Empezó con la denuncia de una niñera por un polígrafo en un sótano de Casa de Nariño. El interrogatorio a Marelbys Meza, que trabajaba como niñera de Laura Sarabia, la jefa de gabinete y mano derecha de Gustavo Petro. Luego, la disputa por un dinero robado de su casa escaló a un enfrentamiento de Sarabia con Armando Benedetti, acusado de filtrar el escándalo de la niñera a la prensa.
Pero ayer, el novelón político truculento adquirió otras dimensiones. La Fiscalía General, en cabeza de Francisco Barbosa, denunció que “las chuzadas han retornado a Colombia”. En una rueda de prensa, afirmó que los teléfonos de la niñera Marelbys Meza y otra empleada de Sarabia habían sido chuzados, intervenidos ilegalmente por la Dijín. No dijo que la orden hubiera sido dada desde Casa de Nariño, pero dejó el rastro claro, al vincularlas al robo contra Sarabia. Sarabia, Benedetti, y varios otros funcionarios de seguridad de palacio fueron llamados a dar declaraciones.
Mientras tanto, el presidente Petro estuvo todo el día en un lugar desconocido. Canceló su agenda, no dio declaraciones, salió de Casa de Nariño y sus funcionarios se negaron a decir dónde estuvo. Cerca a la medianoche varios medios informaron que estaba reunido con Sarabia y Benedetti, de quien el círculo de aliados más cercanos de Petro afirma que tiene documentos comprometedores, como un video íntimo, con los que puede chantajear al presidente.
Finalmente, a las 11:49 de la noche, Petro respondió en su cuenta de Twitter: “Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”.
En medio de una crisis política con pocos precedentes, estas son cinco heridas abiertas que deja un nuevo capítulo de chuzadas en Colombia.
1. Reabre una herida en la democracia
Hasta ahora no tiene comparación con la magnitud de lo que pasó durante el gobierno de Álvaro Uribe. Las escuchas y seguimiento ilegales desplegados por el desmantelado DAS durante el gobierno Uribe abarcaron a la sala de la Corte Suprema de Justicia, a magistrados, incluyendo el actual ministro de Defensa, a políticos, como el presidente Petro, y a periodistas.
Pero las escuchas contra dos empleadas domésticas de Sarabia vienen con el mismo pecado del ejecutivo que usa su poder para saltarse la separación de poderes, a la justicia en este caso. Todos los indicios apuntan a que la funcionaria de presidencia más cercana a Petro puso el aparato de inteligencia del Estado al servicio de sus intereses. “Si chuzaron a las empleadas, pueden chuzar a cualquiera”, dice Ramiro Bejarano, abogado y exdirector del antiguo DAS.
Dirigiéndose a Álvaro Uribe en el 2011, Petro afirmó en Twitter que “los que penetran las cuentas y las comunicaciones son terroristas. Le expreso mi rechazo a esta y a todas las chuzadas”. Ahora ocurren en su gobierno, y, de comprobarse que fueron ordenadas por Sarabia, desde su Casa de Nariño.
“Esto no va a parar ahí”, cree Bejarano. Sobre la mesa hay, al menos, otros dos indicios que apuntan a que el caso podría crecer. Vicky Dávila, la directora de Semana, dijo ayer que sospechaba que Sarabia la tenía chuzada a ella. Afirmó que la jefa de gabinete se había enterado de que ella había entrevistado a Day Vásquez, la exmujer del hijo de Petro investigado por recibir dinero de un exnarcotraficante en campaña. Y, en medio de su enfrentamiento, Benedetti también la acusó de chuzar.
La historia de las chuzadas en Colombia es larga, en un país que cuenta con un aparato de inteligencia bien dotado, en parte por Estados Unidos. Julián Martínez, periodista y autor del libro ChuzaDAS, recuerda más de media docena de casos en este siglo, además de los del gobierno Uribe. Por ejemplo, las chuzadas del Ejército a los negociadores de paz con las Farc y las de la Dijin de Mauricio Santoyo contra defensores de derechos humanos que luego terminaron desaparecidos. “Se sigue usando la intercepción ilegal como un elemento de la política”, lamenta Martínez, ahora sobre lo que ocurre en el gobierno de Petro.
Desde el gobierno, la primera voz oficial en responder fue la del ministro Iván Velázquez, quien pidió encontrar “quién dio la orden”. Esa respuesta podría terminar generando consecuencias mayores. “La gente cree que las chuzadas pasan en todo el mundo, cuando en el país más poderoso del mundo renunció un presidente por eso”, afirmó el mismo Petro en 2010, mientras era por primera vez candidato presidencial.
2. Petro pierde la narrativa de perseguido y enfrenta la del perseguidor
Hace unos días el presidente estaba denunciando un “golpe blando”, un supuesto intento de tumbar a su gobierno por medios legales y vía desinformación mediática. Lo hizo en una serie de trinos ambiguos, a raíz de la suspensión de la Procuraduría contra el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, que se emborrachó e insultó a unos policías.
Luego, se declaró perseguido por las mentiras de los medios de comunicación, cuando Semana publicó la denuncia de la niñera de Sarabia. Y anoche tildó de “irresponsabilidad” el vincular a su gobierno con las chuzadas.
Pero ahora es la Fiscalía la que pone la lupa sobre su gobierno por una conducta de la que él mismo fue víctima hace años. Solamente el inicio de la investigación voltea la mesa, y ahora el gobierno de Petro es el sospechoso de violar los derechos humanos de dos mujeres.
El hecho de que, por ahora, se trate de personas externas al juego político, vinculadas a un caso personal de hurto en el apartamento de Sarabia, no ha aminorado la carga del abuso de poder ejecutivo. Anoche le llovieron críticas a la senadora del Pacto, Clara López, por decir que no se podría comparar “una chuzada a una sirvienta, con una chuzada a la Corte”.
La posición más vulnerable de las dos víctimas de las chuzadas juega en contra de todo lo que busca representar el presidente Petro. Más aún, juega en contra de la posición de perseguido, que durante su carrera política ha asumido Petro, y que había ya empezado a desempolvar en medio de las dificultades políticas que enfrenta su gobierno.
3. La inacción de Petro crea una ventana para la mayor crisis de su gobierno
En los últimos meses se volvió claro que el rol de Laura Sarabia iba más allá del manejo de la agenda del presidente: la jefa de gabinete era quien llamaba a los ministros para contratarlos, para despedirlos, y en la práctica el único canal constante entre los altos funcionarios del gobierno y el jefe de Estado.
Esas responsabilidades, para una funcionaria que contaba la jefatura de despacho como su segundo empleo en su carrera profesional, hicieron frágil el funcionamiento del gobierno. Petro descargó en Sarabia la responsabilidad de la comunicación en su gobierno. Y la investigación de la Fiscalía, con la consecuencia de la probable salida de Sarabia, pone en riesgo esa logística diaria del ejecutivo.
“No hay nadie en este momento que pueda asumir lo que está haciendo Laura”, le dijo a La Silla una fuente del círculo más cercano del presidente.
Pero fue justamente esa autonomía de Sarabia la que la puso en una posición de poder suficiente como para llevar al polígrafo a su antigua niñera, bajo argumentos de seguridad nacional, frente a un robo que la afectaba solo a ella.
4. El problema para Sarabia apenas empieza y puede escalar hasta corrupción
La Fiscalía fue enfática en su rueda de prensa en que el detonante de la investigación fue un caso personal de Laura Sarabia (el robo en su contra) y no un asunto de seguridad nacional. “La información que se tiene es que todas las preguntas (del polígrafo) se ciñeron frente al patrimonio económico: dónde está el dinero y hacia dónde fue (…) Es uno de los temas que estamos verificando. Porque si se trata de seguridad nacional, no se deben hacer preguntas concretas que solo son reales para un interrogatorio con abogado”, dijo la vicefiscal Martha Mancera.
Y agregó que van a citar a Sarabia para que responda sobre su posible responsabilidad directa, tanto en la cita a su exniñera para el polígrafo como en las interceptaciones ilegales que hizo la Dijín. “No perdamos de vista que se trata de un delito contra el patrimonio económico, no contra la seguridad nacional”, insistió Mancera.
Esa línea de investigación de la Fiscalía le podría costar a Sarabia mucho más que su puesto en el gobierno. La pone en la mira como posible responsable de un caso de corrupción.
En primer lugar, por el uso de su posición en el gobierno para el beneficio personal. Y en segundo lugar, por el origen del dinero que habría sido hurtado. Según Sarabia, provenía de viáticos por sus viajes como funcionaria del gobierno.
Pero, según la Fiscalía, las distintas versiones sobre la cantidad del dinero también serán investigadas. “Inicialmente ella dijo que eran 4.000 dólares, luego que 7.000, hoy algunos medios hablan de 150 millones de pesos. Se le pedirá que especifique la cantidad de dinero que se perdió”, dijo Mancera.
Dos fuentes, una del círculo de Laura Sarabia y otra cercana al presidente Petro, le dijeron a La Silla que la Fiscalía también está investigando los negocios anteriores de Sarabia, quien trabajó 7 años con el embajador Armando Benedetti. “Esa es una caja de pandora en la que pueden caer los dos: Laura y Benedetti”, le dijo a La Silla una fuente cercana a los protagonistas el escándalo.
5. Petro graduó a Barbosa de opositor y ahora le da pista para convertirse en fiscal
El presidente Petro elevó a Barbosa, un fiscal cuestionado por haber llegado al cargo por su amistad con el expresidente Iván Duque, por sus constantes autoelogios y por decisiones que han favorecido al expresidente Uribe, a la categoría de opositor.
Hasta ahora, Petro ha tenido choques con el fiscal por decisiones políticas, como la intención del gobierno de sacar de la cárcel a los jóvenes de la “primera línea” encarcelados tras las protestas de 2019 y 2021, o por la propuesta del gobierno de una ley de sometimiento para grupos criminales que ha sido cuestionada por Barbosa.
Pero el nuevo escenario que abre la investigación contra Sarabia le da a Barbosa una carta poderosa contra Petro. En su rueda de prensa, señaló que los hechos que las interceptaciones ilegales a las personas cercanas a Sarabia fueron “una construcción miserable de una historia” que hizo pasar por miembros del Clan del Golfo a exempleadas de la jefa de gabinete para justificar la interceptación de sus celulares.
“Esto es algo que es grotesco en el país: y es que las chuzadas hayan vuelto a Colombia. No puede admitirse que estas prácticas de violación de los derechos humanos sean aceptados en Colombia. Esto es tremendamente grave para la democracia colombiana. Esto no es un asunto de carácter personal, entre un funcionario y otro funcionario, estos son evidencias”, dijo Barbosa.
El caso contra Sarabia, la mano derecha de Petro en sus 10 meses de gobierno, le da a Barbosa, justamente, evidencias judiciales en una disputa que hasta ahora había sido política.
Según Francisco Bernate, abogado penalista de la Universidad del Rosario, la lista de posibles delitos es larga: falsedad en documento público, escuchas ilegales, fraude procesal y un rastro, aparentemente muy mal ejecutado, de otros posibles delitos que pueden comprometer a la Presidencia. “Si se demuestra que Sarabia dio la orden de interceptar, va con todo el paquete de delitos”, afirma Bernate, quien calcula en décadas una condena si es hallada culpable.
