El psicólogo Juan Carlos Gualdrón, quien como contralor delegado para el posconflicto salió mencionado en el escándalo de contratación del Ocad Paz, fue nombrado hace dos semanas en un cargo clave de la Contraloría Distrital de Bogotá, la dirección encargada de vigilar a las empresas de los servicios públicos, empezando por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp.
Gualdrón llegará justo a vigilar un pleito que iniciaron la alcaldesa Claudia López y la Uaesp, que depende de ella, contra el Consorcio Gerenciamiento de Residuos (CGR), que opera el relleno sanitario ‘Doña Juana’. Ese pleito es parte de una larga pelea entre la Uaesp y CGR, que incluso tiene en riesgo si la empresa mantiene su concesión, como explicó El Espectador.
Esta semana el Distrito denunció penalmente a CGR porque no habría cumplido debidamente con el tratamiento de residuos de las basuras, pero sí estaría cobrando por ese servicio. “Este es el caso de abuso y corrupción más grave desde que estoy en la Alcaldía, ningún operador le está haciendo semejante estafa a los bogotanos como CGR…No voy a permitir que esta corrupción y esta estafa contra los bogotanos continúe. Le ruego a la Fiscalía y a la justicia que frene y sancione la estafa”, indicó López.
Los principales accionistas de CGR, y por lo tanto los afectados si el Distrito gana, son Carlos Alberto Rangel Esparza y Carlos Rodríguez, que son controlantes de la operadora a través de varias empresas.
Rangel Esparza es hermano de la abogada María Fernanda Rangel Esparza, actual directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General, un cargo neurálgico en esa entidad después de la reforma que sacó adelante el el Congreso el contralor Felipe Córdoba.
Tanto Rangel como Gualdrón son de la confianza de Córdoba, y ella es una de sus aliadas más opcionadas en el concurso para elegir Contralor General, en el que también está Gualdrón. Los dos estaban en la lista de 10 seleccionados de la que debería elegir el Congreso, pero que ayer suspendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esa relación entre accionistas de la CGR y la funcionaria Rangel ya ha despertado alarmas. “No deja de ser motivo, por lo menos de inquietud”, dice sobre esa relación Luz Amanda Camacho, directora de Uaesp.
Desde abril la Contraloría General decidió vigilar el choque entre la Uaesp y la CGR, pues lanzó una auditoría para “fiscalizar los pagos adeudados por la Uaesp al CGR Doña Juana por concepto de remuneración”. Esta semana, justo después de que Gualdrón pasara de la Contraloría General a la Distrital, Córdoba le cedió la vigilancia a la Distrital.
En el acta de traslado de competencias, la Contraloría General dice que lo hace porque esos temas “son competencia de los jueces del contrato y de la Contraloría de Bogotá D.C., esta última con personal idóneo y conocimiento histórico de la evolución de dicho contrato”.
El pasado 5 de julio el contralor Distrital de Bogotá, Julián Ruiz, quien fue el vicecontralor de Felipe Córdoba y nombró a Gualdrón, confirmó que la Dirección del Sector de Servicios Públicos en cabeza de Gualdrón se encargará de hacerle vigilancia y control fiscal a la Uaesp en concreto.
