Después de que Peñalosa criticó que la Distrital deba compartir los recursos de estampilla con la Universidad Nacional, ahora el Concejo debe definir cuánta plata les garantizará a esas instituciones por los próximos 30 años.
En las próximas semanas volverá al Concejo de Bogotá la discusión sobre cuánta plata saldrá de los contratos firmados en el Distrito en los próximos 30 años para financiar las universidades Distrital y la Nacional (sede Bogotá), una cifra que puede estar entre 1,7 y 2 billones de pesos, según lo que decidan los concejales.
El alcalde Enrique Peñalosa había manifestado su inconformismo porque los recursos de ese tributo, que corresponde al 1 por ciento de cada contrato y siempre se han destinado para la Distrital, ahora se repartirán entre esta institución y la Nacional por orden del Congreso. Pero superada esa discusión, se viene otra entre los concejales.
Esa estampilla existe desde 2001 y se empezó a cobrar en 2003, pero iba a dejar de operar porque se creó para recoger 200 mil millones de pesos y ya se iba a cumplir esa meta.
Sin embargo, surgió la necesidad de pedirle al Congreso que le dé nueva vida porque la U. Distrital pretende ampliar su infraestructura y aumentar sus cupos de 24 mil a 100 mil estudiantes.
Ahí entró a jugar la Nacional, que también necesita recursos. Su respaldo se explica en la medida en que le daba más fuerza al proyecto en el Congreso, ya que tiene más visibilidad que la Distrital y no carga una reputación de visibles escándalos de corrupción, le dijeron a La Silla Cachaca una fuente del Congreso que conoció el trámite de la ley y el concejal verde Jorge Torres, uno de los que lidera el debate en el Concejo.
Por eso las dos universidades y varios congresistas acordaron que el 70 por ciento de los recursos serán para la Distrital y el otro 30 por ciento para la sede de Bogotá de la Nacional (que tiene edificios en mal estado), y que se cobrará durante 30 años.
Aunque la ley fue aprobada en diciembre, la controversia reventó hace un mes, cuando Peñalosa rechazó compartir la estampilla con la Nacional porque para él significaba “quitarle recursos a la Distrital”, e hizo un criticado amago de impugnar la ley ante la Corte Constitucional.
Sin embargo, la ley sigue en firme y ahora el Concejo debe definir cuánto se cobrará, pues el Congreso le permite fijar el porcentaje con un máximo del 2 por ciento.
Es ahí donde se viene un nuevo debate.
¿Cuánto aumentar?
La Alianza Verde, el Polo y La U ya han presentado proyectos por aparte para subir el aporte del 1 al 1,5 por ciento, lo que según proyecciones de la Secretaría de Hacienda significaría 2,5 billones de pesos en 30 años.
Mantenerlo en 1, como propone la Alcaldía en el proyecto que radicó, daría 1,7 billones de pesos.
Esa diferencia, de unos 800 mil millones, es importante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, equivale a unas 10 veces el costo de la nueva sede de Bosa de la Distrital.
El dilema es que subir el tributo aumenta la carga para los contratistas, incluyendo las personas que trabajan por prestación de servicios (que hoy suman unas 30 mil personas en el Distrito). Incrementar la estampilla al 1,5 por ciento significaría que alguien que gane 1 millón 500.000 pesos pasaría de pagar 15 mil a 22.500 pesos, una subida de 7 mil 500 equivalente a un poco más de tres pasajes en SITP.
Por eso, los concejales, por iniciativa de Jorge Torres (Alianza Verde), radicarán un nuevo proyecto conjunto que ponga el aporte en 1,2 por ciento (una especie de punto medio entre lo que proponen ellos y lo que quiere la Alcaldía). Eso significaría 2 billones de pesos en 30 años.
Torres reunió las firmas de 44 de los 45 concejales para soportar políticamente el proyecto. Solo falta David Ballén (de La U), que hasta ahora ha defendido que la estampilla sea el 1,5.
Pero a pesar de ese asomo de consenso, el concejal verde le dijo a La Silla Cachaca que el porcentaje seguirá siendo un tema de discusión cuando el debate vuelva al Concejo.
