El alcalde de Medellín puede terminar su mandato con un presupuesto desfinanciado. El viernes pasado el Concejo aplazó el primer debate sobre una transferencia extraordinaria, solicitada por la administración, de 330 mil millones por parte de EPM. Lo hizo después de un agitado cruce de gritos e insultos en las gradas del recinto, abarrotados por opositores y contratistas de la alcaldía.
El fallido debate retrató la agonía del poder de Daniel Quintero en la segunda ciudad más importante del país. Su frágil coalición en el Concejo, compuesta por 11 de 21 concejales, hace agua y amenaza con hundir el proyecto de acuerdo para tapar el boquete del presupuesto de la ciudad en 2023.
“Hoy la coaliación no existe”, dice el concejal Lucas Cañas, que durante los primeros años fue un escudero fiel de Quintero. El político conservador es del equipo del senador “godo” Carlos Trujillo, y viene impulsando su precandidatura a la Alcaldía de Medellín con críticas contra Quintero.
Entre tanto, el alcalde ha realizado su enésimo remezón en el gabinete municipal para lanzar a sus principales alfiles políticos de lleno a las elecciones regionales, de las que aspira a salir con una estructura nacional organizada en Independientes, su partido. “Daniel está contando los días para salir de la alcaldía, hacer un retiro espiritual de un año y volver para competir nacionalmente”, dice un alto dirigente de Independientes que pidió la reserva de su nombre.
Las luces del Concejo se apagan
El viernes sobre las once de la mañana, y después de un corto e intenso debate fallido, los trabajadores del Concejo empezaron a apagar la iluminación del recinto.
En el fondo, cerca a la puerta que conecta el salón de sesiones con las oficinas de los concejales, un funcionario de la alcaldía revisaba una presentación en su teléfono. Las diapositivas detallaban la destinación de los 330 mil millones solicitados por la administración. “El alcalde está pensando en Bogotá. Nosotros, mientras tanto, buscamos cómo financiar los proyectos”, dijo.
Minutos antes el ambiente era tensionante. Largas filas para ingresar al Concejo, gradas llenas y divididas entre los defensores de la administración, muchos de ellos contratistas de la alcaldía, y sus opositores más duros.
“¡No más plata para Quintero!, ¡No más plata para Quintero!”, gritaban los opositores, mientras mostraban cheques con el monto solicitado por la alcaldía. “Esta gente, al sentir la presión de los ciudadanos, recula en las decisiones ya tomadas”, dice Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, un activista de derecha que ha impulsado la revocatoria del alcalde, hoy precandidato al Concejo por el Centro Democrático.
Y mientras los opositores presionaban a los concejales para que negaran la transferencia, a sus teléfonos llegaban audios, al parecer de contratistas, sobre los impactos en los programas sociales de la ciudad de no aprobarse los recursos. “Están instrumentalizando a los funcionarios. En política no se puede jugar así”, dice la concejala Dora Saldarriaga, del movimiento feminista Estamos Listas.
El debate empezó a las 10 y media. De inmediato se empantanó por una recusación presentada por Julio González, concejal del Centro Democrático, contra la concejala liberal Aura Marleny Arcila, ponente del proyecto y parte de la coalición quinterista en el Concejo.
El 9 de mayo, el Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura contra Arcila. Sin embargo, la concejala quinterista se presentó en su curul argumentando que la sentencia no estaba ejecutoriada. El argumento fue respaldado por el presidente de la corporación, el concejal Fabio Rivera, miembro del equipo político del exsenador Julián Bedoya, uno de los barones aliados de Quintero en el liberalismo.
Las barras opositoras estallaron en contra de los dos concejales, y el uribista González no dio su brazo a torcer. “Sin Aura estamos jodidos”, dijo otro funcionario de la alcaldía encargado de supervisar que estuvieran los votos para la aprobación de los acuerdos.
Si Arcila deja la curul, su reemplazo sería el exsecretario Carlos Mario Mejía, un político liberal cercano al candidato a la gobernación Eugenio Prieto, hoy un duro crítico de la administración. “La alcaldía no va a poder contar con ese voto”, le dijo a La Silla un político liberal del grupo de Mejía, quien pidió la reserva de su nombre.
Esto, más la incógnita del voto del concejal Luis Carlos Hernández, de la U, y quien fue el voto decisivo para que se hundiera la venta de Tigo-Une en cinco ocasiones, rompería definitivamente la frágil coaliación de Quintero en el Concejo.
Con las barras agitadas en contra de la presencia de la concejala Arcila, y después de múltiples llamados al orden por parte de la mesa directiva, el presidente Rivera decidió aplazar un debate que no alcanzó a completar la media hora. “No tenemos las garantías para hacer el debate. Las barras estuvieron insultándonos todo el tiempo”, dice el concejal Jaime Cuartas, precandidato a la alcaldía por el Partido Verde y parte de la coaliación quinterista.
Terminado el debate y la euforia, González se acercó a la curul de Arcila para decirle que su petición no era personal sino estrictamente jurídica. En un costado, el concejal Cañas discutía entre risas con el concejal progresista Simón Pérez, opositor a la administración, quien le reclamaba por una valla con el rostro de Cañas y el mensaje “No + TODES en los colegios”. Esto como parte de su carrera por el aval del Partido Conservador a la alcaldía.
“El ambiente es hostil y todos estamos en campaña”, señaló Cuartas en la salida del recinto.
Quintero despieza su equipo de gobierno
El 15 de mayo cuatro secretarios de Quintero renunciaron para sumarse a la campaña de Juan Carlos Upegui, su candidato a la alcaldía y primo de Diana Osorio, la poderosa primera dama de la ciudad.
Entre los funcionarios que saltaron al agua estuvieron su secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, y su secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, dos de los más longevos de una administración acostumbrada a las desbandadas en función de objetivos electorales.
Lo propio sucedió en 2022 para las elecciones legislativas, cuando un pelotón de funcionarios salieron de la alcaldía para liderar la campaña del Pacto Histórico en Antioquia, entre ellos el propio Upegui y el exsecretario Esteban Restrepo, hoy candidato a la gobernación por Independientes.
Quintero ha reemplazado a sus alfiles políticos en las secretarías por funcionarios con un perfil más bajo, de solidez técnica, para rematar su gobierno.
Es el caso del nuevo secretario de Educación, Juan David Agudelo, un administrador con trayectoria en el sector que reemplazó a la exsecretaria Alexandra Agudelo, investigada por el escándalo de Buen comienzo. Sin embargo, la carrera del nuevo secretario Agudelo (no es pariente) ha estado vinculada a las empresas educativas del exconcejal Albert Corredor, precandidato a la Alcaldía de Medellín y quien ha tenido contratistas de la secretaría trabajando para su campaña.
“Daniel es un político de estirpe nacional, criado en Bogotá. Es un tipo de estructuras partidarias y ministerios. No piensa cometer el error de “Fico”, quien gobernó en Medellín y cuando quiso lanzarse a la presidencia no contaba con una estructura nacional ”, dice un alto dirigente de Independientes que pidió la reserva de su nombre.
En frente de esa ambiciosa apuesta nacional está Eli Shnaider, director de Independientes, y quien tiene en Medellín su centro de operaciones para llevar la marca del partido a otras regiones. Shnaider es un político caleño que ha acompañado a Quintero durante buena parte de su trayectoria, e incluso fue uno de los fundadores del Partido del Tomate, la pequeña disidencia liberal con la que entraron a la vida pública.
Con su primer círculo de confianza fuera del gobierno y enfocado en la campaña, Quintero afronta, además, los últimos meses de mandato con una favorabilidad en picada. Esto mientras en la ciudad aterriza la candidatura de Federico Gutiérrez, favorito indiscutible para ganar la alcaldía en octubre.
Los faroles de Quintero en el ocaso de su poder
Mientras su gobernabilidad disminuye el alcalde logra ciertos avances en las promesas más populares. Entre ellas, la más importante, una fórmula para congelar los recibos de la luz.
Según Jorge Carrillo, gerente general de EPM, consiste en una disminución de las facturas entre junio y septiembre. En octubre, dijo, volverán a subir hasta diciembre, lo que implica, en promedio, un congelamiento de la tarifa hasta final de año. También dijo que las tarifas de agua y alcantarillado serán congeladas.
Desde el viernes, y mientras el Concejo aplazaba el debate sobre la transferencia extraordinaria de EPM, el alcalde estaba impulsando la medida al interior de la Junta Directiva.
La medida fue una de sus promesas de campaña y ha estado impulsada por una estrategia publicitaria con vallas y pasacalles en diferentes barrios de Medellín. Cuando el presidente Gustavo Petro intervino la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), una decisión finalmente revertida por el Consejo de Estado, la popular promesa de campaña tomó un nuevo aire.
En paralelo, y a través de su cuenta de Twitter, Quintero ha estado promocionando otra de sus políticas más populares: la promoción de eventos masivos en la ciudad, como conciertos y ferias internacionales. Incluso ha escrito sobre la posibilidad de un concierto de Shakira para este año.
La estrategia es consistente con la política de grandes eventos que ha estimulado durante su mandato, y cuyo ruido mediático suele expandir en medio de grandes discusiones políticas en la ciudad, como sucedió con los conciertos de RBD durante el escándalo de Buen comienzo.
Sin embargo, y pese a los fuegos artificiales de un mandatario con ticket de salida, la ciudad tiene por delante retos más robustos en los próximos seis meses.
Entre ellos, el funcionamiento en pleno de Hidroituango, cuyas dos primeras turbinas logró poner en marcha contra el reloj de una multimillonaria sanción por parte de la Creg. EPM tiene hasta el 30 de noviembre para ingresar al mercado eléctrico la generación de energía de las turbinas 3 y 4 del megaproyecto, un asunto clave para la seguridad energética del país.
El alcalde también debe estar al frente de la primera etapa de la ejecución del contrato del Metro de la 80, una nueva línea de trenes sobre el occidente de la ciudad; así como el cierre financiero del proyecto Tren del Río, vital para descongestionar el área metropolitana y cuya estructuración lo ha enfrentado públicamente con el gobernador Aníbal Gaviria.
Con un ojo en la campaña y otro en una administración con más obstáculos para gobernar, Quintero empieza a contar sus días en La Alpujarra.
