Hoy la Cámara de Representantes hará el debate de moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen.
Será la séptima vez que el Congreso de la República propone tumbar a un jefe de cartera de Iván Duque, con un mecanismo que ha sido efectivo solo una vez en este gobierno. En octubre de 2019, antes de que el Senado de la República votara la moción de censura contra el entonces ministro de defensa, Guillermo Botero, él renunció a su cargo.
Estos son los puntos claves para seguir el debate:
¿Por qué es importante?
- Es la mancha de corrupción más visible que ha tenido el Gobierno de Iván Duque. Se trata de uno de los contratos más grandes que ha licitado el ministerio de las TIC, por 1,07 billones de pesos; uno de los temas centrales de la administración, la tecnología y el acceso a internet; y una de las ministras más cercanas del presidente. El escándalo mina la gobernabilidad del presidente, pues ha respaldado con vehemencia a la ministra cuestionada, si queda mal parada, Duque pierde más credibilidad.
- Pone a prueba la coalición del Gobierno, que se fortaleció después de que el presidente reorganizó su gabinete después del paro, dándole más juego a Cambio Radical y la U, con los ministerios de Comercio y de Ciencias. Pese a lo difícil que es que pase la moción de censura (necesita 90 votos para ser aprobada) se prevé que la defensa de la coalición a la ministra no sea contundente.
- Pone la lupa sobre el poder del clan Char, al que pertenece la ministra Abudinen, quien fue secretaria de educación de Alejandro Char. Los Char son una fuerza influyente dentro de Cambio Radical, con 11 congresistas aliados, que probablemente apoyarán a la funcionaria, a pesar de las críticas de Germán Vargas Lleras, el jefe político de Cambio Radical, contra ella.
¿Qué va a pasar?
- Hoy en el debate pasarán uno a uno los 23 congresistas que convocaron la moción de censura. En sus presentaciones le reclamarán a la ministra su responsabilidad política en la fallida contratación de la unión temporal Centros Poblados, que presentó garantías falsas para ganarse un contrato millonario para llevar internet a colegios rurales. Argumentarán que la Ministra no solo tenía cómo saberlo, sino que además fue advertida de las irregularidades en el contrato.
- Después hablará la Ministra y se defenderá. Y posteriormente, los demás congresistas presentarán también sus argumentos. Algunos partidos de la coalición están aún divididos sobre si apoyarán o no a la ministra. El Centro Democrático es uno de ellos. Aunque todo apunta que el conservador la respaldará, al cierre de esta nota no había una posición oficial.
- En diez días se citará la votación de la moción. La oposición necesita 90 votos en la cámara para que sea aprobada. Es poco probable que lleguen a este número, pero el impacto de la discusión podría llevar a la renuncia de la ministra, como ocurrió con el exministro de defensa, Guillermo Botero. A eso le apuesta la oposición. Ese impacto podría ser disminuido por el hecho de que el debate no será transmitido por televisión. Pero los congresistas de la oposición podrían tener un as bajo la manga que le suba el volumen a la moción: según la representante del Verde, Katherine Miranda, pedirá a Abudinen explicaciones sobre una reunión que tuvo con Emilio Tapia, vinculado con una de las empresas del consorcio, antes de la licitación.
Detalles del escándalo
Lo que desató el escándalo fue una licitación que hizo el ministerio de las TIC en diciembre del año pasado para llevar internet a 14.000 colegios rurales del país. La licitación estaba dividida en dos sectores, la primera la ganó Claro Colombia, y la segunda la Unión Temporal Centros Poblados.
Esta última tenía la obligación de llevar internet a 7.277 colegios, en quince departamentos del país, y para ello el Estado le iba a pagar 1,07 billones de pesos.
Desde antes de que ganaran el contrato ya había varias sombras sobre el proceso, y el consorcio en particular:
- Tres de las cuatro empresas que lo conformaban no tenían ninguna experiencia en el sector de tecnología, ni de conectividad de internet. Eran constructores de infraestructura, vías y edificios.
- Estas empresas tenían vínculos directos con el carrusel de la contratación: Omega Buildings e Intec de la Costa, tenían vínculos con Emilio Tapias, e ICM Ingenieros es una empresa de familiares del exgobernador Álvaro Cruz. Intec de la Costa incluso tenía las cuentas embargadas en el momento de la licitación, por un proceso judicial.
- La empresa que sí tenía experiencia en el sector tecnológico era Novotic. Esta firma estuvo involucrada en un contrato de conexión de internet Norte de Santander, por el cuál fue destituido el exgobernador William Villamizar.
- En los papeles que presentó Centros Poblados no tenía una póliza de seriedad expedida por una aseguradora, como la mayoría de los participantes de la licitación, sino una certificación bancaria de Itaú.
- El Mintic dejó por fuera de la competencia a dos multinacionales con satélites propios: China Great Wall Industries y el consorcio formado por Hughes de Colombia S.A.S. y BT Latam Colombia.
Pese a estas sombras Centros Poblados presentó la segunda mejor oferta en la licitación y ganó uno de los contratos. Pero se empezaron a atrasar en las primeras metas de la ejecución.
En junio de este año, cuando el Ministerio de las TIC ya había girado $70.243 millones de pesos como anticipo al consorcio, convoca a una audiencia de incumplimiento y llama al Banco Itaú, para reclamar las garantías del contrato. Los representantes del banco dijeron que las garantías presentadas por Centros Poblados eran falsas.
Por los documentos chimbos el Ministerio declaró la caducidad del contrato el 13 de agosto, presentó una denuncia ante la Fiscalía, y pidió intervención de la Procuraduría y la Contraloría. También abrió un proceso interno contra la empresa que contrató para revisar los documentos presentados por los participantes en la licitación, Sescolombia SAS.
Estas actuaciones serán la base de la defensa de la ministra Karen Abudinen. El argumento con el que hasta ahora se ha defendido en varios medios de comunicación, es que no tenía cómo saber que las garantías eran falsas.
Mientras que Centros Poblados, representado ahora por el abogado Jorge Pino Ricci, anunció demandas contra el Mintic, pues asegura que pese a los retrasos, no estaban incumpliendo el contrato. Y, frente a las garantías, argumentó que las había contratado con otra empresa (Rave Agencia de Seguros), y que la unión temporal es un tercero de buena fe en el proceso.
Ricci dijo a El Tiempo que la forma como se hizo la caducidad fue tan atípica que “parece que la ministra Karen Abudinen nos estuviera ayudando”.
Están en juego los 70.243 millones de pesos de anticipo que giró el Mintic, y que en su mayoría están en cuentas en el exterior.
Aunque las investigaciones no han mostrado pruebas irrefutables de corrupción al interior del Ministerio, bajo el liderazgo de Abudinen se desencadenó, como mínimo, una cadena de errores que llevó a que uno de los contratos más grandes y estratégicos para su administración se entregara con garantías falsas y a empresas con múltiples cuestionamientos encima.
Los 23 congresistas que hablarán hoy en el debate, le reclamarán justamente su responsabilidad política en este caso, centrarán la discusión en documentar cómo la Ministra no solo tenía cómo saberlo, sino que además fue advertida de las irregularidades en el contrato.
