Seis años después de quedar preso, al exalcalde de Bogotá le confirmaron ayer su única condena y lo imputaron por el escándalo de Odebrecht. Pero por el “carrusel de la contratación” aún debe responder por, al menos, otro cinco casos.
Después de meses de letargo en los procesos judiciales contra Samuel Moreno por el carrusel de la contratación, ayer el exalcalde de Bogotá recibió dos golpes: la Corte Suprema ratificó su condena a 24 años por pedir una coima para adjudicar el contrato del servicio de ambulancias, y la Fiscalía le imputó cargos por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. Pero faltan más casos.
Con la decisión de la Corte se cierra definitivamente el único proceso por el que ha sido condenado, y con la de la Fiscalía se abre la posibilidad de que termine condenado si se prueba que se benefició de sobornos que pagó la corrupta multinacional brasileña.
Sin embargo, seis años después de su captura, Moreno le debe más verdades a Bogotá: quizás cuente unas en los dos juicios que afronta por la contratación de la troncal de la 26 y de la reparación de vías, y otras en las tres indagaciones que, según conoció La Silla Cachaca, adelanta la Fiscalía en su contra.
Hasta ahora ha negado que participó del desfalco a Bogotá y ha dilatado los procesos presentándose a muchas audiencias sin abogado.
De que se definan los siguientes casos depende entonces, al menos desde la perspectiva judicial, que se aclare hasta qué punto se involucró él, como Alcalde, en el carrusel::
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El caso: Ante la demora para construir el tramo de Transmilenio de la Calle 26 que va del Cementerio Central a la Avenida Boyacá (al menos 60 cuadras), en febrero de 2010 el IDU le terminó el contrato al consorcio constructor, liderado el grupo Nule, y lo cedió a Conalvías..
La Fiscalía investiga las irregularidades alrededor de este proceso, como sobornos para que Conalvías se quedara con el contrato.
Los Nule ya aceptaron que pagaron coimas para ganarse el contrato inicial, que costaba 315 mil millones de pesos, pero eso fue en 2007, en la Alcaldía de Lucho Garzón y cuando la directora del IDU era Liliana Pardo. Por eso Moreno no entra en ese capítulo, sino en el de la cesión, que fue durante su gobierno y con Pardo todavía como cabeza del IDU.
En un proceso aparte se investigan puntualmente las irregularidades que rodearon las cinco adiciones a ese contrato ya en manos de Conalvías, lo que implicaría otra posible condena contra Moreno.
Avance: Ya está en juicio.
Lo que se sabe: La Contraloría y la Procuraduría ya sancionaron a Moreno por este caso y, particularmente en el fallo de ésta última, que lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años, se constató que él sabía del cobro de coimas en el IDU y que posiblemente recibió plata de éstas, sobre todo por la confesión de Inocencio Meléndez, director jurídico en el IDU de Pardo.
Ella, prófuga de la justicia, también es procesada por este caso, así como el presidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, que está en juicio y no ha aceptado cargos.
La Procuraduría también inhabilitó al exconcejal verde José Juan Rodríguez, de la entraña de Pardo, por su incidencia la cesión del contrato a Conalvías.
La tesis de la Fiscalía es que a través de intermediarios como Rodríguez, Samuel y su hermano Iván, senador del Polo para entonces, pactaron con Jaramillo recibir una coima del 6 por ciento del contrato para que éste se lo quedara.
Lo que falta por saber: Si condenan a Moreno por este caso, se sabrá hasta qué punto estuvo al tanto del direccionamiento de la cesión y si recibió plata por coimas que se pagaron por ello.
El caso: En 2008, primer año de gobierno de Moreno, el IDU abrió una licitación por 650 mil millones de pesos para reparar vías por todo Bogotá, y la dividió en seis contratos. Dos quedaron en manos de empresas de los Nule (uno por 87 mil millones y otro por 100 mil millones) gracias a acuerdos entre ellos y los políticos y funcionarios del carrusel a los que pagaron sobornos.
Avance: Moreno está en juicio.
Lo que se sabe: La Corte Suprema comprobó que el hermano de Samuel y exsenador del Polo, Iván Moreno, influyó, a través del empresario Emilio Tapia y del abogado Álvaro Dávila, a la directora del IDU, Liliana Pardo, con el fin de manipular la licitación para que los Nule se quedaran con los dos contratos a cambio del pago de coimas.
Por este caso ya fueron condenados Iván Moreno, Tapia, Julio Gómez, los primos Miguel, Manuel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre. Y son procesados Pardo y Dávila, que está en juicio y era un abogado que habría servido como puente entre los Moreno y los Nule para cuadrar el porcentaje de las comisiones.
Los primos también han mencionado al contralor de entonces, Miguel Ángel Moralesrussi, como beneficiario de coimas del 2 por ciento del valor de los contratos. Él también está procesado, aunque libre y pendiente de juicio.
Lo que falta por saber: Una condena contra Samuel ratificaría lo que han dicho los Nule y otros testigos: que él también incidió en la manipulación de la licitación para porque recibiría parte de las coimas que pagaron los Nule para ganarse los dos contratos.
El caso: El presunto pago de coimas para la adjudicación del contrato por 243 mil millones de pesos para construir un túnel que interceptara las aguas del río Tunjuelo para llevarlas a la futura planta de tratamiento de Canoas. El Acueducto de Bogotá le adjudicó el contrato en 2009 a un consorcio que integraban Odebrecht y el grupo Solarte.
Avance: La Fiscalía le imputó ayer cargos a Moreno por interés indebido en celebración de contratos y porque presuntamente se benefició del pago de sobornos, lo que implica que puede ir a un nuevo juicio por corrupción. También imputará hoy al empresario Orlando Fajardo (subcontratista de Odebrecht en esa obra) y en noviembre a los representantes del grupo Solarte: Carlos Alberto y Paola Fernanda, padre e hija, por presuntamente dar sobornos.
Lo que se sabe: El caso se conoció a comienzos de año, cuando los medios revelaron que el consorcio francés Soletanche Bachy, que compitió por el contrato, había denunciado que en el Acueducto le pidieron una coima para que se lo ganara. En medio de las pesquisas por el escándalo de Odebrecht, este año la Fiscalía reveló que altos funcionarios del Acueducto organizaron la petición de las coimas a los contratistas ganadores por instrucción de Iván Moreno, y que a él y a su hermano Samuel les tocaron mil millones.
La Fiscalía también ha asegurado que en el entramado participaron el contratista Emilio Tapia y el abogado Manuel Sánchez como intermediarios de los Moreno.
Lo que falta por saber: Como por este caso no hay ningún condenado, en los juicios se deberá establecer si efectivamente se acomodó el contrato y se pagaron las coimas, lo que daría luces, en el caso de Samuel, sobre hasta qué punto se vinculó y si recibió dinero.
El caso: Samuel nombró como secretaria de Integración Social a Mercedes del Carmen Ríos, condenada por acomodar contratos para que se los ganaran empresas ligadas al carrusel.
Avance: Ríos aceptó que amañó contratos y por eso fue condenada, pero contra Moreno apenas hay una indagación en la Fiscalía que aún no se convierte en una investigación formal.
Lo que se sabe: En la condena de primera instancia contra Ríos se estableció que ella le adjudicó dos contratos de distribución de alimentos por 105 mil millones de pesos a empresas del grupo Torrado por solicitud del contratista Julio Gómez y para favorecer a Iván Moreno, hermano del entonces alcalde.
Lo que falta por saber: La vinculación de Samuel con la manipulación de la contratación en Integración Social. La Fiscalía, según conoció La Silla Cachaca, estudia si el Alcalde la nombró en el cargo para tener cómo manipular la contratación, y si las certificaciones de su experiencia laboral y académica fueron manipuladas para que cumpliera con los requisitos para posesionarse.
El caso: En octubre de 2011, cuando Moreno ya estaba preso, la Unidad Especial de Servicios Públicos (Uaesp) adjudicó un contrato por 110 mil millones a la española Distromel para implementar un sistema que permitiera monitorear la recolección de basuras. Al parecer también se pagaron coimas.
Avance: La Fiscalía indaga la posible participación de Samuel en el presunto arreglo del contrato, pero aún no ha abierto una investigación formal en su contra. En lo que sí ha avanzado es en la imputación de cargos contra exfuncionarios de la Uaesp que tuvieron que ver con el diseño y adjudicación del contrato.
Lo que se sabe: El proceso para adjudicar el contrato comenzó el 25 de mayo de 2011, 20 días después de que Moreno salió de la Alcaldía debido a una suspensión que le impuso la Procuraduría y después de la cual nunca volvió. Clara López lo remplazó desde junio, y durante su administración la Uaesp adjudicó el contrato.
En 2014, la administración Petro terminó el contrato por considerar que Distromel estaba incumpliendo, y en 2015 el abogado Manuel Sánchez (que hizo parte del carrusel y en distintas ocasiones ha mencionado la participación de Moreno en ese desfalco) denunció las posibles irregularidades. La Fiscalía, reveló Blu Radio, tiene la teoría de que Emilio Tapia recibió una coima de 1.400 millones de pesos tras la adjudicación de ese contrato con el fin de pasarle una parte a Samuel.
Lo que falta por saber: Por este caso no hay ninguna condena, así que todavía está por establecer si realmente hubo irregularidades y hasta qué punto Moreno sabía y se benefició de las coimas en caso de que se hayan pagado y cómo hizo para incidir a pesar de que ya estaba preso. Además, si Clara López, como alcaldesa encargada, en algún momento conoció de posibles irregularidades.
El caso: Tiene que ver con el nombramiento de gerentes de hospitales como cuotas políticas para los concejales y para garantizar la contratación de empresas relacionadas con el carrusel.
Avance: La Fiscalía tiene en curso una indagación contra Moreno, pero aún no ha abierto una investigación formal en su contra. Por este caso no hay ningún condenado.
Lo que se sabe: Héctor Zambrano, que fue secretario de Salud de Moreno, por su cargo es el testigo clave en este caso porque estuvo al frente del nombramiento de gerentes y ya confesó que lo hicieron con la idea de darles esos cargos a cuotas de concejales con el fin de que estos gozaran de poder burocrático y no le hicieran control político al Alcalde.
Lo que falta por saber: A diferencia de los casos por pago de coimas para amañar contratos, en los que Samuel aparece como uno de los últimos eslabones de la cadena, en el nombramiento de hospitales él incidía directamente. Lo que debe constatarse es cómo él tomó esas decisiones para favorecer a concejales, y cuáles de estos fueron los favorecidos.
