En el último mes estalló una pelea que venía cocinándose hace 6 años y medio. De un lado, está el Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Del otro, Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. El motivo: el pago del 10 por ciento de las multas de tránsito de los bogotanos.
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| Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, defiende el cobro del 10% que hace la agremiación por las multas de tránsito. Samuel Moreno, alcalde de Bogotá, dice que no pagará e irá hasta las últimas consecuencias. Fotoilustración: Juan Carlos Arroyo. |
En el último mes estalló una pelea que venía cocinándose hace 6 años y medio. De un lado, está el Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Del otro, Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. El motivo: el pago del 10 por ciento de las multas de tránsito de los bogotanos.
El alcalde de Bogotá no sólo anunció que no pagará los 80 mil millones de pesos que le adeuda a la Federación sino que el Distrito se saldrá de esta agremiación.
El lío está en la interpretación del artículo 10 del Código de Tránsito que delega en la Federación de Municipios el manejo de la base de datos de infractores de tránsito de todo el país (SIMIT) a cambio de quedarse con el 10 por ciento del valor de los comparendos.
El SIMIT, además, cobra las multas de los deudores morosos, que no han podido ser recaudadas por las secretarías de tránsito de cada ciudad.
Bogotá argumenta que la Federación solo debe recibir el 10% del valor de los comparendos de tránsito recuperados por el SIMIT, no de lo cobrado por las secretarías de tránsito. Toro, por su parte, dice que por ley los municipios deben cancelar el 10 por ciento de todas los comparendos, morosos o no.
Por este tema, la ciudad de Bogotá demandó a la Federación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que falló a favor de la Federación, obligando al Alcalde a cancelar la deuda. Moreno dijo que apelaría la decisión. Esta semana la Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo de Estado que revise el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por posibles irregularidades.
Origen de la discordia
Gilberto Toro, quien dirige la Federación desde hace 13 años, es un político de Jericó, Antioquia, y uno de los lobbystas más poderosos del país.
“No hay ningún proyecto o acto legislativo que afecte a los municipios en el cual no pueda intervenir la Federación”, dice Toro. “Tenemos la posibilidad de hacer lobby, de lograr una concertación porque somos los voceros, los representantes de los alcaldes y las alcaldesas”.
El aumento del periodo de alcaldes y gobernadores de tres a cuatro años es solo una pequeña muestra del poder de la Federación, que va desde conseguirle un carro a la Alcaldía de Filandia, Quindío, a lograr a través de lobby en el Congreso que los municipios generadores de energía como Guatapé, en Antioquia, reciban más ingresos.
La habilidad de Toro para meter goles es ampliamente reconocida en el mundo de la política, y el artículo del Código de Tránsito que lo tiene enfrentado al Alcalde Moreno es uno de los más espectaculares.
A punta de lobby, La Federación consiguió que en el Código de Tránsito se le otorgara la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Transito, SIMIT, una función que poco tiene que ver con las otras actividades que realiza esta agremiación.
El proyecto se tramitó en el Congreso en el 2002. Curiosamente, el entonces senador Samuel Moreno votó a favor de la ley que contaba con una férrea oposición por parte de funcionarios de Tránsito de Bogotá de la administración de Mockus.
La plata que está en juego
La Federación recibe anualmente 11 mil millones de pesos de todos los municipios por administrar el SIMIT, un monto que dobla el presupuesto ordinario de la Federación y que equivale a la inversión que hizo el Valle del Cauca en dotación para la policía del departamento durante este año.
Según la Directora Nacional del SIMIT, Sandra Milena Tapias, estos dineros son destinados exclusivamente a manejar y a modernizar la base de datos de infractores de tránsito y el recaudo de multas.
“Los ingresos son redistribuidos en el país, con los recursos de una ciudad grande como Bogotá se benefician municipios pequeños y con bajos presupuestos”, dice Tapias. “El SIMIT tiene oficinas en toda Colombia, en cualquiera de ellas se puede pagar un comparendo. Las secretarías de Tránsito pueden consultar a través del SIMIT si una persona tiene infracciones en otro lugar del país y negar un pase o cualquier otro documento.”
Tapias dice que hace poco, la Contraloría General de la Nación hizo una auditoría de 4 meses a la Federación, en la que encontraron que los recursos eran bien manejados.
La decisión de Bogotá de retirarse de la Federación amenaza con causar un efecto dominó en las grandes ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.
El Secretario de Hacienda de Medellin, Mauricio Pérez, dijo a la Silla Vacía que presentará ante el Concejo una propuesta para que su ciudad se retire de la Federación, a la que el último año Medellín pagó 1300 millones de pesos. En el caso de Medellín, la ciudad no paga la cuota de afiliación a la Federación desde hace 4 años.
Toro dice que aunque se retiren de la Federación, deben pagar el 10% de las infracciones de tránsito porque es lo que exige la ley, independientemente de si están afiliados o no. También dice que habló con los alcaldes de Cali, Bucaramanga y Barranquilla quienes ratificaron su apoyo, pero la Silla Vacía no pudo confirmar ese punto.
La última palabra en este conflicto la tiene el Consejo de Estado que ayudará a resolver la apelación que interpuso la Alcaldía de Bogotá al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En caso de darle la razón a Samuel Moreno se resquebrajaría el gran poder de Toro y la Federación.
