Revisamos detalladamente los precios pagados para entregar ayudas alimentarias por la crisis del Covid-19 en 17 regiones y rastreamos el origen y las relaciones de los contratistas de esos y otros cuatro departamentos más. Esto fue lo que encontramos.
En los últimos días la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría han ocupado titulares de todo el país por sus denuncias sobre presuntas irregularidades en los mercados que han comprado alcaldes y gobernadores para atender la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19.
Tras una exhaustiva investigación de 48 contratos repartidos en 17 de los 24 departamentos que cubrimos, La Silla Vacía encontró que sí se ha pagado plata de más con respecto a los precios de referencia del Dane, que es el que recoge los valores en los que se comercializan los productos de la canasta familiar en el país.
Si bien, ese no es el patrón generalizado y de hecho constatamos que en 6 de cada 10 contratos el valor del mercado está ajustado a la referencia incluido un margen de utilidad, también hallamos que con la plata que está fuera de ese rango se hubieran podido comprar al menos 68 mil mercados más.
Eso se traduce en que más de 200 mil personas -partiendo de que cada familia tenga tres miembros-, hubieran podido tener asegurada su alimentación durante la crisis al menos durante una parte de la cuarentena nacional que ya completa más de un mes.
Para llegar a esa conclusión, comparamos los precios de los mercados de alcaldías y gobernaciones con los valores de referencia del Dane para cada uno de los productos, y después de restarles cobro por logística, impuestos locales y pólizas, establecimos la diferencia.
También revisamos el origen de cada contratista y buscamos sus relaciones políticas, su experiencia y sus objetos comerciales.
Estas son todas las conclusiones.
(Al final de la historia encontrará la base de datos que incluye los detalles de los 48 proveedores en los contratos en los que revisamos precios y los de 31 más, y aquí podrá consultar el archivo en el que están los cruces de todos precios.)
También revisamos entre dos y tres municipios más pequeños por cada departamento que definimos porque había alguna alerta de corrupción, población o estaba al mando de un candidato cívico para establecer si había diferencias.
El barrido que hicimos en el sistema de contratación estatal se hizo específicamente sobre contratos para entrega de mercados en 129 lugares del país y está a corte de 6 de abril.
Encontramos 79 contratos que son la materia prima de esta historia. Sin embargo, solo pudimos revisar los costos detallados de los 48 en los que estaba discriminado el precio y la cantidad de cada producto, equivalentes a 981.926 mercados entregados.
Para establecer los precios de referencia de los productos usamos los datos del Sipsa, dependencia del Dane encargada de informar los precios mayoristas de los productos agroalimentarios que se comercializan en el país.
Usamos el reporte de la semana del 21 al 27 de marzo, que es la fecha en la que se suscribieron la mayoría de contratos que revisamos.
Esta fecha es clave porque para ese momento había especulación de los precios por el inicio de la pandemia en Colombia, por lo cual los precios que usamos de referencia eran los más caros.
No tuvimos en cuenta si los productos que entregaron eran de marcas comerciales porque el Sipsa no los diferencia.
Usamos el valor por gramo de los 13 productos (arroz, aceite, azúcar, café, atún, chocolate, harina, sal, lenteja, fríjol, leche en polvo, panela y pasta) que más se repiten en los mercados, y los comparamos con lo que pagaron todas las entidades estatales.
A cada producto, lo comparamos con el precio de referencia del lugar del contrato; cuando no hay, con el promedio nacional.
Dentro de la comparación tuvimos en cuenta las estampillas (establecimos una media de 8,3% usando los valores que se pagan en 11 ciudades principales del país) y el pago de garantías y pólizas (llamamos a una aseguradora para que nos diera los precios y las estimamos en el 1,1% del valor del contrato).
La suma de esos valores se la restamos al valor por gramo que se pagó por cada producto en cada contrato.
Además, tuvimos en cuenta el costo de la logística. Dado que no en todos los contratos estaba discriminado el valor que se pagó por ese concepto, establecimos una media promediando los valores que se pagaron en los que sí se especificaba por logística. Para aplicarla, multiplicamos esa cifra por el número de mercados pagados y luego la miramos proporcionalmente con el valor total del contrato. Ese resultado también se lo restamos al valor del gramo pagado en cada proceso que revisamos.
Consideramos que se pagó de más si el precio por gramo, ajustado por estampillas, garantías y logística, es superior en un 10% de los precios de referencia del Dane, un margen estándar de ganancia de los proveedores en los contratos públicos.
Más de 4 de cada 10 contratos que revisamos están arriba de los precios de referencia del Dane
Dentro de los 48 contratos a los que les revisamos detalladamente los precios (ver nota metodológica), encontramos que 21, equivalentes al 43 por ciento, los gobernantes pagaron valores por encima de la referencia del Dane.
Eso revela dos cosas: por un lado, que hay un porcentaje alto de plata que terminó invertida en productos que estuvieron por encima del valor negociado en las mayoristas; y por otro, que aún cuando ese porcentaje es alto, no es generalizado.
Así que aunque sí hay alarma por la entrega de plata, por lo menos en la muestra que hizo parte de esta investigación, la mayoría de los gobernantes -el 57 por ciento- no despilfarró recursos para proveer a las familias más vulnerables de sus territorios.
Los contratos en los que se pagó más, son 17 por ciento más caros en promedio
En los 21 contratos cuyo valor está por encima de los precios de referencia del Dane y después de la potencial utilidad del contratista, en promedio se pagaron mercados 17 por ciento más costosos.
Arauca fue el campeón de los mercados caros.
Más allá del valor del atún -que ha sido el más mediático-, La Silla encontró que los precios de los 13 productos de los 33.437 kits alimentarios que está entregando el gobernador, Facundo Castillo, están muy por encima de los valores de referencia del Dane.
Por ejemplo, pagó panela por encima del 200 por ciento, y pasta y sal arriba del 100 por ciento. Además, el precio del arroz, el azúcar, el aceite y el fríjol alcanzaron valores superiores en 50 por ciento al precio de referencia.
En total, cada mercado de Arauca costó un 33 por ciento más de los valores de las mayoristas en la semana en la que se denunció que se estaba especulando con los precios de la comida. Un mayor costo equivalente a $39 mil pesos por mercado.
El segundo lugar de sobrecosto con relación al precio de referencia, es para el departamento del Cesar.
En esa región, que está bajo el mandato de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, heredero del cuestionado clan Gnecco que ocupa por segunda vez el cargo, no se suscribió un único contrato para entregar los mercados, sino que decidieron repartir la ejecución de la plata por municipio y con distribuidores locales.
De los 21 contratos por $6.966 millones que estaban publicados cuando empezamos la reportería para esta historia y que entraron en la muestra, tres clasificaron dentro de los 10 más costosos.
El que se firmó para Chimichagua contabilizó la panela por encima del 100 por ciento, azúcar y harina por encima del 80, y arroz, aceite, frijol y atún por encima del 60 por ciento de los valores de referencia del Dane.
En el contrato de Tamalameque se pagó sal por encima del 60 por ciento, y chocolate, harina frijol y pasta arriba del 50; y en el de Aguachica hay panela con diferencia del 79 por ciento y sal del 39 por ciento.
La Gobernación de Gnecco pagó en total $30 mil más que el valor del Dane por cada mercado que se entregó en Chimichagua, y $24 mil más por cada mercado repartido en Tamalameque.
El podio de mercados caros lo finaliza Tumaco, municipio que desde este año es dirigido por María Emilsen Angulo, quien llegó a la Alcaldía por segunda vez -en la primera le anularon la elección porque estaba inhabilitada para aspirar al cargo-.
Angulo es de la cuerda del destituido representante liberal Neftalí Correa, a quien la Procuraduría sacó del Congreso en 2016 por irregularidades en contratación que tuvieron lugar justamente cuando fue alcalde de Tumaco.
Allí encontramos azúcar por encima del 100 por ciento de la referencia del Dane en esa zona de país, frijol por arriba del 90 y lenteja pagada arriba del 70 por ciento.
En total la Alcaldesa pagó 24 por ciento más por cada mercado en ambos contratos con respecto a los precios Dane.
Este es el top completo.
Llamamos al gobernador de Arauca, Facundo Castillo, al del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco y a la alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, para conocer sus versiones, pero no respondieron en los números que intentamos ubicarlos ni contestaron los mensajes dejados en su celular.
En Neiva, Barrancabermeja y Envigado nos dijeron que se ajustaron a los precios del mercado de la fecha, y que los valores del Dane no reflejaban la realidad de todos los comercios locales. (Ver detalles de las versiones en el detalle por regiones al final de la historia.)
Y en Ovejas, el alcalde Ricardo Cantillo le dijo a La Silla que estaba trabajando con “transparencia” pero no se refirió a las preguntas que le hicimos.
Con lo que se pagó de más con respecto al Dane se podía comprar mercados para la mitad de Quibdó
Aún cuando encontramos que en 27 contratos el precio global de los mercados era más barato o estaba de acuerdo al precio de referencia del Dane, si se mira el gasto por producto es claro que se invirtió plata de más en la mayoría de los contratos.
En total encontramos que en la muestra de contratos que revisamos se pagaron por los 13 productos que la canasta familiar $5.901millones más con respecto a los precios de referencia del Dane.
Para tener una idea de cuántas familias podrían aprovisionarse con los casi 6 mil millones, armamos un mercado con los precios de referencia del Dane y le sumamos el costo de estampillas, pólizas y logística (Ver base de datos).
Esa operación nos arrojó que la plata adicional que se desembolsó alcanzaría para comprar 68.101 mercados adicionales, que alimentarían a unas 204 mil personas partiendo de cada familia tuviera tres integrantes.
Ese número de mercados equivale a la mitad de las personas que viven en Quibdó; todas las del Amazonas; el 90 por ciento de toda Arauca capital; más del doble de las de Inírida, capital de Guainía; o el 40 por ciento de todos los habitantes de la alta Guajira.
La cifra también es el equivalente a todos los habitantes de municipios medianos como la Dorada en Caldas, Fundación en Magdalena, Garzón en Huila o Corozal en Sucre.
Incluso, se podría dar tres mercados a los damnificados de la avalancha de 2016 en Mocoa.
Los funcionarios que se echaron para atrás mostraron que sí se podía comprar más barato
Los contratos de Coveñas en Sucre, Barrancabermeja en Santander y La Palma y Tabio en Cundinamarca cambiaron de precios mientras estábamos haciendo la reportería para esta historia.
Lo hicieron después de haber sido nombrados por algún ente de control como ejemplos de presuntos sobrecostos y todos estaban siendo auditados.
En la administración de John Jairo Pulido en La Palma, dijeron que para el momento en que firmaron el contrato había especulación y que se reunieron con el contratista para reajustar los valores de los productos. Los mercados pasaron de valer $65 a $48 millones.
En Barranca, bajo el mando de Alfonso Eljach, el acuerdo fue similar y el contrato que se modificó salió $220 millones más barato.
En Tabio, que está bajo la administración de Pablo Enrique Camacho Carrillo, dijeron que el contratista se dio cuenta que los precios eran más baratos cuando empezó a hacer las compras y el valor del contrato bajó en 13 millones.
Y en la alcaldía de Rafael Ospina en Coveñas quedó consignado en el acta que el supervisor había revisado los precios y se había dado cuenta de que había que reajustarlos, y al final se acordó aumentar el alcance del contrato en 550 mercados más (pasó de 6.000 a 6.550).
(En Guaduas, el alcalde Germán Herrera revocó los dos contratos que había suscrito cuando se conoció que estaban siendo investigados)
La referencia del Dane podría no estar completamente ajustada a la realidad en todos los productos
De los 577 productos que revisamos, 376 fueron pagados con una diferencia por encima del 10 por ciento sobre el valor de referencia del Dane.
Para hacer la comparación, tuvimos en cuenta los precios de referencia de la ciudad en la que se suscribió cada contrato. Contratos específicos podían tener uno o más productos con valores inusualmente altos, pero hay tres productos que en buena parte de las regiones se negociaron por encima del precio de referencia del Dane: la panela, la lenteja y el frijol.
Por ejemplo, la panela fue incluida en 43 de los 48 contratos que analizamos en detalle y se pagó en promedio 59 por ciento más cara.
Lo particular es que de esos 43 contratos, casi en la mitad, el valor de la panela estuvo 50 por ciento por encima de la referencia del Dane.
Que eso suceda tiene dos posibles explicaciones.
La primera es que, si en efecto hubo sobrecostos, todos los contratistas y gobernantes coincidieron en inflar el valor del mismo producto; la segunda, que es más plausible, es que la referencia no reflejó bien los precios de la comercialización local y por ende los sobrecostos son menores y menos frecuentes de lo que parece.
Según nos dijeron en el Dane, para establecer los precios recogen los valores de los productos en diferentes establecimientos de cada ciudad y promedian; sin embargo, en unos lugares, por la distancia con respecto a la capital -donde normalmente se recogen los precios-, por la producción propia o por otros factores externos puede haber una variación.
Cualquiera que hubiera sido la razón, con la lenteja y el frijol pasó algo similar: un poco más de la tercera parte de regiones que revisamos pagaron más del 50 por ciento más del valor del Dane.
En todo caso, en algunas regiones el precio de estos artículos fue más caro -en algunos casos el doble o el triple- que el precio promedio pagado por todos los que revisamos.
Con la leche en polvo sucedió lo opuesto: el 90 por ciento de los proveedores la vendieron por debajo de la referencia del Dane; fue, en promedio, 22 por ciento más barata.
De cualquier manera, como esos productos no son los que tienen más peso dentro del costo de los mercados, esa desviación no afecta sustancialmente el monto global de los mercados que revisamos, que fue en lo que nos basamos para determinar los más y los menos costosos.
Algunos gobernantes consiguieron gangas
En 12 contratos encontramos que el precio estuvo por debajo de la referencia del Dane.
Tabio que, como contamos atrás, fue uno de los contratos modificados después de suscrito, se quedó con el primer lugar de este top porque terminó comprando mercados que salieron 33 por ciento más baratos que las referencias del Dane.
Aunque compró una de las panelas más caras (169 por ciento por encima de la referencia del Dane), y aceite y azúcar por encima de la referencia (60 para el primero y 34 para el segundo producto), los cinco artículos restantes que incluía ese mercado estuvieron muy por debajo.
Por ejemplo, la lenteja fue 82 por ciento más barata, la pasta 33 y el chocolate estuvo 27 puntos por debajo de los precios recopilados por el Dane.
El segundo lugar fue para Montería, que este año empezó a ser gobernada por Carlos Ordosgoitia -llegó por la línea del senador Conservador David Barguil luego de una pelea entre el congresista y el exalcalde Marcos Daniel Pineda- y pagó mercados con precios por debajo del 13 por ciento. El frijol, el atún y la sal que compró costaron 30 por ciento menos.
La Guajira, departamento que solo en el cuatrienio anterior tuvo 8 gobernadores y este año es administrada por Nemesio Roys, quien viene de la línea del congresista de La U Alfredo Deluque, se quedó con el tercer lugar del top.
Los 13 mil beneficiarios recibieron los alimentos con 29 por ciento por debajo de la referencia del Dane. Salvo por la lenteja, que fue pagada 59 por ciento más cara, todos los demás productos se fueron adquiridos a precios menores que los de las mayoristas.
Además, Bucaramanga y Florencia, que están bajo gobiernos que llegaron al poder por grupos alternativos el año pasado, pusieron dos contratos cada uno dentro del top de los menores costos.
Entre otros, encontramos que el primero pagó fríjol y lenteja a mitad de precio, y que el segundo compró chocolate, pasta y sal por debajo del 20 por ciento.
El bonus fue Cesar, que así como puso dos contratos dentro del top de los más caros, también tuvo uno que en valores globales terminó por debajo de las referencias del Dane.
En Río de Oro pagaron café a mitad de precio y leche en polvo casi una tercera parte por debajo de lo que se negoció en mayoristas.
Hay dos contratistas que vienen de hacerle campaña al mandatario que les adjudicó el contrato
Encontramos 10 contratistas que tienen vasos comunicantes con la política regional, y dos de ellos apoyaron abiertamente al mandatario que este año les adjudicó la entrega de mercados.
En Cesar el caso es el de Jairo Alfonso Lobo Calvo, dueño de Inversiones Merk Jagua SAS.
Esa empresa de La Jagua de Ibirico recibió cuatro contratos de la Alcaldía de ese municipio entre 2013 y 2018 por suministro de kits nutricionales y elementos de aseo. También ha tenido varios contratos del Concejo, la mayoría para suministro de elementos de cafetería y aseo y mantenimiento de instalaciones.
Merk Jagua se quedó con uno de los 19 contratos de mercados de la Gobernación del Cesar que revisamos. Fue suscrito por $1.350 millones, pero no se especifica a el número de mercados o los municipios a los que van dirigidos ni cómo están conformados los mercados.
Lobo Calvo fue candidato al Concejo de Valledupar por la ASI el año pasado y se quemó tras alcanzar solo 691 votos. Durante la carrera electoral, le hizo campaña al ahora gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco y a Ernesto Orozco, quien fue apoyado por la matrona del clan Gnecco, Cielo Gnecco, a la Alcaldía de Valledupar.
Además, el contratista es primo en segundo grado del senador de Cambio Radical Didier Lobo quien, como hemos contado, también es aliado político de los Gnecco.
Buscamos a Lobo Calvo en los números de contacto registrados en la Cámara de Comercio para pedirle su versión, pero no obtuvimos respuesta.
El segundo caso es Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de Servicios Integrales del Caribe SAS, la empresa que ejecutó el contrato para la entrega de mercados en El Copey, adjudicada por la Gobernación del Cesar.
Esa firma fue creada en 2008 y tiene dentro de sus actividades principales en la Cámara de Comercio “ arquitectura e ingeniería”, apoyo a la agricultura y la ganadería.
La Silla encontró que varios políticos de ese municipio son socios. Entre ellos está la actual presidenta del Concejo, la liberal Adriana Luz Ayala, quien es cercana al alcalde Francisco Manuel Meza (Liberal) y le movió votos al gobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco, cuya administración adjudicó el contrato.
Otro de los socios de la empresa es Hernando Soroca, candidato al Concejo por el Centro Democrático en las regionales del año pasado. En 2017 promovió la revocatoria del mandato del alcalde de la época, José Luis Nieves, que al final no prosperó.
Además de ese, Servicios Integrales de Caribe se ganó la mayoría de contratos que entregó la Alcaldía de El Copey para atender la emergencia del Covid: uno para llevar otros mercados por $185 millones, y otro para ejecutar el plan de aislamiento en el municipio por $4 millones.
Intentamos comunicarnos con el representante legal de la empresa pero los dos números registrados en la Cámara de Comercio estaban apagados. También llamamos al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, para conocer su versión, pero no respondió ni contestó los mensajes dejados en su número de celular.
Dos de cada 10 empresas que ejecutaron la plata son toderas
Encontramos que 17 empresas que ejecutaron la entrega de mercados tienen objetos sociales tan amplios que en algunos casos pueden hacer desde obras civiles, hasta minería o desarrollar actividades científica.
Que sean organizaciones con un espectro comercial tan amplio es uno de los indicadores que prenden las alarmas sobre presunta corrupción porque se pueden volver comodines para contratar.
Ya ha habido casos ventilados, como el de La Palma, que fue ejecutado por la Comercializadora Sumitec Karch Ltda., una empresa cuya principal actividad principal es el mantenimiento y reparación de vehículos. La Silla encontró que solo 15 días antes de firmar el contrato incluyó en su objeto el suministro de alimentos.
En Medellín la Corporación Colombia Avanza, según registros del expediente en Cámara de Comercio, puede hacer desde actividades para mejorar calidad de vida y entregar comida, hasta formular proyectos ambientales de protección de cuencas hidrográficas y reforestación, o recuperar cartera de entidades públicas y privada.
En Arauca, Multiservicios Mael, empresa que se creó en 2018 y ha ejecutado contratos para actividades deportivas y entregar alimentos a la tercera edad, tiene la posibIlidad de brindar servicios de educación, hacer interventorías y hasta obras civiles. Sin embargo, sus dueños, los esposos Hebert Espinosa y Yadira Londoño, también son propietarios de Servicios Integrados Mael, empresa creada en 2008, y que inició su vida en la contratación pública de Arauca haciendo talleres de derechos humanos y actividades deportivas, y que es una de las grandes contratista del PAE en ese departamento.
También encontramos que en Sahagún, las actividades principales del proveedor Innova Servicios SAS son la elaboración de prendas de vestir y el comercio de productos farmacéuticos; y en Riohacha, la Fundación Mundo Verde tiene dentro de sus actividades la fabricación de muebles y la generación de energía.
Además, en el Cesar, Mechans Groups Asa Zomac tiene dentro de sus actividades principales la construcción de proyectos de servicios públicos, instalaciones eléctricas y silvicultura; y Servicios Integrales del Caribe tiene registradas actividades de arquitectura e ingeniería.
Y en Tabio encontramos que el contratista Talento Comercializadora SAS, que se dedica principalmente a la venta al por mayor de computadores y la venta de utensilios domésticos según el registro Rues, ni siquiera tiene dentro de su objeto incluida la venta de alimentos.
No todos los proveedores tenían experiencia con la distribución de alimentos
De los 79 contratos en los que le rastreamos el origen al contratista, encontramos que en 13 los proveedores no se dedicaban normalmente a repartir mercados o que las empresas estaban recién creadas y no hay registro de que lo hayan hecho a gran escala.
La experiencia es clave porque dada la magnitud de los pedidos y los tiempos tan cortos de entrega, el proveedor tenía que disponer de la logística suficiente y tener los proveedores o las existencias en su bodega.
En el Cesar, Mechans Groups Asa Zomac, que repartió mercados en Aguachica, según los registros de la Cámara de Comercio, fue constituida en enero de este año.
Igual sucedió en Sincelejo con Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS, que nació formalmente en diciembre del año pasado, y que aún con esa poca experiencia, se quedó con el contrato para entregar poco más de 4 mil mercados.
Los 11 restantes sí han ejecutado contratos del Estado pero que tienen que ver con objetos muy diferentes.
Por ejemplo, hallamos que la experiencia de esos proveedores está en interventorías de obras civiles y suministros de uniformes para la Policía, venta de congeladores de páneles solares y hasta de elementos de aseo.
Los productos cobrados más caros
