El proyecto de la ciénaga de Mallorquín ha sido la obsesión de Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla. Se trata de la obra con la que el jóven político que llegó impulsado por la casa Char apuesta a dejar un legado propio en la ciudad.
En su primer mes de gobierno, en enero de 2020, Pumarejo citó a políticos y funcionarios a la sala de cine de Royal Films para presentar el ecoparque de la ciénaga de Mallorquín.
En ese entonces Pumarejo dijo que “la primera etapa y la más importante” del proyecto era la recuperación ambiental. No obstante, las obras ya arrancaron y hasta ahora se ha priorizado la construcción de infraestructura turística y la recuperación ambiental no ha iniciado.
El proyecto se realiza en la ciénaga de Mallorquín, una laguna costera enorme junto a Bocas de Ceniza, la desembocadura del río Magdalena en el Caribe. La gran apuesta de Pumarejo es volver atractivo turísticamente el lugar que tiene tres cuerpos de agua, pero que hoy es de difícil acceso y poco visitado.
Las obras arrancaron en mayo del año pasado y la inversión ya supera los 260 mil millones de pesos, y cuenta con el préstamo de organismos multilaterales. Mientras el proyecto ha sido publicitado ante el ahora expresidente Iván Duque, en la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en Europa, las comunidades que se verán afectadas por la obra se quejan ante la falta de diálogo y servicios básicos.
Los barrios que rodean tienen problemas de seguridad y de infraestructura primaria, como el alcantarillado. En contraste, en paralelo a la megaobra de la ciénaga de Mallorquín, a escasos metros, cuatro compañías inmobiliarias ya están construyendo y vendiendo apartamentos de alto valor, que tendrán vista al mar, al río y al ecoparque de la ciénaga.
Cíenaga de Mallorquín, un reto de gran potencial
El alcalde Pumarejo ha dicho que quiere convertir a Barranquilla en la “gran biodiverciudad” de Colombia. Y la recuperación de la ciénaga de Mallorquín tiene un gran potencial. Esta esquina privilegiada donde el gran río de Colombia llega al mar está desaprovechada y tiene grandes retos.
Tiene playa, conocida como Puerto Mocho, pero el agua es turbia y llegan desechos que arroja el Magdalena al mar por lo que es poco apta para bañistas. Sin embargo, la vista del río en su máximo caudal es imponente y ya existe una oferta reconocida de restaurantes a su orilla.
Al otro lado está la ciénaga, un espejo de agua imponente de 650 hectáreas, aún recibe residuos de las comunidades vecinas que no tienen acueducto, los desechos de industrias del sector y la contaminación del Arroyo León. Además, los accesos a la misma son difíciles y tienen poca oferta de actividades familiares o recreativas.
Encima de todo, los cuerpos de agua están ubicados en el barrio Las Flores, una zona popular de disputa entre bandas criminales, lo que también merma la asistencia.
En ese contexto, el proyecto de Pumarejo es la creación de un ecoparque con un sendero peatonal y cicloruta en medio de la ciénaga de Mallorquín, que tenga zonas de descanso, parqueadero, avistamiento de aves, piscina natural y un muelle para pequeñas embarcaciones.
El proyecto también consta de la construcción de un paseo peatonal y un tren turístico que conecte a la ciénaga con la playa de Puerto Mocho, que también se remodelará turísticamente.
Estos proyectos suman una inversión de más de 260 mil millones de pesos, contratados a través de la empresa de economía mixta Edubar, que fue clave en el polémico modelo de contratación del antecesor de Pumarejo y su padrino político, Álex Char. Para la obra han prestado recursos la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Deutsche Bank y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El ahora expresidente Iván Duque también destacó el proyecto ante la Unesco y a pocos días de finalizar su periodo le dio el aval a Pumarejo para pedir un crédito de 100 millones de dólares, unos 439 mil millones de pesos, ante el BID.
Esa solicitud la hizo la Alcaldía de Barranquilla con el sustento de que hace parte del programa “Biodiverciudad y Equidad Urbana en Barranquilla”, no obstante la parte ambiental ha sido la menos prioritaria.
Mucho gris poco verde
Apenas la semana pasada se anunció la primera adjudicación para la recuperación ambiental de la ciénaga. Es una contratación de la Corporación Autónoma Regional (CRA) del Atlántico por 7 mil millones de pesos, que consiste en sembrar algas que se alimentan de los desechos orgánicos y ayudan a limpiar el agua.
Pero la medida no soluciona otros los problemas del cuerpo de agua y es considerablemente inferior a las inversiones en infraestructura. En un informe de 2018 de Barranquilla Verde y la Universidad del Atlántico se reconoce como principales fuentes de contaminación el Arroyo León, que recoge aguas de la planta del barrio El Pueblo y de barrios de invasión alrededor de la ciénaga que vierten sus desechos allí porque no tienen alcantarillado.
Además, en el corregimiento La Playa el sistema de alcantarillado es deficiente por lo que a veces el agua se desborda en las calles y desemboca en la ciénaga y, dice el informe, que industrias ubicadas en la zona también estarían arrojando desechos.
Al respecto de las inversiones en materia medioambiental, el profesor de la Universidad del Atlántico y doctor en oceanografía Iván León dice que “Los principales problemas de la ciénaga son las aguas contaminadas del Arroyo León y las aguas residuales domésticas de las poblaciones aledañas, y allí no se ven soluciones”.
“Los causantes verdaderos de la contaminación, que desde mi punto de vista debieron ser resueltos antes de iniciar el proyecto, van a ser relegados incluso a después que inauguren el proyecto”, dice el politólogo Pablo Pachón, quien le ha hecho veeduría al proyecto.
En la CRA dicen que, además de la inoculación de algas, no hay otros proyectos programados para la recuperación de la calidad del agua de la ciénaga. En la Alcaldía no han publicado información al respecto y tampoco respondieron a consultas de La Silla.
Sumado a la parte ambiental, las comunidades que viven y trabajan en el lugar y sus alrededores se quejan por la falta de socialización y por la vulneración de sus derechos. El año pasado, varias familias que vivían en zonas de invasión fueron desalojadas a la fuerza.
La comunidades olvidadas en la “biodiverciudad”
Sentada en su casa en el barrio Las Flores, a escasos metros de donde se construye el ecoparque, la activista y líder comunitaria María Correa se queja de la escasa socialización que ha tenido el proyecto de la Alcaldía de Barranquilla.
“El proyecto se socializó en la asamblea del BID, se socializó con el presidente Duque, ahora estuvieron en Europa. Toda esa ambientación se hace para la otra ciudad, pero no para la ciudad vulnerable, sobre ella se hacen las cosas”, dice Correa enojada.
En ese sentido, un informe de la ONG Foro Costa Atlántica, que le ha hecho seguimiento al tema, concluye que “información alrededor del proyecto recibida por la comunidad en los espacios de socialización ha sido limitada y genérica, lo que refleja un bajo nivel de transparencia y rendición de cuentas”.
María Correa dice que le indignó un video del alcalde Pumarejo en el que anuncia una convocatoria para el cambio de nombre de la playa de Puerto Mocho. María cuenta que la playa se llama así por la actividad de antiguos pescadores que pescaban con dinamita y por accidentes varios quedaron sin brazos.
“Ese es el proceso de gentrificación. Nos quitan la historia. Llega como un iluminado el alcalde, en un periodo de cuatro años, y borra de tajo el nombre sin ninguna argumentación histórica”, dice Correa.
En la comunidad hay una sensación de atropello. En julio del 2021, la fuerza pública desalojó a alrededor de 35 familias, asentadas irregularmente alrededor de la ciénaga, lo que ocasionó enfrentamientos y disturbios.
Según gente de la comunidad, eran personas que vivían allí hace alrededor de 10 años. De forma irregular, construyeron en terrenos públicos sus casas con madera, plástico y cartones. Casi todos fueron desalojados. Hay otras familias que también serían desalojadas de la zona cuando avance el proyecto.
Además de las familias que viven en invasiones, las personas que trabajan del turismo en la zona ven el panorama con preocupación.
José Ermides Cantillo tiene 24 años trabajando en el lugar transportando a personas en trencitos artesanales, desde la zona de restaurantes de Las Flores hasta la playa de Puerto Mocho y Bocas de Cenizas. Su negocio, y el de cinco propietarios de trencitos más, está en riesgo porque en su espacio de trabajo ya inició la construcción de un tren turístico moderno que hace parte de las obras del ecoparque.
“El futuro de nosotros es incierto. Si no llegamos a un acuerdo lo que haremos será tomar vías de hecho, una huelga de hambre, amarrarnos”, dice. Cantillo comenta que en la Alcaldía les han dicho que trabajarán en el tren que se está construyendo, pero ellos exigen una indemnización.
Ana Morales, de 67 años, tiene una caseta a la orilla de la playa de Puerto Mocho donde vende pescados y cervezas. Tiene 35 años viviendo y trabajando con su familia allí. Sin embargo, funcionarios de la Alcaldía le han dicho que va a necesitar el pedazo y que la van a tener que reubicar.
Ella exige una indemnización y aún está desorientada: “No nos han dicho cuándo va a comenzar el proceso, no nos han comunicado nada”.
La ejecución del ecoparque es el legado que quiere dejar el alcalde Pumarejo a la ciudad, uno que ponga a la ciudad a mirar una ciénaga históricamente olvidada y que, desde ya, está causando una millonaria inversión inmobiliaria en el sector.
Mientras eso pasa, las comunidades que habitan allí se sienten atropelladas y que las obras no son para ellos, sino para otra ciudad.
