidades nacionales y hasta la Presidencia en cabeza del Juan Manuel Santos, entre otras) estaban tomando acciones para “atacar esas problemáticas y en pro de la consolidación de los derechos fundamentales de los menores”.
Arismendi calificó el fallo como “de sábados felices” y ya impugnó la decisión. Pero lo que no dijo es que él mismo diseñó un programa para atacar la desnutrición de los más pobres del departamento, el Plan de Alimentación y Nutrición de La Guajira, PAN, que curiosamente, concentró su atención en las ciudades y dejó por fuera a los niños indígenas wayúu de las comunidades rurales. Las más pobres y las mismas que ahora él busca proteger con la tutela.
El PAN de cada día que no llega a La Guajira
Con la llegada a la gobernación de Juan Francisco “Kiko” Gómez en el 2012, hoy en la cárcel acusado de cometer homicidios y de tener vínculos con las bandas criminales dedicadas al tráfico de armas y de gasolina, se puso en marcha el PAN para “mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias del departamento en condición de pobreza extrema”.
El PAN, con un presupuesto anual de 37 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, busca entregar mercados de 50 kilos a más de 10.300 familias en la Guajira. El objetivo principal era focalizar la atención en los más pobres: las familias inscritas en el Sisben (0-1-2) y en la Red Unidos de la Presidencia de la República.
El programa está en manos de la Secretaría de Salud del departamento en cabeza del secretario, Jorge Juan Orozco que entró a reemplazar al primer secretario de salud de “Kiko”, Juan Camilo Chirino y que como dijo Orozco esta semana, la Secretaría necesita 600 millones de pesos para su funcionamiento.
Como contó La Silla, Chirino fue capturado por la Fiscalía por un presunto desfalco de unos cinco mil millones de pesos cometido a través de falsas tutelas y recobros al sistema de salud.
Pero es la Secretaría de Planeación en manos de Arismendi la que diseñó el programa. Arismendi fue nombrado por “Kiko” como parte de la cuota política del padrino político del ex gobernador, el senador de la U, Jorge Ballesteros Bernier. Y como contó la Silla, Ballesteros ayudó a “Kiko” Gómez a llegar a la gobernación de la Guajira en el 2012 y gobernó con él un año y 10 meses hasta su captura. Uno de sus principales compromisos políticos fue la Secretaría de Salud del departamento, no sólo porque es médico de profesión y tiene una maestría en administración de la salud sino además porque el senador tiene varios negocios y cuotas en clínicas y hospitales. Incluso, como reveló El Espectador, se sabe que recibió aportes de su campaña para llegar al congreso en el 2010 de la clínica privada Renacer de Riohacha, una IPS del departamento.
A diciembre del 2013, el PAN aseguraba haber completado en un 35 por ciento de ejecución en su primer año. El plazo venció el 4 de abril de 2014, y en el último informe se resalta un cumplimiento del 70 por ciento.
Pero en las rancherías más apartadas de La Guajira, este porcentaje no se ve. Muchos nunca han visto ni siquiera el costal con los alimentos que exhibe el logo de la administración de Kiko, Guajira Primero.
Eso le dijo a La Silla, Marcia Chaparro, nutricionista de la Fundación Caminos de Identidad, Fucai, que trabaja en el municipio de Manaure, en la Alta Guajira con 11 comunidades wayuu.
“Sé que no lo reciben. La Gobernación vino, pidieron la información sobre las familias y hasta invitaron a las autoridades de las comunidades al lanzamiento del Programa pero después quedaron fuera del censo”, dice Chaparro.
“Es una falta de respeto”, agrega Débora Barros, una reconocida líder wayúu que fue delegada de víctimas de La Guajira y sobreviviente de la masacre paramilitar de Bahía Portete. Ella recorre semanalmente las rancherías entre Riohacha y Uribia y asegura que sólo ha visto entregar los mercados hace dos meses, antes de las elecciones parlamentarias del 9 de marzo.
Arismendi reconoce que sólo “un porcentaje mínimo” de los indígenas de las zonas rurales están cobijadas por el PAN, algo así como un 10 por ciento de la población indígena según sus cuentas. “Se nos quedaron por fuera. Nos quedamos sin recursos, necesitamos que el gobierno nos de la mano”, le dijo Arismendi a La Silla.
Pero en La Guajira corre el rumor a voces de que lo que está pasando con el PAN es que la plata de los niños quedó envuelta en una red de corrupción que salpica a toda la administración del ex gobernador “Kiko” Gómez. Por lo menos eso le dijeron a la Silla tres fuentes distintas que conocen muy bien la región.
Y que, detrás de las cifras que presentó Arismendi, lo que hay es una “cortina de humo” para desviar las investigaciones de los entes de control sobre el PAN.
“Los wayúu nos hemos vuelto un fortín político, dice Barros, una líder de la Organización Wayúu Munsurrat y ex defensora de víctimas de La Guajira. “Nos cogen a nosotros para armar un escándalo, para ver con quienes se tiran los unos a los otros”.
Así también lo ha denunciado el diputado Mohamed Dasuki que citó al Secretario de Salud del Departamento para que demostrara el cumplimiento del programa y que demuestre en qué se están gastando los recursos.
“El PAN no está llegando a los que lo necesitan. Yo calculo que sólo se ha completado en un 50 por ciento. ¿Pero dónde está el 50 por ciento restante de los recursos? Pues eso se ha prestado para la corrupción, para pagar favores políticos y hacer campaña a costillas de nuestros niños”, le dijo a La Silla el diputado.
El primero de junio se celebrarán las elecciones atípicas para elegir gobernador en La Guajira y uno de los políticos que está en la contienda es el hijo del senador Ballesteros, José María “Chemitas”, como contó La Silla.
“Lo que ellos quieren es demostrar que los recursos han sido ineficientes y que por eso es el hambre. Pero ¿dónde están las cuentas de lo que ellos han gastado?”, dice una de las fuentes que prefirió no revelar su nombre.
El hambre es real
En La Guajira nadie niega que la situación de los niños es crítica. El departamento tiene una tasa de desnutrición aguda de 5.5 por ciento, cinco veces más alta que la media nacional, 0.9 por ciento en niños menores de cinco años. El hambre en los niños wayúu es evidente en sus cuerpos: barrigas redondas y prominentes, pelo castaño claro -cuando debería ser negro oscuro-, brazos y cuerpos delgados hasta los huesos. El Ministerio de Salud dice que en el departamento sólo el 43 por ciento de los niños menores de un año están asegurados para acceder a los servicios de salud y en 9 de los 15 municipios, la cobertura está entre el 12 y el 44 por ciento.
Después de la denuncia de Arismendi, el director Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Marco Aurelio Zuluaga viajó a La Guajira y dijo que se está especulando con las cifras. “No son ni 5.000, ni 4.000, ni 3.000, son 132 y 16 de ellos en Riohacha”, dijo, como si la cifra no fuera en sí misma escandolosa.
Además los 132 casos que señala Zuluaga, con cifras del Dane que carga en la mano cuando se le pregunta por el tema, sólo corresponden al período de 2010 a 2013. Si se cuentan las de los años que faltan (2008-2009) y que sí están incluidas en la denuncia de Arismendi, son 239 niños los que han muerto por desnutrición.
Una cifra que se queda corta, si se tiene en cuenta que muchos de los niños que mueren no logran un lugar en los datos del DANE, los oficiales, simplemente porque no tienen un registro de identidad. No existen. Esto, sumado a que muchos son enterrados en sus propias rancherías sin avisarle a nadie, termina alimentando el subregistro.
“Esas cifras son irrisorias. En esos años en el departamento deben haber muerto por lo menos entre 400 y 500 niños. Tampoco 3.000, eso es exagerado. Andaríamos de velorio en velorio, dice Débora Barros.
Ahora, La Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo citaron a una rendición de cuentas a los alcaldes y los operadores de los programas de salud del departamento para que expliquen qué está pasando con los niños.
