Contra viento y marea, el presidente logrará nombrar en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) a Ovidio Claros, quien fue clave para el éxito de su tutelatón para quedarse en la Alcaldía y quien es esposo de una de quienes lo investigarán en la Comisión de Acusaciones.
Mañana Ovidio Claros será oficialmente el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Hace meses se conoce que Claros no solo es quien cuenta con los votos necesarios para consolidarse sino que es el único candidato para este cotizado puesto. Su nombramiento es el resultado de una lucha de bandos, presiones del gobierno y cambios repentinos de opinión.
La Silla reconstruye la historia a partir de entrevistas con miembros de la junta, una fuente cercana al gobierno y dos empleados de la CCB que tuvieron información de segunda mano.
La historia comienza con la salida de Nicolás Uribe, presidente de la CCB hasta el 30 de junio de este año. Su período era indefinido y su salida era discrecional de la Junta, pero decidió dejar el cargo cuando se enteró que no sería postulado por el presidente Petro para su reelección. Varios miembros de la junta le insistieron que continuara su periodo pero según una de las fuentes consultadas el actual presidente encargado, Julio Cesar Ortíz, delegado del presidente, le hizo presión contraria.
Un día después de su renuncia, apareció el nombre de Claros como candidato del gobierno y con ello, se crearon dos bandos al interior de la junta: quienes lo apoyaban y quienes dudaban de él.
El mismo día en el que Julio César Ortíz postuló a Claros, ex contralor de Bogotá y ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, como candidato del gobierno casi consigue una victoria: siete de los 12 miembros de la Junta le dieron el aval. Los 4 representantes del gobierno y tres de los empresarios: Alberto Preciado (representante de varias empresas del Grupo Santo Domingo), Morely Rubio (representante de la empresa Newgen SAS) y Martin Emilio Pinilla (Gerente de Iluminaciones del Alto Magdalena). Se necesitaba un voto más para el triunfo de Claros.
El voto definitivo tendría que salir de los 5 codirectores que se oponían: Guillermo Botero (ex ministro de Defensa de Duque) y Nicolás Botero (su suplente), Enrique Vargas Lleras (hermano del exvicepresidente), Jaime Alberto Cabal (presidente de Fenalco) y Mario Niño (presidente de Meals de Colombia).
Ovidio Claros: un imán de polémicas.
Los cinco que se oponían a la candidatura de Claros cuestionaban principalmente al candidato per sé. Según el Sarlaf —un análisis automatizado de todos los procesos judiciales que tiene una persona— realizado por la misma Cámara de Comercio, Claros ha sido parte de más de 100 procesos judiciales (todos ya zanjados).
Ha sido parte en más de 20 procesos administrativos; como demandado por parte de la Contraloría y el Instituto de Seguro Social (ISS) y como demandante en causa propia contra la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura, la Rama Judicial, entre otros.
También se ha involucrado en 10 procesos civiles, todos como demandado (entre varios por el banco Granahorrar) y en 8 procesos laborales. Claros también enfrentó una millonaria demanda por inasistencia de alimentos con sus hijos, que radicó su exesposa y del cual Claros se denominó una “víctima de persecución política”. Este proceso también se cerró cuando demostró que había pagado.
Aparece en la lista con 8 procesos penales que también le cerraron.
Aunque todos fueron zanjados, los cinco en la oposición a su nombramiento consideraban que esta historia judicial demostraba que tenía un carácter litigioso y la plataforma de Sarlaf indicaba que la contratación de Claros representaba un riesgo del 63%. Consideraban que era muy alto.
“Claros se ha ido peleado con casi todos su empleadores, los demandaba apenas sale del cargo” dijo una fuente.
Una historia litigiosa.
Ovidio Claros ha tenido polémica por cargo ocupado. Cuando fue gerente del Instituto de Seguros Sociales en el 97, se encontró que había modificado valores en un contrato para favorecer a una empresa privada. Eso le costó uno de los múltiples procesos judiciales y una suspensión de 30 días de su cargo de gerente.
En el Congreso de la República, perdió su investidura por haber inscrito su candidatura a representante mientras seguía inhabilitado por su cargo anterior en la Contraloría de Bogotá. En ese caso, el Consejo de Estado incluso estableció que Claros ejerció durante dos meses más de los permitidos el cargo de Contralor y eso le costó una inhabilitación por cinco días.
El nombre de Ovidio Claros volvió a sonar en el escándalo del carrusel de pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura en 2012. Claros era magistrado y su nombre apareció en el entramado para el nombramiento de 13 magistrados auxiliares que obtuvieron millonarias pensiones pese al corto tiempo que estuvieron al interior de la Corporación.
En ese entonces, Semana publicó una historia en la que llamó a Claros uno de los “campeones en materia de nombramientos exprés”. El 2012 se escuchó a Claros en la Comisión de Acusación y hasta ahí llegó el proceso.
En su paso por el Consejo Superior de la Judicatura, Claros fue el salvador de Petro. El entonces Alcalde de Bogotá acaba de ser destituido por el procurador Alejandro Ordóñez y como mecanismo de defensa Petro inició una tutelatón que inundó a los juzgados de tutelas del derecho a elegir y ser elegido. Cuando se buscó frenar el “tutelatón”, el caso quedó en manos del Consejo Superior de la Judicatura.
La decisión contra las 330 tutelas estaba casi tomada porque la ponencia del magistrado Sanabria tenía el respaldo de la mayoría. Pero el día de la decisión, Claros se retiró de la sesión, afectó el quórum y el magistrado, Néstor Osuna, votó en contra de la ponencia. Petro se salvó con la ausencia de Claros y Osuna es hoy en día ministro de Justicia.
Todo “a los trancazos”.
En la junta de la Cámara de Comercio la tradición era nombrar por consenso al presidente nombrado por el presidente de Colombia. En este caso no fue así.
Durante junio y julio tuvieron reuniones extraordinarias – casi semanales- a la que citaban al grupo de los cinco para convencerlos de que Claros era el candidato idóneo.
De ahí en adelante “todo empieza a ser a los trancazos”, dijo una la fuente cercana a la Junta. A los 5 imposibles de convencer se les reprochó el 11 de julio que mucho bloqueaban y poco proponían y que si el candidato no les convencía debían presentar nuevas propuestas. Sin embargo, con condiciones: tendrían solamente una semana para presentar nuevas hojas de vida.
El 21 de julio, el bando de los 5 envió una carta al presidente Ortíz con un listado de nueve mujeres, que se calificaban como “mujeres cuya trayectoria y experiencia las hace plenamente idóneas para ocupar esa dignidad por tener un perfil altamente calificado”.
Esa carta nunca obtuvo respuesta y las hojas de vida de las mujeres nunca se discutieron. Entre ellas se encontraban: María Claudia Lacouture (Ex ministra de Comercio), Hilda María Pardo (Ex vicepresidente de Claro Colombia) y Cristina Vélez Valencia (Decana de la EAFIT).
Julio Mario Ortíz le contó a La Silla una versión distinta. “Nunca se presentaron esas candidaturas. Se trató de un manejo mediático de los disidentes de la minoría” donde se envió un correo con un listado de mujeres pero “ninguna de ellas manifestó que aceptaba ser postulada y ningún miembro las presentó como corresponde”.
Por esto, continúa Ortíz “nadie salvo yo presentó candidato alguno, el único candidato que se presentó con hoja de vida fue Ovidio Claros”.
Para el grupo de los cinco todo se trató de trabas para que nadie más entrara a la candidatura. Al respecto, el decreto que regula las Cámaras de Comercio no habla de un protocolo específico para postular los candidatos a la presidencia, se limita a mencionar que deberán elegirse entre los miembros principales de la Junta.
Los Santo Domingo y los Gilinski con el mismo objetivo.
Con Claros como único candidato, la alternativa que quedaba -según el relato de una fuente cercana a las movidas del gobierno- era conseguir el voto que faltaba para completar los 8 votos para elegir a Claros. Ahí es donde aparece el nombre de Mario Niño, presidente y representante legal de Meals de Colombia, la nueva empresa del Grupo Gilinski tras la compra de Nutresa este año.
Hay dos versiones sobre quién hizo la movida que acabaría con el Sí de Mario Niño, quien se rehusó a hablar con La Silla.
La primera versión que conoció La Silla de una fuente al interior de la CCB, es que Alberto Preciado (abogado de los Santo Domingo) intentó convencer a Niño de dar su voto, recordándole que ahora que Meals estaba bajo el imperio Gilinski, darle su voto al candidato del gobierno podría darle a su empresa ventajas futuras. Niño reiteró su postura y negó el voto. Preciado negó a La Silla esa versión.
“Voy a votar (por Claros) porque tengo una posición de principios que es esta: los otros gobiernos propusieron candidato y la Cámara aceptó ¿por qué le vamos a quitar la facultad a un gobierno de proponer candidato si podría ser elegible?” dijo.
La segunda versión, que respalda una fuente cercana al gobierno y otras dos que dicen haberlo sabido de segunda mano, es que la orden a Niño vino de Gabriel Gilinski, a quien Gustavo Petro le habría pedido alinear ese voto. Gilinski no se quiso pronunciar sobre este tema cuando La Silla lo contactó.
Más allá de cómo le llegó la sugerencia a Niño, La Silla supo que él intentó renunciar a la representación legal de Meals pese a que llevaba más de 30 años siendo presidente y representante legal de la compañía.
Al final no lo logró porque estaba muy sobre el tiempo y porque distintas circulares de la Superintendencia de Sociedades reprochan la práctica de cambiar representantes en la junta de la CCB.
Todo este lío, ¿para qué?
Julio Cesar Ortíz dijo a La Silla que Claros será el presidente idóneo para el cargo pues, contrario a lo que popularmente se dice, la CCB no se dedica exclusivamente a velar por los empresarios.
“Aquí hay varios billones de pesos de recursos públicos que se recaudan del registro y la renovación de la matrícula mercantil de las empresas, entonces el director ejecutivo administra registros públicos y tiene que tener responsabilidad fiscal ante la Contraloría y nos parece que el señor Claros con su experiencia sabrá como hacerlo”.
Aún así, el grupo de los ahora 4 se preocupa por los conflictos de interés que pueda tener el nuevo presidente; su esposa es Olga Lucía Velásquez, representante Verde elegida en fórmula con la senadora Angélica Lozano y miembro de la Comisión de Acusación, que investiga los procesos contra Gustavo Petro.
