En este momentos cursan en el Congreso cuatro proyectos sobre el acceso a la información pública al que tienen derecho los ciudadanos. Uno de ellos, aunque aún no ha pasado ningún debate, ya ha prendido las alarmas de los conocedores del tema.
El proyecto número 210 de 2010 es de autoría de los senadores conservadores Carlos Emiro Barriga y Eduardo Enríquez Maya y busca determinar qué información es reservada, establece sanciones para las autoridades que no entreguen a los interesados información no reservada y crea un Consejo para la Transparencia Nacional. Pero también incluye la reserva indefinida para la información de defensa nacional, que “establezca la planificación militar o estratégica, y de aquellos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar la integridad territorial”.
Esta norma ha preocupado a los conocedores del tema. Establece una reserva indefinida, cuando la mayoría de las legislaciones del mundo establecen un plazo largo pero no infinito para levantar esa reserva y el mismo proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia pone un límite de 40 años a la reserva de información de inteligencia.
