Después de que Gustavo Petro anunciara en su posesión como Alcalde de Bogotá que prohibiría el porte de armas y que inmediatamente quedara claro que no tendría las facultades legales para hacerlo, el Alto Consejero para la Seguridad Ciudadana Francisco Lloreda dijo que el gobierno presentará en marzo un proyecto de ley que busca hacer “excepcional” el porte de armas de fuego en el país y aumentar los requisitos para su adquisición y uso.
Con esta movida, Santos asume lo que prometía convertirse en una bandera de la izquierda y evita quedar en la mitad entre Petro y los militares cuando el Alcalde de Bogotá solicite que se imponga esa restricción en Bogotá. Pero a juzgar por lo que ha sucedido en el pasado, es improbable que el Congreso apruebe esta iniciativa salvo que el Gobierno la convierta en una de sus prioridades legislativas. Si lo hace y se cambia la legislación, Petro habría conseguido proyectarse una vez más a nivel nacional.
En todo caso, este tema promete ser uno de los importantes este año, La Silla Vacía aborda los mitos más comunes alrededor de este debate.
Basta con que el Alcalde quiera hacerlo para que lo logre: FALSO
Contrario a la impresión que dio en su discurso el nuevo alcalde Gustavo Petro al anunciar que prohibiría el porte de armas esta es una facultad que no tiene ningún alcalde en Colombia, como salió luego a aclararlo el Secretario de Gobierno Antonio Navarro.
El decreto 2535 de 1993, expedido por Rafael Pardo cuando era Ministro de Defensa de César Gaviria, es el que regula la tenencia y porte de armas. Y según esa norma, son las autoridades militares las que tienen la última palabra al respecto.
Un parágrafo de la norma dice que “Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional”. Y en 2010 se demandó el decreto con el argumento de que el Alcalde es el jefe de la Policía y por lo tanto debería tener facultades para restringir el porte de armas. Pero la Corte Constitucional ratificó que según la norma es la autoridad militar quien decide en últimas este tema.
El camino más más eficaz para lograr su propósito de evitar que los civiles porten armas habría sido que Gustavo Petro hablara en privado con el Presidente Juan Manuel Santos para convencerlo de que él, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, pidiera al Comandante Militar de la Brigada 13, con jurisdicción en Bogotá, que expidiera la resolución restringiendo el porte de armas. Pero no lo hizo. Anunciarlo públicamente, cuando históricamente los militares se han opuesto a esta iniciativa, ponía al Presidente en una situación difícil porque si el Comando General sale a oponerse públicamente a la idea Santos queda en un sánduche. La decisión de anoche del Consejero para la Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda, de anunciar que el gobierno presentará en marzo un proyecto de ley para hacer “excepcional” el porte de armas de fuego en el país y aumentar los requisitos para su adquisición y uso evita esta situación.
El Congreso no ha sido tradicionalmente receptivo a este tema, tampoco gremios importantes como Fedegán y la SAC, pero si Santos decide volverlo una iniciativa de la Unidad Nacional tendría posibilidades de salir. Lo que sí queda claro es que esto dilatará la posibilidad de implementarlo en Bogotá por lo menos un año hasta que se tramite la ley. A pocos días de posesionado, Santos le arrebató a Petro una bandera que podría ser muy popular y muy importante para Bogotá. Pero esto quizás podría también convertirse en lo que faltaba para que finalmente se adopte una política coherente frente al uso de armas por parte de privados.
En todo caso, dado que ni Navarro sabía de la propuesta de Petro, seguramente la intención de Petro era más que todo simbólica. Al decir que restringirá el porte de armas refuerza la idea de que él –que algún día las portó- ya no cree en ellas. Y que ese sacrificio vale la pena por la reconciliación de Colombia, un tema que atraviesa todo su discurso.
Pero, en definitiva, tocará esperar a ver qué hace finalmente el Presidente y cómo será la reacción de la cúpula militar cuando Petro les pida oficialmente que ordenen esa restricción (seguramente será que deben esperar a la ley en el Congreso) y cómo será su lobby en el Congreso para que no lo aprueben.
Si el Alcalde solicita la restricción al porte de armas, las Fuerzas Militares lo conceden: FALSO
Durante la administración de Peñalosa se siguió insistiendo en esta iniciativa mediante un decreto que prorrogó la suspensión temporal del porte de armas durante un semestre pero un fallo del Consejo de Estado de 1998 tumbó el decreto y le dio razón a los militares.
Por su parte, en 2006, Lucho Garzón lideró con otros alcaldes un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que pedía aumentar lo requisitos para obtener un salvoconducto y le transfería a los alcaldes la facultad de suspender el porte de armas. El proyecto ni siquiera recibió un comentario del Congreso, que simplemente lo ignoró.
Ahora el senador Luis Carlos Avellaneda, de Progresistas, dijo que presentará un proyecto en ese sentido de nuevo. Pero su iniciativa murió anoche, cuando el Gobierno salió al frente y dijo que presentará un proyecto para hacer excepcional el porte de armas.
En todo caso, mientras sale ese proyecto (si es que esta vez al Congreso sí le interesa), no es fácil que los militares accedan a prohibir que particulares porten armas por un argumento conceptual y uno económico.
El conceptual es que creen que la “gente de bien” tiene derecho a defenderse frente a los criminales que tendrán acceso al mercado ilegal de armas así se prohíba su porte. Y que las usarán contra los ciudadanos inermes. Este también es el argumento del alcalde saliente de Barranquilla, Alex Char, y de su sucesora Elsa Noguera.
Y el económico, es que Indumil, la industria militar del Ejército, recibe cuantiosos ingresos por expedir salvoconductos y vender armas, ya sea fabricadas o distribuidas por ellos.
Si se prohíbe el porte de armas por parte de civiles se le acaba un negocio a las Fuerzas Militares: CIERTO
Los militares tienen razones ideológicas para oponerse a la prohibición de porte de armas por parte de civiles. También políticas pues a través de la entrega de armas a gente poderosa –a veces regalándoselas- algunos militares establecen un puente importante con personas de los gremios, empresarios y políticos a los que normalmente no tendrían tan fácil acceso. También culturales pues a muchos les gusta cargar su arma cuando están de civil. Pero las económicas pesan bastante.
Indumil tiene –por lo menos en teoría- el monopolio de las armas. Una restricción exitosa en Bogotá que comience a ser imitada por las demás ciudades tendría efectos negativos en el PyG de esta empresa del estamento militar.
No es fácil acceder a información sobre número de salvoconductos expedidos, ingresos desagregados de Indumil, y los nombres de los que hoy por hoy tienen salvoconductos, pero un artículo de Semana dice que en 2003, las ventas a civiles de armas de Indumil ascendieron a 22 mil millones de pesos, de 12 mil millones en 1999. Y que este incremento se debió a un aumento en los precios de las armas y no a un mayor número de unidades vendidas, que se habían mantenido estables en 12 mil armas anuales durante los últimos cinco años.
“Su estrategia es hacer utilidades en la venta de pistolas y revólveres a civiles -y en otras líneas de negocio- para poder venderle barato a la Fuerza Pública”, dice Semana en el artículo publicado en 2008.
Aunque no se sabe con certeza cuántas personas tienen hoy salvoconductos en Bogotá porque la cifra no está pública, el estudio sobre el efecto de intervenciones en la demanda de armas pequeñas realizado por Cerac, usando como fuente el Comité de Armas del Ministerio de Defensa, dijo que para mediados de 2005 habían expedido un total de 706,210 armas a civiles, que incluiría las 235 mil que se amnistiaron en 1994.
En su estudio, Cerac calculó que se expiden 39,210 salvoconductos cada año. Esto indicaría una proporción de 1,53 armas legales por cada 100 civiles. Y por cada arma legal, se cree que circulan tres ilegales.
Y de esas 700 mil con salvoconducto, se cree que 400 mil habrían sido expedidas en Bogotá, aunque no necesariamente para ser usadas en la ciudad.
El año pasado, el senador por el partido de la U Roy Barreras dio una cifra superior, quizá más actualizada. Afirmó durante la VI Asamblea General del Foro Internacional sobre Armas Pequeñas y Ligeras que tuvo lugar en el Congreso de la República, que “en Colombia hay 909 mil armas que fueron entregadas por Indumil a los ciudadanos y que nunca fueron reclamadas a pesar de que sus salvoconductos vencieron”.
En fin, no hay consenso sobre las cifras, y La Silla Vacía no pudo encontrar información más reciente ni más confiable.
En todo caso, un salvoconducto que hay que sacar cada año para las pistolas 9 mm y cada tres para los revólveres puede costar entre 300 mil y 500 mil pesos aproximadamente. Y según datos suministrados por Indumil en 2006 a Cerac, para el estudio más completo que se ha hecho en Colombia sobre armas pequeñas, una pistola 9 milímetros costaba 2.667.00 y un revólver carabina calibre 308 por 3.329.000. Cinco años después seguramente son más caras. Y un salvoconducto 119.000 pesos. El 60 por ciento de la demanda legal de armas en Bogotá es por revólveres y el 65 por ciento de las solicitudes de salvoconductos son de armas para cargar y no para guardar en la casa, según cifras oficiales de 2005.
Sobre los ingresos de Indumil por este concepto, según un estudio de Pablo Casas, experto en seguridad ciudadana, Indumil reportó que el 11 por ciento del total de sus productos correspondían a la venta de armas y municiones.
Un cálculo sencillo indicaría que a Indumil le entran solo por concepto de renovación de salvoconductos mucho más que cien mil millones de pesos al año (La Silla Vacía ya puso un derecho de petición para obtener la información precisa). Impedir que civiles porten armas implicaría una reducción en este rubro.
Restringir el porte de armas reduce los homicidios: CIERTO
Los estudios más serios y los expertos coinciden en que existe una correlación entre menor número de homicidios y restricción en el porte de armas en Colombia y en el mundo.
En Bogotá, según el estudio del Cerac, unas 50 mil personas murieron en eventos relacionados con armas de fuego entre 1979 y 2009, que equivale al 8 por ciento del total de muertes en la capital durante ese período. Y Bogotá aportó el 10 por ciento del total de muertes por armas de fuego en Colombia durante esos 30 años.
Casi dos de cada tres homicidios en Bogotá se realizan con un arma de fuego, y un poco menos de la mitad de estos (40%) afectan a hombres entre los 20 y los 29 años.
Un estudio de Hugo Acero, quien fue el encargado del tema de seguridad durante las administraciones de Mockus y Peñalosa muestra que la restricción de porte de armas si disminuyó el porcentaje de homicidios con armas de fuego. Aunque hay que decir que esta medida se hizo en conjunción con otras como la hora zanahoria y una mayor presencia policial en las calles.
Cuando Mockus restringió el porte de armas los fines de semana en 1994, los homicidios con armas de fuego disminuyeron en un 10.5% frente a 1993, y otro 5,6% en 1995 frente a año anterior. Por el contrario cuando se levantó la restricción, entre abril y noviembre de 1996, los casos de homicidio aumentaron en un 5.49%.
En diciembre, cuando la Alcaldía lideró con el Arzobispo de Bogotá la campaña “Que las armas descansen en paz” y hubo restricción al porte de armas, los homicidios disminuyeron en un 26.7% con respecto a diciembre de 1995. Y en el primer semestre de 1998, cuando Peñalosa mantuvo la restricción total al porte de armas, el promedio mensual de homicidios con armas de fuego fue de 143, contrario a los meses anteriores a diciembre de 1997 que no hubo restricción, cuando el promedio fue de 182.
Y cuando después de la decisión del Consejo de Estado se levantó la restricción en el segundo semestre de 1998 y el primero de 1999, el promedio de homicidios con armas de fuego volvió a aumentar (en mayo de 2000 se situaba en 161).
Las personas que tienen salvoconducto hacen buen uso de ellas: FALSO
En el año 1999 la Administración Distrital de Antanas Mockus le solicitó, a la oficina de Control de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa, que con base en un listado de 732 armas que habían sido utilizadas en la comisión de homicidios comunes y decomisadas, certificara cuántas tenían salvoconducto. El resultado fue que 234 armas tenían salvoconducto vigente. Es decir, según este dato, una de cada tres armas utilizadas en la comisión de homicidios era legal.
Además, como ha quedado en evidencia en varios artículos periodísticos, muchos de los esquemas de seguridad de mafiosos, paramilitares y otros delincuentes tienen armas amparadas por salvoconductos legales, lo cual deja por el piso la idea de que solo las personas ‘de bien’ tienen armas legales.
E incluso, para las personas de ‘bien’, tener un arma no disminuye las posibilidades de ser agredido por otros sino que por el contrario, incrementa el chance de que esto suceda. Así lo demostró un estudio de la Asociación Médica Norteamericana que concluyó que una persona armada tiene 42 veces más posibilidades de matar a algún familiar, conocido o amigo, que quien no está armado. Un arma en un hogar aumenta 12 veces las posibilidades de accidente, y solo 4 de cada 100 personas armadas (4%) hacen uso adecuado de su arma frente a una agresión delincuencial.
