Ayer la Corte Constitucional celebró una audiencia para escuchar a los congresistas uribistas que demandaron la ley de Paz Total, al gobierno, y a expertos en el conflicto y en la justicia transicional. Fue una jornada que no solo demostró la sofisticación intelectual que existe en el país sobre este tema sino el tamaño del “chicharrón” que enfrenta la Corte.
La pregunta central que deberán resolver los magistrados es si la Constitución le permite al gobierno Petro aplicar al crimen organizado —como el clan del Golfo, las bandas criminales de Medellín o las disidencias del Acuerdo de Paz— la justicia transicional. Estas son cinco conclusiones que surgen de esta discusión alrededor de la paz total:
1. Para Danilo Rueda es irrelevante si los grupos armados tienen carácter político o no para negociar con ellos
La ley de la paz total establece dos carriles diferentes para negociar la paz: el camino de las negociaciones políticas con grupos armados que “bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.” Y el camino de los “acercamientos y conversaciones con grupos o estructuras criminales de alto impacto con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.”
Durante la audiencia, quedó claro que para el Alto Comisionado de Paz la violencia es principalmente el resultado de causas objetivas de inequidad social y económica. Refiriéndose a miles de jóvenes combatientes dijo que “muchos de ellos solo tienen como oportunidad para la sobrevivencia el ejercicio de la violencia”.
Y como consecuencia de ese supuesto, Rueda considera que el carácter político del grupo armado debe ser irrelevante para suscribir acuerdos de paz.
Según dijo en su intervención, la motivación política del grupo solo importa para efectos de conceder amnistías. De resto, mientras el grupo sea “parte del desarrollo de una conflictividad armada” puede suscribir acuerdos de paz con el gobierno.
Entonces, para efectos de una negociación de paz y de aplicarles los mecanismos de justicia transicional una guerrilla como el ELN no es diferente del clan del Golfo pues ambas organizaciones tienen un mando y ejercen un control territorial que les permite realizar operaciones militares sostenidas. “El objetivo es hacer creíble el artículo 22 (el derecho a la paz), en particular para los excluidos sometidos a dinámicas armadas”, dijo el Comisionado.
Tras su intervención, el magistrado Jorge Enrique Ibañez, uno de los más críticos de la ley, cuestionó el doble discurso por parte del gobierno. Dijo que no había “congruencia” entre el Alto Comisionado que dice que la Constitución no exige carácter político para iniciar procesos de paz y el del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que habló de los dos carriles: uno con organizaciones políticas y el de sometimiento con las puramente criminales.
“Estas categorías jurídicas, político o no político, no pueden volverse un obstáculo para lograr ese anhelo de la pacificación”, contestó el ministro Osuna.
2. Hay dos ‘escuelas’ sobre qué tanto debe valorarse la motivación política de los grupos con los que se negocia
En la audiencia fue evidente que hay dos aproximaciones muy diferentes a qué tanto peso se le debe dar al carácter político del grupo armado para efectos de aplicarles la justicia transicional en una negociación política.
Por un lado está la ‘escuela’ de los que jugaron un papel clave en las negociaciones con las Farc en la Habana y por el otro la de quienes consideran que la dicotomía entre grupos que tienen una motivación política y los que no ya no es relevante.
Tanto Iván Orozco como Rodrigo Uprimny, dos de los juristas más reconocidos en el país y cuyas ideas fueron claves en el Acuerdo de la Habana, defendieron la idea de que si bien el derecho internacional humanitario es “agnóstico” frente a las motivaciones políticas de los grupos armados, en el derecho colombiano la condición de rebelde frente al Estado es una condición para una negociación de tipo político.
“La justicia transicional es para actores rebeldes”, dijo Uprimny, quien habló como presidente de la Comisión asesora de la política criminal. “Eso no excluye poder usar mecanismos parciales en otros contextos de criminalidad para satisfacer los derechos de las víctimas”.
En el mismo sentido se expresó Orozco: “En el abigarrado escenario de la paz total, el ELN es la única parte rebelde del conflicto. Los demás deben ser tratados como delincuentes comunes. Es la mejor manera de marcar la cancha.”
La directora de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien trabajó en el armazón jurídico del Acuerdo de Paz, defendió la idea de que aunque “el derecho internacional no establece con quién se puede negociar y con quién no, sí señala el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Y esa obligación sólo es modulada a nivel internacional para partes en el conflicto armado a la terminación de las hostilidades, no para grupos de crimen organizado”.
En la otra escuela estaban académicos prestigiosos como Ana María Arjona y Francisco Gutiérrez, que no son abogados, y miraron el tema más desde la dinámica actual del conflicto.
Según Gutiérrez, autor de varios libros sobre el conflicto, la dicotomía de grupo político vs. no político no funciona más. “Pueden ser al mismo tiempo muy políticos y muy criminales”, dijo. Y dio como ejemplo el caso de los paramilitares cuya captura de la política coincidió con su pico de narcotización.
“Hay una oportunidad de oro”, dijo Gutiérrez. “La paz total es la posibilidad de integrar grupos de muy diversos signos en un solo paquete para quitarle veneno a la vida pública”.
Tanto para la Procuradora, Margarita Cabello, como para la Vicefiscal, Martha Mancera, la distinción entre los grupos políticos y las bandas criminales es indispensable. Con las primeras el gobierno tiene un protagonismo clave en la negociación mientras que con las segundas “el protagonismo lo tienen los jueces”, según dijo Cabello.
3. Los derechos de las víctimas son más importantes de lo que reconoce la ley de paz total
Una diferencia importante entre la negociación en la Habana con las Farc y la Paz Total es que mientras que la primera tuvo como eje conceptual a las víctimas de todos los grupos armados, la segunda gira alrededor de las comunidades en las zonas azotadas por el conflicto.
En su intervención, Danilo Rueda fue explícito en que el objetivo de la Paz Total es “hacer creíble el artículo 22, en particular para los excluidos sometidos a dinámicas armadas” y arrancó su intervención mencionando los seis conflictos armados que se viven en el país en los que “los afectados eran las mismas comunidades negras, campesinas, indígenas” y personas vulnerables de los centros urbanos.
Sin embargo, durante la audiencia fue evidente que tanto para los expertos que participaron como para los magistrados los derechos de las víctimas son una línea roja.
Uprimny, por ejemplo, dijo que la ley de paz total es de “constitucionalidad discutible” porque debe como “mínimo” reconocer los mismos derechos a las víctimas que el Acuerdo de la Habana y el deber del Estado de investigar los crímenes graves cometidos por los grupos con los que se negocia. “Hay unos límites constitucionales de entregarles beneficios políticos en desmedro de los derechos de las víctimas”, dijo.
Cuando la magistrada Diana Fajardo le preguntó al Comisionado sobre los derechos de las víctimas en la ley de paz total, Rueda dijo que “hubo un ejercicio de reconocimiento de las voces que han padecido la violencia”.
4. La Corte debe regular la discrecionalidad del presidente
Además de los derechos de las víctimas, otro tema fundamental en la audiencia fue el de la discrecionalidad que debe tener el presidente Petro en estas negociaciones de paz.
A juzgar por las preguntas de los magistrados, este será un punto sobre el que la Corte Constitucional creará lineamientos más restrictivos si salva la ley.
“¿Estamos ante un nuevo ciclo de violencia que el Gobierno quiere enfrentar sin reglas de juego? ¿Cuál es el marco jurídico aplicable en este nuevo ciclo? ¿Las estructuras criminales de alto impacto que están iniciando conversaciones saben a qué atenerse, están sentadas para avanzar a un acuerdo de paz con tratamiento político o saben que se tienen que someter a la justicia penal ordinaria?”, fueron algunas de las preguntas del magistrado Antonio José Lizarazo.
Varios de los que intervinieron le pidieron a la Corte ayudar a establecer criterios objetivos para interpretar la ley. María Victoria Llorente, la directora de la Fundación Ideas para la Paz, se lo pidió frente a tres asuntos claves: que defina cuáles organizaciones deben ir por el carril de la negociación política y cuáles por el de sometimiento; que especifique qué puede o no decir la ley sobre los procesos de sometimiento; y que defina el tratamiento jurídico para los que firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y luego lo incumplieron.
Este último punto es fundamental pues, por ejemplo, 8 de los 19 representantes del Estado Mayor Central con el que el gobierno va a abrir una negociación fueron firmantes del Acuerdo de la Habana y según la Constitución no podrían gozar nuevamente de un tratamiento político puesto que toda la idea de ese acuerdo era cerrar el ciclo de la violencia política.
Tanto el Comisionado de Paz como el ministro de Justicia consideran que sí se puede negociar con las disidencias que traicionaron el Acuerdo de Paz. “El hecho de que unas personas se desmovilicen y luego se rearmen no impide que el Estado intente un nuevo ciclo de paz para enfrentar un nuevo ciclo de la guerra”, dijo Rueda.
5. No hay plan B a la Paz Total
Varios en la audiencia, comenzando por el Comisionado, hablaron de que estamos ad portas de un “tercer ciclo de la violencia” que la Paz Total ayudaría a evitar.
Un informe que acaba de publicar la Fundación Ideas para la Paz sobre la seguridad y la paz total durante el primer año del gobierno Petro muestra que si falla la política de paz el gobierno no tiene un plan B puesto que la política de seguridad tiene muy pocos avances todavía.
Sus investigaciones señalan que los grupos armados continúan fortaleciéndose mientras que crecen los enfrentamientos entre grupos armados y disminuye la confrontación contra el Estado y las acciones de la Fuerza Pública.
También indican que bajan los homicidios y los ataques a la infraestructura pero permanecen y aumentan otro tipo de afectaciones a los ciudadanos como los confinamientos, el secuestro y la extorsión.
“La implementación de la estrategia de seguridad ha tenido un comienzo lento y no ha logrado materializarse a nivel local”, dice el estudio, que muestra las falencias de estrategias de seguridad claves de este gobierno como los Puestos de Mando Unificado por la Vida y la persecución de las finanzas criminales. También concluye que no hay una articulación entre la política de seguridad y la paz total.
