Quien reemplace al gerente del metro, Andrés Escobar, tendrá que enfocarse en la ejecución de la obra y en asegurar la extensión hasta Suba y Engativá.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, deja su cargo este jueves. Aunque desde el inicio habían acordado que la acompañaría un año, que termina este mes, López también anunció que de la mano del Gobierno Nacional reestructurará la empresa para darle un enfoque más regional.
El nuevo gerente tendrá grandes retos, desde arrancar la obra hasta incorporar la extensión de la primera línea a Suba y Engativá o la mejor forma de conectarla con los regiotrams.
Por eso la selección del encargado, en la que tienen gran incidencia López y el presidente Iván Duque, será una prueba de la capacidad de los dos de llegar a acuerdos y de apostarle al metro, el proyecto de infraestructura más importante del país que costará por lo menos 14 billones de pesos y que debería tener funcionando su primera línea en 2028.
El proceso no será rápido, pero ya arranca; mientras tanto se espera que Escobar siga mientras llega su reemplazo y hacen un empalme.
Así se elige
El gerente lo elegirá la Alcaldesa de una terna que arme la junta directiva de la Empresa Metro, que por eso tendrá una responsabilidad muy grande, adicional a las que ya tiene.
La junta la conforman nueve personas.
Tres delegados de la Nación:
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Jonathan Bernal, un técnico que es director de infraestructura y energía del Departamento de Planeación Nacional, ocupa la silla que le corresponde al DNP.
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Adriana Mazuera, una economista que es directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda, cargo en el que está encargada de manejar las acciones del Gobierno en una decena de entidades. Ha trabajado en varias entidades públicas.
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Sandra Liliana Ángel, asesora de la ministra de Transporte, Ángela Orozco, en asuntos de movilidad urbana, ha trabajado en el IDU, Transmilenio y Metrocali, entre otras entidades del sector. El cupo le corresponde al Ministerio.
Tres delegados del Distrito:
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La alcaldesa Claudia López.
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El Secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, un economista reconocido que trabajó en la estructuración del Plan de Desarrollo del gobierno Duque.
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El Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, un técnico de movilidad que fue viceministro de Transporte de Juan Manuel Santos y director de Conocimiento Sectorial del Banco de Desarrollo de América Latina.
Tres independientes nombrados por el Gobierno nacional y el Distrito a inicios de 2018, cuando el presidente era Juan Manuel Santos y el alcalde era Enrique Peñalosa. Por eso y sobre todo porque tienen un período fijo por cinco años, no dependen de los gobiernos.
Son:
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María Zulema Vélez, ingeniera civil que ha sido presidenta del gremio de las generadoras de energía y embajadora de Álvaro Uribe ante la Unesco. La eligieron tras designación del gobierno Santos, y como candidata de la Sociedad Colombiana de Ingeniería. Era la esposa de Juan Luis Londoño, el difunto ministro de Protección Social de Álvaro Uribe.
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Carlos Moncada, director del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Lo eligieron por designación del Gobierno Santos, como representante de las facultades de ingeniería. Estuvo en el proceso de empalme de Claudia López cuando llegó al Palacio Liévano.
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Rodrigo Azócar Hidalgo, quien fue gerente del metro en Santiago de Chile, ha trabajado en ProBogotá y fue delegado como miembro independiente de la junta del metro de Bogotá por el gobierno de Enrique Peñalosa.
Uno de los miembros de la junta le contó a La Silla que ya están recibiendo hojas de vida del Gobierno y del Distrito, aunque no quiso dar nombres.
Como López y Duque han mantenido el discurso de la meritocracia para nombrar funcionarios (aunque en muchos casos con filiaciones políticas, como contamos acá en el caso del Presidente y acá en el caso de la Alcaldesa), y como el miembro de la junta aseguró que tendrán en cuenta la experiencia, estudios y visión de ciudad, lo más probable es que llegue alguien que conozca bien el sector.
Pero también necesitará tener buenas relaciones con López, Duque y sus funcionarios, pues deberá coordinar muchas decisiones con el Distrito y conseguir que la Nación ponga el 70 por ciento de la plata para llevar la primera línea a Suba y Engativá.
Por ahora, suenan nombres que tienen experiencia en el área y buenas relaciones en los dos lados como:
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Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, designado por López y Gerente Técnico de Estructuración de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN.
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Dimitri Zaninovich, expresidente de la ANI y ex viceministro de Transporte de Juan Manuel Santos, y quien apoyó a López en campaña.
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María del Pilar Rodríguez, exgerente de MetroCali y quien fue delegada de Peñalosa para la supervisión del proyecto metro.
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María Constanza García Alicastro, subdirectora del IDU y quien fue secretaria de Movilidad de Gustavo Petro.
El que resulte elegido, tendrá no solo una responsabilidad grande, sino varios chicharrones en sus manos.
El lío del patio taller
Uno de los líos estalló hace poco y muestra el reto de mantener la coordinación con el Distrito.
Hace unos días, la Secretaría de Planeación, Adriana Córdoba, derogó la resolución 1060, que definía el mapa de zonas en riesgo de inundación por el río Bogotá, para reflejar las adecuaciones que ha hecho la CAR al río justamente para mitigar ese riesgo.
Sin esa resolución, vuelve a regir el mapa anterior, que tenía más zonas en riesgo, incluyendo la zona del Corzo, en Bosa, donde el metro tiene planeado construir el patio taller de sus trenes, en un lote que ya el Distrito le entregó al consorcio chino que hará la obra.
Como en el mapa viejo queda con riesgo de inundación, se crea un debate de abogados de si se puede construir ahí.
Córdoba le dijo a El Tiempo que no debe haber lío pues el patio taller quedó cobijado por la resolución mientras estaba vigente, y hay unos derechos adquiridos que seguirán rigiendo, y aclaró que derogó la resolución porque el nuevo mapa se hizo con un trámite incorrecto.
Además, dijo a La Silla que están evaluando los mapas de riesgo dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que debe sacar esta alcaldía, por lo que al final El Corzo puede no quedar bajo ese riesgo
Sin embargo, dos fuentes que estructuraron las resoluciones con los mapas coinciden en que como el riesgo ambiental tiene mayor jerarquía que los permisos urbanísticos, el debate legal existe.
Además, dicen que la derogatoria desconoce el trabajo de la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, con financiación del Banco Mundial, para mitigar ese riesgo de inundación: entre 2016 y 2019 invirtieron 223 mil millones de pesos con adecuaciones como dragar el río, aumentar el ancho de su cauce de 30 a 60 metros y construir jarillones en sus bordes.
Más allá de la solución al lío legal del patio taller, este enredo muestra los retos de coordinación de quien venga a dirigir el Metro de Bogotá, que no solo debe trabajar de la mano con la Secretaría de Planeación, para definir cómo se podrá construir alrededor de la primera línea para financiar al Metro, sino con varias entidades más.
Por ejemplo, debe trabajar de la mano del IDU para terminar de comprar 1.441 predios de los que 214 son prioritarios para empezar las obras del patio taller y el viaducto en 2021.
O coordinar con las empresas de servicios públicos como la EAB y la ETB la relocalización de las redes, que debe terminar en 2022 y tiene el reto de que Bogotá no tiene una cartografía detallada.
En eso, la Empresa ha identificado 120 obras necesarias, han hecho seis traslados, avanzan en otros 54 y 14 están en diseños pero hay un punto crítico en la Avenida 68 con 1 de Mayo, donde hay un “pulpo” de redes, y otro en la Caracas con Calle Primera, porque requiere reubicar una subestación eléctrica.
O articular con la Secretaría de Movilidad y con TransMilenio las estrategias para que la obra impacte lo menos posible la movilidad, y para que luego sea fácil cambiar del metro a las troncales o buses.
Por último, el gerente deberá trabajar de la mano con la Gobernación de Cundinamarca para coordinar la construcción de los regiotram, uno de los ajustes que ha definido la Alcaldesa y que trae consigo más retos.
Ajustes al proyecto
Desde la campaña, López dijo que quería darle un giro a la movilidad de la ciudad con un enfoque regional. Por eso, busca que la Empresa Metro coordine con la Gobernación los regiotram que van a conectar a Bogotá con varios municipios aledaños.
A ese gran reto de coordinación se suma otro inmenso: que López pueda cumplir con su promesa de campaña de llevar la primera línea hasta Suba y Engativá.
Para eso necesita diseñar la obra por lo menos hasta la etapa de factibilidad, cuando se sabe que la obra es necesaria y viable económicamente. Y luego estructurar la licitación.
Además de lo técnico, necesita lograr que el gobierno de Iván Duque, de quien López es una de las mayores críticas, le apruebe financiar el 70 por ciento de esa obra; y que el Concejo le apruebe endeudarse para construirla.
Para todo esto, claro, tendrá el apoyo político de López. Y Duque y su ministra de Transporte, Ángela Orozco, han dicho que estarían dispuestos a colaborar.
Sin embargo, no es obvio que lo prioricen por la crisis y porque otras ciudades están pidiendo dinero para sus obras: Barranquilla quiere un tren ligero al aeropuerto, Cali un tren de cercanías o Pereira, un cable.
López ha dicho en varias oportunidades que el metro es parte de la recuperación económica y que se va a lograr esa extensión si “el Concejo de Bogotá y el presidente no le hacen conejo”.
Si lograra dejar contratada esa obra, vería la luz en el mejor de los casos en 2030. Y que eso pase dependerá no solo de la presión política sobre Duque o del apoyo de él, sino de que tanto el Presidente como la Alcaldesa definan un gerente que logre que el proyecto que Bogotá lleva soñando más de medio siglo finalmente salga adelante.
