Desde moderados que apoyaron el Acuerdo de Paz hasta uribistas convencidos, ven riesgo de politización de la justicia y temen que el Gobierno pierda el foco de atención a la crisis.
El empresariado colombiano no tardó en reaccionar ante la noticia que sacudió la agenda de esta semana (y del año): la detención preventiva para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunta manipulación de testigos.
El mismo martes por la noche, el Consejo Gremial Nacional (CGN) publicó un comunicado cuestionando la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y pidiéndole evaluar la posibilidad de que Uribe se defienda en libertad.
En un tono más fuerte, con horas de diferencia, también se manifestó el presidente del gremio de los ganaderos, Fedegán, el uribista pura sangre José Felix Lafaurie. Y, ayer en la mañana, el Consejo Intergremial de Antioquia, la Andi y Asocolflores, se pronunciaron también solidarizándose con el expresidente.
Hablamos con nueve fuentes, entre líderes gremiales y empresarios de compañías que están en el ranking de las 100 más grandes, todos de tendencias que van desde la moderación y el apoyo al Acuerdo de Paz hasta el uribismo más radical; y coincidieron en decir que la decisión de la Corte les pareció exagerada.
A la mayoría -y en el mismo sentido de lo que expresan oficialmente los comunicados que han salido- lo ocurrido les despierta el temor de que la justicia no esté aplicando en sus decisiones la presunción de inocencia, sino que trata a algunos de sus investigados como culpables a priori.
Algunos incluso nos dijeron que ven detrás de la detención de Uribe el fantasma del “castrochavismo”, que tanto marcó la campaña presidencial pasada y que es una narrativa uribista, y lo interpretan como un triunfo de la izquierda: un “peligroso triunfo de la izquierda”, como nos aseguró una de las fuentes.
Además de lo político, les preocupa que -aunque en principio no lo parezca- el caso Uribe pueda tener un impacto en la economía. Justo en medio de una de las mayores crisis que enfrenta el país en esa materia, con un año que huele a recesión y una tasa de desempleo históricamente alta.
Entre preocupación por la justicia y miedo al “castrochavismo”
“Entre los empresarios hay un rechazo generalizado. La consideran (la decisión de la Corte) desproporcionada e injusta, sobre todo porque aún no hay una imputación”, nos dijo Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial de Antioquia.
Y algo similar nos dijeron los otros siete dirigentes gremiales con los que hablamos, algunos bajo la condición de no ser citados para evitarse líos.
“Hay una señal de que nadie está por encima de la ley, lo que es bueno, pero es que es desproporcionado. Hay un principio y es que la medida de aseguramiento no es la primera opción, sino la última”, nos dijo otro de los dirigentes gremiales miembros del CGN, que, según nos dijo, no es fan de Uribe y respaldó públicamente el proceso de paz con las Farc.
Lo del expresidente, más la orden de detención domiciliaria, hace unas semanas, contra el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, revela para algunos un patrón del uso exagerado de la detención preventiva por parte de la Corte Suprema de Justicia.
La unanimidad en torno a esa sensación de injusticia por la decisión contra Uribe, sumado a que se trata un hecho histórico, llevó al Consejo Gremial a pronunciarse a pocas horas del anuncio de la Corte.
En lo que hubo diferencias fue en el tono y en qué tanto se la jugaban por la defensa de la inocencia de Uribe.
“Algunos estaban pidiendo sangre”, nos dijo uno de los miembros del Consejo sin mencionarnos nombres.
También hubo una discusión interna sobre si debían pronunciarse, o podría verse como una presión indebida a la justicia, pero dado que el pronunciamiento se hizo después de la decisión y no antes (como sí lo hizo el gremio de las estaciones de gasolina, Fendipetróleo, también en favor de Uribe) para ellos era claro que el comunicado no presionaba a la Corte.
Al final optaron por defender que Uribe tiene “el derecho y la legitimidad para atender su proceso judicial y las diligencias que derivan del mismo en libertad”, y exaltar que el expresidente “ha sido un servidor público ejemplar, y un líder político que ha contribuido al país, a la sociedad, a la economía y al desarrollo empresarial colombiano”, pero sin abogar por su inocencia explícitamente.
En una línea un poco más moderada se pronunciaron la Andi y Asocolflores, que fueron más contundentes en sus comunicados en el respeto a las decisiones judiciales sin dejar de expresar solidaridad con Uribe e incluso elogiar su “ invaluable servicio” y “confiar” en que “logrará demostrar su inocencia”.
Otros gremios optaron por la narrativa del Centro Democrático, y del presidente Iván Duque, de que, mientras Uribe está preso, los exguerrilleros de las Farc están sentados en el Congreso.
Por ejemplo, el Consejo Intergremial de Antioquia dijo en su comunicado: “Hacemos un llamado público a la reflexión, pues consideramos que muchos de los actores violentos que azotaron con barbarie a todo un pueblo, hoy estén gozando de su libertad y tengan garantizado nunca ir a prisión o pagar por sus atroces delitos”, en clara referencia a los exlíderes de las Farc.
Y le dieron un apoyo contundente al expresidente: “Ratificamos nuestro absoluto apoyo al Presidente Uribe y esperamos que su situación sea resuelta lo antes posible y tenga condiciones en libertad para hacer su legítima defensa”.
El presidente de Fedegán, Lafaurie, fue aún más fuerte: “Y tengo que repetir, Fedegán está con Álvaro Uribe Vélez, creemos en su inocencia y queremos seguir creyendo en la justicia colombiana”.
Y en un trino, Lafaurie lanzó al aire una preocupación que, si bien no es unánime entre los empresarios, la comparten muchos de ellos, según confirmamos en la reportería: que detrás de la orden de detención está la izquierda, y específicamente “el castrochavismo”.
Indignación, dolor de patria. Las fuerzas oscuras del castrochavismo y del centrosantismo lograron mandar a la cárcel a quien le devolvió a Colombia la dignidad, la seguridad y los derechos a la libre movilización, que nos habían robado narcoguerrilleros impunes #FedegánConUribe. pic.twitter.com/D20fx20bAG
— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) August 4, 2020
El que en el pasado la misma Corte que esta semana mandó detenido a su casa a Uribe haya dejado en libertad al exguerrillero Jesús Santrich, quien luego volvió a las armas, es el combustible que enciende ese temor de que la izquierda se haya tomado la justicia.
“El evidente sesgo ideológico de la Corte que premia a representantes de la izquierda radical y que se evidencia en las diferencias como asumieron el caso de Santrich y el de Uribe, es una amenaza para todos los que creemos en la iniciativa privada, la democracia pluralista y el Estado de Derecho. Ya que todos debemos ser tratados en forma similar por la justicia”, nos dijo un empresario, que apoya a Uribe, pero respaldó el Acuerdo, off the récord.
Y a eso le suman el hecho de que la contraparte del pleito que tiene al expresidente detenido sea uno de los líderes visibles de izquierda, el senador del Polo Iván Cepeda.
“Para algunos su percepción es que por el triunfalismo de Cepeda, esta decisión se trata de un pulso que le ganó la izquierda a la derecha”, nos dijo otro presidente gremial que respaldó el proceso con la exguerrilla.
Según nos dijo la misma fuente, algunos empresarios, si bien son cercanos al poder, ven la política en blanco y negro sin muchos matices: “Esto hace que le encuentren más sentido a la narrativa del uribismo de la justicia castrochavista”.
En este punto no hay consenso entre quienes consultamos, al fin y al cabo, los empresarios no son una unidad de ideas homogéneas.
Pero en general, sí hay una preocupación de que la justicia esté mostrando, según ellos, un sesgo ideológico, más aún con algunas cortes con su credibilidad debilitada por escándalos de corrupción, como el Cartel de la Toga.
“La justicia tiene la cola del cartel de la toga, lo de Santrich”, nos dijo otro de los dirigentes gremiales consultados propaz.
Y una justicia poco creíble, es mala para los negocios.
Es la economía… otra vez
Más allá de lo político, el verdadero dolor de cabeza de los empresarios con los que hablamos es el efecto que esta decisión pueda tener en la economía. En resumen, ven que el golpe puede venir por tres lados: la inversión, el Congreso y el Gobierno.
Por el lado de la inversión, uno de los empresarios consultados puso como ejemplo los datos de la fundación Heritage, que hace un índice de libertad económica y pone en una lista a los países según qué tan libre es el mercado.
Colombia ocupa el puesto 45, entre 180 países, lo que lo ubica en la categoría de moderadamente libre, y uno de los puntos en los que se raja el país es en justicia.
Ahí la calificación de 69,2 puntos sobre 100, pero en efectividad de la justicia se raja con 32,8 puntos.
“En la justicia, tener una justicia politizada y que genera dudas de honorabilidad y objetividad, hace que Colombia sea un destino menos atractivo para la inversión y es un factor de inestabilidad para la empresa privada”, nos dijo el empresario y en esa misma línea nos hablaron cuatro líderes gremiales.
Otra arista de esta preocupación de la inversión, es que el hecho de que detengan a un expresidente haga que los inversionistas perciban a Colombia como un país inestable: “Los temas políticos terminan influyendo en la decisión de inversión y muy seguramente esa inversión la vamos a necesitar todo el otro año para reactivar la economía”, nos dijo a su turno el uribista Lafaurie.
El segundo efecto que ven posible es que, sin Uribe en el Congreso, el Gobierno se vea aún más débil de lo que ya es, como hemos contado. Entonces. un gobierno débil, sin el jefe de la coalición actuando, justo en el momento en el que tiene que pasar proyectos clave para la reactivación como presupuesto, ley de regalías, ley de reactivación para las mipymes y para el sector naranja, no tiene asegurada su gobernabilidad.
Aunque para un líder gremial, que nos habló extraoficialmente porque es un tema que no ha discutido con sus empresas afiliadas, es claro que aún en detención domiciliaria Uribe podrá seguir ayudando al Gobierno en el Congreso, más en un escenario de virtualidad.
Pero, en todo caso, su atención probablemente estará más concentrada en su defensa que en apoyar al Gobierno.
Lo que lleva al último punto de preocupación: el Gobierno y más lo que haga el presidente Iván Duque.
Esta inquietud tiene que ver con que el tema de Uribe acapare tanto la agenda de la opinión pública que el Gobierno se desenfoque de su plan de reactivación para salir a atajar propuestas, como la constituyente que propuso el martes el Centro Democrático, o para salir en defensa del padre político del mandatario.
Y que la polarización se profundice tanto que sea imposible pensar en proyectos de ley o iniciativas entre partes opuestas para ayudar a que el país se recupere pronto de los efectos económicos de la pandemia, que ya ha dejado más de cuatro millones de personas sin empleo y las perspectivas de un crecimiento de -5 a -8 por ciento este año.
Como nos dijo un líder gremial, “Gústele o no le guste a uno, el país cae en esta discusión y se traga toda la agenda, hoy en todos los medios, todas las noticias son de Uribe, hoy no hablamos de covid, de ventiladores, de la reactivación, estamos hablando de eso y en este exceso de política esto va a exacerbar la polarización”… y eso también puede ser malo para los negocios.
