Hoy ante el Senado, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dejó abiertas las puertas a la posible venta de siete electrificadoras regionales que son propiedad de la Nación. Una movida que viene tomando fuerza por artículos de prensa, pero que en realidad se viene estructurando desde el año pasado.
El Gobierno Duque ha hecho tres movidas en ese frente, porque considera necesaria esa venta para conseguir nuevos recursos que le ayuden a tapar parte del hueco fiscal, y financiar las inversiones que requiere.
Esas movidas prendieron, aunque tardíamente, las alarmas en las regiones donde operan esas empresas. Por un lado, porque históricamente esas empresas han servido de fortines burocráticos y actualmente están en manos de aliados del Gobierno Duque que quieren ser protagonistas en las elecciones de 2022 y 2023.
Y, por el otro, porque la experiencia de privatización de empresas de servicios públicos recientes no ha sido la más exitosa.
Con todo y eso, el Gobierno está avanzando en el proceso aunque ha capoteado las críticas con respuestas ambiguas.
Esa tensión llegó esta semana al Congreso con un debate sobre el futuro de una de esas siete empresas : la de la electrificadora del Meta. Y ahí, en vez de tranquilizar a las regiones, el Ministerio de Hacienda dejó abiertas las puertas para el negocio.
Las tres movidas
Desde el año pasado, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, echó a rodar el plan que puede terminar con la venta de las siete electrificadoras regionales que son propiedad del Estado.
El 29 de diciembre de 2020 el Ministerio de Hacienda contrató una asesoría con la firma Gómez-Pinzón Abogados para que le diga cómo, cuándo y en cuánto pueden vender las acciones de las electrificadoras de Meta, Huila, Caquetá, Nariño, Cauca y Chocó, y la hidroeléctrica de Urrá en Córdoba.
Se trata de siete compañías en las que el Gobierno tiene mayoría accionaria y que le permiten cierta influencia en el mercado energético, porque tienen más de 2 millones de usuarios. Como contamos, seis generaron utilidades en 2019 y sus patrimonios suman más de 2.5 billones de pesos.
Carrasquilla justificó esa asesoría con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2020. Ahí se estimó una necesidad de financiación a través de la venta de propiedades de la Nación del orden de los $12 billones de pesos para el año 2021 y de $7 billones para el año 2022.
En ese momento, el Ministerio de Carrasquilla tasó la posible venta de las electrificadoras en 3.8 billones de pesos.
El segundo paso que da pistas del plan de venta es una movida interna. El Ministerio de Hacienda logró que a través de un convenio interadministrativo, el Ministerio de Minas le cediera las acciones que tiene en las siete empresas.
Justificaron esa cesión, con el argumento de que la Nación debe centralizar sus activos por recomendación de la Ocde.
“En la actualidad, el Gobierno Nacional colombiano mantiene participaciones accionarias directas en más de 100 empresas, las cuales se encuentran administradas de forma independiente desde distintos ministerios, siendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura los mayores propietarios de participaciones accionarias”, dijo el ministerio de Carrasquilla.
“Esta descentralización de la propiedad implica duplicidad de roles en el Estado e impide la coordinación de políticas uniformes para las empresas estatales, por lo cual, se considera necesario iniciar paulatinamente la centralización de la propiedad en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, señala el convenio.
Al tener el control de las acciones de estas siete empresas, el Ministerio de Hacienda puede disponer qué hace con ellas.
Con la asesoría de la firma Gómez-Pinzón Abogados andando, las acciones en poder del MinHacienda, en febrero al Congreso llegó un listado de empresas de la Nación que potencialmente pueden ser vendidas. Ahí estaban las siete electrificadoras.
Carrasquilla salió del cargo en mayo por el fracaso de su reforma tributaria y la presión del paro. El plan de venta de las electrificadoras no se frenó.
En junio, el nuevo ministerio de Hacienda, José Manuel Restrepo, abrió una convocatoria para contratar una banca de inversión que los asesore para la “elaboración e implementación del programa de enajenación accionaria” de las siete electrificadoras.
Es decir, el paso final para un posible negocio.
El recorrido que ha trazado el Gobierno con estas electrificadoras, fue el mismo que construyó para la venta de acciones de Isagen en 2007, 2014 y 2016, por ejemplo. O en la venta de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S. en 2011.
“En ese momento era gobernador de Boyacá, y el Gobierno nos decía que no, que la venta no se iba a hacer, cuando todo apuntaba a que sí. Fíjese que es la misma historia de ahora con estas electrificadoras. Al final la empresa se vendió favoreciendo a unos privados. Solo en 2018, los nuevos dueños de la empresa tuvieron una utilidad de 89 mil millones de pesos”, dice el senador Jorge Londoño de Boyacá.
El ministro Restrepo dice que la venta de las electrificadoras regionales aún no es un hecho.
Un debate que está en ascenso
Aún con todas las movidas que dejó andando Carrasquilla y siguió Restrepo, el debate de la venta de estas empresas había pasado de agache en la mayoría de las regiones que pueden ser impactadas.
Inicialmente porque en esas empresas tienen influencia políticos cercanos al Gobierno. Desde que Duque llegó a la Presidencia han cambiado a cinco de los siete gerentes de las electrificadoras regionales para acomodar a gente de su línea
Por ejemplo, en la Electrificadora del Huila está un aliado del senador uribista Ernesto Macías; en la central hidroeléctrica de Urrá está el padre de la senadora Sara Piedrahita; o en la de Nariño una cuota de la senadora conservadora Myriam Paredes.
Y hablar de su privatización podría afectar esa relación Gobierno-congresistas, más en un año electoral.
También porque en el Congreso nadie, hasta ahora, había llamado la atención del tema.
Pero el tema se empezó a calentar desde hace unas semanas. En Meta, por ejemplo, un precandidato a la Cámara de Representantes, el abogado John Jairo Rey, comenzó a hablar del tema con documentos en mano.
Rey, quien viene de ser asesor del alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, conoce del tema porque asesoró el pleito jurídico que le quitó a unos privados el negocio del alumbrado público de la ciudad.
“Carrasquilla dijo que si la tributaria que él proponía no se financiaba, tenía que echar mano de las electrificadoras. Y todas estas movidas conducen a ese negocio, y acá ni el gobernador y la bancada legislativa habían dicho nada del tema”, nos comentó Rey.
Además de las denuncias de Rey, el asunto tomó un impulso por notas de prensa como esta de El Tiempo que habla de potenciales compradores de esas electrificadoras, o esta de La República que incluso tasó en un billón de pesos el posible negocio de cuatro de estas empresas.
Esos ruidos escalaron al Congreso, y por eso la senadora metense Maritza Martínez metió mano en el asunto. Citó a un debate de control donde puntualmente le preguntó al ministro Restrepo si el plan de venta iba sí o sí.
Martínez, primera vicepresidenta del Senado y aliada al Gobierno, tiene intereses en la Gobernación de Meta en 2023. Y aunque no es la primera vez que habla del tema, que haya tomado la vocería del debate le sirve de bandera para su campaña.
En el debate, el ministro Restrepo confirmó las movidas previas, pero se abstuvo de dar el ‘No a la venta’ que quería sacarle la senadora Martínez. Y dejó varias dudas en el ambiente.
Restrepo dijo que la idea de contratar asesorías legales y bancas de inversiones para esas potenciales ventas tiene el propósito de optimizar esos activos. “Busca encontrar activos más productivos, identificar sinergia, potenciales reestructuraciones, enajenaciones, cesiones. Abiertamente buscar maximización de esos activos en beneficio de la ciudadanía”, dijo Restrepo.
Pero que vienen más estudios de esos, lo que implica una apuesta por sacar adelante el negocio. “A la fecha no se han contratado la totalidad de los asesores ni se han realizado los análisis conducentes a evaluar las alternativas de aprovechamiento de activos en las empresas del sector eléctrico con participación del Gobierno nacional”, señaló.
Las respuestas del ministro Restrepo y el avance del proceso, no cerraron las puertas en Meta. Y sí empezaron a sembrar dudas en las otras regiones y entre los congresistas aliados del Gobierno.
En la Electrificadora del Huila, por ejemplo, la posible venta ya hace ruido porque, anticipan, es un negocio redondo para los privados.
“Con todas las dificultades de ser empresa pública y que todo mundo quiere meter mano, en los últimos cuatro años la Electrificadora del Huila generó 600 mil millones de pesos en caja, si un privado le mete 800 o 900 mil millones, porque normalmente la venden más baratas, en 4 años recupera esa inversión. Ya lo demás es ganancia”, le dijo a La Silla el exgerente de Electrohuila, Hernando Ruiz López.
“Tenemos numerosos casos de privatizaciones que salieron mal. Electricaribe, acueductos. No es conveniente que la Nación se deshaga de sus activos”, comentó el senador nariñense Guillermo García Realpe. “La plata de Isagen supuestamente iba para financiar vías. ¿Dónde están las vías?, no están”, dijo.
“Si dejan que se privatice la electrificadora del Meta, van a vivir la misma historia que llevamos en la costa con Electricaribe por muchas décadas. Un mal servicio a costa de unos privados. A donde entran los privados entran a hablar de utilidades”, dice el senador de La U, José David Name.
“No es el momento de vender los activos colombianos, están generando utilidades”, añade el senador uribista Alejandro Corrales.
“No haber obtenido una negativa tajante sobre la intención de privatizar la electrificadora del Meta por parte del Gobierno nos deja altamente preocupados”, dijo la senadora Maritza Martínez.
Cuando el Ministerio de Hacienda contrate la banca de inversión que está pendiente, y los números estén definidos, el paso siguiente es llevar el proceso de venta a un consejo de ministros que preside Duque. Esa instancia debe definir mediante un decreto si sigue con el proceso o no.
Por lo pronto todo apunta a que la decisión llegará a esa instancia. No solo porque esos ingresos de ventas están cantados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, sino porque el Ministerio de Hacienda los considera claves para financiar programas de asistencia social.
En el proyecto de reforma tributaria que está por debatirse en el Congreso, la financiación de programas como Ingreso Solidario o Matrícula Cero, contempla “los recursos que el Gobierno Nacional espera obtener derivados de su proceso de optimización de activos”.
En pleno año electoral, el presidente Duque definirá el dilema: si plata para mejorar las finanzas del Estado, o política para mantener esas empresas como fortines de sus aliados.
