“Ayer pagué 635 mil pesos del recibo de la luz, y hasta hace seis meses pagaba entre 300 mil y 380 mil pesos”, dice Octavio Pacheco, dueño de una heladería Las Delicias en Sincelejo. En el último año las tarifas de energía han aumentado más de un 40 por ciento en todas las ciudades del Caribe, un problema que ha causado reclamos en una región que votó mayoritariamente por el presidente Gustavo Petro.
Presionado para dar respuestas, el Gobierno se ha movido de manera contradictoria. Por un lado, en el Congreso de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, calmó los ánimos y habló de “construir una solución conjunta” con las empresas del sector. Pero al día siguiente, en el mismo congreso, el presidente, Gustavo Petro, ordenó al Ministerio de Minas asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para intervenir el mercado de energía, es decir, para regular las tarifas.
Y este domingo, en una entrevista en El Tiempo, la ministra Vélez parece echarse para atrás de la intervención: “Antes de cualquier decisión tendremos un diálogo, esperando que las empresas de generación tomen acciones radicales e inmediatas que favorezcan a la ciudadanía”.
Como sea, en el caso del Caribe, la manera como cambió el negocio de energía, tras la venta de Electricaribe en el gobierno de Iván Duque, hace que más allá de la intervención una solución de fondo sea mucho más compleja y arriesgada para Petro.
Por ahora, no está claro qué puede hacer el Gobierno usando las facultades que tiene la Creg, hoy manejada por personas nombrados por el entonces presidente Iván Duque. Este fin de semana la comisión sesionó, y la intervención no se ha hecho efectiva. Pero el anuncio dejó al sector privado de los servicios públicos nervioso y confundido, y genera temor sobre el uso de facultades extraordinarias por parte de Petro para gobernar. “Estábamos fríos”, dijo el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.
Petro, sin dar detalles, ha defendido la decisión comparando la intervención con lo que ha pasado en Europa, por lo que todo apunta a que buscará modificar la tarifa, pero eso no será tan fácil en la Costa, donde está el mayor clamor alrededor del problema.
Los debates que abre la intervención de las Creg
El presidente Petro hizo el anuncio en el Congreso de Andesco: “Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera. Tenemos un artículo de una ley hecha por Duque que nos permite asumir las funciones de la Creg. Ese artículo lo vamos a usar”.
Petro parece referirse al artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Duque, que trata sobre los “nuevos agentes” del mercado. Uno de los parágrafos del artículo da a la Creg la facultad de modificar las tarifas vigentes “cuando ello sea estrictamente necesario y motivado en la inclusión de nuevos agentes”. Luego, en otro apartado, le da la facultad al presidente de asumir las funciones de la Creg. Esa última facultad es la que estaría utilizando Petro.
Como los dos operadores de energía del Caribe, Air-e y Afinia, funcionan con un régimen transitorio especial, estipulado en el Plan de Desarrollo de Duque, podrían ser considerados “nuevos agentes”, aunque esto abre un debate jurídico.
Sin embargo, modificar algunos ítems de la fórmula que reduzcan el valor de la tarifa podría implicar que el Estado asuma lo que las empresas dejen de ganar. Concretamente, el ítem de las pérdidas de energía, que se da por cuestiones técnicas y por robos de energía o fallas en la infraestructura, que creció alrededor de un 270 por ciento en el cobro de la factura.
El exministro de Minas Amylkar Acosta dice que “hay un obstáculo: eso fue pactado con las empresas, si a las empresas le cambian lo acordado el Gobierno tendría que reconocerle a las empresas lo que dejen de recibir por ese concepto”.
El régimen transitorio especial para el Caribe hizo parte de un paquete de medidas que Duque incluyó en el Plan de Desarrollo, respaldadas por los congresistas costeños, para hacer atractiva una subasta para que privados se quedaran con la prestación del servicio en la región, antes manejado por la desprestigiada y ya liquidada Electricaribe.
Otro ítem que ha aumentado el costo de la factura a nivel nacional es el Índice de Precios al Productor (IPP), pero su solución parece menos conflictiva. De hecho, el gerente de EPM (que maneja el servicio en cuatro departamentos a través de Afinia) Jorge Carrillo anunció que están dispuestos a cambiar el indexador (el IPP) para reducir las tarifas.
Mientras tanto, alrededor de 10 millones de personas en el Caribe siguen sufriendo con tarifas altas y con un servicio deficiente.
La solución a medias de Duque
En 2016 el Gobierno Nacional, bajo Juan Manuel Santos, intervino Electricaribe y buscó vender la operación a un privado. No obstante, los intentos de venta se frustraron porque el negocio no era atractivo.
El operador elegido tendría que asumir un pasivo pensional de 1,5 billones de pesos y, además, las condiciones de la infraestructura deteriorada y las conexiones ilegales hacían que entrar al negocio tuviera altos riesgos.
En 2018, la solución del entonces presidente Duque fue incluir en el Plan de Desarrollo varios artículos que permitieran que la prestación del servicio de energía en el Caribe fuera más rentable para las empresas privadas interesadas en el negocio.
Primero, Duque dividió el mercado en dos: Caribe Sol (que cubría Atlántico, Magdalena y La Guajira) y Caribe Mar (que cubría Cesar, Sucre, Córdoba y Bolívar) y permitió que una sola empresa pudiera quedarse con el 35 por ciento del mercado nacional (antes el tope era 25 por ciento). Con ello garantizó que empresas grandes y con experiencia estuvieran habilitadas para la subasta.
Además, el Plan de Desarrollo de Duque incluyó otros beneficios para endulzar el negocio. Por un lado, aprobó un artículo por medio del cual asumía el costo pensional de Electricaribe de 1,2 billones de pesos. Por el otro, estableció un régimen tarifario especial, que es el motivo principal del incremento actual de las tarifas en la región.
Con esas condiciones se vendieron los mercados de energía del Caribe por un valor que se desconoce públicamente por acuerdos de confidencialidad. EPM, con su filial Afinia, se quedó con el mercado de Cesar, Sucre, Córdoba y Bolívar; y Enerpereira y el fondo de inversión Latin American Capital se quedaron en el mercado en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y bautizaron a la empresa operadora Air-e.
Los operadores se comprometieron a hacer inversiones por 3,7 billones de pesos (Air-e) y por 5 billones de pesos (Afinia) en 10 años.
En septiembre de 2020, para celebrar la llegada de los nuevos operadores, Iván Duque hizo dos eventos en Barranquilla y Cartagena en el que prendió interruptores gigantes en símbolo del renacer del servicio de energía en la región. Políticos y empresarios festejaron y aplaudieron en todo el departamento.
No obstante, esa solución traía consigo una píldora envenenada de la cual no se habló en medio de la celebración: el alza de las tarifas de energía.
El aumento de tarifas
El artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo de Duque plantea un régimen transitorio especial para asegurar la sostenibilidad del servicio: “Con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Costa Caribe (… ) autorícese al Gobierno Nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria”. Con base en eso la Creg emitió varias resoluciones que aumentaron el costo de la tarifa de energía al usuario.
El entonces senador Jorge Enrique Robledo advirtió: “La propuesta sobre Electricaribe de Duque y Carrasquilla (el entonces Ministro de Hacienda) no piensa en la gente. El único resultado seguro es: ‘fuertes alzas a las tarifas’ que favorecen las enormes ganancias de un privado que se quedará con los subsidios del Estado”.
Para el cobro del kilovatio se tienen en cuenta siete conceptos: generación, transmisión, restricciones, pérdidas, distribución y comercialización. La que tiene más afectado el bolsillo de los costeños es el concepto de “pérdida”, porque la resolución 010 de la Creg permite que se cobren las “pérdidas no técnicas”, es decir las que se dan por la fallas de la infraestructura o robos de energía.
Afinia informa que de diciembre de 2020 a agosto de 2022 el costo de las pérdidas por kilovatio subió de 41 a 152 pesos, es decir un aumento del 270 por ciento.
Los usuarios están pagando más por las pérdidas (las fallas en el servicio) que por la generación o distribución de la energía. “Nos están quitando el pan de la boca, el aumento de las pérdidas eléctricas es exorbitante. Nos están cobrando la ineficiencia de la empresa”, dice Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe.
Para el ex superintendente de servicios Elverth Santos el problema es un círculo vicioso: “¿Por qué la gente se roba la energía? porque no la puede pagar. ¿Por qué los operadores tienen una pérdida alta? porque se roban la energía. La luz no es pagable en la Costa”.
Octavio Pacheco es dueño de la heladería Las Delicias y presidente de la asociación de comerciantes de Sucre. En su caso particular tiene que pagar 650 mil pesos por el recibo de energía, alrededor de 300 mil pesos más que hace seis meses.
“En Sucre el sector comercial está trabajando para pagar servicios públicos. Tenemos un pronóstico que nos arroja que si esto persiste, entre enero y marzo alrededor del cinco y ocho por ciento de los negocios cerrarían”, dice Pacheco.
Pero modificar este concepto de la fórmula tarifaria especial, que tiene afectada a la región Caribe, es complejo porque las empresas operadoras en la región acordaron esas condiciones con el Gobierno.
Respecto a modificar el concepto de pérdida en la fórmula, el gerente de Afinia Javier Lastra dice: “Hay que tener en cuenta cuál es la necesidad de capital que tiene una empresa como Afinia para superar ese rezago de inversión, tenemos una infraestructura bastante deteriorada y que hay que transformarla. Estas inversiones tienen un costo y no podría renunciarse a la expectativa de poder contar con los recursos para poder soportar estas inversiones”.
Lastra también dice que están abiertos al diálogo y que deben buscar soluciones colectivas. “Sabemos que hay un malestar general de los usuarios, sabemos que los incrementos han venido han venido ascendiendo de una manera importante. Hay que hacer algo para frenar esa tendencia alcista”, dice.
En todo caso, además del concepto de pérdida, el exministro Amylkar Acosta también identifica otro aspecto del régimen transitorio especial que está haciendo mella en el bolsillo de los usuarios: el cobro de inversiones proyectadas, y no las ejecutadas, como sucede con los operadores de otras regiones. “Así lo admitió la Resolución de la Creg al aprobar el expediente tarifario de estos dos operadores con base de los costos por ‘planes aplicados’, esto es por las inversiones programadas y no por las inversiones ejecutadas”, dice Acosta.
Para Acosta con la intervención de la Creg, el Gobierno podrá modificar la fórmula tarifaria. No obstante, según su concepto, si modifica el régimen transitorio especial el Gobierno tendría que reponer las utilidades que dejen de recibir los operadores. “En la práctica sería lo mismo que están pidiendo del famoso Fondo de Estabilización, pero la ministra de Minas ya dijo que no es viable, que el Gobierno no tiene de dónde”, dice Acosta.
