Esta tarde el presidente Juan Manuel Santos va a ir por primera vez a la sede de los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Aunque oficialmente no se sabe más, hay fuertes rumores de que anunciaría un acuerdo sobre uno de los dos puntos que faltan en las conversaciones, el de los derechos de las víctimas y la justicia transicional que se aplicaría a los guerrilleros, lo que respondería varias de las preguntas más grandes sobre el contenido del acuerdo.
Si es así, solo faltaría acordar el punto del fin del conflicto, que incluye asuntos como la dejación o entrega de armas, la financiación de los acuerdos y el cronograma de su implementación, las garantías para los guerrilleros, la verificación internacional a lo que se acuerde y si habrá una Constituyente para refrendar los acuerdos. También cómo se resuelven los puntos pendientes de los tres primeros acuerdos.
En todo caso, estas serían las 10 principales preguntas que podrían quedar resueltas hoy:
¿Que tanta privación de la libertad van a tener los guerrilleros?
Aunque mucha gente está esperando que haya cárcel, y críticos del proceso como el procurador Alejandro Ordóñez o el ex presidente Álvaro Uribe han dicho que sin cárcel el acuerdo sería insostenible y terminaría engendrando más violencia, ya es claro que cárcel no va a haber. No solo porque Iván Márquez, jefe negociador de las Farc, ha dicho que no firmarán un acuerdo que contemple cárcel para ellas, sino porque el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle ya dijo en su famosa entrevista que no van a ‘haber rejas no piyamas naranjas’ pero sí que habrá “algún tipo de pena privativa de la libertad”.
La pregunta es qué tipo de privación de la libertad tendrán. ¿Estarán concentrados en colonias agrícolas? ¿Qué tan grandes será? ¿Podrán salir de día y volver a dormir allí de noche? ¿Estarán obligados, por ejemplo, a participar en el desminado o a hacer trabajo comunitario?
¿Qué tanta impunidad habrá?
No hay duda de que el proceso incluirá una dosis de impunidad, pues no todos los guerrilleros van a terminar privados de la libertad. Por eso es que el Marco Jurídico para la Paz contemplaba responsabilidad judicial solo para los máximos responsables. La pregunta ahora será ¿cuánta impunidad? y ¿para quiénes?
Pero quedan tres preguntas que pueden ser respondidas hoy.
Una es quienes son esos máximos responsables; por ejemplo, si hacia arriba incluye a todo el Secretariado de las Farc en todos los procesos (como responsable último de los actos de la guerrilla), o si, hacia abajo, llega hasta los jefes de columnas.
La segunda es por qué delitos habrá procesos y por cuáles no. En principio, según el Marco Jurídico para la Paz, el Estado no tiene que procesar por todos los delitos sino que lo debe hacer por los de lesa humanidad,genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Pero el punto no estaba cerrado en La Habana y podría cambiar.
Y la tercera es qué delitos quedarán amparados por la justicia transicional, pues los que queden incluidos no podrán ser procesados por la justicia ordinaria. Es decir, habrá impunidad sobre ellos si no son seleccionados por la justicia transicional.
Por ejemplo, habrá una respuesta sobre si el narcotráfico se va a incluir como delito conexo, algo que para el Procurador ha prohibido la Corte Constitucional, mientras que para el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema sí es posible.
¿Va a haber un proceso judicial que lleva a una condena?
Esta pregunta hasta ahora no ha sido respondida. Los guerrilleros han defendido que el proceso que se les aplique no sea un proceso judicial que produzca una condena penal (así termine en una pena alternativa), sino un mecanismo más extrajudicial vinculado a la Comisión de la Verdad. Es decir, un proceso no judicial que no termine en una condena penal, con toda la carga simbólica y los efectos que tienen los antecedentes penales
En cambio, De la Calle ha dicho que ”a ellos se les aplicaría la misma pena que dictan las leyes vigentes, pero que podría reducirse a una pena alternativa que se pague en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas.
Algo similar ha dicho el Fiscal, Eduardo Montelegre.
¿Las penas quedan condicionadas?
Acá la pregunta es si la aplicación de penas alternativas a los guerrilleros y militares involucrados en delitos de lesa humanidad estará condicionada y de qué forma a su participación en otros procesos de reparación, como el desminado humanitario, trabajos comunitarios o revelación de verdad.
El antecedente es el de la Ley de Justicia y Paz, donde por violar esa condición siete ex jefes paramilitares (Jorge 40, Macaco, ‘El Tuso’ Sierra, El Oso, Don Mario, Gordolindo y Memin) han perdido esos beneficios porque han confesado que siguen delinquiendo o no han mostrado voluntad para colaborar con la justicia.
¿Quién va a juzgar a los guerrilleros?
La primera pregunta acá es si se va a conformar un tribunal ad hoc que procesaría a los máximos responsables de los delitos más graves y cómo se integraría. No solo si tendrá jueces colombianos o también internacionales sino, especialmente, quién los va a nombrar, qué calificaciones deben tener y qué incidencia tendrá las Farc en escoger a sus jueces.
La segunda, es si la Fiscalía General será quien investigue y acuse a los máximos responsables, como quisiera el Fiscal, o si habrá un proceso especial también para eso. En ese segundo caso todo el esfuerzo del Fiscal Eduardo Montealegre para ir armando los casos contra las Farc (y que es el objetivo de los contratos de Springer von Schwarzenberger) puede terminar perdido o por lo menos dependiendo de las decisiones de quien haga la acusación.
¿Podrán participar en política?
En principio, el Marco Jurídico para la Paz establece que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad no podrían participar en política. Pero como las Farc han rechazado ese Marco porque no nació de un acuerdo en la mesa de negociaciones, eso podría cambiar.
Este es uno de los puntos más delicados para las Farc, pues su intención es convertirse en un partido político y cualquier límite a que participen en política sería una espada de Damocles sobre su cúpula. Pero para la mayoría de los colombianos -según lo revelan las encuestas- sería muy difícil aceptar que guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad lleguen al Congreso.
Aunque ya hay un acuerdo de participación en política, éste se limitó a dar garantías para la participación de movimientos sociales, sobre todo aquellas que están en los lugares donde tienen presencia las Farc, y la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz, que le daría a la guerrilla una base para tener un caudal político una vez entren a la vida civil. No se tocó el punto sobre qué guerrilleros podrán participar en política.
¿Qué van a entregar las Farc para resarcir a sus víctimas?
Hasta ahora, las Farc solo se han comprometido explícitamente con las víctimas a esclarecer la verdad pero todavía no se sabe cómo van a reparar a las víctimas, como quedó acordado en los “10 principios sobre los derechos de las víctimas” , en vísperas de las elecciones presidenciales.
La duda en este punto es si las Farc van a hacer una reparación económica (entregando, por ejemplo, tierras a sus víctimas) como quería el Gobierno o si solo harán una reparación simbólica (pidiendo perdón e incluso rescatando la memoria de sus víctimas), como han propuesto los guerrilleros.
¿Se define la fórmula de justicia transicional para los militares?
Una pregunta fundamental para la estabilidad futura de un Acuerdo Final es cómo quedan los militares frente a la justicia transicional, una pregunta que no tiene salida fácil porque requiere equilibrar la narrativa de los militares que hechos como los “falsos positivos” han sido eventos aislados, con su interés de que los que terminen condenados por esos hechos lo hagan bajo las normas de la justicia transicional que se acuerden en La Habana y no de la justicia penal militar. Es decir, que si los guerrilleros no terminan en la cárcel, ellos tampoco – incluso los condenados por ejecuciones extrajudiciales.
La pregunta es si esto quedará dentro del Acuerdo o se tratará aparte. Y si lo hace, qué tanta simetría habrá en las cargas para ambos lados.
¿Cuáles serían los máximos responsables del Establecimiento?
Si el Acuerdo incluye la justicia transicional no solo para la guerrilla sino para todas las partes del conflicto, será interesante ver quienes serán considerados los máximos responsables del Establecimiento que serían procesados en la justicia transicional. Y acá la pregunta más grande es si se incluiría a toda la cúpula del Estado y a los privados que financiaron a los paramilitares, como han pedido las Farc, o solo a las personas directamente involucradas en los hechos. O si seguirán la ‘teoría Gaviria’ los empresarios y otros actores privados deberían aportar verdad pero no entrar en el proceso judicial.
¿Desde cuándo se pagarían las penas?
La última pregunta grande que podría quedar respondida es si las penas se puedan empezar a contar desde antes de que los responsables sean siquiera procesados.
Esa idea viene de una propuesta del ex presidente Álvaro Uribe de que los guerrilleros se concentren en zonas delimitadas y verificadas desde ahora, y que el tiempo que duren allí se cuente como parte del tiempo de privación de la libertad. Aunque puede que la concentración no se de todavía, si hay un Acuerdo Final es casi inevitable que ocurra tarde o temprano, así como también es claro que los procesos para encontrar y condenar a los máximos responsables de las Farc van a tomar un tiempo. Y por eso el acuerdo sobre justicia transicional puede dar luces sobre si las Farc ya están viendo en el horizonte esa necesidad de concentrarse y si para eso queda acordado el ‘caramelo’ que propuso Uribe.
