Una de las IPS involucradas en el cartel de enfermos mentales recibió dineros públicos por atención a niños infractores que nunca existieron en un pueblo sucreño.
Una de las IPS que está involucrada en el llamado cartel de los enfermos mentales de Sucre enfrenta ahora otro lío por el cobro de dineros por atención a menores infractores que nunca existieron.
Se trata de la IPS Fundación Nuevo Ser que tiene sede en Sincelejo y que, además de la atención a enfermos mentales, ofrece dentro de su portafolio el servicio de Centro Transitorio de Reclusión del Menor Infractor (Cetra) en varios municipios del departamento.
De ese servicio de Cetra es de donde le viene el otro lío a Nuevo Ser, cuyo representante legal Luis Fadul está detenido y es procesado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento público dentro del cartel de enfermos mentales.
Resulta que esa fundación firma, desde 2012, contratos interadministrativos con alcaldías de varios municipios para la atención de menores infractores. Sin embargo, algunos de esos convenios no se han cumplido.
Tal es el caso de dos contratos que suman un monto de 43 millones de pesos que firmó con la Alcaldía de Buenavista. Al respecto, La Silla Caribe conoció documentos que evidencian que nunca hubo menores infractores en esa población durante el tiempo de ejecución. Sin embargo, el dinero sí fue entregado a dicha fundación.
El primero de esos convenios es del 27 de octubre de 2014 por un monto de 16 millones 500 mil pesos y un periodo de dos meses. De ese total el municipio le pagó a Nuevo Ser 15 millones y el dinero restante fue un aporte que la Fundación acordó en el contrato.
Y el otro fue por un valor de 27 millones de pesos con fecha del 22 de junio de 2015 por un periodo de seis meses. Como se trata de un convenio, la administración pagó a la Fundación 25 millones de pesos y ésta aportó los 2 millones restantes.
Según la Policía, en el tiempo en que estuvieron vigentes dichos convenios no hubo capturas ni retención de menores infractores, lo que evidencia que no se ejecutaron.
Ambos contratos se realizaron en la Alcaldía del conservador Quintiliano Tapia, quien está detenido y actualmente es procesado por haber suscrito un contrato por 14 millones de pesos para dotación educativa que nunca se ejecutó.
Juan Carlos Fadul, dueño de Nuevo Ser, le dijo a La Caribe que esperará que los entes investiguen. “Esos convenios para la atención de menor infractor son una responsabilidad de las alcaldías. Y así como puede que no se atienda ningún menor durante el tiempo de ejecución, puede ser que se atienda muchos y por más tiempo del que se establece en el convenio”, precisó.
Como lo contamos en La Silla Caribe, Nuevo Ser está enredada en el cartel de enfermos mentales porque recibió tres pagos en 2015 que sumaron más de 732 millones de pesos por la atención a pacientes en los años 2013 y 2014. Para dichos cobros, según la contraloría, esa Fundación se valió de varias acciones irregulares.
Por ejemplo, para cobrar 455 millones de pesos por haber internado y atendido a pacientes la Fundación presentó tres cuentas de 2013 y unas de 2014 en las cuales fue falsificada la firma del auditor de la Secretaría de Salud e incluso aparece la rúbrica del funcionario en una fecha en la que él no cumplía esa función de autorizar tratamiento a enfermos mentales, según la Contraloría.
Esa fundación tiene un lazo evidente con el polémico excongresista Yahir Acuña, vía su dueño Juan Carlos Fadul, quien fue candidato a la Asamblea por el grupo de Acuña y respaldo a su esposa Milene Jarava a la Gobernación de Sucre en las pasadas regionales.
Como los de Buenavista, Nuevo Ser tuvo contratos en 2016 con las alcaldías de Betulia y Palmito. En 2015 tuvo con 7 administraciones municipales: Tolú, Corozal, Betulia, Coveñas, Colosó, Sincé y Palmito.
Por esta cantidad de contratos con el mismo objeto de prestar atención al menor infractor en Sucre muchos creen que a Nuevo Ser le pueden aparecer más denuncias.
