Ángel Villa es biólogo marino y trabaja con pescadores artesanales en Bahía Solano, Chocó, desde hace más de dos décadas. Cuenta que en jornadas de trabajo de seis horas en el mar pueden hacerse entre cero y 350 mil pesos, pero depende de la cantidad de peces que atrape cada pescador y además les implica un esfuerzo físico enorme. Es el trabajo del 91 por ciento de la población de los municipios de la costa Pacífica, según datos de la Autoridad Nacional de Pesca (Aunap).
Entre mayo y agosto, la temporada donde hay peces más grandes en el Pacífico, los pescadores de Bahía Solano pueden hacerse los mismos 350 mil pesos independientemente de si atrapan o no algún pez. Durante esos meses llegan a la costa Pacífica varios turistas (sobre todo extranjeros) a practicar pesca deportiva: van al mar, esperan por cuatro o cinco horas que algún pez atrape el anzuelo, lo sacan, se toman una foto y lo devuelven vivo al agua.
“La pesca es muy relativa porque es un tema de azar. Me puedo ganar unos 300 mil pesos, pero en la pesca deportiva voy fijo y sé que me van a pagar; con la pesca no siempre”, dice Villa.
La semana pasada la Corte Constitucional prohibió esa actividad con una sentencia que empezará a regir en un año. Está basada en una sentencia anterior que prohíbe el maltrato animal y reconoce que los animales sufren y sienten dolor. El principal argumento de la magistrada ponente, Diana Fajardo, férrea defensora de los derechos de los animales, fue el “principio de precaución” frente al sufrimiento de los peces.
“Aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias nocivas de la pesca deportiva, en términos de los principios de protección y bienestar animal, ni el impacto y deterioro de los recursos hidrobiológicos, pero sí existe información científica relevante que exige evitar impactos nocivos en estos seres y su entorno, debe preferirse la exclusión de la actividad”, dice el comunicado de la Corte.
La decisión generó todo un mar de reacciones de políticos y ambientalistas. Los primeros retomaron el argumento que usó la magistrada Cristina Pardo durante la discusión para deslegitimar decisiones recientes de ese mismo organismo. Ella dijo que no entendía cómo la Corte protegía más un pez que la vida de un feto, refiriéndose a la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24.
Los ambientalistas, por su parte, advirtieron que prohibir la pesca deportiva tiene impactos negativos en la conservación de ecosistemas y afecta a las comunidades más pobres. “¿Qué sigue entonces? Para mi es evitar que siga habiendo pesca en un país que es pesquero”, dice Nataly Castelblanco, doctora en Ecología y manejo de fauna acuática.
La pesca deportiva contribuye a la conservación
Bahía Solano es uno de los cinco lugares más atractivos del mundo para la pesca deportiva. Es estratégico porque hay peces en todas las épocas del año (aunque los meses claves son entre mayo y agosto) y porque en esa región se juntan varias corrientes de mar que atraen diversas especies. Las comunidades no solo cuidan que los peces regresen al mar para seguir creciendo hasta una nueva temporada, sino que han hecho de esos lugares ecosistemas casi intactos.
“Una de las grandes ventajas de la pesca deportiva es que la gente tiene que cuidar la casa, el ecosistema. Los turistas no solo van a pescar, sino que también quieren ver paisajes: no quieren ver un sitio lleno de plástico, sucio o contaminado”, dice Castelblanco, quien ha estudiado las especies vulnerables en los ríos y ha dedicado su vida a la conservación de los animales acuáticos.
Así es en varios ríos del sur del país que las comunidades utilizan exclusivamente para la pesca deportiva, como el Manacacías en Meta. Son lugares habitados por comunidades indígenas con pocos ingresos y donde no existen tantas opciones para trabajar.
Según Andrés Reyes, director de la Asociación Nacional de Piscicultura y Pesca (Pispesca), “las comunidades de Guainía, Vichada, Nuquí, Bahía Solano y Buenaventura dependen 70 por ciento de la pesca deportiva”.
Y es por eso que la prohibición golpea la estabilidad económica de cientos de familias en las costas Caribe y Pacífica, que además de dedicarse a la pesca para consumo, aprovechan el turismo ambiental. Datos de la Aunap dicen que son el 94 por ciento de la población de esas costas.
Esas familias ahora se verán obligadas a realizar esa actividad de manera ilegal o seguir con otros tipos de pesca que en todo caso también implican el sufrimiento animal que argumentó la Corte. Paradójicamente, la decisión de la Corte prohíbe una práctica en la que se devuelven los peces y protege la pesca de subsistencia, en la que se los mata para consumir.
Varios ambientalistas han cuestionado la decisión porque en vez de proteger la vida, la decisión tiene efectos negativos sobre la conservación. “La conservación es la garantía de todo un ecosistema, y el ecosistema incluye a las comunidades. Se puede tener una gran riqueza ambiental, pero si la gente tiene hambre o necesidades básicas insatisfechas, no va a haber sostenibilidad ambiental”, dice Luis Felipe Guzmán, doctor en Derecho y profesor de Estudios Rurales en la Universidad Javeriana.
El otro punto que critican es que la Corte ni consultó ni tuvo en cuenta la opinión de expertos en el tema o las comunidades, y abrió un precedente jurídico con el que se podrían prohibir otras actividades que involucran animales, sin certeza de su sufrimiento.
“El sufrimiento solo interesa en el caso de la pesca deportiva, pero la pesca artesanal sigue siendo permitida, con el sufrimiento que sea de los peces”, dice Castelblanco.
Los pesqueros lo leen como una sentencia de muerte a una actividad de la que subsisten y que han hecho por años. “Hay un poco de proyectos que terminan afectando la pesca: como la reciente prohibición de pesca incidental de cartilaginosos (como rayas y tiburones), o la reciente sentencia de la Corte. Esto está llevando a la desaparición de una actividad clave para la cultura de muchas zonas y que es un servicio ecosistémico”, dice el biólogo Ángel Villa.
La Corte falló de espaldas a los comunidades
Diana Fajardo, la magistrada que redactó la ponencia que estudiaron los demás magistrados de la Sala Plena es conocida por ser una férrea defensora de los derechos de los animales. Fue popular su posición sobre la sentencia del “Oso Chucho”, que le reconoció un Habeas Corpus a un oso de anteojos que estaba en cautiverio y que la Corte Suprema de Justicia pidió que liberaran cuando se conoció que tenía una enfermedad incurable. Fajardo dijo que ese mecanismo sí podía aplicarse a los animales, y desde entonces estos son reconocidos como sujetos de protección constitucional.
Meses después aclaró su voto en la sentencia de 2020 que prohibió la caza deportiva. Dijo que iba en contra de la Constitución porque implicaba el sufrimiento del animal y su muerte.
Esas sentencias, y la reciente decisión sobre la pesca deportiva, hacen parte de toda una línea jurídica que empezó en 2016 y que le ha dado cada vez más derechos a los animales, reconociendo que son seres sintientes y que los humanos tienen responsabilidad en su protección. Tanto que Fajardo logró una mayoría ocho a uno en esta controvertida decisión sobre la pesca deportiva.
Es un discurso que ha calado cada vez más en los escenarios políticos, y que por ejemplo este año logró montar a la animalista Andrea Padilla en el Senado, que defendió la prohibición de la Corte.
Sin embargo, el argumento del posible sufrimiento de los peces (del que no hay evidencia científica a pesar de que ya la Corte había reconocido a los animales como seres sintientes) dejó por fuera el concepto de las comunidades directamente beneficiadas de esa actividad y tiene un matiz distinto al de prácticas como la caza deportiva o las corridas de toros, que son centrales en la discusión sobre el sufrimiento animal.
Según el comunicado que la Corte emitió la semana pasada, el argumento de la Sala Plena es casi el mismo que el que usó en la sentencia de la caza deportiva. Pero para el ambientalista Camilo Prieto, “la pesca deportiva tiene un enfoque en divertimento, pero es diferente a la caza. Es distinta porque los animales capturados pueden ser liberados”. Muchos incluso son pescados más de una vez.
En esa actividad, que está regulada, todos los peces capturados tienen que volver al agua. Y existen varias reglas que se deben seguir para evitar un sufrimiento mayor: cañas de pescar especiales, formas de jalar el pez y tiempos determinados de permanencia de los animales fuera del agua.
Por eso, según Castelblanco, la prohibición de la pesca deportiva podría empujar a un sufrimiento mayor de los animales. “Las comunidades, que han vivido toda la vida de pescar, o se van a ir a la pesca deportiva ilegal, o se van a la pesca artesanal, o se van a pesca deportiva que termine matando al animal para comérselo. Estamos pasando de un problema que es de la sintiencia del pez a un problema ecológico”, explicó.
Además, en este proceso en particular, aún cuando las discusiones de la Corte tienen cabida a las intervenciones ciudadanas, no tuvo la participación ni de la Aunap —que es la autoridad pesquera—, ni de pescadores o asociaciones de pescadores. “De pronto valió la pena analizar en su momento los destinatarios de la decisión, los impactos, y que la decisión no genere un mal mayor”, comenta el experto Guzmán.
Y de hecho varias, como en Buenaventura, ya se han organizado para manifestarse en contra de la decisión de la Corte a través de una movilización marítima. “Hay unas decisiones de gobierno que son absurdas, desde todo principio. Me ofende que el gobierno tome decisiones por encima de los que conocen el territorio”, dice Luis Perea, líder del Grupo de Pesca del Norte del Chocó.
Esta historia hace parte de la Sala de redacción ciudadana, un espacio en el que personas de La Silla Llena y los periodistas de La Silla Vacía trabajamos juntos.
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