El “computador de palacio” se reactivó para consentir a congresistas aliados del gobierno Petro. La reconfiguración de una nueva coalición, más pequeña, pero estratégica y eficiente, tiene un capítulo especial en la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec.
A la Uspec, la entidad responsable de alimentar a los cerca de 97 mil presos que hay en el país, y que en 2022 manejó un presupuesto de 1,4 billones de pesos, empezaron a aterrizar cuotas de tres senadores.
Esa entidad, que depende del ministerio de Justicia, ha sido relacionada como fortín burocrático y político en gobiernos pasados. Por ejemplo, en el de Juan Manuel Santos estuvo ligada al partido Liberal en cabeza del entonces senador Luis Fernando Velasco, hoy ministro del Interior. Según una denuncia de la emisora La W, en la Uspec, hubo varias cuotas de Velasco.
En el gobierno de Iván Duque siguió esa línea liberal. En junio de 2022, en la dirección de la Uspec fue nombrado el abogado Ludwing Joel Valero Sáenz, cercano al senador liberal Miguel Ángel Pinto porque han hecho política juntos en Santander. De hecho, en 2016 en la Alcaldía de Floridablanca, Valero fue nombrado secretario del Interior como cuota de Pinto.
Valero ha apoyado las campañas al Congreso de Pinto, y en redes sociales lo reconoce como su senador.
Con el gobierno Petro el abogado Valero se ha mantenido. Y desde esta semana la llave de nombramientos en esa entidad comenzó a abrirse para más congresistas.
Un aliado de Vega, el indeciso del Liberal
A la dirección de Infraestructura de la Uspec llegará el ingeniero Rafael Alberto García. Es un exconcejal de Villavicencio y empresario aliado del senador liberal Alejandro Vega Pérez.
Vega se encuentra en el grupo de congresistas liberales que se mueven entre ayudarle al gobierno Petro o hacerle contrapeso bajo la figura de César Gaviria. Pero tiene un peso clave: es parte de la comisión Primera, donde el gobierno está tramitando reformas importantes: la jurisdicción agraria, la ley de sometimiento, cannabis de uso adulto, y la reforma penitenciaria.
Hace una semana, su hermano, el administrador Camilo Vega, fue nombrado como asesor de Positiva Seguros, otro fortín liberal.
La otra cuota, el ingeniero García, es cercano a Vega vía su prima, la exgobernadora del Meta, Marcela Amaya García, socia política del senador. Vega Pérez, a su vez, es sobrino del excongresista Carmelo Pérez, esposo de Marcela Amaya.
Esa casa política Vega-Amaya, además de mover votos para el Senado de Vega, ahora está en campaña para que Marcela Amaya vuelva a ganar la gobernación avalada por el partido Liberal.
La dirección de Infraestructura de la Uspec es clave. Se encarga de formular el Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura con el que se prioriza qué obras e inversiones se deben hacer en el sector carcelario. Por esta vía tiene influencia sobre una contratación millonaria.
El ingeniero García tiene experiencia en el tema. Tras ser concejal entre 2001 y 2003 se dedicó a gerenciar una empresa, de la que es socio y accionista, que se llama Manenco y que se ha ganado contratos públicos para construir obras civiles como redes de alcantarillado y vías urbanas.
También hay cuotas para la U
A la subdirección de bienes e insumos de la Uspec entrará la abogada Tania Buitrago, una de las manos derechas del senador guajiro de la U, Alfredo Deluque.
Buitrago, quien ha militado en el movimiento Nueva Guajira —que lidera Deluque—, ha sido secretaria de despacho de gobernadores de esa corriente. Y en 2017, por gestión de su senador aliado, fue nombrada gobernadora encargada por el presidente Juan Manuel Santos para suplir la vacancia que dejó Oneida Pinto.
El senador Deluque también hace parte dela comisión Primera, donde el gobierno Petro tiene intereses claves. Él se había acercado al gobierno y de hecho, cuando La U tuvo el manejo del ministerio de las TIC, una de las viceministras era de su cuerda.
Cuando Petro rompió la coalición les quitó ese ministerio a la U. Pero ahora trata de recomponer esa relación con cargos como el de la abogada Buitrago.
La subdirección de bienes se encarga de ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con la provisión de servicios para la gestión penitenciaria y carcelaria.
Y otra cuota para Pinto, el clave de la pensional
En la subdirección administrativa de la Uspec será nombrado el administrador de empresas Ariel Fernando Rojas, cercano al senador liberal Miguel Ángel Pinto.
Rojas es actualmente el secretario privado de Pinto en la primera vicepresidencia del Senado. Fue alcalde de San Gil entre 2016 y 2019, cargo del que salió con una investigación penal por delitos ambientales.
Pinto es un senador estratégico para el gobierno Petro. Hace parte de la comisión Séptima por donde arrancará el primer debate de la reforma pensional, cuya ponencia se radicó ayer.
Aunque Pinto no firmó la ponencia positiva, su voto es necesario en las cuentas del gobierno. En esa comisión, Petro arranca con siete votos fijos de 14: son 2 del Pacto Histórico (Piedad Córdoba y Martha Peralta), uno de Comunes (Omar Restrepo), uno de la ASI (Berenice Bedoya) uno del Verde (Fabián Díaz) uno del Aico (Polivio Rosales), y el de la U (Norma Hurtado).
Para inclinar la cancha en el primer debate y no pasar incertidumbres, Pinto puede ser el voto 8.
El senador santandereano también tiene otra condición especial. Ante la nulidad de la elección de Roy Barreras, asumió la presidencia encargada de la mesa directiva del Senado, por lo cual está dirigiendo los debates en las plenarias.
Su rol también es de suma importancia en la definición y confección del nuevo proceso para elegir contralor general. El fallo que anuló la elección del contralor Carlos Rodríguez pide hacer un nuevo concurso, función que está en manos del presidente del Senado.
La subdirección administrativa de la Uspec que asumirá el administrador Rojas maneja la gestión del talento humano, es decir, la contratación del personal de la entidad.
