Tres uribistas purasangre, dos de ellas paisas, quedaron a cargo de la agencia que debe construir tres megaproyectos en Bogotá y Cartagena, que el Gobierno Santos planeó pero están embolatados.
En medio de las quejas uribistas por la falta de puestos, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, adscrita a Presidencia y encargada de diseñar y construir edificios del Estado, es una excepción.
Esa entidad la creó el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011, principalmente para realizar la renovación del Centro Administrativo Nacional de Bogotá (CAN), el proyecto de renovación urbana más grande del país, pero hoy también tiene a cargo unos 50 proyectos más, de los cuales también son estratégicos uno alrededor de la Casa de Nariño y, en Cartagena, el traslado de la base naval de la Armada.
La Agencia es poco conocida a nivel nacional y sus proyectos grandes tienen en común que se han ido convirtiendo en chicharrones porque están quedados, pero eso no ha evitado que comience a volverse un pequeño fortín del uribismo 1.0, como lo muestra el nombramiento de tres de sus cabezas.
A su directora, por lo menos, la nombra directamente el Presidente.
Ella es Victoria Eugenia Restrepo, una administradora de empresas que coordinó el Programa contra Cultivos Ilícitos durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, fue Directora Administrativa y Financiera del Centro Democrático entre 2013 y 2016 y candidata a la Cámara por Antioquia en 2014.
En la campaña del presidente Iván Duque coordinó la logística a nivel nacional, y en el empalme con Santos fue secretaria técnica en el comité de drogas.
En el 2008, cuando estaba a la cabeza del plan anticoca de Uribe, protagonizó una polémica que se desató por una denuncia de la revista Cambio, que reveló unos audios en los que supuestamente aparecía ella en una conversación telefónica con el empresario Juan Felipe Sierra, quien era su amigo de la infancia, y el exjefe de Fiscalías Guillermo Valencia Cossio, ambos condenados luego por nexos con paramilitares.
A esa denuncia se sumó una investigación de 2011 de Verdad Abierta, según la cual ella se habría reunido con paramilitares y favorecido a alias “Don Mario”, el hermano de alias “El Alemán”, a través de programas de cooperación internacional para desmovilizados de las AUC.
Las dos publicaciones tenían que ver con un mismo caso que fue muy sonado, y por el cual fue destituido el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Marco Antonio Pedreros; y condenados por concierto para delinquir el director de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio; y el empresario Sierra.
Victoria Restrepo nunca estuvo investigada, pero el episodio le dio connotación nacional e incluso motivó críticas a la funcionaria por parte de congresistas en debates en el Congreso.
En su momento, en 2012, ella le aseguró a Verdad Abierta que no favoreció paramilitares porque actuó en el marco de los acuerdos del Gobierno con las AUC; que solo los conoció después de desmovilizados y que las acusaciones venían de una campaña de desprestigio contra su trabajo.
Andrés Gallego, el subdirector de Estructuración, encargado de armar los proyectos y hacerlos cumplir, es muy cercano a la Directora y, como ya contamos, es un exdirectivo del Centro Democrático que gerenció un comité de No a los Acuerdos de Paz en el plebiscito en 2016.
Además, en la antigua Acción Social (hoy Departamento de Prosperidad Social) fue el administrativo del Programa de Lucha contra Cultivos Ilícitos.
Llegó a esa entidad desde comienzos del primer gobierno Uribe, cuando el director era Luis Alfonso Hoyos.
Por último está la subdirectora Inmobiliaria de la Virgilio Barco, Juanita Sanín, quien es una militante uribista que ha participado en las campañas del Centro Democrático a la Presidencia y en Antioquia, entre ellas la del empresario bananero Nicolás Echavarría, al Senado en 2014.
También estuvo en la campaña a la Alcaldía por el Centro Democrático de Juan Carlos Vélez Uribe en 2015.
Fue gerente de promoción y de administración de convenios y cooperación dentro del Instituto de Desarrollo de Antioquia, y es cercana a su cabeza, también uribista, Mauricio Tobón.
Ellos tendrán la tarea de hacerles frente a los chicharrones de la Agencia que van a paso lento y heredan del gobierno Santos.
Con una particularidad: el presupuesto propuesto para la entidad en 2019 se multiplicaría por cuatro frente al que tuvo este año, pasando de 1.400 millones a 5.900, como lo pudimos confirmar mirando la propuesta de Presupuesto General de la Nación para el 2019.
Además, la Agencia recibe la plata de los megaproyectos y la administra. El CAN, por ejemplo, cuesta 7 billones de pesos; y solo la primera etapa de los ministerios, 39.500 millones.
Entre sus chicharrones están, justamente, la renovación del CAN, que pretende albergar las nuevas sedes de los ministerios de Transporte y Minas, el Invías, las agencias de Tierras y de Desarrollo Rural y el Dane.
Después de seis años embolatado, esta comenzó a destrabarse el año pasado, pero será la mitad de lo que lo habían planeado , debido a las dificultades para adecuar las normas urbanas para ejecutarlo, como contó La Silla Cachaca.
El proyecto Ministerios, anunciado en 2013, también es en Bogotá, y pretende agrupar entidades de la Nación alrededor de la Casa de Nariño.
En medio de la oposición de los vecinos, hasta ahora ha avanzado en adquisición de predios, y cuando Santos dejó la Presidencia estaba buscando inversionistas.
La otra megaobra que planea hacer la Agencia es el traslado de la base naval de Cartagena para construir donde está ahora la base un complejo urbanístico que apalanque el turismo en esa ciudad.
Aunque la Agencia firmó en octubre de 2017 un convenio con el Mindefensa y la Alcaldía para hacer los estudios y diseños, no se sabe todavía si va a quedar en Cartagena o si la mueven a Barranquilla; hay debates alrededor de la venta de parte de esos terrenos, que tendría que hacer el Estado para poder construir la base en otro sitio. Las preguntas son a quién, a cuánto y para qué tipos de proyectos vendería esos espacios.
En todo caso, le dijo a La Silla la directora Restrepo, por los líos financieros, técnicos y jurídicos que hay alrededor de las tres megaobras, en estos cuatro años no las alcanzará a terminar.
