Luego de casi ser expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su deficiente aporte a la verdad, Salvador Arana presentó un plan detallado en el que reconoció, por primera vez, que cometió delitos y pidió perdón a todas sus víctimas. También, se comprometió a contar todo lo que sabe de lo que ocurrió durante los años en que fue gobernador de Sucre (2001-2003) y en los que los paramilitares controlaron el departamento.
Con esto, si las víctimas y la Procuraduría aceptan este nuevo compromiso de verdad, el exgobernador está más cerca de acceder a los beneficios de la justicia transicional y develar lo que aún no se conoce del dominio paramilitar en Sucre.
Arana —quien fue embajador en Chile por casi dos años durante el Gobierno de Álvaro Uribe— fue condenado por la justicia ordinaria por desviar recursos públicos para financiar a las autodefensas y por el asesinato de Eudaldo “Tito” Díaz, alcalde del municipio de El Roble. Díaz fue el mandatario que, en 2003, en un consejo comunitario al que asistió el presidente Uribe, denunció la alianza del entonces gobernador con los paramilitares y que éstos lo iban a matar. A los dos meses lo asesinaron.
En este nuevo plan de verdad, Arana le dijo a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que hablaría de todos aquellos que colaboraron con las autodefensas. Y allí metió a casi toda la clase política del departamento.
Contexto
Mencionó, por ejemplo, a Yahir Acuña, excongresista, actual diputado y esposo de la representante Milene Jarava ; a William Salleg, dueño de El Meridiano (el diario más leído en Sucre) y suegro del ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa; a los exgobernadores Édgar Martínez, Jorge Anaya y Erick Morris; a los excongresistas Jairo Merlano y Muriel Benito Rebollo; a Jairo Fernández Quessep, exalcalde de Sincelejo y tío de Mario Fernández, excongresista y esposo de la senadora Ana María Castañeda; a Víctor Guerra, primo de la senadora María del Rosario ‘Charo’ Guerra (aunque no hacen parte del mismo grupo político); a Oliverio Oliver, familiar del gobernador Héctor Olimpo Espinosa, entre otros.
En la JEP ya había sido aceptado en febrero el otrora mandamás del departamento Álvaro “el Gordo” García, que también se comprometió a contar todo lo que sabe de los paramilitares y sus tentáculos en Sucre, como contó La Silla en esta historia.
El Gordo puso concejales, registradores, alcaldes y gobernadores en los años más duros del conflicto armado, y fue condenado a 40 años de cárcel por ser parte de los paramilitares y ser el autor de una masacre en la que murieron 12 campesinos.
Entre los gobernadores que puso está Salvador Arana. Ambos eran aliados y, de hecho, sus condenas en la justicia ordinaria están ligadas, pues los dos participaron en la creación del bloque de las autodefensas en Sucre. Ahora estarán juntos en la JEP.
La verdad de estos dos ex superpoderosos de Sucre destapará los vínculos de miembros del establecimiento político, económico y mediático del departamento con el paramilitarismo. Además, muy probablemente estrenará en forma el capítulo de los terceros en la JEP.
Los terceros que mencionen Arana y García no están obligados a declarar ante la JEP, tras el lobby que hicieron políticos como Germán Vargas y Alvaro Uribe para sacarlos de esta jurisdicción durante la reglamentación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, si con base en los testimonios de los dos ex poderosos de Sucre la Fiscalía los comienza a investigar, varios de ellos también terminarán golpeando la puerta de la JEP.
El paramilitarismo más allá de los políticos
A diferencia de otros departamentos del Caribe —como Atlántico—, es bastante lo que ya se sabe del paramilitarismo en Sucre. Los testimonios de los paramilitares que se desmovilizaron en Justicia y Paz llevaron a que 35 políticos del departamento fueran investigados por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Además del Gordo García, han sido condenados concejales, alcaldes, los representantes Jorge Luis Feris Chadid y Muriel Benito Revollo, y los gobernadores Eric Morris, Miguel Nule Amín y Salvador Arana, entre otros.
De hecho, el principal aporte de Arana y el Gordo García ahora que se decidieron a hablar es que podrían contar los vínculos entre los paramilitares y otros sectores de la sociedad distintos de los políticos.
Como lo evidencia la lista de nombres que ofreció Arana, están los excomandantes de la Policía de Sucre y Corozal. El exgobernador incluso aseguró que las autodefensas infiltraron a la Policía y que, incluso, “manejaban los comandos de policía de los municipios del Golfo de Morrosquillo y otros de su interés”.
Mencionó, también, a exgerentes de empresas del departamento como Pedro Mulet, exgerente de Cajacopi Sucre; Daniel Cure, el exrepresentante de los empresarios ante el consejo directivo de la Universidad de Sucre; Nicolás Sierra, exvicerrector académico Unisucre, entre otros.
Arana menciona cómo se robaron los recursos de entidades públicas como alcaldías, Gobernación, entidades de salud (Manexca, Mutual Quibdó, Cajacopi) y universidades. De hecho, le dedica dos apartes de su matriz a contar cómo los paramilitares infiltraron hospitales, EPS y universidades para apropiarse de sus recursos. Como hemos contado en La Silla Vacía, en el Caribe las universidades públicas fueron infiltradas por los paramilitares a tal nivel que varias de ellas han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva (como las de Cesar, Córdoba y Atlántico). La de Sucre aún no lo está.
El exembajador en Chile detalla cómo utilizaron la Procuraduría para perseguir a los opositores, como al asesinado ex alcalde de El Roble. También menciona la participación de ganaderos, comerciantes y empresarios que trabajaron con las AUC.
Como quedó probado en su sentencia condenatoria, el entonces senador García se reunió, en 1997, en una finca del exgobernador Miguel Nule Amín, llamada ‘Las Canarias’, con Salvatore Mancuso, Salvador Arana, el paramilitar Salomón Feris Chadid y los ganaderos Javier Piedrahita y Joaquín García para crear un frente permanente de las nacientes AUC en el departamento.
Allí, se definió que quien lo lideraría sería Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, uno de los paramilitares más sanguinarios que tuvo el país.
El frente que crearon se llamó ‘Frente Montes de María’ y luego se conoció como el ‘Bloque Héroes de los Montes de María’. Su objetivo era frenar el avance de la guerrilla y proteger los intereses de los ganaderos del departamento.
“La alianza entre ganaderos y paramilitares estuvo motivada, de parte de los primeros, en la pretensión de contar con una fuerza privada que ‘defendiera’ sus haciendas”, dice la sentencia en contra de García.
Esa alianza, de la que todavía no se conocen muchos detalles y que nace con las Convivir, es algo que su testimonio podría ayudar a revelar pues tanto el Gordo García como Arana fueron admitidos como paramilitares y no como parapolíticos por su rol orgánico en las AUC.
“Nosotros lo que queremos es que denuncie a sus colaboradores. Arana y García no hicieron esto solos. Tuvieron el apoyo de ganaderos, comerciantes, políticos. Queremos que toda esa estructura sea desmantelada”, le dijo a La Silla Vacía Juan David Díaz, víctima de Salvador Arana.
Lo que cuente Arana en la JEP reforzará el testimonio del Gordo García y, con ellos, se terminará de armar el rompecabezas sobre el paramilitarismo en Sucre. Ellos tienen la pieza que faltaba: los nombres de los ganaderos y empresarios que auparon a las AUC en el departamento.
