El alcalde Enrique Peñalosa tiene los ojos puestos en el Capitolio. Allí se discute desde el futuro de los corredores férreos (que pueden servirle para sus planes) hasta la posibilidad de darles más poder a alcaldes locales y ediles.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, explicó la semana pasada que contrató al exconcejal y exsenador del PIN Samuel Arrieta como enlace de la Alcaldía en el Congreso (como reveló La Silla) debido a la importancia de algunos proyectos de ley que afectan a la ciudad.
Y es que en el Capitolio se discuten iniciativas que benefician sus planes, que le pueden poner zancadillas a su gestión y que pretenden cambiar el poder local en la ciudad.
La Silla les consultó a Arrieta, a los representantes a la Cámara por Bogotá Clara Rojas (Liberal) y Carlos Guevara (MIRA), y al senador Germán Varón (Cambio Radical) cuáles son los proyectos de ley que más podrían cambiar el panorama en la ciudad en caso de ser aprobados. No todos van al mismo ritmo.
Entre lo que nos dijeron, los más relevantes son los siguientes:
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En qué consiste: Plantea la posibilidad de que alcaldías y gobernaciones dispongan de los corredores férreos que pasen por sus territorios (que por ley son de la Nación), con el fin de usarlos en sus sistemas de transporte.
No se trata de un proyecto dedicado este tema, sino de un punto que incluyó el senador Germán Varón (Cambio Radical) en una iniciativa que le presentó el Ministerio de Transporte al Congreso para mejorar la contratación en infraestructura.
Varón también incluyó propuestas para facilitar la asociación del Distrito con privados para sacar adelante proyectos de infraestructura por Alianzas Público Privadas.
Qué intereses están en juego: Es el proyecto que más le interesa a Peñalosa. La propuesta de Varón (quien ha hecho carrera y tiene votos en Bogotá, y respalda al alcalde) es funcional a los intereses del mandatario, que pretende poner a rodar buses eléctricos por los corredores férreos del sur y el norte, como contó El Tiempo, entre Soacha y Chía.
Aunque en la Gobernación de Cundinamarca no le dieron a La Silla una posición oficial sobre el proyecyo, un alto funcionario nos dijo que esos planes pueden contribuir con la integración regional siempre y cuando Bogotá no actúe unilateralmente y concerte el proyecto con los vecinos.
En qué va: Tiene buen ritmo. Radicado en agosto, ya pasó en la comisión primera del Senado y el martes será discutido en plenaria. Faltaría su paso por la Cámara, pero ese se podría dar hasta junio de 2018.
En qué consiste: Hacer obligatoria la asistencia de los alcaldes de las capitales a los debates de control político a los que los cite la Cámara de Representantes.
Qué intereses están en juego: En la Alcaldía preocupa este proyecto porque lo radicó Efraín Torres (de La U), aliado del senador Armando Benedetti, un duro crítico de Peñalosa, en mayo de 2016, luego de la polémica que se armó porque Peñalosa no asistió a varios debates sobre Bogotá a los que fue invitado por los representantes, pues no está obligado y decía no tener tiempo.
Por eso, en la Alcaldía toman la iniciativa como una retaliación contra Peñalosa, que además afectaría su autonomía y la labor del Concejo, que hoy es quien puede hacer debates de control político a los funcionarios del Distrito a los que estos deben acudir.
Además de Torres, que lo promovió, hay congresistas del Polo, Alianza Verde, Centro Democrático, MIRA y el Partido Conservador que firmaron su radicación.
Como el proyecto aplicaría a otros alcaldes se armó un debate nacional que podría agudizarse en su trámite en el Senado, pues los concejos sienten que les westán quitando una de sus funciones más importantes.
En qué va: Ha avanzado rápido. En menos de un año lo aprobó la Cámara y está pendiente del trámite en la comisión primera del Senado, donde el ponente es Benedetti. De ahí pasaría a su último debate en plenaria.
En qué consiste: El Congreso estudia la modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá, la ley que fija un régimen jurídico especial para la ciudad y que tiene más de 20 años.
Aunque toca muchos puntos, el corazón de la propuesta es darles más independencia a los alcaldes locales y más dientes a las Juntas Administradoras Locales (JAL), para que sean más similares a un Concejo.
Por ejemplo, los alcaldes locales podrán nombrar a los funcionarios de sus despachos como si fueran un gabinete local, para lo que tendrían un presupuesto específico, en vez de vincular asesores como contratistas.
Y de ahroa en adelante el alcalde mayor solo podría delegarles funciones (hoy lo ha hecho con 154 ), si les garantiza el presupuesto para cumplirlas.
Las JAL, como el Concejo, podrían citar funcionarios del Distrito (excepto el alcalde mayor) para hacerles control político e impulsar mociones de censura contra ellos, que en caso de ser exitosas pueden terminar con su salida del cargo.
Qué intereses están en juego: El proyecto le daría gusto a alcaldes locales y ediles, que han pedido más autonomía para que su labor no sea simbólica.
La representante liberal por Bogotá Clara Rojas, uno de las autores del proyecto, dice que se trata de hacer valer el papel de unos y otros para justificar su existencia.
Eso también puede darle más poder a los concejales que apadrinan a alcaldes y ediles.
Peñalosa ha demostrado, por su parte, que le interesa apretar a las autoridades locales para evitar casos de corrupción, sobre todo en la contratación.
En qué va: Fue radicado en agosto de 2015 y desde diciembre está pendiente su segundo debate. Va a paso lento y si no pasa los tres debates que faltan antes del 20 de junio, se hundiría.
En qué consiste: Excluir de la renovación del Centro Administrativo Nacional los predios del Hospital y de los edificios Uriel Gutiérrez y Camilo Torres de la Universidad Nacional, los de la Esap y los barrios Salitre El Greco y La Esmeralda.
Aunque la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco (que depende de la Presidencia de la República y está encargada del proyecto) confirmó que no va a usar esos terrenos por la oposición, y el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto para proteger los barrios, la idea es que queden protegidos por una ley, ya que los límites iniciales están definidos en un decreto-ley.
Qué intereses hay en juego: El autor del proyecto es el representante del MIRA por Bogotá, Carlos Guevara, que lo intenta por tercera vez desde 2013, cuando los predios seguían en el proyecto.
Pero la intención de blindar el cambio de los planos hace parte de un movimiento de resistencia al proyecto, en el que han estado líderes barriales y movimientos estudiantiles de la Nacional que han tenido líderes como Sergio Fernández y Sara Abril , del Moir del senador Jorge Robledo.
En juego, desde otro lado, está un proyecto que puede costar unos $12,5 billones, ha sido apadrinado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y en el que este tendió puentes con el banquero Luis Carlos Sarmiento.
La Alcaldía, por su parte, tiene poder de decisión porque la Secretaría de Planeación definirá si se puede desarrollar el plan parcial mediante el cual se desarrollaría el proyecto, siempre y cuando permita, mediante el POT, la combinación de usos del suelo que propone la Agencia para llevar a cabo su iniciativa.
En qué va: Está quedado. Desde que fue radicado en agosto de 2016 no ha sido discutido. Sus ponentes son los representantes Olga Lucía Velásquez (Liberal) y Orlando Clavijo. Si no pasa primer debate antes del 20 de junio, se hunde.
En qué consiste: En el Congreso cursan cuatro proyectos para prohibir o modificar las corridas, pero el más reciente está directamente ligado a la política bogotana.
Lo radicó el senador Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) en octubre de 2016 cuando estaba prendido el debate por el regreso de las corridas a Bogotá después de cinco años, y lo hizo con el respaldo explícito de Peñalosa.
El objetivo es eliminar el sufrimiento del toro durante las corridas, y permitir que mediante un cabildo abierto el concejo decida si esa práctica continúa en la ciudad.
Qué intereses están en juego: Es un debate nacional que tiene en el Congreso a unos de sus protagonistas más poderosos (taurinos y antitaurinos). En caso de que pase (lo que depende más de la capacidad de Galán que de Peñalosa) cambiaría la tendencia histórica del Congreso a negar estas iniciativas y empoderaría enormemente a alcaldes y concejos.
A Peñalosa también le interesa que salga adelante para mostrar un resultado que les quite argumentos a los animalistas que lo critican.
En qué va: Ya pasó en la Comisión primera del Senado y hay ponencia, a cargo del senador Manuel Enríquez (de La U), para su debate en plenaria. En todo caso tiene hasta junio de 2018 para completar su avance en el Congreso.
