La Procuraduría sigue en el centro de la polémica. El lunes pasado, Alejandro Ordóñez destituyó a la senadora Piedad Córdoba por haber promovido y apoyado a las FARC. Y ayer, un delegado de esa entidad le pidió a la Corte Suprema de Justicia que absuelva al ex senador Mario Uribe Escobar, investigado por parapolítica.
El procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Piedad Córdoba y absolvió a Álvaro Araújo. Su rasero no parece ser el mismo en todos los casos.
La Procuraduría sigue en el centro de la polémica. El lunes pasado, Alejandro Ordóñez destituyó a la senadora Piedad Córdoba por haber promovido y apoyado a las FARC. Y ayer, un delegado de esa entidad le pidió a la Corte Suprema de Justicia que absuelva al ex senador Mario Uribe Escobar, investigado por parapolítica.
Después de conocer las pruebas que Ordóñez usó en el caso de Piedad Córdoba, varios usuarios de La Silla Vacía se preguntaron cuál es el rasero del Procurador. ¿Qué pruebas usó en otros casos donde los involucrados están en una orilla política diferente a la de la senadora liberal? ¿Qué tan riguroso fue?
La Silla Vacía revisó el caso del ex senador Álvaro Araújo Castro, condenado en marzo pasado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia y absuelto disciplinariamente por Alejandro Ordóñez tres meses después.
En este caso, a diferencia del de la senadora liberal, el Procurador se llenó de dudas frente a las pruebas en contra de Araújo y optó por absolverlo. Con las mismas pruebas, la Corte lo condenó.
La Corte condena
La Corte Suprema sentenció a Álvaro Araújo a nueve años de cárcel. Según la Corte, desde 1999 el Bloque Norte de las autodefensas, comandado por ‘Jorge 40’, empezó a incidir en las administraciones locales y en los procesos electorales para llevar a sus candidatos a cargos de poder. A partir de 2002, el control del Bloque Norte se extendió del Magdalena al Cesar.
Para las elecciones de 2002, dice la Corte, el Bloque Norte creó “distritos electorales”, figura que consistía en asignarles a sus candidatos determinadas zonas. Los habitantes de esos lugares debían apoyar a esas personas, y esas personas sólo podían hacer campaña allí. El propósito era maximizar las votaciones y hacer elegir a la mayor cantidad de gente posible.
La existencia de estos “distritos” se evidenció claramente en el caso del Magdalena, donde varios políticos suscribieron con ‘Jorge 40’ el ‘Pacto de Pivijay’. Pero en el caso del Cesar, no se encontró un texto similar.
A pesar de esto, la Corte consideró que el modus operandi en el Cesar era el mismo, como se desprende de varios testimonios y de lo que mostraron las votaciones.
Para la Corte, el noroccidente y sur del Cesar fueron asignados a Mauricio Pimiento y Álvaro Araújo. Esta orden fue impuesta por los paramilitares a sangre y fuego. Hubo amenazas y asesinatos para quienes incumplieran la orden. A Juana Ramírez, candidata a la Cámara, la obligaron a renunciar a su postulación y a hacer parte de la lista de Araújo al Senado.
Tratando de demostrar su inocencia, la defensa de Álvaro Araújo planteó que sus propios seguidores habían sido hostigados por los paramilitares. Para la Corte, la defensa pasó por alto que “todos esos testimonios se refieren a un territorio asignado al otro candidato”. Es decir, amenazaron a los seguidores de Araújo donde había que votar por Mauricio Pimiento.
Tanto Pimiento como Araújo resultaron elegidos, con la siguiente particularidad: en los municipios en que Araújo sacó votaciones altísimas, Pimiento tuvo votaciones muy bajas, y donde Pimiento barrió, Araújo sacó pocos votos. Estos contrastes se daban entre municipios vecinos. Para la Corte, se debió a que la orden de los “distritos electorales”, impuesta por los paramilitares, se cumplió a cabalidad.
El Procurador absuelve
En febrero de 2008, el Viceprocurador le formuló pliego de cargos a Álvaro Araújo. El entonces procurador Edgardo Maya Villazón se había declarado impedido, ya que Araújo es el sobrino de su esposa Consuelo Araújo Noguera, asesinada por las FARC. Cuando Alejandro Ordóñez llegó, reasumió el caso y cambió el rumbo que llevaba la investigación.
En su fallo, Ordóñez contradijo a la Corte. Consideró que no está claro “en el grado de certeza que exige la ley”, que Álvaro Araújo se hubiera aliado con las autodefensas para llegar el Congreso ni que las haya promovido.
Aunque hay indicios de que Araújo pudo establecer tal alianza, dice el Procurador, “hay dudas razonables e insalvables a pesar de los esfuerzos investigativos”.
Según Ordóñez, está claro que el fenómeno de los “distritos electorales” operó en el departamento del Magdalena, pero no existe un pacto que demuestre que lo mismo se dio en el Cesar, como sí se sucedió con el ‘Pacto de Ralito’ o el ‘Pacto de Pivijay’.
Aunque en el caso de Cesar hubo votaciones atípicas, Ordóñez dice que de ese hecho no se puede concluir nada. “No podría convertirse en una premisa para señalar que todos los candidatos elegidos con una votación similar en otro departamento, contiguo como lo es el Departamento del Cesar, también realizaron acuerdos similares con el comandante del mismo grupo paramilitar”, argumentó Ordóñez.
El Procurador también siembra dudas sobre el testimonio del ex alcalde de La Jagua del Ibirico, Alfonso Palacio Niño, que aseguró que los “distritos electorales” sí habían existido en el Cesar y habían sido asignados a Mauricio Pimiento y Álvaro Araújo. “Surge para el Despacho duda en cuanto a que, siendo el testigo una persona ajena al grupo paramilitar pueda tener conocimientos tan específicos del actuar militar y político de las autodefensas”, dice el fallo.
También plantea el Procurador que no tiene lógica que si los paramilitares apoyaban a Araújo estuvieran amenazando o asesinados a quienes lo apoyaban. “No es claro para el despacho, cuál sería la razón de carácter político, o de índole militar que llevara al grupo paramilitar a causar la muerte de quienes favorecían a uno de sus candidatos”.
Por último, Ordóñez plantea que Araújo no intervino a favor de los paramilitares. Por un lado, cita el testimonio del presidente Álvaro Uribe, según el cual el entonces Senador en una ocasión “se quejó de la presencia de los paramilitares en la zona y de los problemas que ello acarrea al país”. Por el otro, plantea que Araújo no fue ni autor ni ponente de la Ley de Justicia y Paz, que inicialmente tenía el propósito de beneficiar a los paramilitares.
La evidencia que utiliza el Procurador para concluir que Piedad es ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’, la ‘negra’ o la ‘negrita’ son correos electrónicos en documentos de Word hallados en el computador de Raúl Reyes. A partir de allí, Ordóñez traza coincidencias entre lo que se menciona en los mensajes y las actividades de la senadora.
También sustenta el fallo en interceptaciones telefónicas de conversaciones entre miembros de las FARC en las que hablan de una reunión en la que Córdoba habría estado a comienzos de año.
Adicionalmente, la Procuraduría se refiere a un ucraniano que se infiltró en las FARC, que asegura que unos guerrilleros le hablaron de una reunión entre Piedad Córdoba e integrantes de ese grupo. Allí Córdoba se habría comprometido a pagar un evento conjuntamente con las FARC.
Son varios los interrogantes que surgen a raíz de estas pruebas. Al ser documentos de texto, ¿es posible que los mensajes hayan sido manipulados?; si no lo fueron, ¿es posible que Córdoba no sea ‘Teodora’, o que los guerrilleros mintieran, magnificaran o especularan sobre el apoyo que recibían de ella?; ¿qué de todo lo que se dice en los correos efectivamente sucedió?; ¿cómo usó Córdoba su cargo de congresista para beneficiar a las FARC?
Más allá del caso en particular, en la absolución de Álvaro Araújo el Procurador se hace preguntas como éstas. Duda de todas las pruebas de la Corte Suprema e incluso pasa por encima de algunas. Duda de los testimonios, duda de los documentos y duda del significado de las votaciones.
Para el ex senador uribista, la duda es su absolución. Para la senadora liberal, no hay lugar a dudas.
