Mientras los promotores de la revocatoria ganan legitimidad para hacer campaña, el alcalde de Bogotá aún espera que una decisión del Consejo Nacional Electoral tumbe o dilate la convocatoria a las urnas para definir su futuro.
La Registraduría anunció esta mañana que validó 473.700 de las 700 mil firmas que le presentaron para sustentar la intención de revocar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, casi el doble de los apoyos necesarios para convocar un referendo en el que la gente vote si quiere que él siga gobernando.
Con este paso los promotores, sobre todo los del grupo que presentó las firmas (Unidos Revocamos a Peñalosa), se llenan de aire al contar con un argumento que les da legitimidad para pasar al siguiente capítulo: la campaña para sacar a la gente a votar, un reto mayor porque necesitan que lo hagan 1,1 millones de personas.
Pero es previsible que antes deban superar otras dificultades, ya que el alcalde y sus defensores buscan que la revocatoria se caiga por decisión de un juez o del Consejo Nacional Electoral (CNE), que la tiene entre ojos, antes de arrancar una campaña política. Y eso, por lo menos, va a demorar la votación que se debería dar en dos meses.
El reto del millón
Los promotores de la revocatoria ya se subieron en el bus de hacer campaña. Su ventaja, como contamos en La Silla Cachaca, es que Unidos Revocamos tiene buena capacidad para sacar votantes porque lo integran organizaciones sociales, sindicatos y partidos con experiencia en elecciones.
Sin embargo, no la tienen fácil.
Para que Peñalosa sea revocado, debe votar una cantidad de personas equivalente al 40 por ciento de los votos válidos registrados el día en que fue elegido, 1’092.229 personas. Es decir, más del doble de las firmas que acaba de validar la Registraduría, y casi 400 mil más de las que el comité presentó inicialmente.
Como la ley dice el alcalde saldrá de su cargo si la mitad más uno de quienes voten lo hacen a favor de sacarlo, es probable que él y sus defensores opten por pedirle a la gente que se abstenga de votar, con el fin de que todo el peso de alcanzar el umbral quede en manos de los promotores de la revocatoria.
Así, los de la revocatoria necesitan asegurarse 1,1 millones de votantes, una cifra que no pinta fácil porque los candidatos distintos a Peñalosa sumaron 1,6 millones de votos en 2015, pero incluían los 327 mil votos de Pacho Santos (y el Centro Democrático apoya a Peñalosa) y las maquinarias liberales, de Cambio, conservadora y La U, que también están con el alcalde.
Además, en unas votaciones atípicas la gente suele participar menos. En el plebiscito de 2016, por ejemplo, votaron 2,5 millones de personas, 300 mil menos que para la Alcaldía, y a pesar de que esa votación movilizó las pasiones políticas del país.
Al final, los de la revocatoria necesitarían que voten casi todos los que en las pasadas elecciones a la Alcaldía apoyaron a Clara López (500 mil) y a Rafael Pardo (778 mil).
De ahí que esté por verse la estrategia que usen para animar a más gente y capitalizar la alta impopularidad de Peñalosa, quien por lo pronto anunció que seguirá trabajando:
Frente a las firmas de la revocatoria, seguiré trabajando con un gran equipo para mejorar la vida de todos los bogotanos— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 20 de junio de 2017
Y al tiempo reiteró en un comunicado que espera que su abogado siga trabajando.
Es decir, insistirá en una estrategia jurídica antes que política, en la que pinta más fuerte.
Lo que deben definir los abogados
Con la revocatoria, Peñalosa ya perdió su primera pelea en los tribunales hace dos semanas, cuando el Tribunal Superior de Bogotá le negó una tutela.
El alcalde pretendía que la revocatoria se cayera porque se le debía respetar, entre otros, su derecho a ser elegido, pero los magistrados respondieron que el mecanismo solo lo puede cambiar el Congreso.
Sin embargo, todavía tiene ases jurídicos bajo la manga.
Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá, creada para defender al alcalde de la revocatoria, le dijo a La Silla Cachaca que antes de la campaña esperan que se definan, por lo menos, tres puntos que podrían enredar la convocatoria a las urnas.
El primero es que Peñalosa tiene derecho al pataleo en las firmas, con un equipo de grafólogos que dé un segundo concepto sobre su validez. Así lo hizo el ex alcalde y némesis de Peñalosa, Gustavo Petro hace cuatro años, cuando si bien no logró que la Registraduría tumbara las firmas, sí ganó tiempo.
En segundo lugar, los defensores de Peñalosa esperan que el CNE rechace la contabilidad de Unidos Revocamos, después de que la semana pasada esa entidad evidenció desorden en la forma como el comité estaba reportando sus ingresos y gastos.
Y es que si el CNE no avala las cuentas, la Registraduría no puede certificar el cumplimiento de todos los requisitos para autorizar el llamado a las urnas, y la revocatoria naufragaría (o terminaría en otra pelea jurídica).
Y el tercer punto, que es el más fuerte, es que el CNE no ha definido si la exposición de motivos que presentaron los comités de la revocatoria se ajusta a la ley, una revisión que no había hecho antes y que ha despertado una fuerte polémica porque incluso algunos magistrados dicen que es un invento de funciones que no tienen.
Como en el CNE ya se hundió una ponencia de la magistrada conservadora Ángela Hernández, que decía que no debían revisar la exposición sino permitir que el proceso siguiera, ahí está el principal temor de los comités promotores.
Más porque los magistrados del CNE, elegidos en representación de los partidos políticos en el Congreso, estuvieron a un voto de frenar con argumentos idénticos otra revocatoria, la que se iba a votar este domingo en Remolino (Magdalena). Y como ese proceso terminó suspendido el viernes pasado por una tutela de un juez de Pivijay que dice que faltaba esa revisión, los magistrados que defienden esas funciones alegan que un juez les dio la razón.
Del otro lado, Hernández y el magistrado Armando Novoa, elegido con apoyo del Polo y los verdes, argumentan que ya el Tribunal Administrativo del Magdalena había fallado en sentido contrario una tutela por lo mismo, y que el CNE debe hacerle caso a ese Tribunal, que es de mayor rango que el juez de Pivijay.
Con ese enredo jurídico haciéndose cada día más complejo, Peñalosa le está apostando a jugar en ese terreno más que en el político, lo que podría salvarlo o al menos mantenerlo en el cargo más tiempo.
Pero aunque eso le pueda servir, políticamente queda golpeado porque quienes quieren sacarlo, ciñéndose a la ley de participación, aportaron más del mínimo de firmas exigidas, a lo que él responde con armas jurídicas que, a juicio de ellos, pretenden coartar esa participación.
Su defensa, sin embargo, no solo considera que debe ser respetado el derecho a ser elegido, sino que recuerda que Petro se la jugó por una estrategia jurídica antes de meterse de lleno en una campaña para evitar que lo sacaran, para así tratar de deslegitimar las críticas de sus detractores, que incluyen a los petristas.
