El gobierno de Gustavo Petro comenzó la semana pasada con acusaciones de abuso de poder contra la jefa de despacho, Laura Sarabia, y la terminó con un proceso de la Fiscalía por interceptaciones ilegales que sacó del cargo a Sarabia, al embajador en Venezuela, y que aún tiene varios cabos sueltos que pueden escalar la crisis.
El centro de la historia es la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, quien en enero fue interrogada en un edificio de la Presidencia por miembros de la Policía, con el uso de polígrafo, por la pérdida de una maleta con dólares en la casa de Sarabia.
El escándalo escaló el jueves pasado. La Fiscalía reveló que los teléfonos de Marelbys Meza y de otra empleada de Laura Sarabia, llamada Fabiola, fueron interceptados ilegalmente a partir de un informe falso de la Policía Judicial, que hizo pasar a las dos mujeres como colaboradoras del Clan del Golfo.
El presidente Petro decidió al día siguiente, con el argumento de que no haya sospechas de intervención en la investigación, sacar del gobierno Sarabia y el embajador Benedetti, quien antes fue jefe de Sarabia durante siete años. Un día antes de la revelación de la Fiscalía, Benedetti lanzó una pregunta contra Sarabia en Twitter: “¿Ella chuza?”.
Más allá de los efectos políticos de esta crisis, hay al menos cinco grandes cabos sueltos en los que faltan respuestas o las que existen son contradictorias:
1. ¿Quién dio la orden de la interceptación?
La principal duda es quiénes son los responsables de la interceptación ilegal. El viernes, la Fiscalía llamó a interrogatorio a un analista de comunicaciones y tres investigadores de la Policía que habrían estado involucrados en la elaboración del falso informe de inteligencia que llevó a la chuzada.
Ese informe afirmaba que Marelbys Meza era la cocinera de alias “Siopas”, cabecilla del Clan del Golfo en Chocó. Y que Fabiola (la otra empleada de Sarabia) era colaboradora de otro mando de ese grupo criminal, con el alias de “La Madrina”. Con base en esa información, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales dio la orden de interceptar los dos teléfonos.
Según Barbosa, el fiscal que investigaba al Clan del Golfo en Chocó fue inducido al error por los policías judiciales de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín). Por eso Barbosa citó a interrogatorio a los policías.
Pero los aliados del presidente argumentan que la responsabilidad es del fiscal que mandó a intervenir los teléfonos. “No cumplió con el deber de verificación preliminar que exige la directiva 04 de 2021. No es cierto que el fiscal haya sido engañado. La Fiscalía entrampa a la Dijin para afectar al gobierno”, publicó el sábado el abogado Miguel Ángel del Río, cercano al petrismo.
La directiva que cita del Río no aclara que la culpa sea del fiscal que investiga al Clan del Golfo, pues quedaría por establecer el por qué se hizo un informe de policía judicial con información falsa, y justamente vinculando a las dos exempleadas de Sarabia.
Aunque la Fiscalía no señaló directamente a Sarabia como responsable de la chuzada, cuando se le preguntó por eso en la rueda de prensa la vicefiscal Martha Mancera respondió: “Es importante no perder de vista que a quien le robaron la plata fue precisamente a la señora Laura. Ella tendrá que rendir interrogatorio e informarle a la Fiscalía General cuáles fueron los actos que determinó. Si hizo o no el llamado para el polígrafo y si tuvo que ver con las interceptaciones”.
En su comunicado de renuncia, Sarabia negó haber dado la orden. “Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular”, dijo.
Su versión fue respaldada por el presidente Petro, quien dijo que “ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas” y se refirió a Sarabia como “mi funcionaria querida y estimada”.
La confianza de Petro en su mano derecha viene de una investigación que él mismo hizo, según dijo. “Mis propias indagaciones, hechas en estos días, me dan confianza a mí mismo, porque hubiera sido terrible el que de mi gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los que hemos luchado durante décadas”, dijo el viernes.
Pero las declaraciones de la Fiscalía sí van en el sentido de la posible responsabilidad de Sarabia, algo que no está probado.
2. ¿Cuál fue la cronología del caso?
El presidente Gustavo Petro reprodujo un trino el viernes que señalaba a la Fiscalía de haber “ordenado chuzar a la exniñera de Laura Sarabia varios días antes del robo en su casa”.
Pero se trató de una confusión con la cronología de los hechos. Así fue la línea de tiempo:
- El 29 de enero, a las 12:30 del mediodía, Laura Sarabia se da cuenta de que en su casa falta una maleta con dólares.
- El 30 de enero, Sarabia pone la denuncia por hurto y una fiscal asume el caso.
- El mismo 30 de enero integrantes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) presentan ante un fiscal que lleva un caso contra el Clan del Golfo en Chocó el informe que pedía intervenir los teléfonos de las dos empleadas de Sarabia, como supuestas colaboradoras del grupo criminal.
- Y también ese 30 de enero, en la tarde, es interrogada en instalaciones de la Presidencia, con polígrafo, la niñera Marelbys Meza.
Según el fiscal Barbosa, para el momento en el que Meza fue interrogada, ya había sido interceptada y escuchada ilegalmente.
La razón por la que Petro y algunos de sus aliados han dicho que se chuzó a la niñera antes del robo es porque hay una orden de interceptación de teléfonos anterior, del 26 de enero.
Pero según la Fiscalía se trataba de “líneas telefónicas distintas a la de la exniñera y la otra mujer”. La petición de interceptar a Marelbys y la otra empleada se hizo recién el 30 de enero, cuando ya se había dado el presunto robo.
3. ¿Cuánta plata se perdió en la casa de Sarabia?
Hay tres versiones sobre cuánto fue el dinero en una maleta que se perdió en la casa de Laura Sarabia: 4.000 dólares, 7.000 dólares (equivalentes a unos 30 millones de pesos) o 150 millones de pesos.
Según Semana, Sarabia les dijo antes de la publicación de la entrevista con Marelbys que inicialmente no sabía específicamente el monto. “Eran más o menos unos 3.500 o 4.00 dólares y otra plata que había sacado para pagar una tarjeta, unos 5 millones de pesos”, habría dicho la jefe de despacho.
El viernes 26 de mayo Sarabia amplió su versión frente a la Fiscalía. Según la vicefiscal Mancera, allí Sarabia dijo que eran 7.000 dólares, equivalentes a unos 30 millones de pesos. En su cuenta de Twitter, la exjefe de despacho repitió esa cifra, aunque dijo que eran “no más de 7.000 dólares”.
Y en su entrevista con Semana, Marelbys Meza dijo que durante el interrogatorio con polígrafo que le hicieron los policías le dijeron: “Aquí no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 150 millones de pesos que usted se robó. Diga dónde los tiene”.
En la rueda de prensa del pasado jueves, la vicefiscal Mancera dijo que el monto del dinero perdido también es parte de la investigación. “Hoy sabemos que se perdió dinero en la casa de Laura. Muy seguramente se le preguntará que nos especifique la cantidad de dinero que realmente se perdió”.
Sobre el origen de la plata, Sarabia dijo en su cuenta de Twitter que correspondían “a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023”.
Según el exembajador Benedetti, él estuvo en contacto con Sarabia desde abril por ese caso. Dijo que “el problema para ella era que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”. No queda claro por qué sería un problema si los recursos venían de pagos de viáticos oficiales.
4. ¿El interrogatorio con polígrafo fue por seguridad nacional?
Hay una discusión entre Presidencia y la Fiscalía sobre el interrogatorio a Marelbys Meza en el edificio Luis Carlos Galán, ubicado en la Presidencia. Según el gobierno, el procedimiento fue por motivos de seguridad nacional: un hurto en la casa de la jefa de despacho del presidente. Esta versión ampara a Sarabia de haber cometido una irregularidad.
“Si en mi casa se perdiera un papel reservado de inteligencia, yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean”, dijo el presidente Petro en su discurso el pasado viernes.
Pero la Fiscalía fue enfática en decir que el interrogatorio con polígrafo que hizo la Policía se enfocó en un asunto personal de Sarabia. “Todas las preguntas (del polígrafo) se señalaron frente al patrimonio económico: dónde está el dinero y hacia dónde va el dinero. Si se trata de seguridad nacional, no se deben hacer preguntas que solo son para un interrogatorio con un abogado dentro del caso de hurto”, dijo la vicefiscal Mancera en la rueda de prensa del jueves.
El primer comunicado de la Presidencia explicando el caso citó dos decretos para hacer el interrogatorio con polígrafo: el 2647 de 2022 y el 1066 de 2015. El primero es el que hizo la reestructuración en la presidencia de Petro y el segundo fue el que estableció el reglamento del Sector Administrativo de Interior.
Ninguno de los dos documentos habla específicamente de interrogatorios con polígrafo, aunque es un hecho que este tipo de interrogatorios se han hecho en gobiernos anteriores. En 2021, por ejemplo, se usó el polígrafo para interrogar a 300 militares y funcionarios tras un intento de atentado contra el entonces presidente Iván Duque.
La discusión de fondo es sobre los límites de lo que se considera seguridad nacional. “La seguridad nacional, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es una noción extremadamente limitada”, dijo el fiscal Barbosa en una entrevista la semana pasada. “¿Si a mí me roban una chaqueta es un asunto de seguridad nacional solo porque soy funcionario? Es un delito contra mi patrimonio personal”, agregó el fiscal.
Petro insistió el viernes en que sí se trató de un caso de seguridad nacional. “Se llaman, según la sentencia de la Corte y los protocolos, procesos de confianza, cuando las personas están en un alto grado de vulnerabilidad porque, como en este caso, hacen parte del comité de seguridad nacional”.
5. ¿El fiscal llamó a la Policía a sedición contra el presidente?
En su entrevista del 29 de mayo con Blu Radio, antes de que se revelaran las interceptaciones ilegales, el fiscal Barbosa envió un mensaje al director de la Policía y a la dirección de la Dijín: “Ustedes se quedan mucho más de los 3 años que tiene este gobierno. No hay que sobrepasarse ni hay que pensar que porque les dan una orden eso hay que hacerlo. Pues el que cometa acciones por fuera de la ley tendrá que responder ante las autoridades”, dijo Barbosa.
Sus declaraciones causaron otro choque con el presidente, en una disputa que ambos mantienen desde hace meses. Petro respondió el viernes: “A través de medios de comunicación algún alto funcionario del Estado, que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes que desobedezcan al Presidente de la República. Eso se llama sedición. El Presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y ejerce todos los días esa función”.
Este caso ha puesto en el foco los límites del poder del fiscal y el presidente, y el control que cada uno tiene sobre temas de inteligencia. Aunque el presidente es el comandante de las fuerzas armadas, y por tanto tiene bajo su mando a la Policía, algunos funcionarios de esta institución también responden a la Fiscalía. En específico la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que es la que ejerce como Policía Judicial.
Bajo el mando del presidente está la Inteligencia a través de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
En este caso, el informe falso que lleva a la interceptación de los teléfonos de las empleadas de Sarabia provino de la Dijín. Por eso hay una discusión entre los aliados de Petro y los de Barbosa sobre quién tendría la responsabilidad.
