La decisión de dejarle al gobierno de Gustavo Petro la determinación sobre la adjudicación de las obras de canal de Dique, proyecto que asciende a 3,2 billones de pesos, no solo tuvo presiones externas sino también internas.
La Silla Vacía obtuvo la carta con la que la vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Diana Cardona, sobre quien recaía la adjudicación del megaproyecto de infraestructura, renunció a su cargo. “Creo que es necesario mover el cronograma actual”, dijo ante el afán del Gobierno Duque de dejar el contrato adjudicado antes del 7 de agosto.
Cardona confirmó que Manuel Gutiérrez, el presidente de la ANI, aceptó esta mañana su dimisión y se negó a responder preguntas sobre los detalles de su salida.
Al aceptar la renuncia de Cardona, el presidente de la ANI se convertía en el funcionario encargado de adjudicar el contrato y asumía directamente la responsabilidad legal de esa decisión. Sin embargo, cuando se concretó esa salida, Gutiérrez cambió de opinión sobre la necesidad de dejarlo entregado, y anunció que esa decisión se aplazaría hasta la llegada del nuevo Gobierno.
La carta de la funcionaria presionada
En la carta dirigida a Gutiérrez, la economista Diana Cardona, que llevaba 11 años en la ANI, explicó que aunque considera que la entidad ha hecho bien el proceso de estructuración y de selección, “se debe dar una mayor explicación técnica a quienes estarán en el sector por los próximos cuatro años”.
Cardona relata que le pidió a Gutiérrez no adjudicar de afán el contrato al único proponente, la firma española Sacyr, y esperar al menos unas semanas: “como responsable del proceso y ordenadora del gasto, debo ver todos los elementos y situaciones que rodean el proceso y que ameritan que este cronograma se mueva un par de semanas”.
Se trata de una de las mayores licitaciones del Gobierno Duque y su adjudicación antes del 7 de agosto había sido defendida como una prioridad por el mismo presidente. “Es un proyecto que no debe tener espera porque es el proyecto de adaptación al cambio climático más importante que se va a hacer en Colombia”, afirmó en una entrevista en El Tiempo. Sin embargo, el afán de dejar el contrato entregado había despertado una amplia polémica entre miembros del gobierno entrante de Gustavo Petro.
Precisamente, Cardona pide más tiempo para tener en consideración la oposición de comunidades aledañas al canal, los reparos del equipo de empalme de Petro, las peticiones de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de socializar el proyecto, y las “comunicaciones de la Contraloría General de la República, solicitando aclaraciones frente a la propuesta y evaluación del único proponente”.
El otro dato revelador de la carta de Cardona tiene que ver con que Gutiérrez se negó a preguntarle a la Superintendencia de Sociedades si la española Sacyr estaba inhabilitada para participar en el proceso, debido a las multas que le impusieron en España por cartelizar la contratación pública de ese país durante 25 años.
“Si bien usted no estuvo de acuerdo en preguntarle a la Superintendencia de Sociedades, y dado a que tengo la responsabilidad del proceso, decidí pedirlo a la Vicepresidencia Jurídica de la ANI”, escribió.
Al aceptar la renuncia de Cardona, el presidente Gutiérrez en la práctica desestimó sus argumentos, pero hoy al anunciar el aplazamiento de la adjudicación, dijo que había tenido en consideración el documento de la Contraloría que preguntaba por los reparos en la estructuración del proyecto y su proceso de selección, así como la petición del Gobierno entrante de no adjudicar el contrato aún.
Sobre esa contradicción, el presidente de la ANI le dijo a La Silla que “una cosa es que me presenten una carta de renuncia irrevocable que yo acepté por supuesto, y otra que tenga que tomar una decisión sobre el proyecto… (la renuncia de Diana Cardona no fue) exclusivamente el motivo, pero lo fue parcialmente”.
En cuanto a por qué terminó cambiando de opinión sobre la adjudicación, si hasta esta mañana se había mantenido en hacerla explicó que “fue una mezcla de factores, usted ve las comunicaciones que llegaron en días recientes de congresistas y del nuevo gobierno y teniendo encuenta la preocupación de Diana y los demas del equipo se toma la decisión”.
Sacyr fue la única oferente en el millonario proceso de selección y en Colombia está investigada por fallas en la construcción del puente Hisgaura en Santander, obra que costó 107 mil millones de pesos y tiene comprometidos 23 mil millones.
Además del canal del Dique, Sacyr también está concursando en la ANI por la construcción de la vía Buga – Buenaventura, proyecto que vale 4,5 billones de pesos.
Este es la carta completa.
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