Todavía muchos colombianos —que a la postre podrían inclinar la balanza— siguen indecisos sopesando cuál de los dos candidatos sería el mal menor o el más conveniente para el país.
¿Cuál es el cambio optimista pero realista que se puede esperar con cada uno?
Aunque dependerá de muchos factores y ambas candidaturas generan incertidumbre, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández podrían sacudir el status quo de maneras muy diferentes y producir cambios importantes para Colombia.
Rodolfo: romperle el espinazo al clientelismo
Suponiendo que Hernández logre terminar su período y que no sea acusado por el Senado y suspendido prematuramente del cargo, con el ‘ingeniero’ el país podría esperar un cambio realista en dos frentes: contratación y austeridad. Y con ambos combinados, le podría propinar un golpe a la columna vertebral del clientelismo que ha sostenido la ‘gobernabilidad’ de los mandatarios y que se ha convertido en un desangre de recursos públicos, en un cuello de botella para la renovación política y la buena gestión pública, y en un freno para el desarrollo de las regiones.
Rodolfo Hernández sería de los presidentes de una sola bandera, como lo fue Álvaro Uribe en su primer período con la Seguridad Democrática y Juan Manuel Santos con el Acuerdo de Paz. Rodolfo invertiría su capital político en “Acabar la robadera”, y en particular, la de los políticos.
Dada esa obsesión y que es de los pocos temas que sabe y que realmente le interesan, es realista esperar, por ejemplo, que Hernández expanda la aplicación de los pliegos tipo, y en general mejore los procesos de contratación por convocatoria pública para disminuir los riesgos de corrupción.
“Este asunto es una materia probada en Bucaramanga y perfectamente factible y con más herramientas a nivel nacional”, dice Rodrigo Fernández, quien fue asesor en contratación de Hernández cuando fue alcalde, y quien materializó buena parte de su lucha anticorrupción.
Cuando Rodolfo fue Alcalde instauró para la contratación de toda la ciudad una especie de pliegos tipo que tres años después fue emulada a nivel nacional, pero que todavía solo opera para tres sectores de la economía. “El gobierno nacional manda los recursos con el parlamentario y con el contratista —dice Fernández— nosotros mandaríamos el recurso con el pliego tipo y la ejecución de estos recursos se tendría que hacer con arreglo a la ley 80. Eso significaría que hay competencia, y si hay competencia hay ahorros”.
Los pliego tipo evitan que los contratos se hagan a la medida de un contratista específico, que es un eslabón clave en todo el engranaje del clientelismo. Funciona así: el congresista supedita su apoyo en campaña y/o su voto a una reforma clave para el Gobierno a que del nivel nacional ‘bajen’ recursos a su región. Una vez aprobado ese cupo presupuestal, el congresista le dice a su alcalde que ahí están los recursos, pero que los debe ejecutar un contratista que, con frecuencia, es también el financiador de su campaña. En muchos casos, el contratista se queda con una tajada de la contratación, un porcentaje de la cual se va a financiar la reelección del parlamentario. Y así se reproduce el poder.
Como Hernández impulsaría muy pocas reformas legales porque su liderazgo sería más administrativo y ejecutivo, y sería la primera persona en llegar a la Presidencia sin deberle favores a nadie, tendría la independencia para cambiar el estatus quo de la contratación pública. En Bucaramanga lo hizo, y la ciudad pasó de tener un promedio de 1.4 oferentes en las licitaciones a más de 40. Esto le abrió el espacio a empresas de calidad que por primera vez entraron a competir, porque las contrataciones dejaron de estar amarradas por funcionarios corruptos.
El otro frente en el que Hernández podría producir un cambio significativo, por la misma libertad con la que llega, es en reducir el déficit fiscal, cortando gasto público innecesario, para reducir la presión del servicio de la deuda en el presupuesto nacional.
Él ha hablado de quitarles privilegios a los congresistas como sus carros o escoltas y eliminar embajadas, medidas simbólicas que no implicarían un ahorro significativo. Pero si cierra o achica entidades que se han ido creando y agrandando para pagar favores políticos y crearles rentas a los grupos políticos sí podría reducir “la grasa” que existe en la nómina del Estado.
“Los clanes de corrupción regionales están montados sobre ese sistema —dice Luis Guillermo Vélez, ex secretario general de la Presidencia de Santos— Si le pega bien duro, puede darle la oportunidad a que surjan nuevas fuerzas políticas”.
Hay otros gastos que se pueden revisar, dice Fernández. Da algunos ejemplos: “La pandemia no nos puede dejar solo pobreza. En cambio de trasladar funcionarios a las regiones a mirar cualquier cosa, o traer a todos los secretarios de salud o educación se pueden hacer reuniones de zoom. De grano en grano, la gallina llena el buche”.
Dice que Hernández siempre le planteaba a los funcionarios tres preguntas cuando se iba a hacer un gasto: ¿si fuera con plata suya lo haría? ¿lo pagaría a ese valor? ¿qué ganan los pobres con ese gasto? “Obtuvimos reducciones de gastos sensibles en temas como el transporte escolar solo con revisar la presupuestación y parar la inercia del gasto”, dice Fernàndez. Así la alcaldía de Bucaramanga redujo el déficit de 237 mil millones a cero durante su administración.
Si con una contratación más transparente y mayor austeridad en el gasto, Hernández logra liberar 10 billones de pesos —el 1 por ciento del PIB— podría destinar más recursos para inversión social o alivianar la carga para la actividad productiva.
Pero quizás lo más importante es que ese choque al sistema clientelista podría renovar la política, particularmente en aquellas regiones en las que el voto de opinión sigue asfixiado por las maquinarias.
Petro: forzar una negociación con el Establecimiento
Suponiendo que el Establecimiento no lo arrincona y que Gustavo Petro aprendió de los fracasos que tuvo en Bogotá, con el candidato del Pacto Histórico el país podría esperar una negociación de poder entre el Establecimiento y el sector del país que ha sido excluido de las instancias de decisión sobre su futuro.
Y con esto, Petro podría profundizar la democracia incluyendo voces que no han tenido poder, darle mayor legitimidad al Estado y reducir niveles de desigualdad.
Durante la campaña, Petro ha dicho que su primer acto de gobierno sería un “Gran Acuerdo Nacional”. Este, consistiría en “convocar esa diversidad que se expresará el 19 de junio para construir (…) caminos de consenso hacia reformas fundamentales que necesita Colombia para convivir en paz”.
Esa idea sigue la línea del ‘Sancocho Nacional’ del que hablaba Bateman en el M-19 y del ‘acuerdo sobre lo fundamental’ de Álvaro Gómez, a quien el M-19 secuestró y luego encontró puntos en común en la Asamblea Constituyente. Petro también le propuso a Juan Manuel Santos un “diálogo nacional sobre la tierra, el agua y las víctimas” cuando fue elegido en 2010.
Es decir, que aunque a lo largo de su vida Petro ha tenido más desencuentros que experiencias de forjar consensos, por lo menos en su discurso la idea de un gran pacto tiene historia y si llega a tener el poder podría convocarlo.
“Petro podría lograr generar unos niveles de acuerdo con el poder armado, político y económico”, dice Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas y quien conoce a Petro desde el M-19.
Jiménez se imagina a Petro involucrando en esa deliberación a los empresarios y a los gremios pero también a los sindicatos; a los generales pero también a los soldados rasos; a los campesinos y a las comunidades afros e indígenas. “Volver a instalar a todos en la interlocución con el Estado —dice— Después del Pacto de Chicoral, el Estado perdió el contacto con los ciudadanos”.
Cuando Antonio Navarro se lanzó a la Presidencia lo hizo en fórmula vicepresidencial con Jesús Piñacué, y de alguna manera, eso permitió que los indígenas irrumpieran en el imaginario político nacional como lo han hecho ahora los afro con la candidatura de Francia Márquez.
“Eso redundaría en mejor democracia, deliberación y cultura política”, dice la senadora verde Angélica Lozano, quien después de dos años de agrios enfrentamientos con Petro, lo acaba de apoyar. “Se pueden conocer y acercar un poquito dos Colombias”.
Dice que un ejemplo de lo que podría ser es la conversación que se ha producido en el Valle entre una parte de la élite empresarial y la gente de los barrios donde se vivió el mayor estallido social en décadas. “Ha sido precioso”, dice.
El ex rector de los Andes y excandidato del centro, Alejandro Gaviria, que también cantó su voto por Petro, cree que el candidato podría lograr consensos razonables alrededor del tema tributario y pensional.
“En Colombia hay algunos poderes paralizantes, algunos oligopolios —dice— en un país tan incrementalista, un gobierno de Petro nos va a sacudir un poco el status quo y poner de nuevo en una senda reformista”.
Parte de la razón por la que Petro podría forzar esta negociación es porque su punto de partida está tan lejos del status quo que el Establecimiento tiene el incentivo de sentarse a la mesa para encontrar un punto medio, so pena de perderlo todo. Después de la revolución de las basuras en Bogotá ya saben que el candidato lo que propone trata de hacerlo, venciendo cualquier resistencia.
Un ejemplo interesante de esto son la decena de reuniones que ha tenido Jaime Urrego, el programático de Petro en el tema de salud con Acemi y EPS después de que Petro propuso eliminarlas para que el Estado asuma la gestión de la salud. Según un representante del gremio de EPS “se ha ido avanzando en el entendimiento de que el valor agregado de las EPS no es de intermediación financiera o administrativa pero lo que hacen es gestión de riesgo”.
Si Petro es elegido y se continúa este diálogo es posible que al final Petro no destruya un sistema que con falencias funciona y que las EPS respondan mejor a los intereses de los afiliados.
En el tema de seguridad, incluir a los consejos comunitarios afro y cabildos indígenas en la discusión sobre el rol del Ejército en los territorios podría también legitimar su labor allí donde con frecuencia los soldados se ven como enemigos y no como protectores. “Petro podría ayudar a que se construya una política de las armas en la que todos los colombianos se identifiquen”, dice Jiménez.
Pero quizás el mayor cambio con Petro se daría el domingo si gana cuando millones de colombianos que no creen en la democracia porque no ha habido una verdadera alternancia en el poder recuperen cierta confianza en las instituciones. “Lo que se logra si gana Petro es que Colombia sea normal. Que haya alternancia en el poder. Que alguna vez gobierne la derecha, otra la izquierda y algún día el centro”, dice Lozano.
