Una serie de investigaciones de La Silla sobre cómo se gastan las regalías en las regiones muestra las dificultades que ha tenido Santos para lograr su propósito con este proyecto.
En los últimos dos meses el DNP ha logrado impulsar la aprobación de proyectos de regalías por casi 3 billones de pesos y le apunta a aprobar en total 7 billones en lo que queda del año. A pesar de esas buenas noticias, y de que forman parte de la apuesta del presidente Juan Manuel Santos de acelerar la ejecución de las regalías para compensar el apretón fiscal, la forma de aprobarlos y de gastar la plata hacen muy difícil que logre mover la economía eficientemente.
A partir de las investigaciones que hicimos en Arauca, Valle del Cauca y el Caribe estas son las cinco razones por las que a Santos le costará trabajo lograr su propósito:
La politiquería incentiva los proyectos pequeños
Cuando el gobierno Santos hizo una gran reforma a la forma en la que se reparten y gastan las regalías (para que no se concentraran en unas pocas regiones productoras sino que se distribuyeran por todo el país), uno de los elementos más novedosos y al que le hizo más énfasis fue a que ahora se gastarían según lo que decidieran los que bautizó “triángulos de buen gobierno”.
Esos triángulos serían unos espacios en los que alcaldes, gobernadores y el Gobierno Nacional (los tres vértices del triángulo) debatirían las prioridades de gasto y luego aprobarían proyectos que las aterrizaran.
La idea es que ésto aseguraría que las decisiones no fueran unilaterales y caprichosas, como eran muchas de las que tomaban alcaldes y gobernadores sin consultar con nadie. Por eso, solo se pueden contratar con plata de regalías los proyectos cuando dos de los tres grupos votan a favor.
Esos espacios, llamados Órganos Colegiados de Administración y Decisión (y conocidos por su acrónimo, Ocad), tendrían una secretaría técnica en Planeación Nacional, serían regionales para que la plata se fuera a proyectos grandes y ambiciosos que transformarán el país, y no a pequeñas obras locales, y solo podrían aprobar proyectos formulados según una metodología definida por Planeación.
Es decir, sumaría una decisión política de los alcaldes y gobernadores sobre las prioridades de sus regiones, a un debate técnico sobre la fortaleza de los proyectos puntuales.
A pesar de ese nuevo esquema, en los Ocad sigue primando lo político sobre lo técnico.
Del lado político, porque el sistema solo permite que los gobernadores presenten proyectos ante los Ocad (los alcaldes sólo lo pueden hacer en los más pequeños Ocad locales, que manejan menos plata, y uno de los nuevos ajustes es que en ciertas circunstancias la Nación también pueda) y eso los deja con el mayor poder: si ninguno de los gobernadores quiere que un proyecto se haga, ni siquiera se discute.
Eso se suma a que en la realidad política los gobernadores tienen una voz más fuerte que los alcaldes porque, a excepción de las grandes ciudades, suelen tener más peso político e incluso son jefes políticos de muchos alcaldes.
Además, las gobernaciones suelen tener más capacidad técnica que los alcaldes y existe la idea de que las regalías son de los departamentos.
Eso lleva a que en vez de que haya un debate entre gobernadores y alcaldes, existe el incentivo para que se alíen y voten de la misma manera para apoyarse mutuamente sus proyectos, sobre todo cuando les sirven para mostrar ejecución en sus regiones y durante su mandato. Eso lleva a que prioricen obras pequeñas sobre megaproyectos que tardan más tiempo.
Con dos votos ya de entrada, los funcionarios nacionales, que no tienen peso político sino que son técnicos, no suelen oponerse por motivos de pertinencia, y solo lo hacen cuando el proyecto es muy flojo.
No se han quitado los incentivos para la corrupción
No mucha gente sabe cómo formular los proyectos según la metodología de planeación, e incluso en general, lo que debilita mucho los proyectos a nivel técnico.
Dada la debilidad de muchas secretarías de planeación, se ha creado un negocio de intermediación de consultores que llegan a los municipios a ofrecerles que les arman los proyectos para acceder a las regalías, algo parecido a lo que ha ocurrido con otras exigencias como los planes de desarrollo o los de ordenamiento territorial.
Incluso, según dos fuentes de Planeación Nacional, ha llevado a que en algunos casos estos consultores puedan cobrar una prima de éxito si el proyecto es aprobado en el Ocad, lo que a su vez es un espacio nuevo para la corrupción.
Los proyectos son principalmente de cemento
Dada la debilidad técnica de los proyectos, la mayoría se demoran en ser aprobados por los Ocad y cuando finalmente se votan los aprueban por unanimidad y suelen ser de cemento, que si bien son rentables políticamente y con frecuencia satisfacen necesidades puntuales no siempre son los más útiles para mover la economía.
Un ejemplo de ello es Córdoba, donde la mayoría de la plata se va a infraestructura para mejorar la calidad de vida de los cordobeses con obras visibles, o en Arauca, donde el 40 por ciento de los recursos se fueron en cemento.
La plata de ciencia y tecnología no se fue a eso
La politiquería y la debilidad técnica de los proyectos muestran que la gran reforma de 2012 se quedó corta. Pero no son las únicas pruebas de eso.
Uno es el caso particular de la apuesta de usar las regalías para dar un salto en ciencia y tecnología, que fracasó: como mostró La Silla, esa plata no se ha ido a financiar a los científicos o quienes desarrollan tecnología.
Hay casos especialmente graves, como el de Arauca, donde el 20 por ciento de ese fondo terminó en transporte y alimentación escolar; o el de Córdoba, donde el representante legal del contratista de un convenio para ejecutar 51 mil millones de pesos que iban a la ciencia terminó sin ejecutarlo y detenido en el proceso por el asesinato del ex director departamental de regalías.
Eso se debe en buena medida a que el poder político de los gobernadores llevó a que la plata de la ciencia se repartiera por departamentos, con la lógica de cerrar brechas sociales y no la de impulsar al país en la ciencia. Eso a pesar de que quedó asegurado que el 10 por ciento de todo el dinero se va a un fondo con ese destino.
Existe un trancón en la ejecución
El otro lío es que se ha armado un gran trancón en la ejecución de las regalías, lo que quiere decir que las empresas pagan las regalías pero el Estado no se gasta la plata para resolver problemas sociales y mover la economía.
De hecho, hasta enero de este año, solo se habían terminado proyectos por el 40 por ciento de la plata que había entrado al sistema nuevo y a 31 de diciembre había 5,4 billones de pesos por aprobar en todos los Ocad. Es decir, plata que se dejó de usar para mover la economía y resolver problemas sociales.
Además, como muestra el lío de Córdoba, es difícil saber qué ocurre con los proyectos después de que el Ocad aprueba que se paguen con regalías.
Como la ejecución queda en manos de la Gobernación, solo se puede saber quién lo ejecuta, si lo hace, qué problemas tiene o, en general, qué pasa con la plata, con archivos de cada Gobernación. Y muchos están incompletos.
Y cuando se logra saber en qué van, aparecen problemas, similares a lo que pasa con toda la contratación pública en Colombia pero que muestran que la reforma no logró blindar a las regalías de esos líos.
Por ejemplo, los dos principales proyectos del Valle del Cauca, ambos de vías, están muy demorados: debían hacerse en 12 meses y ya van 20, y nada que se terminan.
En Córdoba, de 22 mega proyectos aprobados por el Ocad entre 2013 y 2015, a fines de 2016 sólo 4 estaban terminados, y 6 de ellos se licitaron con un solo oferente.
En Arauca, compraron un avión sin licitación (de forma directa), y en licitaciones como el de transporte escolar, el de un centro ferial o el de la TIC en colegios, solo se presentó un proponente. Y en los dos más grandes (innovación para ganadería y vía Cravo Norte- Corocoro) están apenas arrancando su ejecución, atrasados frente al cronograma y con grandes problemas.
