El cambio que promete Rodolfo Hernández es acabar con la clase política, que considera corrupta. Sin embargo, como el proceso penal en su contra por el caso Vitalogic pasaría al Congreso, esa clase política tendría un arma poderosa para defenderse de esa embestida e incluso sacarlo del puesto.
Un proceso largo
Rodolfo Hernández está acusado penalmente por la Fiscalía por el delito de interés indebido en celebración de contratos por haber presuntamente direccionado la contratación de un consultor para que armara una licitación a favor de una Unión Temporal en cuyo éxito tenía interés de su hijo (vea nuestra investigación con las pruebas contra Hernández).
Como está acusado, pero tendría fuero como Presidente, el proceso pasa automáticamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Esa Comisión debe tomar la primera gran decisión: si, en su entender, hay elementos suficientes para adelantar el juicio.
Para eso un representante lee el expediente, puede pedir pruebas, y arma una ponencia, ya sea diciendo que deben acusar o que deben archivar el proceso. Los 16 miembros de la Comisión votan y definen por mayoría si sigue adelante el proceso o no.
Si decide que sí, el expediente debe superar todo un camino de obstáculos, en que puede naufragar (ser archivado) o congelarse en cualquier obstáculo:
- La plenaria de la Cámara debe aprobar el proyecto de acusación con mayoría simple (deben estar presentes la mitad de los 188 representantes, y deben votar a favor una mayoría. Es decir, mínimo 48 representantes; con 95 estaría asegurada la mayoría)
- Que la Comisión de Instrucción del Senado (de 7 miembros) decida acusar ante la plenaria del Senado
- Que la plenaria del Senado acepte la acusación (deben estar presentes la mitad de los 108 senadores, y votar a favor la mayoría de ellos. Es decir, mínimo 28; con 55 estaría asegurada la mayoría) y arranque el juicio. Si eso pasa, Hernández quedaría suspendido de su cargo como Presidente, y asumiría su Vicepresidente, Marelen Castillo.
- Que la plenaria haga el juicio, con un representante a la Cámara como Fiscal, y decida si es culpable o no (solo se puede condenar si votaron a favor dos tercios de los senadores presentes, que deben ser mínimo la mitad de todos. Es decir, por lo menos deben votar 36 por la condena 36; con 72 habría una mayoría asegurada)
Ese proceso tiene algunos plazos definidos y otros no, y tomaría como mínimo 6 meses y como no tiene límite, puede durar sus cuatro años de gobierno. En ese tiempo, el Congreso tendría el poder que da la amenaza de tener cómo suspenderlo y condenarlo penalmente.
Un papayazo para la clase política
Rodolfo Hernández solo apoyó una lista a la Cámara, la de la Liga Gobernantes Anticorrupción en Santander, que tiene apenas dos representantes a la Cámara.
Aunque decenas de congresistas electos le han manifestado su apoyo en esta segunda vuelta, lo hacen sobre todo por parar a Gustavo Petro, y nada le aseguraría su apoyo si gana las elecciones. Y sobre todo, si una vez gane, se dedica a despotricar de ellos y a quitarles sus privilegios como ha prometido que lo hará.
No arrancaría con mayorías en el Congreso que puedan evitar que el proceso avance, algo que incluso fue difícil lograr para Ernesto Samper cuando su partido, el Liberal, era mayoritario en el Congreso durante el proceso 8.000.
Esas mayorías estarían en manos de bancadas de partidos tradicionales, en la Cámara
y en el Senado
Esas bancadas tendrían la sartén por el mango: las plenarias eligen, a voto limpio, los miembros de las comisiones de Acusaciones y de Instrucción, y pueden hacer que tengan mayorías similares a las suyas: podrían poner a 8 o 9 de los 16 miembros de la de Acusaciones, y a unos 4 o5 de los 7 de la de Instrucción. Y eso si no se suma en su contra el petrismo.
Es decir, los políticos de partidos tradicionales tendrían cómo controlar el proceso penal de Hernández y cómo tumbarlo.
Pero como en octubre del próximo año hay elecciones regionales, si Rodolfo cuenta con una alta popularidad, comenzará una guerra entre ellos para ver cuál se destruye primero.
