Aunque ayer Enrique Peñalosa aceptó cinco renuncias y mantuvo a otros 12 alcaldes, estos seguirán dando de que hablar.
Aunque ayer Miguel Uribe, secretario de Gobierno, anunció que el alcalde Enrique Peñalosa aceptó la renuncia de cinco alcaldes locales y con eso puso cierre a dos semanas de suspenso sobre cuáles alcaldes seguían y cuáles no, esa decisión no es el final de la novela sobre el futuro de las alcaldías locales, sino un capítulo más.
Primero, porque hoy 8 de las 20 localidades están sin alcalde.
Y es que si ayer fueron cinco localidades (Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe) las que se quedaron sin mandatario, en Suba no hay desde noviembre porque el alcalde se fue a trabajar a la Procuraduría, y los alcaldes de Teusaquillo y Los Mártires salieron hace mes y medio, cuando Peñalosa les pidió la renuncia.
Esa salida es muy notoria, porque esos 8 alcaldes tienen este año 414 mil millones de pesos para invertir, de los 768 mil millones de todas las localidades. Es decir, queda en el aire quién decide en qué se va la plata equivalente a lo que invertirán este año el Quindío (263 mil millones) y Caquetá (205 mil millones).
Solo el alcalde de Ciudad Bolívar tiene casi 93 mil millones para invertir, más del doble de lo que tiene el Invima y casi el triple de la Defensoría del Pueblo.
Y otra, la de Barrios Unidos, quedó congelada en gran parte porque perdió la capacidad de contratar. Esa fue la decisión de Peñalosa, que quería sacar al alcalde Zico Antonio Suárez pero se estrelló con que este nunca presentó su renuncia protocolaria y no puede ser declarado insubsistente porque sufre una enfermedad, como reveló La Silla.
Y segundo porque el otro frente en el que se mueve esa novela, el de las investigaciones de la Personería, sigue andando contra algunos de los alcaldes que no se van.
Desde inicios de este año la Personería adelanta investigaciones formales por presuntas irregularidades en contratación en las alcaldías de Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Fontibón, Usaquén, Santa Fe y Barrios Unidos, en donde la Fiscalía también puso el ojo.
Eso quiere decir que tres de los 12 alcaldes que se quedaron, Johanna Paola Bocanegra, de Fontibón; Mayda Cecilia Velásquez, de Usaquén, y Gustavo Niño Furnieles, de Santa Fe, recibieron un espaldarazo de Peñalosa, pero tienen esa espada sobre sus cabezas.
Como la semana pasada la Personería cambió sus delegados en la mayoría de localidades para enviar el mensaje de que van a trabajar más duro allí, es posible que esas investigaciones avancen.
Esa situación de semi interinidad en 12 de las 20 alcaldías puede tomar todo el año; si en las investigadas eso puede cambiar en cualquier momento, para las 8 sin alcalde solo se llenaría a finales de este año.
Eso se debe a que para elegir los nuevos alcaldes, la Secretaría de Gobierno debe hacer una nueva convocatoria pública y luego un concurso, que maneja una universidad. Y hasta ahora puede empezar el proceso para contratarla, que va a hacer por licitación para que sea más transparente, pero implica más tiempo.
Después, con los resultados de este, los que resulten clasificados se presentan en las Juntas Administradoras Locales y allí los ediles arman una terna, de la que finalmente elegirá Peñalosa. Y cada uno de esos pasos toma tiempo.
Además, la Alcaldía sigue adelante con su estudio de qué hacer con las facultades que tienen esos alcaldes locales para contratar, como contamos hace dos semanas.
Como esas alcaldías tienen un origen parcialmente político, por la participación de los ediles, eso significa que la segunda mitad de 2017 no solo será el semestre de la revocatoria, sino también el de la novela de las localidades.
