Con la entrega del deprimido de la 94 se acaban las obras viales que el carrusel de la contratación dejó inconclusas, pero siguen vivas las de los hospitales de Kennedy y Meissen.
Hoy, después de ocho años, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, les dará paso a los carros por el deprimido de la calle 94 con avenida NQS. Con eso se termina la última obra de movilidad que el carrusel de la contratación dejó en el aire, pero para cerrar del todo el capítulo falta terminar la ampliación de los hospitales de Meissen y Kennedy.
Los trabajos en el primero, como los del deprimido, quedaron a cargo de un consorcio liderado por el condenado contratista Julio Gómez desde 2006, durante la Alcaldía de Lucho Garzón.
Gómez luego admitió que pagó coimas para quedarse con ese y otros contratos durante esa administración.
Aunque inicialmente costaba $34 mil millones, en el gobierno de Samuel Moreno (2008-2011) le hicieron tres adiciones hasta sumar $47.800 millones para que avanzara.
Cuando Gustavo Petro llegó a la Alcaldía en 2012 y estaba claro que, faltando el 20 por ciento de las obras, el contrato no podría ser terminado completamente, puso en marcha un plan de salvamento sin cambiar el contratista.
Pero no fluyó debido a entuertos jurídicos que heredó la administración Peñalosa, como que la Fiscalía se había tomado las obras como prueba del descalabro y no podían ser intervenidas.
Peñalosa espera reactivar el próximo semestre los trabajos faltantes, que son en la segunda torre del hospital, con una inversión extra de $9 mil millones. El objetivo es terminarlas en enero de 2018 para habilitar 80 camas nuevas, informa la Secretaría de Salud.
Ese lío es menor que el de Kennedy, el principal hospital del suroccidente de Bogotá, que ha sido tan traumático que Peñalosa lo definió como “la calle 26 de la salud”.
En 2010, el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano (condenado con Samuel Moreno por las irregularidades en el contrato de las ambulancias) le adjudicó la ampliación de ese hospital a la firma española Herreña Fronpeca, por $24.400 millones, a pesar de que la Alcaldía no había echado a andar un plan de contingencia para trasladar a los pacientes de urgencias, zona que sería intervenida.
Por eso las obras solo empezaron un año después, cuando las urgencias comenzaron a funcionar en un parqueadero, pero en diciembre de 2012, ya en la administración Petro, los españoles la abandonaron alegando que se habían quebrado.
La plata quedó enterrada en una excavación que servirá para un sótano y la Fiscalía investiga a Zambrano por este caso y su vinculación con el carrusel.
El gobierno Petro hizo estudios para una nueva licitación, pero no alcanzó y la administración Peñalosa reanudó las obras en enero. Costarán $37 mil millones más y deberán estar listas a mediados de 2018. El objetivo allí es habilitar 160 camas nuevas.
Con esos antecedentes, terminar las obras es una oportunidad política para que el alcalde refuerce su discurso de buen ejecutor, en lo que está enfocado este año, y se desmarque aún más de la falta de gestión que les critica a sus antecesores.
Ya lo está haciendo con el deprimido, aunque la oposición le cobra que esa obra la reinició Petro y Peñalosa, casi que por inercia, la concluyó:
En manos del cartel, suspendido por vecinos poderosos que se apropiaban del espacio público. BogotáHumana rescató el intercambiador de la 94 https://t.co/ttq33qw9o7
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 19 de marzo de 2017
Inicio obra deprimido-94: febrero/2013 y a diciembre/2015, avance 72%=2,05%/ mes.
Enero/2016-marzo/2017, 28% restante= 1,86%/mes
Hazaña?— Aurelio Suárez M. (@AurelioSuarez) 21 de marzo de 2017
Con los hospitales puede ser distinto.
En Meissen y Kennedy Petro intentó sacar adelante las nuevas obras, pero no llegó a la ejecución y el balón quedó en manos de Peñalosa.
Disminuir el hacinamiento en ambos hospitales es un asunto sensible que beneficia directamente a habitantes del sur, donde menos votos sacó Peñalosa en las elecciones y donde, según Bogotá Cómo Vamos, tiene sus índices más bajos de favorabilidad.
