En las elecciones de 2023 hubo un retroceso para la inclusión política de las personas Lgbtiq+. Hubo 201 candidaturas Lgbtiq+,  entre alcaldías, gobernaciones, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL), y, solo 21 aspirantes fueron elegidos. Se trata de una caída frente a las elecciones regionales anteriores, cuando fueron elegidos 30 aspirantes de 60 candidatos, según Caribe Afirmativo, una ONG. Entre ellos, la primera mujer lesbiana en la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, el cargo más importante en disputa en las regionales. 

Para 2023, ningún alcalde de capital departamental o gobernador es Lgbtiq+. Para el caso de concejos en las ciudades principales —Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga—, se lanzaron 18 candidatos, de los que fueron elegidos dos: Juan Daniel Oviedo en Bogotá, por el estatuto de oposición, y Andrés Díaz en Bucaramanga. 

Además, fue una campaña en la que hubo un incremento de las denuncias de violencia política. Frente a 2019, pasaron de 6 a 14 denuncias a lo largo de las elecciones, según Caribe Afirmativo. Pero las barreras también vinieron desde dentro de los partidos, según le dijeron varios de los candidatos a La Silla Vacía. 

Violencia y barreras políticas contra los Lgbtiq+

Caribe Afirmativo tiene un observatorio de participación de las personas Lgbtiq+ y se dedica a llevar el conteo de los hechos de violencia contra candidatos. Wilson Castañeda, director la ONG, dijo que “los grupos armados que controlan los territorios prohibieron a algunos candidatos hacer campaña. Se presentó un caso en Carepa, Antioquia, en el que estos grupos retiraron la publicidad de una mujer lesbiana candidata al Concejo porque consideraban que era muy masculina, lo que era una ofensa para el pueblo”.

El aumento de la violencia es preocupante para las personas que quieren hacer política desde las banderas de la comunidad. “La aparición de la discriminación es proporcional a la cantidad de personas inscritas, aunque lo ideal sería que esto no sucediera”, le dijo Castañeda a La Silla. “De los partidos políticos no se escuchó ninguna pronunciación ante los casos”, agrega Castañeda.

Jonier Quiceno, un excandidato gay al concejo de Medellín por el Partido Verde, afirma que le informó a su partido, Alianza Verde, que había tenido amenazas de muerte en contra él y de su familia. Además, habitantes de una comuna de la ciudad —que prefirió reservar por temor a recibir ataques de nuevo— le hizo quitar su propaganda política debido a que no podía hacer campaña por su orientación sexual. 

El partido Alianza Verde fue el partido con mayor cantidad de candidaturas Lgbtiq+, con 38.  Hizo un comunicado favorable a sus candidaturas abiertamente Lgbtiq+, pero no en un pronunciamiento frente a la violencia que vivieron sus candidatos. En su cuenta de Twitter (X) aparece un pronunciamiento general sobre discriminación contra los candidatos. 

Por otro lado, hubo varias candidaturas del Pacto Histórico sin chance de ser elegidas, pues estaban en  los últimos puestos de una lista cerrada. Este fue el caso de Mateo Peñalosa en Bogotá, que tenía el puesto 24 de 37 que había. Y en Barranquilla, el único candidato gay al Concejo era Juan Felipe Maza, por el Polo en el Pacto Histórico, que tenía el último puesto en la lista. 

Maza le dijo a La Silla que estos puestos en las listas cerradas había reducido las posibilidades de quedar elegido, ya que la coalición solo logró una curul en Barranquilla. “Al final nos tocó tener un puesto que nos dejaba con pocas posibilidades de entrar en la disputa electoral” agrega.

Estas barreras en la participación no se vieron solo con los que no fueron elegidos. “Había personas que se interesaban por votar por mí por ser animalista, pero entonces otros les decían a esas personas que yo no le convenía a la ciudad porque soy gay” le dijo a La Silla Andrés Díaz, concejal electo en Bucaramanga del partido ADA. Menciona que dentro del mismo partido había recibido comentarios homofóbicos en su contra, pero prefirió no comentarlo y “hacer oídos sordos”, y le dio mayor relevancia a su trabajo por proteger los derechos de los animales. 

Lo mismo decidió hacer Stefania Mancilla, excandidata al Concejo de Bogotá por Dignidad y Compromiso. Cuando recibía comentarios que atacaban su sexualidad, preferiría no confrontarlos por temor a lo que pudiera pasar porque estaba haciendo una campaña con pocos recursos y no tenía suficientes garantías para protegerse. 

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió en 2021 que esto afecta a toda la comunidad y que se deben tomar medidas diferenciales de protección para los políticos Lgbtiq+.

Poca ayuda financiera a los candidatos 

Juana Peláez, excandidata al Concejo de Cali por la Alianza Verde, afirma que en el partido no la ayudaron a conseguir dinero para la campaña, sino congresistas de la bancada, como Duvalier Sánchez y Ariel Ávila. 

Por otro lado, Hernando Botero, excandidato al Concejo de Cali por Independientes, dijo que la poca financiación era lo normal, porque se le daba mayor aporte económico a las personas que tuvieran mayores posibilidades de ganar, a pesar de eso, se sintió apoyado por su partido. Lo mismo comentaron Stefania Mancilla, de Dignidad y Compromiso, en Bogotá y Sergio Barbosa por el Nuevo Liberalismo desde la misma ciudad.

Maza dijo que había invertido, más o menos, 10 millones en la campaña, y al estar en una lista cerrada, el partido contribuyó a este monto por medio de publicidad y transporte. Esta ayuda vino especialmente por la cabeza de lista que resultó ser elegido concejal, Recer Lee Pérez Torres. 

A diferencia de Quiceno que afirma que en su campaña, entre donaciones y dinero aportado, fueron 30 millones los invertidos, de los que no recibió ayuda por parte de la Alianza Verde.  

Angélica Lozano, senadora del partido Alianza Verde que ha impulsado liderazgos Lgbtiq+, explica que entregar ayudas financieras a cada candidato era imposible. “Hubo una inversión del partido en campaña institucional, pero no individual”.