La Corte Suprema anunció que en primera instancia encontró culpable de corrupción al sufragante a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, representante del clan que domina su departamento.
Hace unas horas, la Corte Suprema anunció que el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco (avalado por una coalición de La U, Cambio Radical y liberales), fue encontrado culpable del delito de corrupción al sufragante, en un juicio que comenzó en 2017 y tiene que ver con hechos de su primera campaña en 2011.
La noticia, que se dio virtualmente y consiste apenas en el sentido del fallo en primera instancia, pues este se conocerá completo con todos sus alcances el próximo 27 de julio; sacudió al departamento y, más allá, significa un golpe directo al corazón de los Gnecco, el cuestionado y superpoderoso clan que domina el Cesar en cabeza de la mamá del mandatario: la matrona Cielo Gnecco Cerchar.
Aunque sobre este grupo llueven señalamientos, este es particularmente importante porque pone en juego su continuidad en la principal silla del valle, pese a que, en cualquier caso, Monsalvo ya anunció que apelará la decisión.
En La Silla Vacía hemos contando en detalle, tanto el caso que hoy tiene al Gobernador en jaque, como todos los ruidos que lo rodean a él y a su clan.
El caso
En el 2011, Monsalvo fue elegido gobernador del Cesar, avalado por el partido de La U, tras sacar 174.712 votos.
Lo que la Corte encontró en primera instancia es que, durante esa campaña, el hoy Gobernador pactó con los habitantes de unas invasiones ilegales en Valledupar que les ayudaría a permanecer en esos terrenos a cambio de que votaran por él a la Gobernación y por el entonces candidato de Cambio Radical a la Alcaldía, y a la postre Alcalde, Augusto ‘Tuto’ Uhía.
Tuto, de hecho, también resultó salpicado en el caso, al ser acusado por la Fiscalía igualmente por corrupción al sufragante. Su juicio empezó a finales del año pasado.
En campaña, Monsalvo y Uhía firmaron cuatro pactos notariados para mantener a la gente “quieta y pacíficamente” en los terrenos ocupados, mientras que las comunidades se comprometían a “respaldar de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad” y también había un compromiso de los candidatos de incluir a estas comunidades en los programas de vivienda digna que desarrollarían una vez llegaran al poder.
Particularmente, Monsalvo Gnecco firmó dos pactos con los habitantes de invasiones. Uno fue suscrito el 16 de octubre de 2011 con los habitantes de Tierra Prometida y otro con los invasores de los predios ubicados en la finca La Sabana (no se conoce en físico el pacto notariado pero ha sido referenciado en testimonios recogidos en prensa).
En diciembre de 2011 la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela interpuesta por la comunidad invasora de la finca La Sabana en la que ordenó a Monsalvo, en su calidad de Gobernador, realizar un censo en ese terreno para identificar a la población desplazada y desalojar a sus habitantes, pero ubicándolos en albergues temporales e incluyéndolos en planes de vivienda digna.
Esa sentencia fue desacatada en varias oportunidades por Monsalvo Gnecco, lo que le valió dos órdenes de arresto distintas por cinco días en el 2013, que finalmente fueron revocadas por el Tribunal Administrativo del Cesar en 2017, aunque le mantuvieron una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes.
Después de esa sanción, el proceso quedó detenido hasta que, a raíz de denuncias puestas por Óscar Guerra y Alberto Pimienta, los dueños de los predios, contra Monsalvo Gnecco y Tuto Uhía, la Fiscalía procedió a investigar y en enero de 2017 imputó cargos al actual Gobernador. Monsalvo fue acusado por la Fiscalía, pero el juicio lo llevó la Corte porque tiene fuero especial por su cargo.
El clan Gnecco
Aunque aún falta el trecho de la segunda instancia, la condena contra el Gobernador pone en juego su permanencia en el cargo y los reflectores nacionales sobre su familia.
Pese a que varios integrantes de los Gnecco han estado involucrados en líos de corrupción y de parapolítica, el clan controla la silla del Gobernador desde hace ocho años y medio y en las elecciones pasadas también ganaron la Alcaldía de Valledupar, en cabeza de José Santos ‘el Mello’ Castro.
En su haber político, también cuentan con los dos senadores del Cesar (José Alfredo Gnecco, primo del Gobernador Monsalvo, de La U y Didier Lobo de Cambio Radical, quien es más un aliado) y con el representante de La U Jorge Salazar.
Y, como también hemos detallado, son de las familias más ricas del Cesar y tienen un gran músculo económico: grandes terratenientes, dueños de más de 30 mil cabezas de ganado y proveedores de leche a empresas, incluyendo multinacionales. Todo eso, en cabeza de Luis Alberto Monsalvo Ramírez, esposo de Cielo, y padre del mandatario en líos.
El hermano de Cielo Gnecco y ex cabeza del grupo, Jorge Gnecco Cerchar, fue señalado por el líder de las Autodefensas Salvatore Mancuso de impulsar la llegada del paramilitarismo al Cesar y fue asesinado por el paramilitar Jorge 40.
Los Gnecco llegaron al Cesar provenientes de La Guajira hace más de 40 años y, como contamos en una investigación del año 2013, según una fuente que lo escuchó de su boca, Jorge Gnecco quería fundar el “Magdalena grande”, un proyecto criminal que consistía en poner gobernadores y alcaldes en La Guajira, el Cesar y el Magdalena, y hacer elegir congresistas de la región para crear un gran bloque que les diera poder a nivel nacional y protegiera las rutas del contrabando.
El otro hermano de Cielo, Lucas Gnecco Cerchar, fue condenado a 24 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por constreñimiento electoral.
Cielo Gnecco también es prima del asesino exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez. Como contamos, la amistad entre él y la familia Gnecco ha sido tan estrecha que en 2013 fue invitado de honor al cumpleaños de Cielo en la casa de eventos llamada Las Marías en donde ese día tocaron artistas vallenatos como Silvestre Dangond y Jorge Oñate.
Más allá de la condena penal, en 2018 se conoció una imputación fiscal de la Contraloría contra Monsalvo por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2015 y, como contamos, en su primera Administración dejó un legado de obras inconclusas.
En unos días se sabrá no sólo el monto de su condena penal, sino también si su sentencia incluye orden de arresto, lo cual le impediría seguir en el cargo, al menos mientras se resuelve la segunda instancia; o si permanece mandando mientras se resuelve definitivamente su proceso.
