Esta semana uno de los 42 fiscales que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) quedará a cargo del caso del excongresista Luis Fernando Almario, tal vez el caso más emblemático de la llamada farcpolítica. Marcará el comienzo de una nueva etapa en la justicia transicional en la que una de sus secciones, que no ha tenido los reflectores encima en estos años, tendrá más relevancia.
Se trata de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es el equivalente de la Fiscalía en el sistema de justicia que se acordó en La Habana. Allí llegarán los casos de todos los que no acepten los delitos que les impute la Sala de Reconocimiento y su labor será acusarlos ante otra sala de la JEP que definirá si los condena o no; tal y como funciona en la justicia ordinaria.
Los juicios adversariales y las sentencias
Para resolver los casos en los que el compareciente no haya reconocido su responsabilidad, la UIA cuenta con 42 fiscales que ya se están alistando para liderar los primeros juicios adversariales de la justicia transicional.
Tiene diez fiscales que trabajan en el Tribunal de Paz y seis en las tres Salas (Reconocimiento, Amnistía o Indulto y Definición de Situaciones Jurídicas); cada uno de esos fiscales tiene, a su vez, un fiscal de apoyo.
Además, la UIA cuenta con diez fiscales en terreno en ciudades como Quibdó (Chocó), Turbo (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila), entre otras. Todos destinados a apoyar las investigaciones que desde hace tres años lidera su director Giovanni Álvarez, un abogado penalista que trabajó más de 20 años en la Fiscalía General.
Además del caso del excongresista Almario, a la UIA llegarán en las próximas semanas los casos de los comandantes del Ejército que no han reconocido su responsabilidad en los falsos positivos. Esto es clave porque históricamente han sido los altos mandos quienes han negado su participación en estos crímenes. Será la labor de la Unidad demostrar que sí tuvieron responsabilidad de mando.
Justamente la semana pasada la JEP anunció que los casos de los coroneles Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa llegarán a la UIA. Ambos no reconocieron los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les imputaron por presuntamente comandar una estructura criminal de falsos positivos en el Batallón la Popa, en el Cesar y La Guajira.
A partir del día en que llegue el caso, la Unidad tiene hasta un año para acusar al compareciente o pedir la preclusión de la investigación. Lo más probable es que los coroneles Mejía y Figueroa terminen siendo acusados, pues, como contamos, la mayoría de las pruebas en su contra vienen de sus subalternos que sí han reconocido su responsabilidad. De ser hallados culpables, podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
La UIA también será clave en los casos en los que haya reconocimiento.
El macrocaso que adelanta la JEP por la política de secuestro de las extintas Farc es el que más ha avanzado y ya los miembros del secretariado reconocieron que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aunque su resolución se alargó por la reciente imputación del delito de esclavitud —el cual no fue reconocido por las cabezas de la guerrilla—, lo más probable es que el otro año salga la primera sentencia.
El rol de la Unidad en este caso será apoyar a las salas con la investigación sobre el contexto histórico del conflicto armado en Colombia que ha venido adelantando en estos casi tres años. Su ayuda será clave a la hora de definir los sitios en donde los comparecientes ejecutarán los llamados Toar.
Los Toar son los Trabajos, Obras o Actividades con contenido Restaurador-Reparador que deberán realizar quienes sean sancionados por la JEP y hayan reconocido sus crímenes. Pueden ser programas de protección ambiental, construcción y reparación de infraestructura, eliminación de residuos, sustitución de cultivos de uso ilícito, capacitación de instituciones educativas, entre otros.
Lo que harán las salas será cruzar las solicitudes de Toar de los comparecientes con los datos recolectados por la Unidad para evaluar la viabilidad de esa sanción. No solo lo harán para garantizar la seguridad del militar o guerrillero que haya aceptado su responsabilidad, sino para asegurarse de que su obra repare al territorio al que tanto daño le hizo con sus crímenes.
Pero la UIA no solo cumple con el rol de fiscalía, sino que, con esa información que ha recogido en estos años, también tiene funciones que en el sistema ordinario están a cargo de la Defensoría del Pueblo. Y esto le dará un enorme poder que hasta ahora está arrancando.
Las alertas de riesgo
El martes, en San Jacinto (Bolívar), la Unidad de Investigación y Acusación lanzó un proyecto en el cual llevaba trabajando casi dos años. Lo llamaron Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz y es un software que visibiliza los incidentes de seguridad que afectan a las víctimas, los excombatientes y las organizaciones sociales que participan en el sistema.
Lo que hace el mecanismo es unificar la información de 160 medios de comunicación, 372 organizaciones sociales, entidades del Estado y organismos multilaterales para mostrar, en forma de mapas y tablas, las masacres, los líderes y excombatientes de las Farc asesinados, líneas de tiempo con las Alertas Tempranas de la Defensoría, entre otras cosas.
Su utilidad, sin embargo, va más allá de ser una enorme base de datos a la que cualquiera puede acceder.
Para Giovanni Álvarez, director de la UIA, el mecanismo de monitoreo también les ha servido para calentar motores para los juicios adversariales que comenzarán el año entrante. “Hemos utilizado estos tres años en que ya está funcionando la jurisdicción para fortalecernos, para prepararnos, para atender esos casos que esperamos desarrollar de forma ágil y eficiente”, dice.
La idea es que, teniendo ya mapeado el contexto del conflicto armado, puedan resolver los casos que lleguen con mayor facilidad.
“El contexto histórico nos permite poder ubicar al juez, a los magistrados y a los demás intervinientes en el proceso en la situación del país. Primero, de manera general para después irlo llevando a una situación particular. Esto nos va a permitir entender por qué ocurrieron los hechos y por qué una persona sí puede o no puede ser responsable”, explica Álvarez.
Pero más allá del contexto, a partir de la información del mecanismo, la UIA también publicará alertas de riesgo que apuntan a que se tomen medidas para proteger a la población vulnerable y prevenir cualquier incidente de seguridad que afecte a víctimas, líderes o excombatientes.
A esto lo llamaron “provención”.
“La protección no puede ser solo lo que todo el mundo conoce: hombres de protección y carros blindados. Nosotros tenemos que pensar en un sistema que sea más eficiente. Por eso, conjugamos los dos mecanismos (la protección y la prevención) y creamos la ‘provención’”, explica Giovanni Álvarez, director de la UIA.
El mecanismo es la clave de esa provención, pues le permite a la Unidad detectar patrones de lo que está ocurriendo en las zonas y tomar medidas para proteger a la población vulnerable. Esto puede hacerlo directamente y sin depender totalmente de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La UIA tiene la capacidad de determinar qué tipo de protección necesita una persona de interés para la JEP y la UNP, a través de un convenio que tienen ambas entidades, implementa estas medidas.
De hecho, varios comparecientes, militares y exguerrilleros, tienen sus esquemas de seguridad con la JEP.
Ese mismo martes, la UIA publicó sus primeras tres alertas de riesgo. Allí indicaron que en 100 municipios de Colombia se está “derrumbando” la autoridad del Estado, que en uno de cada cuatro municipios del país hay presencia de grupos que “reivindican las siglas de las AUC” y que “la presencia simultánea de las disidencias de ‘Gentil Duarte’ y la Segunda Marquetalia aumenta más de tres veces la probabilidad de asesinatos” de excombatientes.
En ese sentido, las alertas de la Unidad tienen la misma función que las alertas tempranas de la Defensoría. Aunque no las reemplazan —pues toman parte de su información del sistema de la Defensoría—, las de la UIA sí pretenden tener un impacto en un plazo más corto.
Para que se tomen decisiones a partir de las alertas de la Defensoría es necesario reunir a las cabezas de al menos seis entidades distintas, en lo que se conoce como la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida (Ciprat).
En cambio, para que se tomen medidas a partir de sus advertencias, las alertas de la UIA no tienen que salir del edificio de la JEP. La Unidad puede enviar la información a una de las salas que tiene la posibilidad de decretar medidas cautelares que obliguen a las entidades del Estado a actuar. Y, a diferencia de las decisiones que se tomen en la Ciprat, las de la JEP deben cumplirlas, pues son de carácter judicial y de obligatorio cumplimiento.
Este es el caso de las medidas cautelares que ordenó la Sección de Ausencia de Reconocimiento, en cabeza de la magistrada Reinere Jaramillo, el año pasado para proteger a los excombatientes de las Farc.
Allí, por ejemplo, la JEP le ordenó al Gobierno a crear, luego de dos años de no hacerlo, los lineamientos de su política para desmantelar a los grupos criminales que están detrás del asesinato de excombatientes, una promesa del Acuerdo que el Gobierno de Iván Duque no había cumplido.
Buena parte de la información para tomar esas medidas vino del mecanismo de monitoreo que apenas se estaba construyendo.
El mecanismo también tomará una de las funciones que Duque le quitó a la Defensoría este año: el conteo de los líderes sociales asesinados. La JEP tiene desde ya su propio listado construido a partir de las víctimas y las organizaciones sociales con las que ha venido trabajando en los últimos tres años.
Todos estos datos le darán forma a los juicios adversariales y a las primeras sentencias que la JEP publicará en 2022.
