En Presidencia no cayó bien la orden de la Judicatura de Bolívar de reintegrar al alcalde de Cartagena. El Consejo Superior de la Judicatura va a estudiar una impugnación de la Procuraduría.
Aunque una vez se anunció el fallo de una tutela que le ordenó al presidente Juan Manuel Santos reintegrar en el cargo al alcalde de Cartagena Manolo Duque, el mandatario y sus seguidores celebraron hasta en redes sociales, esa victoria puede durar poco y no es claro si efectivamente le funcione.
La decisión le da a Santos un plazo de 48 horas para sacar un decreto que anule el que sacó hace dos semanas para nombrar al cartagenero Sergio Londoño Zurek como alcalde encargado. Con eso Duque regresaría al cargo del que fue suspendido por la Procuraduría hace más de tres semanas, mientras le adelanta una investigación por el desplome de un edificio que dejó 21 muertos y la existencia de 55 construcciones ilegales más en la ciudad.
Sin embargo, varias son las razones por las que la noticia se puede quedar en un simple titular.
La primera es que, aunque se trata de una tutela y que por eso es de obligatorio cumplimiento, La Silla supo que en Palacio no cayó tan bien la decisión del juez.
Una alta fuente de la Presidencia que nos habló a cambio de la reserva de su nombre, nos dijo que Santos está “estudiando con lupa la orden de reintegro antes de actuar”, es decir, está mirando si hay alternativas jurídicas para no reintegrar a Manolo, aunque no es claro cómo podrían evitar cumplir una tutela.
En todo caso, hacerlo significa que Santos tendría que sacar a Londoño quien, como contó La Silla, es de su entera confianza.
La otra razón es que la decisión es de primera instancia y la Procuraduría ya anunció que la impugnará ante el Consejo Superior de la Judicatura, porque considera que no ha violado el debido proceso y que es necesario mantener a Duque fuera del cargo mientras adelanta sus investigaciones.
Aunque es imposible predecir el resultado de esa segunda instancia, hay un precedente que podría desinflar el salvavidas de Manolo.
En 2010 el entonces gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, había sido suspendido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años. Tras esa decisión presentó una tutela igual, que se cayó en segunda instancia porque el juez consideró que el entonces mandatario tenía otros mecanismos para defenderse.
En el caso de Manolo él presentó un recurso de reconsideración ante la Procuraduría y ésta dejó en firme su decisión.
Como el Consejo Superior de la Judicatura tiene 20 días hábiles para fallar, solo en un mes se sabrá si Duque puede cantar victoria.
