Los últimos dos procesos que investigaban el rol directo del ex presidente, Juan Manuel Santos, en la financiación ilegal a su campaña por parte de Odebrecht, fueron cerrados hoy.
En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la encargada de investigar y acusar penalmente a los presidentes, los congresistas votaron mayoritariamente para archivar la investigación contra Santos. Con una votación de seis a tres, se cerró la pesquisa sobre su campaña de 2014, argumentando falta de pruebas.
A las pocas horas se conoció que el Consejo Nacional Electoral también decidió archivar la investigación preliminar contra la campaña de Santos, abierta desde 2019. Según el comunicado “no se logró demostrar la existencia de un hecho nuevo que condujera a una posible responsabilidad que diera lugar a continuar con la actuación administrativa”.
Si bien los procesos que tocaban directamente a Santos no van más, hay otros en los que su nombre sigue apareciendo. Son casos en los que está en juego su prestigio y legado, más que su situación legal, pues ocurren en instancias donde su fuero presidencial lo blindan de cualquier consecuencia.
Contexto
Las recientes revelaciones del Ñoño Elías
En febrero pasado, el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, uno de los condenados por el escándalo de Odebrecht, fue testigo de la Fiscalía en el juicio contra el exgerente de la ANI de Santos, Luis Fernando Andrade.
En ese momento Elías volvió a decir que Andrade pactó con los brasileros beneficios contractuales para la multinacional. Pero, además, dijo que en 2014, Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, le había contado que se había reunido con Santos y habían acordado “reforzar” la campaña en segunda vuelta.
Según Elías, su conversación con Martorelli fue así: “A lo cual él (Martorelli) me dijo: ‘no te preocupes, amigo, que yo ya tuve una reunión con el presidente Santos acá, la empresa tuvo una reunión con los jefes de campaña, y tuvo una reunión con el mismo Roberto Prieto y vamos a reforzar, porque ya habían ayudado, para que no perdamos la segunda vuelta’”, dijo Elías.
Elías también dijo que Roberto Prieto, el gerente de campaña de Santos –también condenado por un hecho de corrupción similar al de Odebrecht, de coimas para ganar contratos de infraestructura–, le había pedido plata para financiar la campaña. Según él, le envió 800 millones de pesos en efectivo provenientes de los contratos ficticios de Odebrecht.
Además, como contamos en esta historia la Fiscalía reabrió investigaciones a Roberto Prieto, en medio de una estrategia de presión para que colabore con la justicia en el caso de la plata de Odebrecht que supuestamente entró a la campaña de reelección.
Sanmiguel y la presunta financiación a través del partido Liberal
Cuando el excongresista y exlobbista de Odebrecht, Otto Bula, prendió el ventilador en la Fiscalía, develó el modus operandi de corrupción: la concesionaria de la Ruta del Sol II, a la que pertenecían Odebrecht y el Grupo Aval, firmó contratos con varias empresas por servicios que nunca ejecutaron. De ahí sacaban la plata para pagar coimas.
Pero aunque el modelo quedó al descubierto, la red de todos los implicados aún no está resuelta. Hasta el año pasado, en la Fiscalía había 11 líneas de investigación abiertas en el caso de Odebrecht y una de ellas eran los contratos para financiar las dos campañas presidenciales de Santos (2010 y 2014), y la de Óscar Iván Zuluaga (2014).
A partir de esas líneas, había más de 150 indagaciones pendientes.
De esas, las más mediáticas han sido las de Andrés Sanmiguel, Esteban Moreno y Javier Torres. Por un lado, porque la Fiscalía ordenó imputarles cargos hace tres años y nada que se concreta paso, que antecede el ir a juicio. Por otro, porque ellos están relacionados con dos alfiles de la reelección de Santos: Simón Gaviria y Álex Char.
Andrés Sanmiguel era el dueño de Gistic Soluciones, una empresa que firmó un contrato por 4 mil millones de pesos con la concesión de Odebrecht. En 2018, Sanmiguel confesó en la Fiscalía que ese contrato nunca se ejecutó, pero que sí recibió la plata a su cuenta, justo ad portas de la campaña reeleccionista. Según él, la sacó del banco y entregó en efectivo a Esteban Moreno, que trabajaba con el partido Liberal, y su socio David Portilla.
En su declaración dijo que Esteban Moreno, quien en ese momento era el gerente de la campaña legislativa de los liberales, designado por Simón Gaviria, le había dicho que esa plata era para la campaña de reelección.
A pesar de la confesión, la Fiscalía aún no investiga formalmente a Sanmiguel, pues falta la imputación. La próxima fecha es 19 de agosto.
A Esteban Moreno finalmente lo imputaron a mediados de junio. De él se filtró una conversación con Sanmiguel en la que decía: “yo puedo ir y peinarme en la entrada de la Fiscalía”, “por mí abogan los Gaviria” y “si a mi me tocan una muela se incendia el país”.
Javier Torres también tiene pendiente que la Fiscalía le impute cargos porque su empresa, consorcio Torrosa, firmó otro de los contratos chimbos con Odebrecht, por 9.400 millones de pesos. Torres fue uno de los megacontratistas de la Alcaldía de Barranquilla durante el periodo de Álex Char, quien a su vez fue clave para conseguir los votos de la reelección de Santos en el Caribe, sobre todo en el Atlántico. Campaña por la que corrió plata en efectivo por debajo de la mesa.
Si la investigación de Sanmiguel, Moreno y Torres avanza en Fiscalía, se abriría la posibilidad de que, buscando beneficios, otros sospechosos, como Otto Bula, prendan un ventilador que vuelva a salpicar la campaña de Santos.
El caso de Luis Fernando Andrade
En el entramado de corrupción de Odebrecht, la Fiscalía acusa al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Sostiene que incidió de manera irregular para que Odebrecht, y sus socios, se quedaran con contratos de la Ruta del Sol II de forma ventajosa. Además, porque cuando estalló el escándalo intentó ocultar información.
El caso ya está en juicio, en donde la Fiscalía imputó delitos adicionales a Andrade, por irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol III, otra de las concesiones de la vía a la Costa. Según el fiscal, la contratista beneficiada, Yuma, habría pagado 800 millones de pesos en coimas. Según el ente investigador, esa plata habría llegado a la campaña de reelección de Santos.
Lo que resulte de esos procesos judiciales podría ir más allá de Andrade. Si un juez lo encuentra culpable, Andrade podría acordar colaboración con la Fiscalía para reducir su condena, como han hecho otros testigos de Odebrecht que ya han sido testigos en su caso.
