Cuando fueron alcaldes Gustavo Petro y Rodolfo Hernández vivieron peleados con los concejos. La confrontación limitó sus reformas y los puso en el terreno del debate mediático más que en el de la ejecución. Pero, al mismo tiempo, les permitió consolidar el discurso de antipolíticos que los tiene en la segunda vuelta.
Se trata de alcaldes con recorridos muy distintos, un senador y representante que ha estado en el Congreso por cuatro periodos y un empresario que solo ha gobernado en la sexta ciudad de Colombia. Pero de ganar, ni Petro ni Hernández cuentan con mayorías legislativas para asegurar la aprobación de sus principales programas de gobierno.
Muchas de las 299 propuestas del programa de Hernández, centrado en la lucha contra la corrupción, se podrían materializar con directrices de transparencia y austeridad, pero hay otras que van más allá de las capacidades del presidente, tanto presupuestal como legalmente.
Ante las preguntas sobre su gobernabilidad ha dicho que si el Congreso le pone talanqueras, él los va a exponer públicamente. Para eso, citará una rueda de prensa semanal. “Hay que ponerlos en evidencia democrática nada por la fuerza todo por la razón y el derecho pero ponerlos en evidencia democrática”, dice. Y advierte que si no lo logra por ese método, optará por mecanismos arriesgados como usar declaratorias de estados de conmoción interior que le permitan gobernar vía decretos.
El lío para Hernández es que el Congreso tendrá cómo frenarlo porque el escándalo de Vitalogic por el que está imputado pasará a la Comisión de Acusaciones.
Con Petro, su plan de gobierno es más ambicioso y apunta a reformas estructurales. Aunque el Pacto Histórico logró una alta representación en Senado y Cámara, y en esta segunda vuelta ha sumado el respaldo de sectores de La U y liberales, aún no le alcanza para ser mayoría ni garantizar su gobernabilidad.
Bajo ese panorama, Petro ha planteado tres caminos: un gran Pacto Histórico, que logre consensos con los sectores políticos tradicionales que siempre cuestionó; la movilización ciudadana para presionar a la clase política para que le dé vía libre a sus reformas; y en un tercer escenario una declaratoria de emergencia económica para tomar decisiones sin tener que pasar por el Congreso.
Todas estas promesas para alcanzar gobernabilidad pueden leerse a la luz de cómo fue su gestión como alcaldes frente a los cabildos de sus ciudades.
En Bogotá, Petro trató al Concejo con garrote y zanahoria
Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá en 2012 con el 30 por ciento de los votos, un margen mínimo de gobernabilidad teniendo en cuenta que su movimiento Progresistas solo logró 8 de las 45 curules. Y así se lo hizo saber de entrada el Concejo, en el que los partidos tradicionales y opositores fueron mayoría con 27 de las 45 curules. Esas mayorías pusieron contralor Distrital y personero para hacerle control político.
La relación con el cabildo empezó con el pie izquierdo por cuenta de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). La vía fue aprobada mediante un acuerdo del Concejo, pero Petro, a quien nunca le gustó el proyecto bajo el argumento de que afectaba unos humedales, se opuso sin presentar a la corporación un cambio a lo acordado. Y declaró: “No vamos a hacer esta vía. Primero, túmbennos: usen la Fiscalía, la Contraloría, la Personería, y túmbennos. Y, después, sí pueden hacer la ALO”.
En el camino intentó bajar la tensión y se la jugó por buscar gobernabilidad dando representación política. Antonio Navarro, primer secretario de Gobierno, se encargó de armar una bancada con sectores progresistas y alternativos con concejales novatos de los tradicionales.
Petro la resumió así: “Si las bancadas o los partidos deciden estar en el gobierno, eso significa que pueden cogobernar”.
La relación fluyó inicialmente, además, porque Petro concertó en lo programático. En la discusión del Plan de Desarrollo, los concejales lograron meter más de 600 modificaciones para favorecer intereses de sus equipos políticos. Y el Plan se aprobó con mayorías.
“Fueron dos etapas. La primera con Navarro de secretario de Gobierno tratando de montar lo criollo, eso que llaman el acuerdo mayoritario, la bancada de gobierno, a cambio del nombramiento de cargos que representaran al Concejo. Cuando Navarro se fue eso no volvió a operar más, y se pasó al menudeo, a los acuerdos entre secretarios y un grupo de concejales”, dice el historiador Juan Carlos Flórez, quien fue concejal de la época por la ASI y le hizo oposición a Petro.
Contexto
La relación se fue deteriorando y Petro perdió gobernabilidad. El Concejo hundió temas claves como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una de las principales apuestas de su gobierno; el proyecto para usar más de 800 mil millones de pesos en un tranvía; o el proyecto de valorización. Argumentaron que esas iniciativas carecían de estudios técnicos y viabilidad, o que no eran apuestas aterrizadas.
“No fue un Concejo dominado por una relación clientelismo, hubo clientelismo pero no a escala. No hubo esa estrategia tradicional de lograr todo a cambio de clientelismo”, añade Flórez.
Frente a eso Petro contraatacó señalando a los concejales de defender los intereses de sectores privados y poderosos, y no los de la ciudadanía. Tal como lo había hecho en campaña cuando dijo que los concejales de esos partidos representaban al “Cartel de la Contratación” que había saqueado a Bogotá en la Alcaldía de Samuel Moreno.
“Pasó a la indignación mediática. A crear el discurso de que detrás de las decisiones del Concejo estaban las mafias, los entes de control, los grandes medios de comunicación. En líneas generalizadas a victimizarse, y el pueblo así lo entendió y por eso cuando Alejandro Ordoñez lo destituyó la gente reaccionó como reaccionó”, dice Diego García, quien fue concejal del movimiento Progresistas y fue el primer vocero de la bancada petrista.
En medio de ese “toma y dame”, como lo resume Flórez, Petro buscó mejorar la relación con el Concejo. Después de la salida de Navarro, la negociación política quedó en manos de los secretarios Guillermo Asprilla y Guillermo Alfonso Jaramillo. Ellos intentaron establecer puentes con las cabezas de los partidos políticos tradicionales con asiento en el Concejo: desde Simón Gaviria en el liberalismo pasando por Aurelio Iragorri de La U hasta llegar a Ernesto Samper
Esa estrategia no funcionó. Pero Jaramillo logró consensos mínimos cuando cambió el camino y en vez de acudir a las cabezas buscó uno a uno a los concejales. “A La U, que era mayoría, se le dio la secretaría de Movilidad. En el fondo yo siento que Petro no tiene miedo ni asco en hacer esos acuerdos, que, hablando en plata blanca, no son un delito ni una forma de cooptar”, dice el exconcejal García. “Como vocero de la bancada muchas veces llevé y traje razones del Concejo”, añade.
Con esa concertación política, el Concejo le aprobó a Petro en 2013 un cupo de endeudamiento de 3,8 billones de pesos con el que se financiaron las obras claves del Plan de Desarrollo.
Pero Petro terminó sin cumplir grandes promesas como el metro o el tranvía por la Séptima.
En Bucaramanga, Rodolfo trató a los golpes al Concejo
Rodolfo Hernández llegó a la Alcaldía de Bucaramanga en 2015, también con un tercio de los votos y casando pelea con el Concejo.
“Ganando la Alcaldía los voy a confrontar. Cuando pasemos alguna solicitud que necesite acuerdo del Concejo y se afecte a la ciudadanía negando esos proyectos me traigo la gente del barrio donde no se puede hacer la obra y se las meto en el Concejo. Yo ya estoy muy viejito para dejarme encaramar de esos guaches que buscan repetir curul”, dijo a días de las elecciones.
Ratificó la postura apenas pisó el recinto en la instalación de sesiones del Concejo en enero de 2016. “La oposición fue de 12 concejales (de 19) de tres partidos diferentes, y a los tres partidos nos trató de ladrones sin poner denuncia de nada. Un apunte es que él nunca fue alcalde, el alcalde fue Manolo Azuero. El ingeniero Hernández solo usaba al Concejo para hablar mal de nosotros donde lo dejaran”, dice el concejal de la época Wilson Mora, quien le hizo oposición.
Ni Hernández ni Azuero, quien fue su jefe de gabinete o de gobernanza, se interesaron en lograr mayorías en el Concejo ni consensos por medio de representación política. La estrategia de presión fue poner en la picota pública a los concejales opositores que frenaban sus proyectos por inconveniencia o falta de viabilidad técnica.
“Cuando los proyectos tenían relación con el Plan de Desarrollo estuvimos atentos a aprobarlos. Pero hubo unos inviables, por ejemplo, la reforma tributaria para crear impuestos, grabar telefonías celulares, nunca estuvimos de acuerdo. Una vez bajó un acuerdo de 50 mil millones de endeudamiento sin soportes técnicos ni financieros y no pasó”, añade Mora.
Como alcalde, Hernández usó sus transmisiones de los lunes en Facebook para señalar a los concejales opositores. Acá, por ejemplo, los acusó de chantajearlo porque no le aprobaron una adición presupuestal en sesiones extraordinarias. Nombró uno a uno a los que habían votado en contra y les echó en cara que cada día de extras le costaba al Municipio unos 10 millones de pesos.
Esa confrontación generó una crisis institucional en Bucaramanga. En agosto de 2017, Hernández asistió por segunda vez a una instalación de sesiones en el Concejo. La presidente de la mesa directiva, la concejal Nancy Lora, dio su discurso y levantó inmediatamente la sesión sin dejar hablar al alcalde. Usualmente la sesión termina cuando el alcalde interviene.
Hernández contraatacó y al salir del Concejo dijo que le habían dado un golpe a la democracia, y que el Concejo era una dictadura. En ese rifi-rafe quedó marcado su talante cuando agredió con una cachetada a un concejal opositor.
La administración de Hernández no hizo las grandes obras que prometió como la modernización de la malla vial o las 20 mil casas. En parte, porque Hernández no buscó plata en el Gobierno nacional y porque cuando quiso echar mano de los recursos locales no logró consensos con la dirigencia regional, empezando por el Concejo.
“Aisló a Bucaramanga del Gobierno Nacional, todos los recursos de parlamentarios para acción social el ingeniero Hernández no los recibió. Girón, por ejemplo, recibió más de 400 mil millones por gestión de parlamentarios. En otros mandatos Bucaramanga había traído 800 mil millones de pesos, con Rodolfo entraron solo 20 mil millones”, dice el exconcejal Mora.
Lo que sí logró Hernández fue cambiar las prácticas políticas y doblegar a sus opositores. Nueve de los concejales de su periodo que intentaron reelegirse en 2019 se quemaron.
