El miércoles pasado, Yessica Bohorquez, de 24 años, estaba a la entrada de la optometría donde trabajaba, en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Mártires. Eran las 3:40 de la tarde y estaba chateando en su celular.
Herixson Chashin, de 32 años, iba pasando en una bicicleta y se lo rapó. Fue uno de los 65.207 hurtos registrados este año en Bogotá.
Yessica reaccionó rápido y lo agarró del saco. Hizo tanta fuerza que el hombre, más alto y acuerpado que ella, no pudo pedalear. Pasó otro señor en una moto y le quitó a Herixson el celular. Se formó un alboroto, gritos de “ladrón, ladrón”. Él intentó huir, pero no avanzó mucho. Un grupo de comerciantes lo tiró de la cicla y con palos y lo que encontraron empezaron a golpearlo.
“¿Qué pensaba? Que por ser mujer me iba a dejar robar?”, le gritó Yessica, quien lo alcanzó unos metros más adelante de su trabajo.
A los pocos minutos llegaron dos patrulleros de la estación de Policía de Mártires y lo entraron en un local para impedir que lo lincharan. Uno de los patrulleros le leyó sus derechos: a una llamada, a un abogado, a no ser agredido por la Policía y a guardar silencio.
Los uniformados le preguntaron a Yessica si quería denunciar. “Claro, no ve que este señor ya sabe dónde trabajo. Me da miedo que después me haga algo”, les contestó.
Un día después el presunto ladrón quedó libre.
La Silla acompañó esta captura para entender por qué terminan libres los recién capturados en flagrancia, una situación que ha puesto sobre la mesa en los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa la ciudad.
“La respuesta de nuestros jueces es muy alta en concretar la medida de aseguramiento cuando proviene de un trabajo de investigación con acervo probatorio, pero tenemos que trabajar en las capturas en flagrancia”, dijo la mandataria tras una cumbre de seguridad la semana pasada.
El proceso de una captura
Después de que los policías le leyeron sus derechos a Herixson, lo montaron en la parte de atrás de una patrulla. Yessica se subió adelante y tomaron camino hacia la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, a cargo de la Fiscalía, una de las cinco que hay en la ciudad. Se trata de un complejo judicial, donde jueces y fiscales hacen los trámites legales tras las capturas de sospechosos de delitos de Mártires y otras localidades.
“Por favor, no me denuncie. Era para comprarle leche a mis bebés”, le decía Herixon a Yesica. “Por favor, lo hice por mis hijos”. Yessica lo ignoró.
Antes de entrar a la URI, en una de las mesas de “El Amigo”, una cafetería frente del centro de detención, los uniformados, Yessica y Herixon se sentaron a llenar los formularios para legalizar la captura: La incautación del celular, un informe con la descripción de la captura, el acta de derecho del capturado, el acta de buen trato que certifica que la Policía no lo agredió o no se excedió con la fuerza y el certificado de captura en flagrancia.
Herixon, quien es inmigrante, tenía el pómulo izquierdo amoratado por los golpes. Se pasaba las manos atadas por unas esposas de metal varias veces por la cara y su cabeza rapada. Vestía un pantalón verde militar y un saco gris oscuro.
Al preguntarle a cinco patrulleros si habían tenido problemas para identificar extranjeros que cometieron delitos en los dos últimos años, todos dijeron que no. “Siempre tienen documentos, al menos la cédula de extranjería. Y en el peor de los casos se les hace una ficha biográfica y se le toman las huellas. Eso nunca ha sido un problema”, dijo uno de ellos.
La alcaldesa de Bogotá, en cambio, dice que es tan difícil, que incluso consideró necesario hacer un comando especial para ellos, que no fue aprobada por el Gobierno Nacional.
Después de que los patrulleros llenaron los documentos de la captura de Herixon, entraron a la URI. Cuarenta minutos después, en el cuarto piso, una abogada de la Defensoría escucharía, por una conversación virtual, a Herixon. Yessica también le dio su versión de los hechos, también de forma virtual, al fiscal del caso.
A eso de las ocho de la noche salieron del lugar. Herixon pasó la noche en la estación de Policía de Mártires. El juez de garantías, encargado de definir la situación de un detenido en la etapa inicial, tiene solo 36 horas para recibir el proceso por parte de la Fiscalía y decidir si es necesaria una medida preventiva de la libertad.
Yessica ya podría irse a su casa.
“Cuando son robos de poca monta generalmente los dejan afuera al día siguiente”, dijo uno de los patrulleros que lo capturó.
“¿Y si queda libre entonces qué va a pasar conmigo? Él ya sabe dónde trabajo”, preguntó Yessica. “¡Jum!… Puede pedir medidas de protección… Sería eso”, le contestó el uniformado.
¿Por qué quedan libres los detenidos?
Al otro día Herixon no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por hurto. El juez de garantías lo dejó libre, pero lo vinculó a un proceso judicial mientras lo investigan.
La razón es que además de no tener antecedentes y no haber usado violencia, tampoco cumplía con otros requisitos establecidos por la ley para quitarle la libertad de forma preventiva: que represente un peligro para la víctima o la comunidad, que pueda obstruir el proceso de la justicia y que exista la posibilidad que no asista a las próximas audiencias.
El juez concluyó que sí iba a aparecer a las siguientes audiencias porque tiene arraigo; su familia vive acá, tiene un compromiso de arriendo y en todo caso le queda una anotación judicial. Si intenta salir del país o cae en una requisa y no ha asistido a las audiencias sería recapturado, y su situación judicial se agravaría.
“De entrada los capturados deberán poder defenderse en libertad pues prima el principio de presunción de inocencia. ¿Qué sería del mundo si con solo una acusación ya te declaran culpable? Así debe funcionar una democracia”, explicó el abogado Felipe Sánchez Bravo, especialista en derecho procesal, y quien ha llevado varios casos como el de Herixon.
En el caso de Herixon, o algún otro capturado quede detenido en la etapa inicial, de todos modos, no implica que sea culpable, pues hasta ahora se trataría de una medida preventiva.
Cuando Herixon cruzó la puerta de la URI, una estudiante de derecho que está por graduarse, se le acercó para ofrecerle sus servicios. Él le confesó que sí había robado a la muchacha y que su defensora de oficio le había dicho que tenía que indemnizar a la víctima si quería que le rebajaran la pena más adelante.
Cuando la estudiante le preguntó por qué había robado, le dijo dubitativo “No sé. Debo un mes de arriendo… No sé. No había hecho eso antes. La vi ahí, con el celular tan a la mano, que por eso la robé”.
Herixon quedó de llamar a la abogada más adelante. “Yo la llamo porque siento que la abogada que me pusieron por ser venezolano no me quiere defender”.
El celular de Yessica era un Xiaomi Redmi Pro, que vale 1.7 millones de pesos. Según el Código Penal, por un hurto de un monto menor a 10 salarios mínimos (casi 10 millones de pesos) la pena oscila entre 16 meses y cuatro años. Después del proceso que se viene para Herixon por ese robo fallido, lo más probable es que quede en libertad definitivamente, pues es lo que pasa con delitos cuyas penas son menores a cuatro años.
La alcaldesa López se pronunció la semana pasada para estudiar qué se puede hacer en casos como estos. “¿Queremos criminales más apretaditos en las cárceles o más libres en las calles?”.
Su visión se alinea con la de muchos policías. “Este Estado es demasiado garantista. Por eso quedan libres fácilmente. Mira lo de Epa Colombia. Vivimos en el país de ‘cójanlo, cójanlo’ y luego ‘suéltelo, suéltelo’”, dice un teniente que pidió no ser identificado porque no es portavoz.
La alcaldesa López incluso llegó a decir que los jueces estaban “del lado de la impunidad”, al dejar libres a los delincuentes. A lo que estos respondieron que se apegaban a lo que dice la ley.
Después de una cumbre de seguridad, López trató de limar asperezas con los jueces y dijo que “La ley establece que debe haber libertad automática en casos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos: hurto, raponeo, la menor cuantía (…) si queremos que la ley se aplique distinto, entonces tenemos que proponer reformas y eso vamos a hacer”.
Esta semana la Alcaldía presentará una propuesta de reforma a la ley al Ministerio de Justicia, que presentará un proyecto para mejorar la seguridad en las ciudades.
La respuesta de la alcaldesa choca con las visiones más progresistas. Para el abogado Sánchez, la privación de la libertad debe ser “el último recurso” y primero se debería buscar “darle alternativas a los que terminan delinquiendo”.
Miguel Emilio La Rota, del Laboratorio de justicia y política criminal, también dice que “La alcaldesa está en una situación difícil en que quiere mostrar que reacciona contra el crimen; pero esas medidas, tal como están descritas, no tienen resultados en la práctica”.
La Rota agrega que las investigaciones muestran que aumentar las penas no disminuye la incidencia de los delitos contra la propiedad. “Hay otras alternativas preventivas como mejorar la infraestructura y la iluminación de las calles”. Dice que, en todo caso, es importante “concentrar esfuerzos de persecución penal en los delitos más graves como el homicidio y la violencia sexual”.
Encerrar a los detenidos por cualquier delito, además, agrava el hacinamiento en las cárceles, que ya es del 21 por ciento. Y muchos de los detenidos, aún sin haber sido considerados culpables, terminan pasando años en estos centros de detención.
La otra cara son los casos donde los implicados recuperan la libertad, lo que desincentiva la denuncia. La Silla le preguntó a sus usuarios en las redes si habían sido atracados y si dado el caso, habían denunciado. De 30 respuestas que revisamos, solo uno dijo que le parecía útil denunciar.
“Yo denuncié, no con la esperanza de que cogieran a los que me robaron o que me devolvieran mis pertenencias. Denuncié porque pienso que así se puede tener más información sobre la delincuencia”, dijo Darío Hidalgo, miembro de la Red Llena. Los demás consideraron que no tiene sentido.
Lo mismo piensa ahora Yessica, la víctima de Herixon. Para que él quede tras las rejas, falta un proceso que podría tomar seis meses. Parece mucho, pero en el pasado, cuando no existían las audiencias abreviadas, tomaba dos años.
“La impunidad es lo que pasa siempre. Eso es normal. Pero bueno le voy a poner una caución para que no se me pueda acercar”, dijo Yessica.
La Fiscalía tiene 150 días máximo para citar a una nueva audiencia para acusar a Herixon. Antes de eso él podría también llegar a un acuerdo, y aceptar su culpabilidad, a cambio de una reducción de pena.
Si continúa el proceso, vendría una audiencia preparatoria, que tiene un término de 45 días, en la que se exponen las pruebas de inocencia o culpabilidad. Por último vendría la audiencia del juicio oral. Y ahí un juez decide la responsabilidad penal y la suerte del acusado.
