“Nada genera más percepción de inseguridad que un sitio oscuro, sucio, desordenado”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al inicio del año. El comentario reconocía que existe un problema con la gestión de residuos en la ciudad. Y vino con la promesa de que en el tiempo que le queda de gobierno una de sus prioridades será mejorar el desorden y el caos en las calles. Un desorden que se puede ver sólo a unas cuadras de la casa de la propia mandataria. Según los expertos hay cuatro causas principales.
Contexto
1. Los ciudadanos son muy “mugres”
“El descuido de los ciudadanos es una de las principales razones para que la ciudad esté tan sucia”, dice Alberto Uribe, doctor en gestión de residuos. “El componente ciudadano es clave a la hora de evaluar qué tan limpia o sucia es una ciudad”.
La prueba es un experimento que hizo el distrito en varios lugares de la ciudad. Grabaron qué pasaba luego de que se limpia un punto, y encontraron en promedio que duraba limpio máximo 3 horas y 22 minutos. En algunos puntos, incluso, fue mucho menos que eso. Por ejemplo, en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, una esquina de la calle duró limpia solo 21 minutos. Y en el barrio Villa Loma, 15 minutos. La alcaldía publicó la serie de videos en una campaña que tituló “No sea mugre con Bogotá”.
Los operadores recogen la basura en las casas tres veces por semana. Pero según ha comprobado la Uaesp, los ciudadanos suelen sacar la basura antes y eso empieza a llenar las calles y los contenedores antes de tiempo.
En cuanto al barrido de las calles, hay zonas que se limpian dos veces al día, como el centro de la ciudad. Pero hay otras, como las zonas residenciales normales, que se barren dos veces por semana. Esa frecuencia se queda corta ante la cantidad de basura que dejan los ciudadanos.
“Si un niño es muy desordenado, los papás podrían pagarle a una empleada todos los días para que limpie, o más bien enseñarle a limpiar al niño”, explica Uribe sobre la responsabilidad de los bogotanos con la ciudad.
La desidia sobre qué pasa con los residuos por parte de la ciudadanía es tanta que el Acueducto gasta al año 20 mil millones de pesos en la limpieza del alcantarillado y cañería. En estos lugares encuentran llantas, colchones, botellas y escombros de construcción.
Hay, además, 300 puntos críticos donde el nivel de basura es desmedido y las personas dejan residuos desde escombros hasta neveras viejas. Al año el distrito les paga a los operadores 30 mil millones de pesos más por esta labor extra de recolección.
2. Se recicla muy poco en Bogotá
Cinco años después el modelo de basuras propuesto por Peñalosa no está funcionando.
Hoy en Bogotá se recicla menos del 18% de los residuos. Según los cálculos de la Uaesp, el material reciclable podría ser de al menos el 70% como mínimo y con plantas especializadas se llegaría al 90, como pasa en países como Dinamarca. Pero Bogotá está lejos de alcanzar siquiera a municipios vecinos como Cajicá, que recicla más del 30% de sus residuos.
Para que el modelo de recolección de residuos funcione es necesario que los ciudadanos separen en sus casas el material reciclable y lo dejen limpio. Una vez lo separan, deben buscar a un reciclador o empresa recicladora de confianza para entregar ese material en los días que ellos indiquen.
En cuanto a los residuos no aprovechables, tendrían que sacarlos únicamente en los horarios establecidos dependiendo de la zona. Y para restos de construcción, muebles y colchones es necesario llevarlos a los ecopuntos o pedir que los recojan a domicilio por un costo adicional.
Ese trabajo hoy no cuenta con mayores incentivos. Por eso, diariamente siguen entrando al relleno sanitario de Doña Juana 6.300 toneladas de desechos. En dimensión, serían 388 buses del Sitp de basura al día.
“Cambiar un hábito requiere de un esfuerzo colectivo de varias administraciones”, dice el experto Uribe. “Pero aquí cada cuatro años hay una nueva estrategia y todavía los ciudadanos no saben ni siquiera cómo reciclar. Todavía se enojan cuando el camión se lleva todas las bolsas”.
En otros lugares en el mundo reconocidos por sus procesos de reciclaje, como Dinamarca, Australia y Países Bajos, hay incentivos económicos y también multas para quienes incumplan la regla.
“Sin duda el distrito tiene responsabilidad en que aún no se haya logrado que los ciudadanos reciclen”, dice Nieto. “Todavía hay mucho que hacer en materia de comunicación y de incentivos. El descuento de una factura por reciclar es irrelevante, unos 2 mil pesos por casa”. En cuanto a los comparendos para los que incumplen la regla, dice Nieto: “El déficit de Policía hace que no se pueda controlar el hurto, pues mucho menos es suficiente para vigilar quién bota basura o no”.
Desde la alcaldía han dicho que durante el 2022 se impusieron 952 multas por no respetar las frecuencias y horarios, por botar basura y por dejar escombros, muebles y electrodomésticos en la calle. También han hecho campañas como esta para enseñarles a los ciudadanos cómo separar los residuos en la fuente, pero hasta ahora esas medidas no han sido realmente exitosas.
3. Los líos de los operadores de basura
En el gobierno de Peñalosa se hizo una licitación en la que el barrido y la recolección de basura de la ciudad quedaron repartidos entre cinco operadores privados: Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia. Les pagan por peso cuando recogen basura y la llevan al relleno sanitario de Doña Juana. El barrido de las calles lo cobran por kilómetros.
Ese esquema generó un incentivo que ha desatado una gran pelea entre los operadores y que hace que esté bajo cuestión si las calles bogotanas se barren lo necesario. Como el barrido se paga por kilómetro, si un operador barre más cobra más. Y eso fue lo que hizo uno de los operadores.
Promoambiental, el encargado de todo el borde oriental, desde la zona rural de Sumapaz hasta Toberín, en el norte, cobró muy por encima de lo que se estableció en un sistema de cálculo llamado el Pegirs. Ese sistema hace una estimación mensual de cuánto debe barrer cada operador. Y durante meses, Promoambiental se la excedió. Según ellos, hay varias zonas que estaban barriendo que no estaban dentro del Pegirs, y como las incluyó en su actividad de barrido, cobró miles de millones de pesos de más al fondo común.
Cuatro operadores aseguran que si le pagan a Promoambiental los kilómetros adicionales barridos que está cobrando, la estabilidad financiera del sistema estaría en riesgo. Al tiempo que a los ciudadanos les iban a cobrar más en su tarifa de aseo.
Promoambiental defiende que a los operadores les pagaron lo que correspondía y que nunca estuvo en riesgo su economía. Asegura que estaban barriendo según la norma nacional y que lo que está en juego es cómo se debe barrer en la ciudad porque el Pegirs se queda corto.
Los cuatro operadores y Proceraseo, la fiducia que crearon entre los cinco para administrar la plata, demandaron a Promoambiental. El argumento era que estaba incumpliendo el Pegirs, la norma que establece cuánto, cómo y dónde barrer. A su vez, Promoambiental demandó a Procearaseo por no pagarle los kilómetros que había barrido más allá del Pegirs.
Están en juego 166 mil millones de pesos, en una pelea en la que Promoambiental ha contratado como abogados a figuras como Néstor Humberto Martínez y Humberto Sierra Porto. El pleito quedó en un juzgado civil que decidirá quién tiene la razón.
La pelea refleja que hay un desacuerdo básico sobre qué tanto se debe barrer en la ciudad.
4. La Uaesp está cochina
Por último, la limpieza de la ciudad está a cargo de una entidad cuestionada por corrupción. El equipo jurídico, encargado, entre otras, de revisar el cumplimiento de los contratos de limpieza en la ciudad, ha sido señalado de recibir coimas para adjudicar licitaciones.
El escándalo es tan grande que Luz Amanda Camacho, exdirectora de la entidad, y varios de sus funcionarios renunciaron. Fueron señalados de haber recibido 1.500 millones de pesos para adjudicar el contrato de 41.000 millones de pesos para la administración de cementerios públicos.
Otro problema que enfrenta la Uaesp es un pleito que tiene cazado con CGR, el operador del relleno sanitario de Doña Juana. CGR los demandó por 1,3 billones de pesos, y además busca que los eximan de obligaciones como la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados (jugos de la basura) del relleno, un proceso clave para disminuir la contaminación en la ciudad. Argumentan que la tarifa que les pagan no alcanza para hacer sus labores en el relleno, y aseguran que no encontraron el relleno tal como decía el contrato y que les ha tocado hacer inversiones adicionales.
El distrito los contrademandó y pidió la terminación del contrato con el argumento de que el operador del relleno no ha hecho las obras que debía para mejorar su funcionamiento, pese a que le aumentaron las tarifas de operación en un 1000%.
