La propuesta que está liderando el ministro de justicia, Enrique Gil, hace eco de una idea del Procurador que está en el centro de los temas que más maneja.
La chiva de Blu Radio, esta mañana, de que el gobierno de Juan Manuel Santos va a impulsar un referendo para reformar la justicia, es una forma en la que el Presidente reacciona al escándalo que tiene sumida a la cúpula de la justicia,. Y también es la forma en la que el Procurador General, Fernando Carrillo, encuentra una bandera política que le puede ayudar a darle una narrativa a toda su gestión, pues la propuesta viene de él.
La semana pasada Carrillo le envió una carta a Marta Lucía Olano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en la que propuso hacer un referendo para reformar la constitución en temas de justicia, sin hacer una Constituyente que sería “un salto al vacío”.
“Una constituyente, en medio de la polarización y un debate electoral, sería dar un salto al vacío. La Procuraduría considera que la vía adecuada es un referendo que, a partir de un intenso proceso técnico de debate y construcción y de una amplia participación de la ciudadanía, una a los colombianos en los temas esenciales de ajuste y permita, en corto plazo, recobrar la confianza en la rama judicial”, escribió Carrillo.
Esa idea es la que retomó el Gobierno que, en palabras del Ministro de Justicia, ya empezó a socializar esa idea entre las altas Cortes, y lo hará con la academia y los partidos políticos. En todo ese proceso
La bandera de Carrillo
Carrillo se posesionó en la Procuraduría en enero de este año y en estos meses no ha tenido gran protagonismo. A pesar de la crisis por la corrupción encabezada por los escándalos de Odebrecht y Reficar, la Procuraduría no ha tenido un papel relevante.
Eso quizás porque estaba recién llegado al cargo cuando estallaron, porque el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ha ocupado un lugar protagónico, y porque la personalidad de Carrillo no es tan confrontacional como la de su antecesor Alejandro Ordóñez (quien ha destacado la cantidad de funcionarios que sancionó como Procurador).
En otros asuntos tampoco ha sido protagonista, en parte porque está iniciando su período, aunque recientemente ha empezado a ser más visible con su solicitud al Gobierno de intervenir Medimás (la EPS que reemplazó a Cafesalud y que con menos de 2 meses de funcionamiento ha sido objeto de una avalancha de críticas y denuncias).
Pero la crisis institucional de la justicia, que aunque viene de tiempo atrás se agudizó con la vinculación de tres ex presidentes de la Corte Suprema (Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino) y a un magistrado actual, Gustavo Malo, a posibles coimas por tomar decisiones judiciales, le dieron a la crisis de corrupción una faceta que encaja perfectamente con su perfil.
Carrillo, abogado javierano, ha hecho carrera como experto en temas judiciales y constitucionales, que son justamente los que toca.
Inició su vida profesional como uno de los líderes el movimiento de la séptima papeleta, que dio origen a la Constitución de 1991 y a la consolidación del Estado Social de Derecho. Fue constituyente con solo 27 años, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente y, con ello, uno de los creadores de figuras como la Fiscalía y la Corte Constitucional.
Luego fue ministro de Justicia de César Gaviria, con menos de 30 años y cuando arrancaba la implementación de las nuevas instituciones judiciales de la Constitución de 1991. Tras su salida, en medio de fuertes críticas por la política de sometimiento de Pablo Escobar, trabajó durante casi 20 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, inicialmente como coordinador del programa de Reforma Judicial para todo el continente.
Aunque estuvo en varios cargos siempre estuvo cerca de la asesoría a reformas constitucionales y judiciales, y regresó al país para dirigir la Agencia de Defensa Jurídica que creó el gobierno Santos en 2011. Luego asesoró a Santos para enfrentar la crisis por la polémica reforma a la justicia que terminó hundiendo el propio Presidente, a pesar de ser su autor, gracias a una tesis jurídica que Carrillo ayudó a sustentar, y Santos lo nombró Ministro de Interior y luego Embajador en España.
Con esa trayectoria, Carrillo está muy preparado para enfrentar una crisis institucional de la Rama Judicial, y no tanto para un escándalo de corrupción que demande expertos investigadores. Y ahora que la cascada de escándalos que inició Odebrecht se convirtió en una crisis de esa índole, que el gobierno le compre la idea del referendo es un papayazo para encaminar su Procuraduría hacia los temas que más domina.
Sin embargo, no es claro que la propuesta (por lo menos en la versión que ha revelado el Gobierno), sea necesariamente la carta ganadora.
Los límites del referendo
Aunque la idea del referendo sigue siendo eso, una idea, que el Gobierno explorará mañana con los partidos políticos en el Ministerio del Interior, y por eso es posible que sufra cambios en los días siguientes, lo que explicó al respecto hoy el ministro Gil deja varios interrogantes sobre la propuesta.
La primera es si alcanza el tiempo: no es claro que se alcance a hacer todo el proceso para llegar a las urnas en marzo, el día antes de las elecciones legislativas, que según Blu Radio es la meta del Gobierno.
Eso porque para llegar hasta allá el referendo debe primero ser convocado por el Congreso. Como el Ministro explicó que la idea se está madurando con consultas y no hay un texto listo, es improbable que lo presente antes de octubre, por muy temprano. Luego el Congreso tendría que aprobar una ley que convoque al referendo, algo que incluso con mensaje de urgencia se demoraría mínimo cuatro meses. Y como hay trancón legislativo por las leyes de implementación del acuerdo con las Farc (como la estatutaria de la JEP o la de las circunscripciones especiales), que además tienen prelación porque reglamentan la paz, es probable que ese trámite no sea tan veloz y, si sale, salga en diciembre.
Después de la aprobación por el Congreso, la Corte Constitucional debe revisar la ley, para asegurarse de que el referendo se ajusta a la Constitución. Y ese procedimiento tarda varios meses: la sentencia que tumbó la posibilidad de una segunda reelección de Uribe mediante referendo, por ejemplo, salió tras casi 6 meses de estudio en la Corte. Por eso, la fecha de mazo es muy difícil de lograr.
La segunda es el contenido, porque de los cuatro puntos que reveló Néstor Morales, dos no necesitan ningún ajuste constitucional (mejores a la formación de los abogados y medidas de descongestión judicial) y otro, el tribunal de aforados, ya está avanzando como parte de la reforma política que lidera el mismo Gobierno y que está ad portas de su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Por eso, incluir el tribunal en el referendo puede debilitar su trámite en la reforma política e incluso hundirlo, sin haber asegurado su aprobación en el referendo (si es que llega a las urnas).
Y la tercera es que mezclar el debate de un referendo para mejorar la justicia con el debate electoral puede ser contraproducente, porque si bien en principio es un asunto en el que no hay grandes debates partidistas y debilitar a las Altas Cortes puede ser tentador para los congresistas (que son investigados por la Corte Suprema), puede terminar contaminando políticamente propuestas sobre las que hay amplio consenso entre los expertos y que por lo tanto seguramente serían beneficiosas de ser aprobadas, como el tribunal de aforados.
Sobre todo porque vendrían con el apoyo de un Gobierno con poco respaldo popular, en sus últimos meses y que dejaría al Gobierno siguiente, sea el que sea, la implementación de los cambios.
Pero incluso si la propuesta cambia, se enreda o no progresa por esas dificultades, el Procurador ya encontró un asunto que maneja al dedillo y que está cerca de las principales preocupaciones de los colombianos.
Sobre el tema La Silla Vacía y la Universidad Javeriana hicimos un debate en hace dos semanas. Acá lo pueden ver:
