Con el actual paro de buses en Bogotá ha quedado claro que el alcalde Gustavo Petro finalmente decidió jugársela a favor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) para el bien de la ciudad. Lo que aún no está claro es cómo lo va a hacer.
Con el actual paro de buses en Bogotá ha quedado claro que el alcalde Gustavo Petro finalmente decidió jugársela a favor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) para el bien de la ciudad. Lo que aún no está claro es cómo lo va a hacer.
Ante el paro que ya completa tres días, Petro ha dicho que no negociará con los pequeños transportadores la puesta en marcha de la medida de pico y placa que entró a funcionar esta semana. Y además, que el Distrito pondrá 300 mil millones de pesos para acelerar el proceso de chatarrización de los buses que ha relentizado la puesta en marcha del Sitp.
Las medidas
El Sitp comenzó a funcionar en septiembre de 2012, después de una década de planeación y con el objetivo de hacer más eficiente y ordenado el transporte público en la ciudad.
Uno de sus problemas más grandes es que los buses azules siguen compitiendo con los buses tradicionales, lo que ha hecho que los azules anden desocupados a pesar de que los operadores le cobran al distrito una tarifa fija por funcionar.
Con el pico y placa que ordenó el Alcalde la semana pasada, se disminuye la oferta de buses particulares que no se han integrado al sistema (1.700) y que tendrán que dejar de circular un día de la semana.
El anuncio despertó la ira de los pequeños transportadores que decidieron irse a paro. Y para tres personas consultadas el problema es que les están dañando el negocio, que es redondo: recoger pasajeros que pagan en efectivo, sin un control sobre el pago de impuestos ni del mantenimiento de los buses (que ellos asumen por su cuenta) y rodando por rutas antiguas que se sobreponen a las nuevas del Sitp.
Los mismos transportadores lo reconocen. Alfonso Pérez, vocero de Apetrans, el gremio de los pequeños propietarios de buses, calcula que sus ingresos mensuales habituales son de 6 millones de pesos. Pero con la entrada del pico y placa, dejarán de recibir 1 millón de pesos. Un negocio del que no sólo benefician los transportadores que no se han integrado al SITP sino también aquellos que no han abandonado las rutas de los buses viejos y que siguen rodando por la capital.
“El Distrito no tiene que renegociar nada. La medida del pico y placa es muy suave porque lo que deberían hacer es obligarlos a que entreguen ya los buses. Todos ellos ya tienen los permisos cancelados y lo que están haciendo es incumplir las normas porque les daña el negocio. El proceso jurídico ya se surtió”, le dijo a La Silla una fuente que conoce de cerca las reglas que se pactaron en los contratos del Sitp.
Lo que busca la medida es acelerar un proceso que ya debería haberse completado: inicialmente debería haber quedado listo a fines de 2013.
Antes de que el Sitp entrara en vigencia, el gobierno de Samuel Moreno y los transportadores acordaron que los buses saldrían paulatinamente de la ciudad pero que todos debían salir. A cambio, los propietarios venderían sus buses a los nueve operadores lo que se podía hacer con pagos tanto en cuotas como de contado.
La única condición que se estipuló para la entrega era que la Secretaría de Movilidad iba a definir la fecha en la medida en que sacara rutas viejas e introdujera nuevas a cargo del Sitp.
Como la implementación del sistema ha sido tan lenta, los buses tradicionales han seguido andando y ganando dinero de la misma forma que lo hacían antes. Esto, por lo menos en cuanto a los propietarios de los buses que aún no los han entregado.
Pero para quienes ya los entregaron sus buses a los operadores, hay otro problema que hoy los tiene también en paro. Denuncian que los operadores no les han terminado de pagar por sus buses a pesar de que se quedaron sin el medio que les daba el sustento
“Mire nuestras vallas. Ahí decimos que nos paguen y nosotros nos desaparecemos. Pero que nos paguen”, dice Pérez.
Por eso, el Distrito tomó la determinación de inyectar 300 mil millones de pesos de dineros públicos al proceso de pago de deudas y chatarrización para así acelerar la salida de los buses viejos. Esta tarea, que debía ser asumida por los nueve operadores, hoy tiene las cuentas en rojo: los transportadores han denunciado demoras de más de 10 meses en el pago de las deudas y sólo se han chatarrizado 3.302 de los 8.974 buses que se deben destruir.
Para la Secretaria de Movilidad, María Constanza García, las cuentas reflejan que ninguno ha terminado la tarea y que el problema es de todos. De los casi 9.000 que se tenía que chatarrizar, 4.200 le correspondían a los siete operadores que siguen funcionando y 3.100 a Coobus y Egobus, los dos operadores que hoy están declarados en quiebra e intervenidos por la Superintendencia de Transporte. Además, hay aproximadamente mil buses más que aún no están vinculados al sistema y que también deben ser chatarrizados.
“Los concesionarios que están funcionando dicen que ellos están sobre los tiempos, pero el Distrito ya le ha metido a la implementación del sistema 800 mil millones de pesos, cuando en un principio se dijo que iban a ser 752 mil millones. Si esto se mantiene ¿quién va a poner la plata que falta?”, le dijo García a La Silla.
Esto se suma además a que Coobus y Egobus no están cumpliendo con sus compromisos y manejan casi el 30 por ciento del sistema. Como están intervenidos por la Superintendencia de Transporte, no están haciendo lo que les corresponde: tres zonas importantes de la ciudad (Fontibón, Suba y Perdomo) siguen en manos de los viejos buses, no han incorporado buses nuevos ni repotencializado buses que tienen aún vida útil, ni han chatarrizado lo que les corresponde, entre los compromisos más importantes.
Por eso, que el Distrito entregue 300 mil millones de pesos para aliviar esta situación puede acelerar la puesta en marcha del sistema y varias personas consultadas por La Silla concuerdan en que es una medida en la dirección correcta. El problema es cómo se va a usar esa plata.
Las dudas
Petro también anunció esta medida la semana pasada: “Los operadores privados han invertido 271 mil millones de pesos en chatarrizar en año y medio, y queda para terminar de chatarrizar la flota un monto de 600 mil millones de pesos, que a través de créditos en general deberían aportar los operadores privados. Nosotros decidimos adelantar el proceso y de esos 600 mil, nosotros ponemos 300 mil millones para, desde el Fondo de Estabilización Tributaria, FET, chatarrizar directamente una cuantía aproximada de 2 mil 800 buses desde hoy hasta finales de febrero del año entrante”, dijo Petro.
Los operadores privados consultados por La Silla celebran la decisión pero dicen que no entienden de dónde saldrá la plata ni cómo se va a implementar. “Si el Distrito va a comprar los buses directamente a los propietarios para luego chatarrizarlos, ¿va a haber buses de propiedad del Distrito?”, le dijo a La Silla, César González, vocero de siete de los nueve operadores del Sitp.
Aunque según ellos el Distrito no les ha explicado el procedimiento, la Secretaria de Movilidad, Constanza García sí tiene una respuesta.
“Es un préstamo al Sistema para mover el Sitp. Nosotros movemos la plata pero no se la vamos a regalar a los concesionarios. Se las vamos a cobrar descontándoles por derecha de la tarifa que les pagamos”, dice García.
El problema de esta decisión es que no es claro si tiene sustento jurídico. Por un lado, algunos sugieren que debe ser una decisión que pase por el Concejo pero por otra, los operadores aún no saben -o por lo menos así se lo dijeron a La Silla- que el Distrito les va a recortar sus ingresos, que por ahora, siguen siendo escasos. Por el lado de los pequeños transportadores, Pérez dice que la plata que propuso el alcalde “no alcanza” porque son 600 mil millones de pesos los que hacen falta.
Falta esperar entonces a que Petro empiece a mover su propuesta que aunque genera dudas en el cómo, sí demuestra que el Alcalde, en principio tiene la voluntad política de poner a andar un sistema que está en mora para la movilidad de Bogotá.
