Seguimos documentando la historia de los primeros campesinos beneficiados por la restitución en Sucre.
El día para Rugero Ruiz y Olis Aguas comienza a las 5 de la mañana apenas cuando el sol empieza a salir en Pertenencia, una finca de los Montes de María ubicada en el corregimiento de Cambimba en Morroa (Sucre). Entre el cantar de los gallos y el cacareo de las cerca de 30 gallinas ponedoras que tienen, Rugero se alista para reunir y ordeñar sus siete vacas lecheras mientras Olis prepara café y desayuno.
Estos esposos fueron los primeros campesinos en Sucre a quienes el Gobierno les devolvió sus tierras después de haber sido desplazados por el frente 35 de las Farc, que dominó los Montes de María sucreños bajo la batuta de su temible comandante ‘el pollo Irra’, abatido hace nueve años por el Ejército. Hoy, tras casi cinco años de que Rugero y Olis regresaron a su parcela, aún su reparación no está completa.
La historia de la familia Ruiz no es extraña para nosotros. Su largo camino hacia la restitución y reparación integral ha sido documentado por La Silla Vacía desde que retornaron a Cambimba gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Bolívar (2013), que les devolvió sus 5 hectáreas de tierra en una decisión histórica por ser la primera del país fallada a favor de unos reclamantes que le disputaban los terrenos a un declarado tenedor de buena fe.
La última vez que visitamos a los Ruiz fue hace dos años y para ese entonces aunque ya tenían su finca “parada y produciendo” todavía el Estado no había terminado de cumplir con todo lo ordenado por la sentencia para su reparación.
Hoy, pese a avances importantes, como la construcción de su anhelada casa de materiales, siguen esperando la indemnización que debe darles la Unidad de Víctimas para poder hacer sostenible su proyecto de vida y las vías de acceso que les faciliten sacar sus productos agrícolas a la venta.
Grandes transformaciones
Cuando Rugero y Olis regresaron a sus tierras en 2014 encontraron su antiguo hogar invadido por el monte y totalmente destruido. Sin embargo la felicidad fue tal que, según cuentan, corrieron como locos para llegar a su terruño.
Lo primero que construyeron con los 600 mil pesos que les dio la Unidad de Tierras para el desmonte y adecuación del terreno fue un ranchito de palos y palma seca donde Rugero dormía desde las primeras noches en las que cualquier ruido brusco les hacía pensar en el regreso de la guerrilla.
Pero eso ya quedó atrás. De los 10 años de desplazamiento en Corozal, el segundo municipio sucreño después de la capital, Sincelejo, en donde aún viven tres de sus nueve hijos, no les gusta acordarse y prefieren concentrarse en el vuelco que les dio la vida desde la sentencia que los restituyó y en el esfuerzo que han invertido para sacar adelante a su pedazo de tierra.
“Aquí se acabó la guerrilla y ha vuelto a ser la región sana que siempre había sido”, dice Rugero.
Su ranchito todavía existe y hoy es más grande, ahí reciben las visitas de sus familiares o amigos que se quedan a dormir en su finca. Al lado, construyeron también con palos y palma seca un espacio amplio donde Olis tiene su cocina, cuelgan tres hamacas y hay un televisor con TDT, al cual dan energía gracias a un panel solar que les dieron como parte del proyecto productivo que acompañó su restitución.
Dicho proyecto también incluyó cuatro vacas lecheras (hoy tienen siete) un jagüey para almacenar el agua de los animales (que Rugero tuvo que ampliar por haber quedado muy pequeño) y capacitación para el cuidado de los cultivos.
Rugero y Olis ahora duermen en una casa de cemento y techo de zinc que, por fin, después de cuatro años de espera, les construyó el Banco Agrario, como ordenaba la sentencia de restitución.
Sin embargo, la casita que tiene dos cuartos, una cocina y un baño, quedó sin terminar porque al ingeniero de la obra se le acabaron los 15 millones de pesos que giró el banco para su construcción.
La casa, que no tiene un año de haber sido entregada, le falta el pozo séptico para el baño, tiene la regadera desprendida, las puertas de los cuartos dañadas y cuando llueve con brisa se inunda su pequeña sala, la cocina y los cuartos. Por eso los Ruiz solo la usan para dormir y pasan la mayor parte de su día en su ranchito de palos y paja.
“El ingeniero hizo hasta donde le alcanzó y la verdad trabajó muy bien”, dice Rugero, agradecido por tener su casa de materiales, una que todavía esperan varias familias restituidas del sector.
Las vacas le producen diariamente entre 22 y 24 litros de leche, los cuales vende a un intermediario que religiosamente llega todos los días a eso de las 7:30 de la mañana y le compra el litro a 900 pesos.
Este ingreso representa su sustento diario y el poco dinero que requiere su familia para comprar los alimentos que no les da el suelo que pisan, del que les tocó huir y por el que llevan años trabajando para recuperar.
Aparte de la casa, los cambios también se ven en el terreno donde antes había monte y hoy hay lugar para tener a los animales. En la finca de Rugero ya no hay un solo jagüey sino cuatro, los otros tres los construyó alquilando un bulldozer a 130 mil pesos la hora para llevar agua a la zona más alta de su predio que antes era seca, lo que dificultaba tener cultivos y ganado.
El tema del agua fue uno de los problemas principales que debió afrontar cuando empezó a adecuar nuevamente su terreno. En los dos últimos años dice que tanto él como los otros campesinos del sector han tenido el apoyo de la FAO (la organización para la Alimentación y Agricultura de la ONU), que ha construido varios lagos en Cambimba y están próximos a instalar el agua.
Mientras recorre los caminos que llevan a sus cultivos cuenta de la visita de un francés de la FAO a quien puso a caminar por los senderos que construyó para moverse en su parcela. Con el machete apoyado en su espalda y un sombrero de paja para protegerse del sol, repite y saca pecho cada vez que pasamos por uno nuevo: “todo esto era puro monte, hoy son potreros, caminos y sembradíos”.
Después de caminar unos minutos llegamos a los cultivos de yuca, ñame, papaya y maíz que tiene esparcidos por la zona más alta de su terreno, que paradójicamente limita con la finca de quien compró las tierras de los Ruiz cuando salieron huyendo a Corozal por miedo a la guerrilla hace ya 20 años.
En el primer año de su regreso, cuenta Rugero, hubo problemas con la mujer dueña de las tierras vecinas ya que trató de presionarlos y recriminarles el hecho de que hubieran vuelto. Eso se calmó, afirma, gracias al acompañamiento que desde su retorno les ha hecho la Policía, que todavía hace visitas periódicas para garantizar que estén seguros.
“Nosotros nunca hemos querido problema con nadie, solo queríamos volver a nuestra tierra. Nunca estuvimos de acuerdo con que a ella no le reconocieran algo por lo que nos devolvieron a nosotros”, afirma.
Incertidumbre hacia el futuro
A los cultivos nos acompañaron Santiago, primo de Rugero, y Guillermo, primo de Olis, quienes viven en Corozal desde que fueron desplazados de sus tierras junto con sus parientes. Ellos aún esperan por su restitución, que no ha salido pese a que pusieron la reclamación al mismo tiempo que Rugero y Olis.
“Los procesos de nosotros no han salido y yo la verdad no se que pasa, nos dicen que hace dos años están en Bogotá y todavía no nos han dado respuesta”, dice Santiago, a quien la guerrilla le mató dos hermanos y lo hizo huir de sus tierras en El Coco, otra de las veredas de Morroa.
Mientras Guillermo escoge las matas de yuca que ya están listas y las arranca del suelo hasta llenar el saco que se llevó cargado al hombro, Santiago hace lo propio con el ñame y nos cuenta que la venta cada vez está más dura.
Hoy el precio por 45 kilos es de 15 mil pesos, cuando el año pasado se vendía por 40 mil pesos. Algo similar pasa con el ñame que hace dos años llegó a costar 90 mil pesos los 50 kilos y hoy por la misma cantidad máximo se vende en 30 mil pesos. “En enero no te daban más de 10 mil pesos”, recuerda Santiago.
“El problema son las vías de acceso que todavía estamos esperando que construyan”, dice Rugero recordando uno de los pendientes de su reparación. El camino que de su parcela lleva a la carretera es una trocha que se recorre en moto en unos 10 o 15 minutos, pero si llueve los campesinos que viven en el sector quedan incomunicados.
Por eso Rugero cuenta con sus vacas lecheras como principal fuente de ingresos y espera pacientemente porque llegue la indemnización prometida con su restitución, la cual planea usar para comprar más vacas y hacer sostenible su sustento.
“Con la sentencia nos dijeron que teníamos derecho a reparación y una indemnización ya vamos para cinco años y ¿donde está eso?”, reclama.
Aunque no está seguro de cuánto le corresponde, por vecinos que ya han sido indemnizados calcula que pueden ser unos 12 millones de pesos. Con eso se compraría cinco vacas para que durante todo el año pueda producir leche y contar con un ingreso fijo diario.
En la Silla Caribe contactamos a la Unidad de Víctimas en Sucre para preguntar por la indemnización de los Ruiz y nos respondieron que el proceso de Rugero y su esposa va adelantado y que su pago está programado para este año.
Rugero espera que ese dinero llegue pronto, al menos antes de que Juan Manuel Santos salga de la Presidencia porque, dice, con un nuevo Gobierno no se sabe que pueda pasar con los procesos de las víctimas y la restitución de tierras.
“Hay mucho opositor a la restitución que quedó en la zona pero hay que mantener viva la idea de la restitución de tierras y demostrarle a la gente que no es mentira, que esto es necesario y ojalá a todo el mundo le entregaran la tierrita”, dice Rugero.
Esa incertidumbre y el sentirse solo porque muchos de sus vecinos aún no han podido retornar, lo tiene pensando en cambiar de sector, “uno que por lo menos tenga vías de acceso porque aquí no las hay”.
Pero esa sigue siendo una idea lejana y por el contrario se aferra a que el Estado termine de cumplirles ya que su deseo es vivir con su familia en tranquilidad y en el campo.
“Quedarse uno sin el pedazo de tierra nunca. Yo en el pueblo no me sé manejar”, sentencia.
