El alcalde de Bogotá ha retomado apuestas que ejecutó o intentó aplicar en su primera administración. Van desde la venta de la ETB hasta las restricciones para la contratación en las alcaldías locales.
En medio del escándalo por presunta corrupción de los alcaldes locales de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa les ha impuesto restricciones para contratar que recuerdan medidas similares que tomó en su primera administración (1998-2000).
Este es solo un ejemplo de las políticas que el alcalde aplicó entonces y ha retomado en su segundo gobierno; acá van seis ejemplos:
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El sistema fue pensado en la primera administración de Peñalosa como un componente flexible del sistema integrado de transporte, que apoyara una primera línea de metro que ya tenía estudios de factibilidad.
Pero el metro se cayó con el argumento de que la Nación no tenía recursos suficientes para financiarlo en plena crisis económica, así que el alcalde pidió que le dieran plata para planear y empezar a implementar una red de 388 kilómetros de troncales para buses.
Así, dejó rodando los buses de la fase I (troncales de la Avenida Caracas, Autopista Norte y Calle 80), y en las administraciones siguientes (excepto la de Petro), se montaron las fases II (Eje Ambiental, Américas, NQS y Suba) y fase III (Calle 26), a partir del plan que dejó Peñalosa pero con cambios grandes (como construir la 26 antes de la carrera séptima o las avenidas 68 y Boyacá) y a un ritmo mucho más lento.
En su actual administración, aunque se comprometió con la construcción de la primera línea del metro, insistirá en completar el sistema de buses que propuso hace 17 años y por eso espera hacer siete troncales nuevas: Séptima, Boyacá, ALÓ, Calle 170, Jorge Gaitán, Avenida 68 y Calle 127.
En 1999, en su proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Peñalosa incluyó la expansión de Bogotá en el borde norte, lo que implicaba que esa zona pasaba de ser rural y suburbana a ser urbana, para poder construir en ella.
Pero el POT tiene que ser concertado con la CAR en los asuntos ambientales, y esa entidad se negó a darle su chulo a la expansión.
El caso pasó al Ministerio de Ambiente, que convocó un panel de 12 expertos -en el que estaba el científico holandés Thomas Van der Hammen, que había hecho estudios sobre la zona-, que dijo que en su concepto no debía urbanizarse sino crear una reserva forestal de 1.500 hectáreas para mantener la conexión biológica entre los cerros orientales y el río Bogotá.
Peñalosa sí logró que quedara urbanizable la zona donde hoy pretende desarrollar el proyecto Lagos de Torca, que sectores ambientalistas consideran el primer paso para afectar la Van der Hammen.
Aunque en ese momento Peñalosa perdió el grueso de la pelea, ahora insiste en su idea de expandir la ciudad hacia el norte e intervenir un sector de la zona de reserva, y para eso requiere presentar una propuesta en su proyecto de POT y que la CAR o el Minambiente se pronuncien.
El alcalde insiste en que su idea es ambientalmente sostenible pero, como en 1999, está enfrentado a los ambientalistas.
Peñalosa siempre ha defendido la necesidad de mantener espacios limpios, no solo para que la ciudad tenga un buen aspecto, sino para mejorar la percepción de seguridad.
Es una visión basada en la teoría de las ventanas rotas, que tiene su origen en los años 80 en Nueva York y parte de la premisa de que entre mejor cuidados estén los espacios públicos los ciudadanos se sentirán más seguros.
En su primera alcaldía, basado en ella, ejecutó el programa Misión Bogotá en el que invitaba a los ciudadanos a unirse a jornadas de limpieza y recuperación de zonas afectadas por invasión de espacio público e inseguridad.
En su actual administración tiene en marcha una estrategia de seguridad en la que esa teoría tiene un lugar privilegiado. Así, en los denominados puntos calientes (zonas donde se concentra el delito en Bogotá), las acciones policiales se han conjugado con otras para remover basuras y mejorar la iluminación.
Hasta ahora, eso ha ayudado a reducir los homicidios en esos puntos, mas no los robos, como lo contamos en La Silla Cachaca.
La política de mejorar la limpieza también ha llevado a Peñalosa a casar peleas con grupos sociales como los grafiteros, ya que le apuesta a permitir el grafiti solo en algunas zonas y bajos ciertas reglas, mientras que ordenó borrar los que llama “grafitis no artísticos”.
Peñalosa ha insistido en sus dos gobiernos en la necesidad de vender la participación del Distrito en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que hoy es del 86,3 por ciento de las acciones, con el fin de aprovechar esa plata para hacer inversiones en la ciudad.
En ambas ocasiones logró que el Concejo le aprobara la propuesta. Sin embargo, en septiembre del 2000, a tres meses de finalizar su primera alcaldía, el negocio se cayó porque los dos principales interesados, Telefónica de España y Telecom Italia, decidieron no participar.
Según Peñalosa, eso se debió a que las empresas vieron que en ese momento no se podía hacer una inversión segura en Colombia, pero el entonces Procurador General, Jaime Bernal Cuéllar, lo confrontó diciendo que el proceso la Alcaldía había promovido la caída del negocio luego de que en este se detectaron posibles irregularidades.
Hoy, el nuevo negocio está cerca de concretarse y JP Morgan, la banca de inversión que contrató la secretaría de Hacienda para valorar la empresa, ya lo hizo en $2,38 billones, con lo que fijó un precio mínimo por acción de 671 pesos.
El alcalde también pretende vender el 20 por ciento de las acciones que tiene el Distrito en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), y pasar de tener el 76,28 por ciento de la compañía al 56,28 por ciento.
La intención es conseguir unos $3,5 billones más para apalancar la construcción de ocho obras viales por APP que costarían $21 billones.
Aunque en la primera administración de Peñalosa no se movió la venta de acciones de la EEB, esta es otra política noventera si se tiene en cuenta que su antecesor, Antanas Mockus (1995-1997), fue el que abrió esa empresa a los privados para poder capitalizarla.
En su primer gobierno, Peñalosa restringió la contratación de las alcaldías locales, porque consideraba que no tenían la capacidad técnica para tomar ese tipo de decisiones.
Para eso creó dentro de la administración central las Unidades Ejecutivas Locales (UEL), unas dependencias que evaluaban los proyectos que los alcaldes locales pretendían ejecutar. Había una por sector (salud, educación, etc.) y se encargaban de definir si se invertía plata en en las iniciativas de esos mandatarios.
Cuando volvió al cargo en 2016, ese esquema había desaparecido porque en 2010 el entonces alcalde Samuel Moreno devolvió a las alcaldías la facultad de contratar sin la intervención de las UEL, que desaparecieron.
Pero ahora, en medio de los escándalos por presunta corrupción en las localidades, Peñalosa decidió retomar medidas para controlar la contratación de los alcaldes locales.
No volverá a crear las UEL, pero ha tomado medidas como la prohibición para ejecutar presupuesto a través de convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro y la obligación de que los alcaldes se ciñan a pliegos de condiciones estandarizados para adjudicar contratos de malla vial, para evitar que los amañen.
La idea es aplicar esa misma medida para contratos de construcción e intervención de parques, y posiblemente seguir avanzando en apretarle las tuercas y darle más injerencia (y poder) a la administración central en esas inversiones, que suman más de 800 mil millones de pesos al año.
Aunque Peñalosa heredó esta política de Antanas Mockus (1995-1997), la usó mucho y la reorientó del cambio cultural en el que trabajaba Mockus al mejoramiento del espacio público y los entornos urbanos.
En su segunda administración, Peñalosa ya ha lanzado cuatro campañas de cultura ciudadana: “El poder del cono”, para combatir a los mal parqueados; “Dale ritmo a Bogotá”, con la idea de descongestionar los cruces viales (la lanzó acompañado de Mockus); “Farra en la buena”, para evitar las riñas relacionadas con la rumba, y “Hombres sin vergüenza”, para combatir el machismo.
