Al señalar que el asesinato fue un crimen de Estado, las palabras del exparamilitar plantean preguntas sobre si los intereses políticos en torno a la construcción de la hidroeléctrica Urrá en Córdoba también influyeron.
Crimen de Estado. Estas palabras, pronunciadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en su primera declaración ante la Comisión de la Verdad el pasado 23 de octubre, volvieron a poner las miradas sobre el asesinato de Kimy Pernía, indígena de la etnia Emberá que lideraba la oposición a la hidroeléctrica Urrá en Tierralta, al sur de Córdoba, y los actores que participaron en su desaparición el 2 de junio de 2001.
“Lo del líder Kimy Pernía Domicó fue un crimen de Estado. Yo como miembro de facto recibí una llamada del Estado, de las Fuerzas Militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño (…) de asesinar al líder Kimy Pernía Domicó”, dijo Mancuso, quien cumplió su pena de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos y cuya extradición a Colombia está pendiente, luego de una disputa legal en Estados Unidos en la que se evitó que fuera deportado a Italia, donde tiene nacionalidad.
El exjefe paramilitar habló con la Comisión para un acto sobre la verdad indígena y su declaración fue presentada en un video en el que dialoga con la hija de Pernía, Martha Cecilia Domicó. Mancuso le pidió perdón y prometió dar más detalles: “Ustedes van a conocer cómo nos informaban a nosotros las instituciones del Estado cuando ustedes hacían presiones sobre ellos (en contra de la represa Urrá), y cómo llegaban esas informaciones a nosotros para que de una u otra manera desembarazáramos de esa presión”.
La mención del Estado es la primera información nueva que se conoce sobre el caso en 13 años, desde que en 2007, antes de ser extraditado en 2008 junto con otros 12 jefes paramilitares, Mancuso le confirmó a Justicia y Paz que era responsable del secuestro y muerte del líder. La orden, dijo entonces, la recibió de Carlos Castaño y fue ejecutada por alias ‘El Paisa’ y Jhon Henao, alias ‘Hache Dos’.
Pero en su primera confesión no solo no se refirió al Estado, sino que dijo que la razón del asesinato fue una supuesta vinculación de los indígenas con las Farc: “Le pregunté al comandante Carlos Castaño por qué había sido la situación, me dice ‘porque este señor, dentro de las comunidades de ellos, estaba manteniendo a la guerrilla en el área’”, dijo el 15 de enero de 2007.
En esta nueva declaración, en cambio, calificó ese señalamiento a los indígenas de “excusas” que justificaban las acciones de los paramilitares y dijo que el objetivo del Estado era “debilitarlos a ustedes (los indígenas) y terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos”.
Su testimonio es apenas un esbozo de la cuota de verdad que aún callan los exjefes paramilitares extraditados -que en todo caso hablaron y dieron sus versiones en Justicia y Paz- y que comienza a conocerse a través de los instrumentos que creó el Acuerdo de Paz, en este caso la Comisión de la Verdad.
Aunque breves, estas palabras de Mancuso ponen por primera vez el foco de responsabilidad de la muerte de Pernía más allá de los paramilitares implicados directamente -aparte de Mancuso, los otros tres están muertos-, y plantean preguntas sobre los intereses que pudo haber en torno a la construcción de Urrá, proyecto en el que fueron protagonistas casas políticas de Córdoba cuyos líderes hoy son investigados precisamente por presuntas relaciones con los paramilitares, como los exsenadores Zulema Jattin y Julio Manzur.
En nombre del río
En 1996, el río Sinú fue desviado para construir la hidroeléctrica Urrá. Se inundaron 77 kilómetros cuadrados, que incluían zonas que habitaban pueblos indígenas Emberá, para construir una presa de 116 metros de alto con capacidad para almacenar 1.822 hectómetros cúbicos de agua.
La obra es pública. El 99 por ciento de sus acciones las comparten el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda. Fue construida por el consorcio sueco-colombiano Skanska-Conciviles y en 2020 tuvo ingresos por 385.000 millones de pesos.
La causa de Kimy, dice Armando Valbuena, expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, fue que esa hidroeléctrica no existiera y, según el testimonio de Mancuso, fue la razón por la que lo mataron.
Valbuena dice que hace 20 días, tras la confesión del exjefe paramilitar, lo llamaron de la Fiscalía para tratar el tema: “Imagínese, 20 años después de haber colocado el denuncio vienen a recordar. Pero bueno. Yo creo que después de 20 años recordar no es fácil, pero es posible”.
Ese recuerdo, el de la vida y la muerte de Kimy Pernía, transcurre a la orilla del río Sinú.
Nació en la ribera, en la comunidad Emberá del Alto Sinú y creció en una época en la que el río tenía tantos bocachicos que “las mujeres salían y los pescaban con machetes, porque los peces se entorpecían entre ellos mismos para salir”, como contó en una entrevista en marzo de 2001, tres meses antes de ser asesinado.
A ese Sinú abundante –que cambió luego de la construcción de la represa– le dedicó su activismo. En octubre de 1994, antes de la desviación del río, lideró el acto simbólico ‘Adiós río’, en el que cerca de 800 indígenas recorrieron el Sinú en balsas, en una protesta flotante que cruzó Tierralta y siguió el cauce hasta Lorica.
Así consiguieron visibilidad y los primeros acuerdos con el Gobierno. Kimy Pernía no paró desde entonces: participó en la toma de la Embajada de Suecia en 1996, visitó Estados Unidos, Argentina y Canadá para exponer el caso. El cambio de milenio no lo tomó al borde del Sinú, sino a 2.625 metros sobre el nivel del mar, en Bogotá, en una carpa en los jardines del Ministerio de Medio Ambiente, tomados durante cuatro meses por los Emberá para presionar el cumplimiento de los acuerdos previos.
Por esos días, dio una charla en la Universidad Nacional en un foro de la Maestría de Medio Ambiente: “El desarrollo para nosotros es que nos cambien el sitio de restos de nuestros muertos como si fueran huesos de animales. Nos dicen que somos egoístas, y a los cinco políticos y los blancos que quieren ganar plata con Urrá les dicen que representan el interés de la nación”, dijo.
Era diciembre de 1999. Un par de meses después, recuerda Armando Valbuena, él y otros delegados de la Organización Nacional Indígena de Colombia se reunieron con Carlos Castaño para hablar sobre las amenazas contra varios activistas opuestos a la represa.
“El mismo Carlos Castaño nos dijo que no toleraban a Kimy porque estaba oponiéndose al desarrollo”, dice Alberto Achito, secretario general de la Onic en esa época.
El 2 de junio de 2001, a las 6 de la tarde, Kimy Pernía salió de una cabina de Telecom en Tierralta, a una cuadra de la oficina del Cabildo Mayor, cuando fue interceptado por dos hombres que lo obligaron a subirse a una moto.
Él se resistió. El relato de la Comisión Colombiana de Juristas, que siguió el caso durante más de una década, dice que “según versiones de vecinos del lugar, Kimy gritaba en repetidas ocasiones: ‘Me cogieron’. Posteriormente, cerca de la estación de gasolina ubicada en la carretera que conduce de Tierralta a Montería, él se volvió a bajar y fue obligado a subir de nuevo a la moto”. Fue la última vez que lo vieron.
13 días después llegó a Tierralta una caravana de más de 1.000 indígenas de varios departamentos -Katíos, Chamíes, Dobidás y Emberá- para buscarlo. También los medios. Consultado por El Espectador el 16 de junio de 2001, Armando dijo: “Finca por finca, casa por casa, no quedará un solo rincón de las praderas de Córdoba donde no exploremos su rastro”.
No pudieron hallarlo. En ese momento, según la confesión de Mancuso ante Justicia y Paz en 2007, el cuerpo estaba enterrado en una fosa común en la finca Las Delicias. Al año siguiente, ante una inspección de la Fiscalía, Mancuso recibió otra orden de Castaño: “Sáquelo del área y tírelo al Sinú”.
El cauce del río fue el que terminó de borrar el rastro de Kimy Pernía.
El pasado 23 de octubre Mancuso dio más información. Dijo que lo tiraron frente al planchón de Calleja, corregimiento de Tierralta.
Entonces la hija de Pernía, Martha Cecilia Domicó, sintió que con esa confesión su padre por fin podía descansar. Hasta ahora, dijo durante el acto en la Comisión de la Verdad, cuando le daban flores “no sabía ni a dónde llevarlas”.
“Señor Mancuso, ya me ha dicho qué hicieron con él. Vamos a llevarle a Calleja y voy a llevarle las rosas allá para que él tenga la tranquilidad”, dijo.
Pero esa tranquilidad, dice Gerardo Jumi, exsenador indígena del Polo Democrático, no llegará hasta que la verdad esté completa: “Hasta que Mancuso diga qué agentes del Estado o funcionarios participaron. Quiénes dieron la orden del secuestro, la desaparición y el asesinato”.
Urrá, el sueño de una clase política
Esta información no se sabrá hasta que el exparamilitar dé los detalles que anunció hace unas semanas en la Comisión de la Verdad.
Por ahora, lo que se sabe es que Urrá ha tenido detrás a parte de la clase política cordobesa con el manejo burocrático de la empresa, la cual según nos dijeron dos fuentes de la zona es considerado un botín con 7.968 millones de pesos de presupuesto para salarios en 2019, de acuerdo con el informe de gestión de ese año.
Justamente, varias de sus cabezas visibles de esta clase política están siendo investigadas por relaciones con Salvatore Mancuso, el que mató a Kimy.
Pero más que un vínculo circunstancial entre Urrá y esta clase política, la hidroeléctrica es un proyecto en el que trabajaron varias generaciones de las casas políticas de Córdoba.
“Desde la infancia oía a mi padre hablar de Urrá”, le dijo a La Silla una fuente perteneciente a una de las familias superpoderosas de Córdoba, que pidió no ser citada.
La idea de usar caudal del río Sinú para generar energía apareció desde 1942, propuesta por los representantes costeños Miguel Francisco de La Espriella, abuelo del exsenador Antonio Guerra de La Espriella y de la actual senadora María del Rosario Guerra; y José Miguel Amín, patriarca de una de las casas liberales más importantes de Córdoba y abuelo del hoy representante Fabio Amín.
El proyecto solo se concretó medio siglo después. En medio de la crisis de energía por el apagón en 1992, fue constituida la Empresa Multipropósito Urrá y un año después obtuvo la licencia ambiental para construir la presa.
En ese momento, de acuerdo con dos fuentes de los clanes políticos de Córdoba, la hidroeléctrica era impulsada por políticos cordobeses visibles como Francisco Jattin, padre de Zulema Jattin; y Jorge Ramón Elías, conocido como ‘Joche’, condenado por el proceso 8.0000 y tío del exsenador de La U Bernardo ‘Ñoño’ Elías, condenado en el escándalo de Odebrecht.
El primer presidente de la empresa Urrá nombrado por la junta directiva fue, de hecho, el primo de Zulema Jattin, José Camilo Manzur Jattín.
“Los siguientes presidentes, Alfredo Solano y el actual, Rafael Piedrahita, están desde esa época y fueron al principio del kínder que armó Jattin”, nos dijo una de las fuentes mencionadas.
Para el momento de llenado de la presa, durante el gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002), la casa Jattin había cambiado de líder -Francisco Jattin perdió su curul en el Congreso en 1996 por vínculos con el proceso 8.000 y su hija Zulema llegó a la Cámara-. Entonces también cobró protagonismo el senador conservador Julio Manzur.
“Manzur se mantenía en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente con otros congresistas de Córdoba haciendo presión, preguntando por qué no se aprobaba la licencia para llenar la presa, que se tuvo que tramitar por aparte de la de construcción”, dijo un funcionario del Gobierno de la época.
Tres fuentes cercanas a la política en Córdoba nos dijeron que los Jattin conservaron el manejo político de la presa hasta este año, cuando ante la renuncia de Alfredo Solano, presidente de la presa por 25 años, tuvieron una puja política con el sector de la senadora del Centro Democrático Ruby Helena Chaguí, quien es cuñada de la representante de la U Sara Piedrahita Lyons.
“Zulema quería poner al gerente Carlos Díaz, quien también llevaba muchos años en la empresa, pero la junta directiva de Urrá eligió a Rafael Piedrahita, el papá de Sara”, nos dijo uno de los políticos de Córdoba y agregó que “Alejandro Lyons manda ahora en Urrá”. Esto porque Sara Piedrahita es a la vez prima y ha sido ahijada política del exgobernador de Córdoba condenado por corrupción Alejandro Lyons.
Pese a esto, la casa política de Jattin sigue vigente, no solo fue consentida con burocracia durante el gobierno Santos y ha manejado la alcaldía de su pueblo, Lorica, sino que en las elecciones de 2018 logró poner a un representante a la Cámara por el Partido de la U, Jorge Enrique ‘el Titi’ Burgos, con la tercera votación entre los cinco representantes de Córdoba.
A la cabeza sigue Zulema Jattin, incluso después de que renunció al Congreso en 2009, investigada por parapolítica. Recientemente pidió pista para ser aceptada en la Jurisdicción Especial de Paz, aunque el año pasado fue rechazada.
Entre los indicios por los que investigan a Jattin está, como contamos, una supuesta alianza junto a congresistas como Julio Manzur, Reginaldo Montes, Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de La Espriella -estos últimos tres fueron condenados- que buscó el apoyo de los paramilitares para oponerse al clan liberal cordobés de los López en las elecciones a la Gobernación en 2003.
También llama la atención que, en 2006, Jattin propuso como su fórmula a la Cámara al paramilitar desmovilizado Jairo Andrés Angarita, segundo comandante de Mancuso en Córdoba, pese a que solo cuatro años antes había sido secuestrada por Mancuso durante 20 días.
Por su parte Julio Manzur -cuyo hijo Wadih Alberto es representante a la Cámara-, también renunció en 2009 al Congreso investigado por la misma alianza que Jattin, y recientemente su proceso sí fue aceptado por la JEP.
En el comunicado en el que se anunció, la Jurisdicción explicó -con base en la acusación proferida por la Corte Suprema- que “probablemente el excongresista Manzur Abdala asistió a reuniones presididas por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, situación que puso en evidencia el vínculo de amistad existente entre aquellos”.
Recordar luego de 20 años no es fácil, pero es posible. En Córdoba, dos historias que están inconclusas -el asesinato de Kimy Pernía y los vínculos entre paramilitares y políticos- volvieron a los titulares por las palabras de Mancuso. Ahora, el trabajo de las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz es averiguar si son relatos que deben contarse juntos.
