En estos días hay varios proyectos andando en el Congreso con un claro beneficiario: los militares investigados. Se trata de tres proyectos: el de la Defensa Técnica, el ‘Marco para la Paz’ y el de la Reforma a la Justicia, que fortalece la justicia penal militar. Son proyectos todos polémicos pero que, sin embargo, avanzan rápidamente en el Congreso en medio del ambiente de reconocimiento a los militares por la muerte de Cano. El Gobierno de Santos está detrás de todos ellos.
El proyecto de Defensa Técnica fue presentado en abril por el entonces Ministro de Defensa Rodrigo Rivera. El objetivo de esta ley es crear un mecanismo para que los militares investigados por cualquier tipo de crimen relacionado con el servicio puedan contar con un abogado pagado por los contribuyentes en cualquier fase del proceso y tanto en instancias nacionales como internacionales. Sería una Defensoría que reemplazaría la defensa de los militares que hoy hace Demil, una organización privada que ha estado en el ojo de la polémica, pagada por los mismos soldados.
Como lo contó La Silla Vacía, esta es una idea que arrancó con el gobierno de Uribe, que estaba convencido de que existía una ‘guerra jurídica’ por parte de la subversión que apuntaba a inmovilizar al Ejército a punta de denuncias falaces.
En su momento, la entonces Ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez propuso contratar pólizas de seguro internacionales para que en el caso de que un militar fuera investigado, pagaran la defensa de un abogado de los mejores diez bufetes del país. La idea era que el Ministerio pagara una parte del seguro y la otra parte fuera financiada con aportes de los militares. Sin embargo, la comandancia del Ejército en ese momento se opuso a que los soldados tuvieran que contribuir al pago del seguro y la iniciativa no prosperó.
Años después, Uribe anunció con bombos y platillos la defensa institucional de los soldados, que en realidad nunca se concretó y que terminó siendo asumida en su totalidad por Demil y pagada en su integridad por los mismos soldados.
El Director saliente de Demil dijo en los medios que la Asociación cuenta con 140 mil afiliados. Los soldados rasos pagan 6.500 pesos mensuales y un coronel paga 37 mil pesos mensuales. Es decir que, calculando por lo bajo, Demil recibe 16.800 millones de pesos al año en contribuciones (suponiendo un pago promedio por afiliado de 10 mil pesos). Y según el coronel Robayo, cuentan con 250 abogados.
De aprobarse este proyecto, serían ahora los contribuyentes los que financiarían los abogados defensores de militares.
En el debate que ya se surtió en la Comisión Segunda de la Cámara se habló de unos 600 abogados que podrían defender a los militares incluso ante la Corte Penal Internacional, a donde llegan solo crímenes internacionales, es decir de lesa humanidad o de guerra.
El segundo proyecto es el del ‘Marco para la Paz’, que crea un paraguas jurídico para juzgar (o no juzgar) los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto. Aunque el texto de la ley –que tiene sólo dos artículos– no habla de los grupos particulares, el ponente del proyecto en la Cámara, Eduard Osorio, dijo que este acto legislativo impulsado desde la Alta Consejería de Seguridad Nacional también cobijaría a los militares en el momento en el que se llegara a un proceso de paz.
La lógica de los que defienden esto es que para que haya un verdadero cierre del conflicto, todas las partes tienen que tener la certeza de que no pasarán el resto de sus vidas en la cárcel. Si los militares se quedan por fuera de estos beneficios, es posible que torpedeen un eventual proceso de paz, como ya lo intentaron en el pasado. Y en todo caso, no sería justo que mientras los guerrilleros puedan terminar accediendo a las altas dignidades públicas, quienes los combatieron terminen tras las rejas. También está el argumento de que mientras la Ley de Víctimas reconoce a las víctimas del Estado, esta norma debe garantizar que esos agentes del Estado que cometieron crímenes puedan confesar su participación en las atrocidades cometidas.
La Justicia Penal Militar
Por último está la Reforma a la Justicia, impulsada por el Ministro de Justicia. A este proyecto, en el último momento, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón le colgó un mico que crea la presunción de que todos los delitos cometidos por la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar.
La principal reforma que introduce este polémico artículo es que hoy en día, por vía legal y jurisprudencia, las violaciones de derechos humanos ‘rompen’ la relación con el servicio y en principio son juzgadas por la justicia ordinaria. Si se aprueba este artículo se presumirá lo contrario.
De los tres proyectos, este es de lejos el más polémico. El tema de la justicia penal militar tiene una larga historia en el país que está cargada ideológicamente, tanto por la izquierda como por la derecha. A mediados de los años 90, la impunidad de crímenes cometidos por militares se volvió la bandera de los activistas de los derechos humanos en Colombia que lograron que los organismos internacionales de derechos humanos asumieran una posición frente al tema. Varios relatores de la ONU recomendaron una reforma de la justicia penal militar.
Y en 1995, el gobierno de Samper creó por decreto una Comisión de Reforma que estaba integrada por 7 militares y Pilar Gaitán, la entonces Viceministra de Defensa y ocho civiles, cuatro del Ministerio de Defensa, tres de los organismos de control y un representante de la sociedad civil que era Gustavo Gallón.
La Comisión se logró poner de acuerdo en muchos temas, pero no en quién debería juzgar las violaciones de derechos humanos. Entonces decidieron presentarle dos propuestas a Samper en ese punto, fuera de todo lo demás en lo que sí había consenso. El Presidente, entonces, sometió el tema a consideración de su Ministro de Defensa, que en ese momento era Juan Carlos Esguerra. Y Esguerra, quien es hoy el actual Ministro de Justicia, se inclinó por la propuesta del sector civil y de esa manera quedaron excluidas las violaciones de derechos humanos de la justicia penal militar.
Samper abandonó el gobierno antes de que el Congreso convirtiera esto en ley, lo que sólo ocurrió hasta 1999, mientras que durante el Gobierno de Pastrana se volvió norma legal. Pero antes de ser aprobado, ocurrió el famoso ‘ruido de sables’ con el ministro Rodrigo Lloreda. Pastrana se vio forzado a abandonar una cumbre de presidentes latinoamericanos en Cartagena para volar a Tolemaida a reunirse con los militares sublevados.
Luego en una entrevista en la revista Cambio en julio, Pastrana confesó que el tema del fuero militar era uno de los asuntos detrás de la rebelión de los oficiales fuera de todo el tema del proceso de paz con las Farc. Y confesó que la forma de arreglarlo fue concederles un cambio en la redacción del artículo 3 del Código Penal Militar que restringía a la tortura, la desaparición forzada y el genocidio las violaciones de derechos humanos cometidas por militares que serían conocidas por la justicia ordinaria.
Pero la Corte Constitucional, via una sentencia de Eduardo Cifuentes, dijo que ninguna violación de derechos humanos puede ser conocida por la justicia penal militar puesto que ‘la mentalidad criminal’ rompe la conexión con el servicio. En 2000, el Consejo Superior de la Judicatura, que es la entidad que decide cuando hay un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la militar, incorporó finalmente esta jurisprudenci, que la Corte Constitucional venía defendiendo desde 1997, en una sentencia frente a la desaparición de Nidia Erika Bautista, después de la toma del Palacio de Justicia.
Con estas dos decisiones de la Corte, la pelea ya se redujo a los conflictos de competencia, quedando muchos casos de violaciones en la justicia penal militar, porque los militares investigados impugnaban y el Consejo Superior de la Judicatura se demoraba meses en resolverlos.
Durante el gobierno de Uribe, el ministro Camilo Ospina emitió la directiva 19 que decía que en los casos de homicidios cometidos por militares, la Fiscalía debería intervenir primero y decidir si se trataba de un acto del servicio. Y cuando hay dudas, lo decide la justicia ordinaria.
Aunque esta fue la directriz, nadie la hizo realmente cumplir hasta que llegó Juan Manuel Santos al Ministerio de Defensa y estalló el escándalo de los falsos positivos. Con toda la presión nacional e internacional encima, Santos amplió el acuerdo con la Fiscalía y presionó para que este finalmente se cumpliera.
Después de eso, los casos de falsos positivos en la Fiscalía ascienden a más de 1800, aunque todavía hay cientos represados por conflicto de competencias.
El año pasado, un informe del Departamento de Estado del año pasado criticó que no siempre este tipo de violaciones pasaban a la justicia ordinaria en la práctica. “Más de 231 casos de homicidios fueron transferidos durante el año del sistema militar al sistema civil. De esos, 140 fueron enviados directamente por el sistema militar, 91 casos fueron enviaron por el Consejo Superior de la Judicatura, que decidió a favor de las cortes civiles”.
De hecho, el traslado voluntario de casos de violaciones de derechos humanos desde la Jurisdicción Penal Militar a la Justicia Ordinaria ha caído a niveles prácticamente insignificantes desde que la anterior Directora de la Justicia Penal Militar, Luz Marina Gil, fue obligada a renunciar en mayo del año 2009. Así, de un promedio de 34,5 casos por mes a lo largo del año 2008, se ha pasado a menos de tres casos por mes a partir del último trimestre del año 2009, según datos de un informe reciente del Colectivo de Abogados.
Aún así, en los últimos años, por primera vez la justicia condenó a un general (Uscátegui por la masacre de Mapiripán) y al coronel Plazas Vega (por la desaparición de los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia) y a cientos de otros militares por el asesinato extrajudicial de civiles presentados como guerilleros muertos en combate.
“Solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”, dijo Juan Manuel Santos en campaña. Y este sería un caso más de ello.
Después de haber sido, durante el escándalo de los falsos positivos, uno de los impulsores de que la justicia ordinaria investigara activamente los crímenes cometidos por militares, Santos propuso en campaña fortalecer la justicia penal militar.
Y aunque, en un principio, el Gobierno dio tumbos sobre si meter el ‘articulito’ o no en la Reforma a la Justicia, era claro que el Ministro Juan Carlos Pinzón no actuaba solo cuando decidió colgarle este mico y contaba con el visto bueno del Presidente.
¿Cuáles son las circunstancias que han cambiado para que el Ministro que impulsó la justicia ordinaria ahora proponga como Presidente que se presuma que en todos los casos los delitos cometidos por militares sean considerados actos de servicio? ¿Para ofrecerles a los militares beneficios que ni siquiera Uribe jamás se atrevió a considerar realmente?
Sobre todo porque es una propuesta que va en contravía no sólo de las recomendaciones de los relatores de la ONU sino también del Departamento de Estado de Estados Unidos, una de cuyas condiciones para certificar al país en derechos humanos es que las violaciones de derechos humanos por parte de militares sean investigadas por la justicia ordinaria y no la militar.
¿Cuáles son las circunstancias que han cambiado para que el Ministro Esguerra, que cuando era ministro de Defensa defendió la posición civilista ahora como Ministro de Justicia defiende la posición de los militares?
La respuesta específica no la sabe La Silla Vacía. Pero hay varias hipótesis. Una tiene que ver con la guerra y otra con la paz.
Las hipótesis
La que tiene que ver con la guerra es que, por más que hayan matado a Cano y tenido otros éxitos militares, quienes conocen las Fuerzas Militares por dentro dicen que es cierto lo que dice el ex presidente Uribe: los militares están desmotivados. Y llevan así desde 2009. Esto lo ratifica el informe divulgado hoy por el Centro de Seguridad Democrática de la Universidad Sergio Arboleda, liderada por Alfredo Rangel, que habla del ‘evidente’ retroceso en materia de seguridad, lo cual controvierte la postura del Gobierno.
Según este Centro, desde 2009 los secuestros han aumentado en un 45 por ciento, pasando de 158 a 220 y los actos de sabotaje contra la infraestructura también crecieron en un 43 por ciento. Los ataques de la guerrilla a la Fuerza Pública aumentaron un 24 por ciento respecto del año anterior, incrementándose por tercer año consecutivo.
El diagnóstico del Centro es que “la inseguridad jurídica a la que están sometidos los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia de la abolición del fuero militar y de la desarticulación de la Justicia Penal Minitar, elementos que justifican la desmotivación en el combate y explican la caída del nivel de sus operaciones ofensivas contra los grupos guerrilleros”.
Palabras más, palabras menos, una parte importante de las fuerzas militares está de brazos caídos. Como lo explicó un oficial, que está ahora preso investigado por un falso positivo, a La Silla Vacía, “la muerte de Cano no prueba nada. Ese operativo se hizo con tropas especiales con apoyo internacional. Pero el común de la Fuerza está desmotivado. Dicen ‘para qué ataco allá si el bandido me lo vuelven un pobre campesino luego’”.
La operación contra Cano la realizó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), fundado en 2009 y dirigido directamente por el General Alejandro Navas. Este grupo élite, conformado por 4 mil hombres, ha estado detrás de los grandes golpes recientes del Ejército como las operaciones “Fénix”, “Camaleón”, “Sodoma” y la más reciente en donde se dio de baja a Alfonso Cano, “Odiseo”. Sus hombres tienen una capacitación especial, sus hojas de vida no tienen una sola anotación ni investigación ante Fiscalía, Procuraduría o algún organismo de control o de derechos humanos. Están en el Ejército no por necesidad sino por compromiso.
Según este oficial, que lleva preso casi año y medio sin haber llegado a un juicio, los militares como él no tienen verdaderas garantías frente a la justicia ordinaria. Dice que la Fiscalía no reconoce la presunción de inocencia y que son ellos, los militares, los que tienen toda la carga de la prueba para demostrar que no son culpables. Que les desconocen los términos, a él, por ejemplo, le negaron la salida por vencimiento de términos.
Considera que detrás de eso hay un interés económico, pues a los fiscales les pagan una prima técnica por pasar casos de militares (algo que la Silla no pudo probar) y por otro lado hay razones ideológicas. Y que, además, están las ONG de derechos humanos que, como probó el caso de Mapiripán, se inventan falsas víctimas para cobrar millonarias indemnizaciones al Estado.
Él cree que lo grave es que la justicia penal militar está tan débil que si todos los casos pasaran ahora a esta jurisdicción, tampoco obtendrían justicia, pues está en manos de tenientes, abogados con poca experiencia. Y que seguro tendrán tanta presión para demostrar que no hay impunidad que en todo caso los terminarán condenando a todos.
Lo que piensa este oficial es parecido a lo que piensan la mayoría de los militares, presos o no. El tratamiento mediático que se le ha dado a lo del Palacio de Justicia no ha ayudado, porque muchos están convencidos de que al coronel Plazas Vega se le condenó fue por la retoma y no por lo que realmente está en la cárcel, que fue la desaparición de los civiles de la cafetería. La destitución de los 23 oficiales, tres de ellos generales, a raíz de los falsos positivos también fue un duro golpe. Las investigaciones contra el general Montoya uno más.
Esto ha creado un ambiente al interior de las Fuerzas Militares que no contribuye a mejorar su desempeño rutinario pese a las cuantiosas inversiones que ha hecho el país en ellos.
El otro argumento es el de la paz. Como Santos sí está interesado en negociar un acuerdo de paz más temprano que tarde, necesita tener a los militares de su lado. Durante la negociación del Caguán los jefes de las Fuerzas realmente sintieron que Pastrana les estaba entregando en la mesa de negociación lo que ellos habían ganado en el terreno militar y trataron por varios medios de impedir que ese proceso avanzara. Una negociación exitosa en el futuro pasa por contar con su visto bueno. Y es claro que no se van a aguantar que los guerrilleros terminen en el Senado mientras militares terminan presos en Puente Aranda. De ahí la lógica del ‘marco para la paz’.
Y es que mientras la ley de Justicia y Paz, mal que bien, ha servido para juzgar a los paras y una eventual negociación política terminará encontrando una salida jurídica para los guerrilleros, para los militares que han cometido crímenes de lesa humanidad no hay una salida clara, pues toda las leyes internacionales prohíben las autoamnistías.
Pero el problema es que en medio del agradecimiento que sienten muchos colombianos con las Fuerzas Militares por la muerte de Cano, es difícil para un congresista argumentar en contra de darle este tipo de beneficios a los militares. Y la verdadera discusión de fondo sigue sin darse: ¿qué hay que hacer para garantizar que los militares tengan verdaderas garantías de un juicio justo (no de impunidad) y a la vez que las víctimas tengan derecho a la justicia incluso cuando su victimario es un agente del Estado? ¿Lo que se necesitan son leyes?
